Procedimiento : 2017/2510(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0121/2017

Textos presentados :

B8-0121/2017

Debates :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Votaciones :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
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Textos aprobados :

P8_TA(2017)0017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.432v01-00
 
B8-0121/2017

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón (2017/2510(RSP))


Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón (2017/2510(RSP))  
B8-0121/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración conjunta, de 24 de septiembre de 2016, de la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini y el comisario Neven Mimica, con motivo de la proclamación de los resultados definitivos de las elecciones presidenciales por el Tribunal Constitucional de Gabón,

–  Visto el comunicado de prensa, de 1 de septiembre de 2016, de la Unión Africana en el que condena la violencia y pide la resolución pacífica del conflicto poselectoral en Gabón,

–  Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, de 11 de septiembre de 2016, sobre Gabón,

–  Vista la declaración preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea, de 29 de agosto de 2016,

–  Vistos el Acuerdo de Cotonú, firmado en 2000 por el grupo de Estados ACP y la UE, y sus sucesivas revisiones,

–  Vistas la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, adoptado el 11 de julio de 2003, y en particular su artículo 9,

–  Vista la declaración conjunta, de 24 de septiembre de 2016, de la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía sobre la situación en la República Democrática del Congo;

  Vistas las Resoluciones aprobadas por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 18 de mayo de 2011, sobre los desafíos para el futuro de la democracia y el respeto del orden constitucional en los países ACP y de la UE, de 27 de noviembre de 2013, sobre el respeto del Estado de Derecho y el papel de un poder judicial imparcial e independiente, y de 13 de junio de 2016, sobre el contexto preelectoral y la situación de la seguridad en la República Democrática del Congo,

–  Vista la declaración, de 7 de abril de 2016, de la VP/AR, Federica Mogherini, sobre la situación política en la República Democrática del Congo tras las elecciones presidenciales,

–  Vista la Constitución de Gabón,

–  Vista la Constitución de la República Democrática del Congo,

–  Vista la Resolución 19/36 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 23 de marzo de 2012, relativa a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho,

–  Vista la Resolución 67/97 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 2012, sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional,

–  Vista la Declaración de la Unión Africana sobre los principios que rigen las elecciones democráticas en África (2002),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Gabón celebró elecciones presidenciales el 27 de agosto de 2016; que, el 31 de agosto de 2016, Ali Bongo, presidente saliente, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales tras el anuncio por el Ministerio del Interior de los resultados provisionales sobre la base de los resultados proporcionados por la Comisión Electoral Nacional (CENAP), con cerca de unos 5 600 votos más que su principal rival, Jean Ping; que Jean Ping y sus seguidores cuestionaron y condenaron inmediatamente este resultado; que se interpuso ante el Tribunal Constitucional de Gabón un recurso en el que se alegaban irregularidades en relación con las elecciones y se pedía un nuevo recuento de votos;

B.  Considerando que los observadores internacionales, en particular de la misión de observación electoral de la UE, detectaron anomalías en la compilación de los resultados, especialmente en la provincia de Alto Ogoué, feudo de Ali Bongo; que la oposición pidió también un recuento de los votos en dicha provincia, donde el presidente Ali Bongo obtuvo el 95 % de los votos, con una participación del 99 %, sosteniendo que los votos representados por la participación oficial en dicha provincia habrían sido suficientes para ganar las elecciones; que también los miembros de la Comisión Electoral de Gabón cuestionaron el recuento de los votos de la provincia de Alto Ogoué;

C.  Considerando que la misión de observación electoral de la UE, que ha sido muy crítica con el proceso electoral, ha sido objeto de repetidos actos de intimidación en Gabón, concretamente a través de una intensa campaña de difamación en la prensa, y ha sufrido además importantes amenazas y presiones de las autoridades gabonesas, que interpusieron un recurso y llevaron a cabo una investigación sobre el trabajo realizado por dicha misión en un intento de desacreditar el informe de esta;

D.  Considerando que, el 24 de septiembre de 2016, el Tribunal Constitucional anunció el resultado oficial definitivo de las elecciones presidenciales y confirmó la victoria de Ali Bongo; que, no obstante, el examen del recurso no ha disipado todas las dudas en torno a los resultados de las elecciones presidenciales;

E.  Considerando que Joseph Kabila es el presidente de la República Democrática del Congo (RDC) desde 2001; que el mandato del presidente Kabila finalizó el 20 de diciembre de 2016; que, de acuerdo con la Constitución de la RDC, el presidente puede permanecer en el cargo dos legislaturas como máximo y que las próximas elecciones presidenciales y legislativas estaban inicialmente previstas para finales de 2016;

F.  Considerando que el primer intento de modificar la Constitución de la RDC para permitir un tercer mandato al presidente Kabila fracasó en 2015 debido a la fuerte oposición y a la movilización de la sociedad civil; que tales intentos han provocado un aumento de las tensiones políticas, disturbios y violencia en todo el país;

G.  Considerando que el 18 de octubre de 2016 se firmó un acuerdo entre el presidente Kabila y una parte de la oposición para aplazar las elecciones presidenciales hasta abril de 2018; que, de conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, el presidente Kabila, que fue así autorizado a permanecer en el poder después de 2016, nombró un nuevo primer ministro interino, Samy Badibanga, miembro de la oposición, encargado de formar un nuevo Gobierno;

H.  Considerando que, tras meses de negociaciones, las partes del acuerdo del 18 de octubre llegaron a un acuerdo político global e inclusivo el 31 de diciembre de 2016;

I.  Considerando que, si bien la situación de ambos países es muy diferente, es comparable por lo que se refiere a la inestabilidad política y la violencia;

J.  Considerando que una duración de mandato más larga permite una mayor acumulación y personalización del poder y la influencia sobre los privilegios y la corrupción y no conduce a la renovación de la clase política;

K.  Considerando que una de las características de las democracias es el respeto de la constitución, en la que se basa el Estado, las instituciones y el Estado de Derecho, así como la celebración de elecciones libres y justas, gracias a las cuales el poder se transfiere de forma pacífica a las personas que han obtenido legitimidad mediante el ejercicio del voto, la libertad de expresión y de reunión y la libertad de prensa;

L.  Considerando que los grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones el deterioro de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión, de reunión y de manifestación en algunos países durante los períodos previos a las elecciones, incluido el recurso excesivo a la fuerza contra manifestantes pacíficos, periodistas, dirigentes políticos y otras personas;

1.  Lamenta la pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones de los últimos meses en ambos países, y expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas y a la población de la RDC y de Gabón;

2.  Expresa su profunda preocupación por la creciente inestabilidad de la situación en el contexto preelectoral y poselectoral en ambos países; recuerda a las autoridades y, en primer lugar, a los presidentes, que es responsabilidad suya proteger a los ciudadanos en todo el territorio nacional, y en particular protegerlos contra los abusos y los delitos, así como ejercer sus funciones de gobierno respetando escrupulosamente el Estado de Derecho;

3.  Condena enérgicamente todos los actos de violencia perpetrados, las violaciones de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y los arrestos ilegales, en particular la instrumentalización del sistema judicial y la violencia e intimidación a que deben hacer frente los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, así como la violación de la libertad de prensa y de la libertad de expresión antes y después de las elecciones presidenciales; pide a las autoridades que revoquen de inmediato todas las restricciones a los medios de comunicación; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos;

4.  Pide que se lleve a cabo una investigación independiente y objetiva de los casos de violencia relacionados con las elecciones y de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y subraya la necesidad de velar por que todos los responsables comparezcan ante la justicia; pide asimismo a la UE y a los países ACP que, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana, sigan vigilando de cerca la situación general de ambos países;

5.  Toma nota de que ha mejorado la situación en cuanto a la seguridad, y pide a todas las partes que se abstengan de cometer nuevos actos que podrían socavar la paz y la estabilidad del país; pide a todos los actores políticos que participan actualmente en los debates preelectorales y poselectorales que actúen de forma responsable y den muestras de moderación y que resuelvan las diferencias que puedan tener a través de los canales legales y constitucionales existentes;

6.  Pide a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todas circunstancias el respeto de la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y los principios de los derechos humanos, incluidas la libertad de expresión y la libertad de prensa;

7.  Toma nota de la decisión de algunos miembros de la oposición de responder favorablemente al llamamiento al diálogo lanzado el 14 de noviembre de 2016 por el presidente electo Ali Bongo con el fin de preparar el terreno para las próximas elecciones, en particular las elecciones parlamentarias que deben celebrarse en 2017; señala, no obstante, que Jean Ping, destacada figura de la oposición, se niega a participar y está dispuesto a poner en marcha por su cuenta un diálogo nacional; expresa, por lo tanto, sus reservas en cuanto a la pertinencia de tales procesos, y subraya la urgente necesidad de un procedimiento de concertación abierto y transparente para poner fin a la crisis poselectoral;

8.  Pide a la UE y a los países ACP que entablen un diálogo político global y equilibrado con el Gobierno de Gabón, con el fin de obtener compromisos sobre la consolidación de la democracia, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, valores consagrados en el Acuerdo de Cotonú y en el Acta Constitutiva de la Unión Africana;

9.  Recuerda que, en virtud del Acuerdo de Cotonú, la RDC se ha comprometido a respetar los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que incluyen la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la buena gobernanza y la transparencia de los cargos políticos; toma nota de que está fracasando el diálogo abierto con las autoridades de la RDC, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, para obtener aclaraciones definitivas con respecto al proceso electoral;

10.  Lamenta que el Gobierno y la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) no hayan organizado las elecciones presidenciales dentro del plazo constitucional; sigue profundamente preocupado en cuanto a la eficacia del papel de la CENI, de la que dependerá en gran medida la legitimidad del proceso electoral; recuerda que esta Comisión debe ser una institución imparcial e inclusiva y contar con recursos suficientes para llevar a cabo un proceso integral y transparente;

11.  Saluda los esfuerzos de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) por lograr un consenso más amplio sobre la transición política; reconoce que se requiere un período de transición en el que la presidencia solo se pueda ejercer bajo la autoridad de un consejo de transición en el que la oposición tenga un papel esencial;

12.  Acoge con satisfacción el acuerdo político global e inclusivo alcanzado el 31 de diciembre de 2016; recuerda a todas las partes su compromiso con este acuerdo, por lo que las anima a que lo apliquen en todos sus elementos y establezcan un calendario concreto para las próximas elecciones lo antes posible; pide a la UE y a los Estados miembros que presten todo el apoyo posible para la organización de elecciones justas, transparentes y pacíficas;

13.  Condena enérgicamente todos y cada uno de los intentos de prolongar la permanencia en el poder en contra de la voluntad del pueblo, lo que constituye una vulneración de la Constitución y de otras leyes nacionales; alienta el refuerzo del diálogo entre los países ACP como medio de garantizar el respeto del Estado de Derecho y las constituciones de los países; pide a la UE y a los países ACP que, para abordar posibles futuras crisis políticas, recurran a la intensificación del diálogo político, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de la República Democrática del Congo y de Gabón, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión, al Consejo, a la Comunidad del África Oriental y a los Gobiernos de sus Estados miembros, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las instituciones de la Unión Africana y al secretario general de las Naciones Unidas.

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