PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación de los periodistas en Turquía
24.10.2016 - (2016/2935(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán en nombre del Grupo GUE/NGL
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1162/2016
B8-1168/2016
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas en Turquía
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía y, en particular, las relativas a los informes de evolución anuales sobre este país y la Resolución sobre la libertad de expresión en Turquía[1],
– Visto el Informe de 2015 de la Comisión sobre Turquía (SWD(2015)0216),
– Visto que el respeto del Estado de Derecho, y particularmente de la libertad de expresión, ocupa un lugar central en el proceso de adhesión a la Unión,
– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el 15 de julio de 2016 Turquía sufrió un intento de golpe de Estado, que se saldó con más de 250 muertos y que tenía en su punto de mira las instituciones democráticas básicas;
B. Considerando que tras la intentona golpista 2 500 periodistas perdieron su trabajo y las autoridades dictaron órdenes de detención contra docenas de trabajadores de los medios de comunicación;
C. Considerando que tras la intentona golpista la policía turca detuvo a más de 140 periodistas, incluidos reporteros, editores y ejecutivos del sector, bajo acusaciones de «pertenencia a organización terrorista»;
D. Considerando que algunos de los periodistas detenidos a raíz de los sucesos del 15 de julio han sido puestos en libertad, pero que más de noventa de ellos permanecen encarcelados, muchos sin cargos; que a los periodistas encarcelados se les ha denegado el derecho a la asistencia letrada y se les somete a condiciones inhumanas, con amenazas y malos tratos;
E. Considerando que en algunos casos se ha detenido a familiares de periodistas escondidos o huidos, confiscándoseles sus pasaportes para obligar a los periodistas a entregarse;
F. Considerando que, debido al estado de excepción y bajo pretexto de sospechas de «colaboración» con el movimiento Gülen, 131 medios de comunicación —incluidos 45 periódicos, 16 emisoras de televisión, 23 emisoras de radio, 3 agencias de noticias, 15 revistas y 29 editoriales— han sido expropiados o clausurados;
G. Considerando que tras la intentona golpista las autoridades turcas clausuraron también diversos medios de comunicación prokurdos y detuvieron a varios periodistas prokurdos;
H. Considerando que tras la intentona golpista se ha detenido y expulsado del país a periodistas extranjeros;
I. Considerando que en Turquía se vulnera con frecuencia la libertad de expresión, particularmente mediante interpretaciones arbitrarias y restrictivas de la legislación, despidos, presiones políticas y numerosos procesos judiciales contra periodistas, lo que a su vez provoca situaciones de autocensura; que esta presión ejercida contra los medios, especialmente tras la intentona golpista, ha provocado la eliminación de casi todos los medios de comunicación vinculados a la oposición o críticos con el Gobierno;
J. Considerando que ya antes de la intentona golpista había en Turquía un gran número de periodistas encarcelados o en espera de juicio, pero que desde los sucesos del pasado julio el país ha pasado a ocupar el liderato mundial en número de periodistas encarcelados, con más de noventa a día de hoy, según la Federación Europea de Periodistas;
K. Considerando que diversas instituciones de la Unión, incluidos el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la «definición ampliada» de terrorismo que actualmente se aplica en Turquía y que permite intensificar la represión contra los opositores al régimen, en particular periodistas,oponentes políticos y kurdos;
L. Considerando que un poder judicial independiente es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho; que según la Asociación Europea de Jueces más de 3 400 magistrados han sido cesados y que otros 2 900 permanecen encarcelados;
M. Considerando que muchos de los encarcelados no disponen de asistencia letrada;
1. Condena tajantemente todos los encarcelamientos injustificados de periodistas y todas las detenciones fundamentadas bien en criterios políticos bien en sospechas infundadas de «enaltecimiento de organización terrorista»; Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los periodistas enviados a prisión sin pruebas de participación individual en un delito o sin cargos formales en su contra;
2. Expresa su profunda preocupación por la situación de la libertad de prensa en Turquía, especialmente de la de periodistas, editores y trabajadores de los medios de comunicación;
3. Cree firmemente que el estado de excepción y las medidas excesivas e indiscriminadas de purga de todos los sospechosos de participación en el intento de golpe de Estado del 15 de julio no deben utilizarse como pretexto para el uso injustificado de la fuerza contra periodistas, empresas de comunicación y ciudadanos en general;
4. Pide al Gobierno turco que revise —en consonancia con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con el acervo de la Unión y con las prácticas de los Estados miembros— el marco jurídico en materia de terrorismo y de delincuencia organizada, así como la interpretación de este por los tribunales, las fuerzas de seguridad y los órganos policiales y judiciales, de manera que se garanticen en la práctica el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a un juicio justo y las libertades de expresión, reunión y asociación;
5. Pide al Gobierno turco que restablezca de inmediato las señales de todas las emisoras y adopte todas las medidas necesarias para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo sin amenazas, acoso o temor a acabar en prisión;
6. Condena los intentos de las autoridades turcas de intimidar y deportar a periodistas extranjeros;
7. Pide a las autoridades turcas que se abstengan también de tratar a los familiares de periodistas sospechosos como potenciales sospechosos y de recurrir a sanciones administrativas o de otra índole contra los mismos, como ocurrió en el caso de la esposa del periodista exiliado Can Dündar, a la que se detuvo, siéndole confiscado el pasaporte, para obligar a Dündar a regresar a Turquía;
8. Pide a las autoridades turcas que a la hora de detener e interrogar a periodistas sospechosos de delitos tengan en cuenta su situación familiar y de salud;
9. Pide a las autoridades turcas que sitúen una autoridad independiente representativa de la profesión periodística como responsable de la expedición de carnets de prensa, en lugar de la actual Dirección General de Información y Medios de Comunicación (BYEGM), dependiente del gabinete del primer ministro turco;
10. Expresa su profunda preocupación por la situación relativa al Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en Turquía; insta a Turquía a suavizar el tenso clima político tras el golpe de Estado, que genera un ambiente que coarta la libertad de expresión en los medios de comunicación y en internet; condena, por otra parte, la encarcelación de casi 3 400 magistrados y la permanencia en prisión de otros casi 2 900;
11. Recuerda que una prensa libre y plural constituye un elemento esencial de toda democracia; recuerda a las autoridades turcas que deben ser extremadamente cuidadosas cuando traten con los medios de comunicación y los periodistas, ya que las libertades de expresión y de prensa siguen siendo esenciales para el funcionamiento de una sociedad abierta y democrática;
12. Pide al Gobierno de Turquía que ponga fin inmediato a las investigaciones arbitrarias a los periodistas, novelistas y defensores de derechos humanos de prestigio mundial que sumaron sus voces a la campaña de solidaridad con el diario Özgür Gündem ejerciendo de «redactores de servicio»; pide también al Gobierno turco que libere de inmediato a todas las personas encarceladas por la misma razón, y muy en particular a la novelista Aslı Erdoğan;
13. Pide al Gobierno turco que investigue de manera eficaz las denuncias de tortura de periodistas encarcelados, en particular de los coeditores del diario Özgür Gündem, actualmente clausurado, Bilir Kaya e İnan Kızılkaya;
14. Condena sin paliativos la reciente clausura de trece medios de comunicación y once emisoras de radio, incluyendo en particular IMC TV, de tendencia opositora, y Zarok TV, que emitía programas de dibujos animados infantiles en lengua kurda; hace especial hincapié en que silenciar arbitrariamente todas las voces opositoras bajo pretexto de «combatir el terrorismo» no ayudará a rebajar las tensiones;
15. Condena tajantemente la decisión de la compañía francesa Eutelsat, que a instancias de las autoridades turcas suspendió las emisiones del canal de noticias prokurdo radicado en Bruselas MED Nûçe TV, y pide a la empresa que reconsidere su decisión;
16. Insta al Gobierno de Turquía a que introduzca cuantas reformas sean necesarias para establecer unos mecanismos de control y equilibrio adecuados que garanticen plenamente las libertades, incluidas las de pensamiento, expresión y de los medios de comunicación, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;
17. Destaca la importancia que para el proceso de ampliación de la Unión revisten la libertad de los medios de comunicación, la independencia de la justicia y el respeto de los valores democráticos; destaca que una serie de disposiciones del marco jurídico turco y su interpretación por los miembros del poder judicial siguen obstaculizando la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación; recuerda que la libertad de expresión y el pluralismo de los medios son valores europeos centrales, y que una prensa independiente es crucial en una sociedad democrática, dado que permite a los ciudadanos participar activamente en los procesos decisorios colectivos con conocimiento de causa y, por tanto, fortalece la democracia; insta al Gobierno de Turquía, en este sentido, a que aborde la cuestión de la libertad de los medios de comunicación de forma prioritaria y prevea un marco jurídico adecuado que garantice el pluralismo en consonancia con las normas internacionales; pide asimismo que se ponga fin a las presiones e intimidaciones contra los medios de comunicación y periodistas críticos;
18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turquía.
- [1] Textos aprobados, P8_TA(2015)0228.