Procedimiento : 2016/2891(RSP)
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B8-1057/2016

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PV 05/10/2016 - 8.6
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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28.9.2016
PE589.646v01-00
 
B8-1057/2016

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))


David Borrelli, Laura Agea, Rolandas Paksas en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1057/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones(2),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en particular sus artículos 22 y 23, relativos a los derechos económicos y sociales y al derecho al trabajo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su título IV, relativo a la solidaridad,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular los artículos 6 y 147,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece la obligación de los Estados miembros y de la Unión Europea de garantizar la competitividad de la industria europea, y, en particular, su artículo 173,

–  Visto el artículo 174 del TFUE, relativo a la cohesión económica, social y territorial, en particular en las zonas afectadas por una transición industrial,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la industria del acero y sobre la reestructuración, la transmisión y el cierre de empresas en la UE,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre el Plan de Acción para una Industria del Acero Competitiva y Sostenible en Europa(3),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad(4),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre las estrategias regionales para las zonas industriales en la Unión Europea(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050(6),

–  Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(7),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(8),

–  Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(9),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2005, titulada «Reestructuraciones y empleo – Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (COM(2005)0120) y la opinión del Comité Económico y Social de 14 de diciembre de 2005(10),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, titulada «Plan de Acción para una industria del acero competitiva y sostenible en Europa» (COM(2013)0407),

–  Vistas las Recomendaciones de la mesa redonda de alto nivel sobre el futuro del sector siderúrgico, de 12 de febrero de 2013,

–  Vista la sesión del Consejo de competitividad de los días 18 y 19 de febrero de 2013, que instó a la Comisión a presentar un plan de acción,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el cierre de su sede belga en Gosselies, en abril de 2017, anunciado el 2 de septiembre de 2016 por Caterpillar, dejará a más de 2 000 personas sin empleo debido a la reestructuración global y el plan de reducción de costes anunciado en septiembre de 2015, hará que el daño colateral afecte también a la cadena de suministro de la empresa, y podría elevar la pérdida general de puestos de trabajo a más de 5 000 en la UE, y a 10 000 a nivel mundial en los próximos años;

B.  Considerando que Caterpillar ha anunciado que está considerando la posibilidad de cerrar también su fábrica de Irlanda del Norte como parte de la reestructuración de la empresa en dicho país, lo que podría suponer una pérdida adicional de 250 puestos de trabajo;

C.  Considerando que la empresa aumentó el pago de dividendos a los accionistas en un 50 % entre 2009 y 2015, reduciendo a la vez los puestos de trabajo en un 15 %; que, con unas ventas e ingresos por valor de 47 011 millones de dólares estadounidenses en 2015, Caterpillar es actualmente el principal fabricante de equipos de construcción y de minería, motores diésel y de gas natural, turbinas industriales de gas y locomotoras diésel-eléctricas del mundo;

D.  Considerando que el grupo francés Alstom anunció el 7 de septiembre de 2016 su intención de cesar la producción industrial en Belfort, en la región de Franche Compté, en 2018 y trasladar sus actividades de producción de trenes a otro lugar situado en Reichshoffen, Alsacia, dado que, en su opinión, el actual nivel de pedidos de locomotoras para trenes de carga y de alta velocidad que se montan en Belfort no justifica mantener la fábrica en activo; que una decisión como esta supondría la pérdida de 400 puestos de trabajo;

E.  Considerando que la empresa declaró en mayo de 2016 un aumento del 23 % de sus ganancias ajustadas antes del pago de intereses y de impuestos para el ejercicio hasta marzo de 2016;

F.  Considerando que el sector industrial europeo ha desempeñado tradicionalmente un papel significativo en el proceso de integración europea, y que la prosperidad y los conocimientos generados por este sector han dado un significado y una justificación muy importantes al proyecto europeo;

G.  Considerando que, lamentablemente, el empleo industrial ha disminuido de forma continuada en toda Europa, pasando de cerca de un quinto de la población activa en 2000 a un sexto en 2015;

H.  Considerando que la industria europea de suministro ferroviario, con su enorme densidad de pymes, emplea a 400 000 personas, reinvierte un 2.7 % de su volumen de negocios anual en I&D y representa el 46 % del mercado mundial de la industria de suministro ferroviario;

I.  Considerando que el sector ferroviario en general representa más de un millón de puestos de trabajo directos, y 1,2 millones de puestos de trabajo indirectos en la Unión, además de proporcionar la tecnología esencial para garantizar una movilidad sostenible;

J.  Considerando que la intensificación del comercio internacional, a la vez que se produce en paralelo con una reducción sin precedentes del empleo industrial en la Unión Europea, no ha supuesto una reducción del consumo de materiales, sino más bien un aumento de las importaciones de productos de elevado consumo energético;

K.  Considerando que en las últimas décadas, por término medio en todo el sector industrial, la productividad de la mano de obra ha evolucionado a un ritmo mucho mayor que la productividad de los recursos, estimándose que los costes laborales representan menos del 20 % de los costes de producción, mientras que los recursos ascienden al 40 %; que, a pesar de ello, los incrementos salariales en la Unión Europea se han ido quedando por detrás de los aumentos de productividad;

L.  Considerando que la parte más avanzada y sostenible del sector del acero, que fabrica productos tecnológicos de alto valor, respeta la salud de los trabajadores y de las poblaciones vecinas y garantiza el cumplimiento de normas medioambientales estrictas, desempeña un papel importante para la estrategia industrial europea;

M.  Considerando que las medidas de austeridad orientadas a la estabilidad están obstaculizando toda la economía europea, acentuando aún más las dificultades sociales de los trabajadores y de las regiones afectadas por los cierres industriales; que las elevadas tasas de desempleo en la Unión están relacionadas con la reducción de su base de producción industrial y transformadora, como consecuencia de una globalización desigual;

N.  Considerando que las deslocalizaciones dentro de la Unión que no responden a una estrategia, motivadas exclusivamente por ganancias financieras a corto plazo y por consideraciones de ahorro, desencadenan una espiral social a la baja, destruyen el valor sistémico y son incompatibles con cualquier forma de política industrial eficaz, la cohesión, la innovación y el desarrollo;

O.  Considerando que las empresas que se encuentran en proceso de reestructuración o de reducción de efectivos tienen la responsabilidad de colocar al diálogo social en el centro de los procesos correspondientes y deben actuar de forma responsable desde el punto de vista social, ya que la experiencia ha demostrado repetidas veces que nunca se consigue una reestructuración/reducción social y económicamente sostenible sin un diálogo social adecuado, prestando una atención especial a la información y la consulta de los trabajadores, maximizando la ayuda social para facilitar su transición y ofreciendo una amplia gama de servicios de recolocación, formación y reciclaje profesional;

P.  Considerando que múltiples sectores de la industria europea se enfrentan a una crisis de inversión que está poniendo en peligro su futuro, a la vez que se espera que los materiales de acero sostenibles, resultado de procesos de producción que respetan estrictamente las normas medioambientales y de salud, desempeñen un papel fundamental como materiales básicos a la hora de proporcionar soluciones industriales igualmente sostenibles para la urbanización y la movilidad, entre otras prioridades estratégicas;

Q.  Considerando que las diferencias existentes en los regímenes de insolvencia tanto dentro como fuera de la Unión generan vacíos que son utilizados por multinacionales para reducir al mínimo sus costes cuando llevan a cabo una restructuración/reducción, al tiempo que incrementan al máximo el coste social de sus decisiones en materia de deslocalización mediante la transferencia de activos de un país a otro, decisiones que a menudo se adoptan sobre la base de criterios oportunistas; que esta transferencia desleal de externalidades a empresas enteras está intensificando el efecto negativo de otras externalidades sociales y ambientales negativas, y de diferencias entre regímenes fiscales que distorsionan gravemente el mercado interior;

R.  Considerando que la compra y autogestión de empresas en crisis por parte de los empleados y trabajadores ha proporcionado con frecuencia soluciones creativas y viables a procedimientos de insolvencia, manteniendo la actividad, la inversión, el conocimiento y el empleo;

1.  Manifiesta su firme solidaridad con los miles de trabajadores que corren el riesgo de perder su empleo, con sus familias, con todos los operadores industriales y de los servicios en la cadena de suministro, en particular las pymes, así como con todas las personas directamente afectadas;

2.  Subraya que los planes de reestructuración industrial no deben ser evaluados solo desde una perspectiva a corto plazo, y exclusivamente del lado de los propietarios, sino que deben tener en cuenta sus efectos sistémicos en la sociedad europea y en la economía en su conjunto, incluido el cumplimiento de las normas ambientales y en materia de salud;

3.  Denuncia el desmantelamiento continuado de sectores estratégicos de la industria europea y pide el desarrollo colectivo de políticas alternativas, acordadas con todos los interlocutores sociales, que contribuyan al logro de los principales objetivos europeos de reindustrialización, economía circular y transición energética, cumpliendo al mismo tiempo normas estrictas en materia de medio ambiente y de salud;

4.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una protección social amplia y adecuada y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos, ya sea por medio de medidas legislativas o de convenios colectivos, y una protección eficaz contra el despido improcedente;

5.  Lamenta la ausencia de una verdadera política industrial de la Unión capaz de proteger a los trabajadores y las cadenas de suministro contra decisiones especulativas y a corto plazo adoptadas a menudo en otros continentes; pide una política industrial de la Unión que permita la participación pública en industrias estratégicas con el fin de mantener los correspondientes conocimientos técnicos, la producción y el empleo en la Unión;

6.  Destaca que no se podrá diseñar, y ni mucho menos aplicar, ninguna política industrial sin antes proceder a una revisión crítica de los acuerdos comerciales internacionales habituales;

7.  Pide la adopción urgente de medidas sociales para ayudar a los trabajadores, a sus familias, a las cadenas de suministro y a la economía local en las zonas afectadas, garantizando que nadie quede olvidado, y para apoyar y ayudar a las regiones afectadas a superar esta difícil situación económica y social;

8.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta la necesidad de introducir un sistema europeo de ingresos mínimos, con el fin de hacer frente a la emergencia social desencadenada por la globalización, la deslocalización y la desindustrialización;

9.  Subraya la importancia de las aptitudes y competencias de los trabajadores en el sector de los metales básicos y de las industrias relacionadas; pide unas políticas activas en materia de empleo e industria, que garanticen el desarrollo de estos conocimientos y su reconocimiento como un activo importante de la industria europea de los metales básicos; pide que se tenga en cuenta el mantenimiento de los conocimientos industriales y de una mano de obra cualificada a la hora de evaluar la viabilidad de la producción en cualquier planta;

10.  Pide a la Comisión que presente un marco europeo para los procedimientos de insolvencia que sitúe no solo a los acreedores, sino a todas las partes interesadas, en particular a los trabajadores, en el centro del proceso, prestando especial atención al mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible; pide que, para ello, se faciliten instrumentos como la compra de acciones por parte de los empleados y la autogestión de los trabajadores, con el fin de mantener las fábricas en funcionamiento pese a la insolvencia de sus propietarios originales;

11.  Pide una revisión de la política de competencia y de las normas en materia de ayudas estatales con vistas a facilitar la intervención pública destinada a mantener la cohesión social y regional, mejorar las normas laborales y ambientales y solucionar los problemas relacionados con la salud pública;

12.  Pide que se lleve a cabo un análisis crítico de las medidas financieras que condujeron a la actual crisis que afecta al grupo Caterpillar, incluidos los beneficios declarados y los dividendos pagados a los accionistas, los intereses pagados a los bancos y acreedores, así como un examen de las políticas de austeridad desarrolladas en Europa que han reducido la actividad económica en general y, como consecuencia de las cuales, ha disminuido la demanda privada y pública;

13.  Denuncia que sin una presentación eficaz de informes por países, las empresas transnacionales pueden transferir beneficios a la vez que declaran pérdidas e incluso insolvencia en otro país; pide que la obligación de presentar informes por países se amplíe a todos los territorios fiscales, y que se aplique la obligación de proporcionar un mayor grado de información sobre empresas que cierran o reducen el volumen de sus fábricas o se declaran insolventes en algún Estado miembro;

14.  Insta a los Estados miembros a recuperar los recursos previamente destinados a apoyar a empresas, en el supuesto de que estas planificarían estratégicamente su presencia industrial a largo plazo, en forma de subvenciones, ventajas fiscales y de otro tipo y rebajas del precio del suelo, cuando deciden unilateralmente trasladar, reducir o cerrar sus plantas de producción;

15.  Recuerda que las posibles ayudas concedidas por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no pueden utilizarse para facilitar el abandono de una zona industrial e insiste en que, en su lugar, el FEAG se utilice para ayudar a los empleados y trabajadores a recuperar la empresa con el fin de mantener la actividad, los conocimientos y el empleo;

16.  Lamenta que se propusiera el FEIE como una oportunidad para fomentar la inversión, dado que no fue capaz de apoyar a las pymes y sus proyectos de pequeña escala, favoreciendo por el contrario a grandes proyectos de infraestructura sin capacidad para generar empleo a largo plazo;

17.  Recomienda que los fondos europeos se utilicen para subvencionar la especificidad de las pymes y de las microempresas;

18.  Subraya la necesidad de movilizar los fondos del FEAG incluso cuando las empresas que cierran como consecuencia de los modelos de globalización despiden a menos de 500 empleados, teniendo en cuenta que la base industrial europea se compone en su mayoría de empresas con menos de 500 trabajadores;

19.  Solicita tanto a la Unión como a sus Estados miembros que velen por que se disponga de financiación suficiente para llevar a cabo acciones de recolocación, incluido el apoyo a los empleados y trabajadores que tienen previsto iniciar sus propias empresas, y para la formación y el reciclaje profesional, y acciones de recuperación que sirvan de apoyo en períodos críticos de transición de la industria europea;

20.  Pide una redefinición de las políticas industrial y social europeas que no se base en prácticas sociales, fiscales y medioambientales cuestionables, e insta a la Comisión a que haga frente a las consecuencias negativas de amplio alcance de las deslocalizaciones hacia terceros países, también mediante una revisión de las normas de competencia con el fin de desincentivar enérgicamente los procesos de deslocalización y evitar un agravamiento de los efectos de la crisis;

21.  Subraya que la contracción de la demanda no debe provocar una competencia desleal en relación con los puestos de trabajo entre los Estados miembros; pide, por consiguiente, el desarrollo de soluciones a largo plazo que salvaguarden y creen empleo y mantengan la actividad industrial en las regiones de Europa, en el cumplimiento estricto de las normas no negociables en materia de medio ambiente y de salud y prestando especial atención a las pymes;

22.  Subraya la necesidad de liberar la inversión pública en sectores estratégicos de la industria europea de las limitaciones de un presupuesto equilibrado, siempre que se cumplan rigurosamente las normas no negociables en materia de medio ambiente y de salud, con el fin de mantener e incluso generar empleo en los sectores industriales particularmente afectados por la globalización, la deslocalización y la desindustrialización;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que subvencionen la inversión pública en I+D y tecnología, siempre y cuando se cumplan rigurosamente las normas no negociables en materia de medio ambiente y de salud, con el fin de apoyar las competencias y los conocimientos prácticos, lo que constituye una premisa fundamental para aumentar la competitividad y la sostenibilidad de los sectores estratégicos;

24.  Pide tanto a la Unión como a sus Estados miembros:

•  que encuentren el modo de proteger el empleo actualmente en riesgo, siempre y cuando se cumplan estrictamente las normas no negociables en materia de medio ambiente y de salud, recurriendo a todos los medios disponibles, incluida la distribución de la producción entre diferentes plantas que cumplan los mismos requisitos previos y limitando los dividendos de los accionistas;

•  que garanticen la transparencia de las transferencias financieras desde sucursales europeas hacia la empresa matriz ubicada fuera de la Unión, en especial si esta se encuentra ubicada en paraísos fiscales;

•  que evalúen si deben aplicarse sanciones contra las empresas industriales que fuerzan a sus países de acogida a llevar a cabo planes de reestructuración o de reducción de efectivos sin antes haber agotado todas las demás alternativas, incluido un amplio diálogo con los interlocutores sociales;

25.  Subraya que deben defenderse con firmeza las normas de la Unión en materia de responsabilidad social de las empresas cuando una empresa intenta relocalizar su producción sin atender a las consecuencias sociales y territoriales de sus decisiones a corto plazo;

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO C 289 de 9.8.2016, p. 19.

(2)

DO C 440 de 30.12.2015, p. 23.

(3)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0069.

(4)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.

(5)

DO C 55 de 12.2.2016, p. 6.

(6)

DO C 251 E de 31.8.2013, p. 75.

(7)

DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

(8)

DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(9)

DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.

(10)

DO C 65 de 17.3.2006, p. 58.

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