Procedimiento : 2016/3004(RSP)
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B8-1305/2016

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PV 01/12/2016 - 6.9
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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24.11.2016
PE593.742v01-00
 
B8-1305/2016

presentada de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del Reglamento


por la que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo previsto entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales  (2016/3004(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo por la que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo previsto entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales  (2016/3004(RSP))  
B8-1305/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus apartados 6 y 11,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales,

–  Visto el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales, aprobado en nombre de la Unión Europea,

–  Vistos los documentos de trabajo de 19 de septiembre de 2010 de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre el futuro acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la protección de datos personales transferidos y tratados a efectos de prevención, investigación, descubrimiento y represión de las infracciones penales, incluido el terrorismo, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DT\830119ES y DT\830120ES),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 27 de noviembre de 2013, titulada «Restablecer la confianza en los flujos de datos entre la UE y EE.UU.» (COM(2013)0846),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(1),

–  Visto el documento de trabajo de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 14 de julio de 2014, sobre el futuro Acuerdo internacional entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.) sobre la protección de datos personales transferidos y tratados a efectos de prevención, investigación, descubrimiento y represión de las infracciones penales, incluido el terrorismo, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DT\1031547ES),

–  Vista su Resolución, de 29 de octubre de 2015, sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE(2),

–  Visto el Dictamen n.º 1/2016 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), de 12 de febrero de 2016, sobre el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales,

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la financiación para el desarrollo(3),

–  Visto el comunicado del Grupo de Trabajo del Artículo 29, de 26 de octubre de 2016, sobre el Acuerdo marco entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América,

–  Vistos el artículo 16 del TFUE y los artículos 7, 8, 21, 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 9 de marzo de 2010, en el asunto C-518/07, Comisión Europea / República Federal de Alemania,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015, en el asunto C-362/14, por la que la Decisión de la Comisión 2000/520 fue declarada inválida,

–  Visto el dictamen del Servicio Jurídico, de 14 de enero de 2016, sobre el Acuerdo Marco entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América (SJ-0784/15),

–  Visto el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia, de 8 de septiembre de 2016, sobre el proyecto de Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre la transferencia y el tratamiento de datos del registro de nombres de los pasajeros,

–  Visto el artículo 108, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que en noviembre de 2006 se estableció un Grupo de contacto de alto nivel (GCAN) compuesto de altos funcionarios de la Comisión, la Presidencia del Consejo y los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y de Estado de EE.UU., para estudiar las posibilidades de que la Unión y los EE.UU. trabajaran más estrechamente y con más eficiencia en el intercambio de información entre los servicios policiales, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad y de los datos personales;

B.  Considerando que la conclusión a que se llegó en el informe final del GCAN, de octubre de 2009, fue que la mejor opción para aplicar los principios comunes acordados en materia de protección de datos para las transferencias transatlánticas de datos en el ámbito policial era un acuerdo internacional vinculante tanto para la Unión como para los EE.UU.;

C.  Considerando que, el 3 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó una Decisión por la que se autorizaba a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un Acuerdo internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la protección de datos personales transferidos y tratados a efectos de prevención, investigación, descubrimiento y represión de las infracciones penales, incluido el terrorismo, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal;

D.  Considerando que, el 29 de abril de 2016, la Comisión pidió al Consejo que tomase una decisión sobre la adopción del Acuerdo;

E.  Considerando que, el 19 de julio de 2016, el Consejo decidió solicitar al Parlamento su aprobación para la celebración del Acuerdo;

F.  Considerando que el Acuerdo fue rubricado el 9 de septiembre de 2015 y firmado el 2 de junio de 2016;

G.  Considerando que, el 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia, en su sentencia en el asunto C-362/14, declaró inválida la Decisión de la Comisión 2000/520;

H.  Considerando que el Acuerdo, al ser un acuerdo internacional, podrá tener preponderancia sobre el Derecho derivado de la Unión adoptado por el legislador de la Unión, y que esta primacía del Acuerdo Marco UE-EE. UU. se aplicaría entonces en el futuro al paquete legislativo en materia de protección de datos;

I.  Considerando que la finalidad del presente acuerdo, con arreglo a lo expuesto en su artículo 1, es garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales y reforzar la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea y sus Estados miembros en relación con la prevención, la investigación, la detección o la represión de infracciones penales, incluido el terrorismo;

J.  Considerando que, el 12 de febrero de 2016, el Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen preliminar sobre el Acuerdo, en el que recomendaba determinadas mejoras sustanciales para que el texto cumpliera lo dispuesto en la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y en particular la aclaración de que todas las salvaguardias se aplican a todas las personas físicas en la Unión, y no solo a los ciudadanos de la Unión, lo que garantiza que las disposiciones relativas a la tutela judicial son efectivas en el sentido de la Carta, y la aclaración de que no se autorizan las transferencias masivas de datos sensibles;

K.  Considerando que el 24 de febrero de 2016 el presidente Obama promulgó la Judicial Redress Act (Ley sobre recursos judiciales), por la que se autoriza al Departamento de Justicia de EE. UU. a designar a otros países o a organizaciones regionales de integración económica cuyos ciudadanos podrán iniciar acciones civiles en virtud de la Ley sobre protección de la privacidad de 1974 contra determinados organismos gubernamentales estadounidenses con miras a acceder a los datos en posesión de dichos organismos, o a modificarlos, o a reparar la divulgación ilícita de los registros transferidos desde un país extranjero a los Estados Unidos con el fin de evitar, investigar, detectar o perseguir delitos penales;

L.  Considerando que el Departamento de Justicia de EE. UU. puede designar los países u organizaciones cuyos ciudadanos podrán emprender tales acciones si el país o la organización de que se trate dispone de la debida protección de la privacidad a efectos de compartir información con EE. UU., con arreglo a lo establecido en el correspondiente acuerdo con EE. UU. o a lo que determine el Departamento de Justicia, permite la transferencia de datos personales para fines comerciales entre su territorio y los Estados Unidos, y dispone de políticas de transferencia de datos certificadas por el Departamento de Justicia y que no se opongan a los intereses nacionales de seguridad de EE. UU.;

M.  Considerando que, hasta la fecha, la Unión Europea o sus Estados miembros no han sido designados por el Departamento de Justicia como «país cubierto» para que sus ciudadanos puedan iniciar acciones civiles en virtud de la Ley sobre protección de la privacidad, de 1974, contra determinados organismos gubernamentales estadounidenses;

N.  Considerando que las vías de reparación judicial ofrecidas por la Ley sobre recursos judiciales de EE. UU. no se concederán a los no ciudadanos de la Unión cuyos datos personales sean tratados y transferidos a EE. UU. en virtud del Acuerdo;

O.  Considerando que la legislación vigente en EE. UU. incluye varios límites y requisitos previos en cuanto al ámbito de aplicación, el fundamento de las pretensiones, la designación de las agencias cubiertas y la aplicación de la Ley sobre protección de privacidad de 1974 en asuntos de carácter coercitivo;

P.  Considerando que los datos personales tratados sobre la base del Acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los registros de nombres de los pasajeros (PNR) y el Acuerdo sobre el tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) están exentos actualmente de las disposiciones relativas a acciones civiles en virtud de la Ley de protección de la privacidad de 1974;

Q.  Considerando que, en su comunicado de 26 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 puso de relieve la necesidad de algunas aclaraciones para garantizar que el nivel de protección de los datos personales ofrecido por el Acuerdo Marco es plenamente coherente con el Derecho de la Unión y, en particular, que debe prestarse atención a los puntos siguientes; las definiciones de los conceptos de «datos personales» y «tratamiento de datos» difieren de las definiciones de la Unión; el periodo de retención de datos debe determinarse de manera más estricta en relación con los fines perseguidos; las restricciones de los derechos individuales de acceso son muy generales y el acceso podría mejorar mediante el establecimiento de un mecanismo de derecho de acceso indirecto;

1.  Considera que existe incertidumbre jurídica en cuanto a la compatibilidad del Acuerdo previsto con los Tratados, en particular el artículo 16, y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 7, 8, y 52, apartado 1, en lo relativo al derecho de las personas físicas a la protección de los datos de carácter personal, así como su artículo 47 en lo relativo a la prestación de la tutela judicial efectiva;

2.  Decide solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad del Acuerdo con los Tratados;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, para información, y que adopte las medidas oportunas para obtener el dictamen del Tribunal de Justicia.

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0388.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0233.

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