PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las prioridades de la Unión para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017
13.3.2017 - (2017/2598(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy en nombre del Grupo GUE/NGL
B8-0184/2017
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades de la Unión para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas,
– Visto el 34.º periodo de sesiones del CDH, que se desarrollará del 27 de febrero al 24 de marzo de 2017,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la Unión y sus Estados miembros deberían garantizar el respeto de los derechos humanos en todas sus políticas, tanto interiores como exteriores, y velar por su coherencia para reforzar la posición de la Unión y sus Estados miembros en el CDH y dotarla de credibilidad;
B. Considerando que el 34.º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se desarrollará del 27 de febrero al 24 de marzo de 2017; que, con ocasión de dicho periodo, una delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo viajará a Ginebra, como ya hizo en los periodos de sesiones del CDH de años anteriores; que en 2017 el CDH celebrará otros dos periodos de sesiones;
C. Considerando que en la actualidad forman parte del CDH siete Estados miembros, a saber: Alemania (hasta 2018), Bélgica (hasta 2018), Letonia (hasta 2017), los Países Bajos (hasta 2017), Portugal (hasta 2017), el Reino Unido (hasta 2017) y Eslovenia (hasta 2018);
D. Considerando que se ha de coordinar mejor y reforzar el trabajo de la Unión y de sus Estados miembros con el CDH y en su seno, así como con la totalidad de las instancias de las Naciones Unidas, a fin de tener más en cuenta y poner en práctica las recomendaciones del CDH en la política de derechos humanos de la Unión, tanto a nivel interior como exterior; que, con demasiada frecuencia, las delegaciones de la Unión en el CDH se limitan a participar centrándose en sus propias prioridades, sin tener en cuenta la labor de las Naciones Unidas y del CDH en materia de derechos humanos;
La labor y la organización del CDH
1. Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que se opongan activamente a cualquier intento de socavar los conceptos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y alienten activamente al CDH a luchar del mismo modo contra todo tipo de discriminación, sea cual sea el motivo en que se base;
2. Advierte de la instrumentalización del CDH; destaca la importancia de sus resoluciones por país para tratar los casos de violaciones graves de los derechos humanos; señala que es importante evaluar la situación de los derechos humanos de forma objetiva, transparente, no selectiva, constructiva, sin buscar la confrontación, sobre la base de información fiable, partiendo de un diálogo interactivo y en condiciones de universalidad e igualdad de trato para todos los Estados; hace un llamamiento a los Estados miembros para que participen activamente en la aplicación de esos principios acordados en relación con el CDH;
3. Destaca que, para garantizar el respeto de los derechos humanos, es importante abordar las causas profundas de la inestabilidad política existente en numerosos países recurriendo a políticas de desarrollo acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a medidas socioeconómicas, políticas y culturales;
4. Constata que Arabia Saudí es miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta 2019; condena firmemente las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por el Reino de Arabia Saudí, que utiliza su mandato para bloquear las solicitudes de los relatores especiales de las Naciones Unidas designados para llevar a cabo investigaciones para el establecimiento de hechos en relación con la tortura, la libertad de expresión y de opinión, y las ejecuciones, y que además obstaculiza todo intento de investigación independiente sobre la situación en Yemen; condena el hecho de que, con ocasión del 33.º periodo de sesiones del CDH, Arabia Saudí haya conseguido, por segundo año consecutivo, bloquear una resolución de la Unión para poner en marcha una investigación internacional; pide a la Unión que proponga de nuevo dicha resolución tras las críticas formuladas por la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, sobre la falta de imparcialidad y la vulneración de las normas fundamentales de protección de la Comisión nacional yemení establecida tras el fracaso de la solicitud de establecimiento de una comisión internacional;
5. Acoge positivamente los informes anuales del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, en particular, la atención dedicada a la situación que se registra en Honduras, Colombia, Guatemala, Chipre, Irán, Sri Lanka, Yemen, los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén oriental, los Altos del Golán sirios ocupados, Afganistán y Guinea;
6. Se opone a la utilización del concepto de «responsabilidad de proteger», ya que viola el Derecho internacional y no aporta un fundamento jurídico suficiente para justificar el uso unilateral de la fuerza; condena el papel de policía mundial que se atribuyen Estados como los Estados Unidos o Francia, u organismos como la OTAN, por ejemplo fuera de los mandatos de las Naciones Unidas o sobrepasándolos; condena asimismo los ataques aéreos contra blancos específicos y el despliegue de tropas extranjeras en el territorio de algunos Estados; denuncia las intervenciones de la OTAN emprendidas en lugar de las labores de pacificación y estabilización cuando no pueden ejecutarse contando con un consenso amplio en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Los derechos económicos, sociales y culturales
7. Celebra la importancia concedida por el CDH a la promoción y protección de los derechos económicos y sociales, así como a la cuestión de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos; destaca una vez más la necesidad de abordar en pie de igualdad los derechos económicos, sociales, culturales, cívicos y políticos; insiste en que los elevados índices de desempleo, el aumento de la pobreza y de la exclusión social, el acceso cada vez más difícil a los servicios en los ámbitos de la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y la cultura, así como la degradación de la calidad de esos servicios, constituyen desafíos de primer orden; acoge positivamente el papel clave que desempeñan los servicios públicos al respecto, y constata que su privatización y liberalización han contribuido a la degradación del acceso a algunos de esos derechos;
8. Destaca asimismo que la introducción de cláusulas relativas a la democracia y los derechos humanos en los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión no se tiene suficientemente en cuenta, lo que hace que sea un fracaso, habiéndose producido incluso retrocesos con esos acuerdos, y hasta violaciones de los derechos fundamentales, particularmente los económicos y los sociales, un empobrecimiento de las poblaciones afectadas y la monopolización de los recursos por parte de las multinacionales; considera que es necesario poner en práctica nuevas formas de cooperación para facilitar el desarrollo económico y social de los terceros países sobre la base de las necesidades de sus pueblos; opina que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería ocuparse de analizar y denunciar, además del impacto que tienen los planes de austeridad en los derechos humanos, el impacto que tienen los acuerdos de libre comercio y particularmente los riesgos y consecuencias de los acuerdos de asociación económica con los países ACP;
9. Considera que una de las principales prioridades de los periodos de sesiones del CDH en 2017 debería ser la cuestión relativa al reparto de la riqueza en el mundo, en la medida en que es el principal obstáculo para la consecución de los derechos económicos y sociales, y estima que la delegación de la Unión y sus Estados miembros debería tomar todas las medidas necesarias para cumplir ese objetivo;
10. Destaca la importancia del Informe sobre el acceso a los medicamentos en el contexto del derecho de toda persona a disfrutar del mejor estado posible de salud física y mental; pide a la delegación de la Unión y sus Estados miembros que fomente el acceso a los medicamentos y a unos servicios públicos de salud de calidad y accesibles para todas las personas, y que proponga que se realice una investigación sobre el papel de las industrias farmacéuticas;
11. Considera igualmente importante el Informe sobre una vivienda adecuada, como elemento del derecho a un nivel de vida suficiente; pide a la delegación de la Unión y sus Estados miembros que favorezca el acceso a una vivienda de calidad para todas las personas, sin discriminación, como un derecho fundamental;
12. Acoge favorablemente también el Informe sobre el derecho a la alimentación; destaca que los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían promover en mayor medida el acceso a los recursos naturales y vitales, así como a las tierras, y la soberanía y la seguridad alimentarias como medios para reducir la pobreza y el desempleo; lamenta que un importante número de personas no tenga o haya dejado de tener acceso a determinados recursos, incluidos bienes fundamentales como el agua, debido al acaparamiento de estos recursos por parte concretamente de empresas o entidades privadas que cuentan con el apoyo de las autoridades políticas de los Estados en cuestión, lo que provoca en particular penurias alimentarias y el aumento de los precios de los productos alimenticios; pide, por consiguiente, a la delegación de la Unión y sus Estados miembros que promuevan propuestas en el CDH y, más en general, en los diferentes foros y conferencias internacionales y regionales (Banco Mundial, OMC, UNCTAD, FMI, OCDE, etc.), en favor del reconocimiento de los bienes públicos fundamentales y su inclusión en un convenio específico de las Naciones Unidas;
13. Destaca la importancia del punto relativo a los efectos de la deuda exterior y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados sobre el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, ya que en ese punto se tiene en cuenta el hecho de que el pago de los intereses de la deuda de los Estados afecta hoy en día a la mayoría de los países y sirve de pretexto para introducir planes de austeridad denominados «planes de ajuste estructural» que vulneran los derechos fundamentales, también en la Unión;
Los derechos civiles y políticos
14. Hace un llamamiento a todos los Estados para que luchen contra la tortura, también en los Estados miembros; pide a la delegación de la Unión y sus Estados miembros que incluya en el debate sobre la tortura y otras penas y tratos inhumanos y degradantes la cuestión relativa a la prohibición del comercio de productos que pueden servir para actos de tortura, tanto dentro como fuera de la Unión;
15. Pide a la delegación de la Unión y sus Estados miembros que reafirme su posición en contra de la pena de muerte y a favor de su abolición universal y del establecimiento de una moratoria inmediata en los países en los que todavía está en vigor; manifiesta su inquietud a la vista de que algunos países en los que se había suspendido la aplicación de la pena capital la han reanudado, e incluso han restablecido la pena de muerte alegando como motivo la lucha contra el terrorismo y como parte de la lucha contra el tráfico de drogas;
16. Insiste en la necesidad de que en este periodo de sesiones del CDH se aborde la cuestión de la libertad de asociación y de la lucha contra todas las formas de represión, incluido el asesinato de sindicalistas, militantes políticos y asociativos, artistas y defensores de los derechos humanos;
17. Toma nota de la importancia concedida en el 31.º periodo de sesiones a la libertad de religión o de creencias, y recuerda que esa libertad supone tanto el derecho a creer y a no creer como el derecho a promover creencias religiosas y a cambiar de creencias; subraya una vez más su apego al componente secular —definido como la separación estricta entre las autoridades políticas y las religiosas—, como característica fundamental de un Estado democrático, lo que implica el rechazo de toda interferencia religiosa en el funcionamiento de los asuntos públicos y de toda interferencia política en los asuntos religiosos, salvo cuando se trate de mantener las normas de seguridad y el orden público (incluido el respeto de la libertad de los demás), y de garantizar a todas las personas, creyentes, agnósticas o ateas, la igualdad en materia de libertad de conciencia y la expresión pública de sus creencias;
18. Considera particularmente importante el Informe sobre el derecho a la privacidad en la era digital; lamenta que las tecnologías, incluidas las europeas, se utilicen para violar los derechos humanos, especialmente mediante la censura y la vigilancia generalizada; condena igualmente el espionaje de millones de personas realizado particularmente por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos; manifiesta su preocupación respecto de la difusión de las tecnologías de vigilancia y filtrado, que supone una amenaza creciente para los militantes de los derechos humanos y, con frecuencia, vulnera el derecho a la privacidad; pide que se tomen en consideración estos motivos de preocupación cuando se trate este punto del periodo de sesiones; lamenta que la comunidad internacional siga sin entablar negociaciones para celebrar un acuerdo internacional sobre la protección de los datos personales, para el que puede servir de modelo el Convenio n.º 108 del Consejo de Europa, y pide a la delegación de la Unión y sus Estados miembros que contribuya a la elaboración de un marco de ese tipo en colaboración con sus homólogos internacionales;
19 Condena la externalización creciente de las labores de seguridad, incluidas las militares, que se encomiendan a organismos y empresas privadas cuando en realidad se trata de competencias soberanas bajo la autoridad exclusiva de los Estados, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para poner término a esas prácticas; considera que el respeto de las normas en materia de derechos humanos sigue siendo responsabilidad de los Estados, por lo que estima que se trata de una transferencia de misiones de servicio público, y opina que los Estados deben ser considerados responsables de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario cometidas por sus empresas;
20. Hace hincapié en la escasa regulación, la opacidad y la inexistencia de controles por lo que respecta al comercio de armas, que es responsable de sufrimientos humanos cada vez mayores en el marco de guerras civiles y otros conflictos armados; considera que el comercio de armas alimenta la inestabilidad y la corrupción y hace que se malogren los procesos de paz; denuncia muy especialmente su papel en países como Yemen, Somalia, Sudán del Sur y Nigeria, y se hace eco de la alerta relativa a dichos países que lanzó el secretario general de las Naciones Unidas el pasado 22 de febrero; insiste, por consiguiente, en que se trate esta cuestión durante este periodo de sesiones;
Los derechos de los pueblos, de los grupos y de los individuos
21. Destaca la importancia del respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales que se definen en el Convenio n.º 169 de la OIT, y manifiesta su preocupación a la vista de la degradación de la situación de los defensores, militantes, organizaciones e instituciones de derechos humanos que denuncian en particular las situaciones de acaparamiento de tierras; pide que esas cuestiones sean objeto de un punto específico en el orden del día del periodo de sesiones del CDH;
22. Celebra la importancia concedida a los derechos del niño en este 34.º periodo de sesiones, así como la voluntad, tras la aprobación de la Resolución 25/6, de llevar un seguimiento minucioso de las cuestiones relativas al tráfico y la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;
23. Hace un llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que den prioridad a las acciones concretas del CDH destinadas a poner fin a las violaciones de los derechos humanos que afectan a la población civil, y particularmente a las mujeres y los niños, en las situaciones de guerra y conflictos violentos; pide que se apliquen en concreto medidas prioritarias para acabar con el reclutamiento de niños soldado y para garantizar su protección;
24. Lamenta que en las conferencias del CDH de 2017 no se aborden las cuestiones relativas a los derechos de las personas LGBTI; condena los actos de violencia y las discriminaciones de que son objeto las personas LGBTI en todo el mundo; condena, en particular, la esterilización forzosa de las personas transgénero, práctica que persiste en varios Estados, también de la Unión, y hace un llamamiento para que se ponga fin de inmediato a esa violación de los derechos humanos; pide a la comunidad internacional que reflexione sobre la manera de adaptar su Derecho de familia a la evolución de los modos y tipos de familias de hoy en día, incluida la posibilidad de unión y de adopción para las personas del mismo sexo; señala que las lesbianas sufren con frecuencia una discriminación múltiple (como mujeres y como lesbianas), y que las medidas en favor de la igualdad de las personas LGBTI deben ir acompañadas de medidas en favor de la igualdad de las mujeres y de las niñas con objeto de lograr la igualdad y la no discriminación; manifiesta su preocupación a la vista del reciente aumento del número de leyes, prácticas y actos violentos contra las personas en función de su orientación sexual y de su sexo; reafirma su apoyo a la continuación de la labor del alto comisionado para los Derechos Humanos para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI, concretamente a través de declaraciones, informes y la campaña «Libertad e igualdad»; alienta al alto comisionado de las Naciones Unidas a seguir luchando contra las leyes y prácticas discriminatorias;
25. Acoge favorablemente el Informe sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes; condena los efectos de las políticas de externalización de las fronteras de la Unión en la asunción de mayores riesgos por parte de las personas que intentan encontrar la seguridad en Europa, lo que conlleva un aumento del número de muertos en el mar y en tierra entre las personas que ponen rumbo a Europa; destaca la necesidad de que la Unión base todas las políticas migratorias, incluida la de control de las fronteras, en un enfoque coherente basado en los derechos humanos de acuerdo con sus compromisos internacionales; condena en ese sentido el Proceso de Jartum, que implica el establecimiento de una cooperación con, por ejemplo, los regímenes eritreo y sudanés en lo que se refiere a la gestión de la migración; hace un llamamiento una vez más a los Estados miembros de la Unión para que apliquen las cláusulas sobre democracia y derechos humanos en la totalidad de los acuerdos internacionales, sea cual sea su naturaleza, y garanticen el respeto de los derechos humanos en sus propias políticas interiores y exteriores, ya que, de no ser así, se produciría un debilitamiento de la posición de la Unión en el CDH y en cualquier otro foro en el que se aborden los derechos humanos;
La interdependencia de los derechos humanos y de las cuestiones temáticas relacionadas con los derechos humanos
26. Observa que este 34.º periodo de sesiones concede una gran importancia al vínculo entre el terrorismo y los derechos humanos, y toma nota del Informe sobre los efectos negativos del terrorismo en el disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; destaca que la lucha contra el terrorismo no debe servir en ningún caso como pretexto para limitar las libertades individuales y los derechos fundamentales; considera que la respuesta «belicista» de algunos países occidentales, lejos de reducir la amenaza terrorista, no hace sino acentuar la espiral de violencia; destaca una vez más la imposibilidad de aplicar un plan eficaz de lucha contra el terrorismo hasta que no se interrumpan las financiaciones a las organizaciones terroristas, en particular suspendiendo todo acuerdo comercial o de asociación con los países que apoyan a estas organizaciones; destaca, asimismo, la importancia de fortalecer los servicios públicos de información, seguridad y justicia, así como la necesidad de establecer programas de prevención y crear centros financiados por los poderes públicos para detectar de forma proactiva los métodos de reclutamiento de las organizaciones terroristas, prevenir el reclutamiento, acabar con las bandas responsables del reclutamiento y permitir la reinserción de las personas reclutadas; recuerda que el derecho a la seguridad y el derecho a la protección son derechos fundamentales, y condena todas las políticas públicas que tengan por objeto discriminar a una parte de la población por su origen o su religión, real o supuesta; considera, en este contexto, que el punto sobre los efectos del terrorismo en el disfrute de los derechos humanos es extremadamente importante;
27. Considera fundamental el punto sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos; respalda los trabajos del Grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas a este respecto, e insta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a dar cumplimiento a las resoluciones al respecto y a comprometerse plenamente para alcanzar este objetivo;
28. Considera, asimismo, extremadamente importante el punto relativo a los derechos humanos y el medio ambiente, y opina que este tema está vinculado intrínsecamente a los derechos de los pueblos a disponer de sus recursos naturales, de tierras y de un sistema medioambiental sostenible; considera, por lo tanto, fundamental la ratificación y aplicación por todas las partes del proceso de Kioto, así como de otros convenios internacionales que permiten el disfrute efectivo de estos derechos; opina que los acuerdos alcanzados durante la COP 21, celebrada en París, son insuficientes para acabar con el cambio climático y garantizar los derechos sociales y medioambientales de los pueblos; pide a la delegación de la Unión y a los representantes de los Estados miembros que apoyen, en el seno del CDH, la propuesta de creación de un tribunal internacional de justicia medioambiental bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y que actúen en favor del establecimiento de un instrumento jurídico vinculante para sancionar a los Estados y las empresas más contaminantes;
29. Destaca que las Naciones Unidas consideran que, de aquí a 2050, habrá 200 millones de personas desplazadas por razones ambientales; destaca, asimismo, la necesidad de un enfoque global que permita resolver los problemas relacionados con el cambio climático, la pobreza, la explotación y el acceso a los recursos, así como la lucha contra el acaparamiento de tierras y riquezas por parte de multinacionales, con objeto de permitir el desarrollo y el acceso de las poblaciones a los bienes, los derechos y los servicios fundamentales; pide a la delegación de la Unión en el seno del CDH y a los representantes de los Estados miembros que participen activamente en el debate sobre el concepto de «refugiados climáticos y medioambientales», con el fin de elaborar una definición jurídicamente vinculante en el Derecho internacional;
El derecho de los pueblos a la libre determinación y las situaciones relacionadas con los derechos humanos a las que el Consejo debe prestar atención
30. Destaca una vez más el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y a elegir su orientación política, económica y social sin injerencias exteriores; pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con ocasión de los periodos de sesiones del CDH en 2017, promuevan decididamente este derecho abandonando las políticas actuales; rechaza, por otro lado, la imposición de sanciones por parte de la Unión y los Estados Unidos a países terceros con objeto, principalmente, de proteger sus propios intereses geopolíticos y económicos, y no los de las poblaciones afectadas, que deberían prevalecer;
31. Manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y de la seguridad en Siria tras la ocupación de una parte importante del territorio por la organización denominada «Estado Islámico»; condena nuevamente con firmeza las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las organizaciones terroristas; se muestra particularmente preocupado, asimismo, por los atentados contra los derechos humanos cometidos por el régimen sirio, en particular los atentados contra la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias y la represión de que son objeto los defensores de los derechos humanos; destaca la importancia de las conclusiones de la comisión especial encargada de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre los acontecimientos ocurridos en Alepo, con el fin de identificar, en la medida de lo posible, a aquellas personas sobre las que existen motivos razonables para creer que son responsables de supuestas violaciones del Derecho internacional en materia de derechos humanos; subraya el hecho de que el conflicto se ha visto agravado por el comercio de armas; condena firmemente las diferentes intervenciones occidentales que se han producido en los últimos años, que han tenido unas consecuencias dramáticas en la radicalización de las personas, en particular en Oriente Próximo y en los países de la vecindad meridional; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados en favor del establecimiento de un diálogo político bajo los auspicios de las Naciones Unidas para salir de la crisis política en el país, y destaca que, para ser eficaz, debe incluirse en él a los miembros de la oposición pacífica al régimen sirio;
32. Expresa su profunda preocupación por el conflicto recurrente en Sudán del Sur; solicita un alto el fuego inmediato entre las dos partes involucradas en el conflicto y se declara partidario de una mediación neutral que permita alcanzar un acuerdo cuanto antes; pide que se incremente la ayuda humanitaria a favor de la población civil atrapada en el conflicto o que huye de la zona; pide a la Unión y a sus Estados miembros que respeten el principio de no devolución y abran sus fronteras a los refugiados que huyen de la crisis que hace estragos en Sudan del Sur; pide, asimismo, que se asuma un compromiso a escala internacional para poner fin al suministro de armas o de equipamiento militar a Sudán del Sur y que se ponga fin a la exportación de armas a la región;
33. Destaca la importancia de los debates celebrados por el CDH sobre la crisis en Burundi; se declara sumamente preocupado por la situación en el país, y pone de relieve que puede tener consecuencias dramáticas para la región en su conjunto; pide que se respeten el Pacto de seguridad, estabilidad y desarrollo para la región de los Grandes Lagos y el Protocolo de no agresión y defensa mutua; considera que la actual crisis solo puede resolverse mediante un diálogo político a escala nacional y regional, y que bajo ningún concepto debe servir de pretexto para una nueva intervención militar en la región; considera que los problemas de Burundi solamente se podrán resolver en el país si se garantizan los mismos derechos a todos los ciudadanos y se abordan los problemas relacionados con el control de las tierras agrícolas fértiles, el desempleo y la pobreza, la lucha contra la corrupción, la pobreza, las desigualdades y las discriminaciones, y si se fomentan reformas sociales, políticas y económicas con el fin de crear un Estado libre, democrático y estable;
34. Constata que la situación de los derechos humanos en Irán sigue siendo muy preocupante; condena la represión contra manifestantes y disidentes pacíficos (entre ellos, estudiantes, universitarios y defensores de los derechos humanos), militantes a favor de los derechos de la mujer, juristas, periodistas y blogueros, que es habitual en este país; destaca el papel primordial que ha de desempeñar la comunidad internacional para garantizar la paz; se declara preocupado por el número de presos políticos y de opinión, el número todavía elevado de ejecuciones, incluido de menores, la tortura, los juicios injustos y las sumas exorbitantes que se exigen como fianza, así como las graves restricciones de la libertad de información, de expresión, de reunión, de religión, de educación y de circulación;
35. Reconoce los avances realizados hasta la fecha en materia de derechos humanos en Myanmar/Birmania, aunque señala el camino que todavía queda por recorrer, en particular en relación con los derechos de las minorías y la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica; condena la discriminación y la represión ejercidas contra los rohinyás, exacerbadas por la carencia de estatuto jurídico de dicha comunidad, y el aumento de la incitación al odio contra quienes no son budistas; pide que se lleven a cabo investigaciones en profundidad, transparentes e independientes de todas las violaciones de los derechos humanos contra los rohinyás;
36. Destaca la importancia del punto sobre Eritrea de este periodo de sesiones; condena enérgicamente las violaciones sistemáticas y crecientes de los derechos humanos en Eritrea; expresa su profunda preocupación por la situación económica y social del conjunto de la población eritrea y de los refugiados en los países vecinos; condena las amenazas sistemáticas que sufre la diáspora eritrea, en particular en forma de «impuesto de recuperación y reconstrucción»;
37. Acoge favorablemente el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Libia, en particular en lo que se refiere a la eficacia de las medidas de asistencia técnica y de creación de capacidades que el «Gobierno» libio ha recibido, así como la evaluación sobre el apoyo o la asistencia técnica adicional necesaria para aplicar la Resolución y las recomendaciones que figuran en el informe de investigación de la Oficina del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Libia; considera que la Unión y sus Estados miembros deben tener presente este informe antes de asumir un mayor compromiso de cooperación con las «autoridades libias», y pide que las cuestiones de la protección de los migrantes y los refugiados en tránsito y de los derechos humanos en Libia se tengan en cuenta por encima de cualquier otra consideración;
La situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados
38. Celebra la atención especial que el CDH ha prestado en los últimos años a la situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados, en particular en lo que se refiere al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la creación de un Estado independiente y viable con arreglo a las fronteras de 1967; insta encarecidamente a la delegación de la Unión a que condene toda forma de colonialismo, en particular en Palestina, tanto en Cisjordania como en Jerusalén oriental, que está en continuo aumento; condena asimismo la violencia de los colonos contra la población palestina, en especial en Hebrón, y los planes para el desplazamiento forzoso de los beduinos;
39. Pide a la delegación de la Unión en el seno del CDH y a las representaciones de los Estados miembros que presionen a las autoridades israelíes para que el mandato de las Naciones Unidas pueda ser ejecutado; pide, asimismo, a la Unión y a sus Estados miembros que adopten las medidas apropiadas para garantizar que las empresas bajo su jurisdicción no cometan violaciones de los derechos humanos, o no contribuyan a ellas, en particular mediante la realización de actividades o la obtención de beneficios en los asentamientos; insta, en este sentido, a la Unión a que apoye las resoluciones del CDH sobre los asentamientos y la publicación de la base de datos anual del CDH sobre las empresas implicadas en violaciones del Derecho internacional;
40. Condena la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes; pide al Estado de Israel que ponga fin de inmediato a la práctica de encarcelamiento masivo, que ha seguido aumentando en 2016, con más de 6 000 personas encarceladas, incluidos menores de edad; condena, asimismo, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones administrativas, las transferencias de presos políticos fuera de los territorios ocupados, privándolos así de las visitas familiares, los malos tratos, la tortura y la alimentación forzada de los presos, así como la denegación de un tratamiento médico adecuado y oportuno, acciones que constituyen una violación flagrante del Derecho internacional; pide a Israel que garantice inmediatamente su conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de la que es parte; denuncia la detención y los malos tratos en el caso de los niños, y exige la liberación inmediata de los niños encarcelados; pide, asimismo, la liberación inmediata de los diputados palestinos encarcelados;
41. Se muestra sumamente preocupado, también, por las restricciones de las libertades civiles y políticas en Israel, en particular por las diferentes leyes sobre las ONG que atentan contra la libertad de asociación, de reunión y de organización; denuncia asimismo el aumento de la discriminación contra las minorías en el país, en particular contra la minoría «árabe»;
42. Lamenta que no se haya incluido en el orden del día de los periodos de sesiones del CDH para 2017 la cuestión del Sáhara Occidental; pide que se respeten los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, en particular la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de reunión; pide la liberación de todos los presos políticos saharauis; pide que se permita el acceso a los territorios del Sáhara Occidental a los representantes de las Naciones Unidas, a los diputados, a los observadores independientes, a las ONG y a la prensa; insta a las Naciones Unidas a que otorguen a la Minurso un mandato en materia de derechos humanos, en consonancia con todas las demás misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en todo el mundo; apoya una solución justa y duradera del conflicto del Sáhara Occidental basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones 34/37 y 35/19 de las Naciones Unidas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la inclusión en el orden del día de la situación en el Sáhara Occidental en los próximos periodos de sesiones del CDH;
El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia: seguimiento y aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban
43. Considera esencial la atención prestada en 2017 al refuerzo de la igualdad y a la lucha contra la discriminación, con independencia de que esté motivada por la raza, la pertenencia a una minoría, el sexo, la orientación o la identidad sexual o por la discapacidad; destaca que la Unión y sus Estados miembros también deben aplicar las recomendaciones del CDH en este ámbito;
44. Celebra la importancia concedida al tema del racismo y la discriminación en los periodos de sesiones de 2017 del CDH y, en particular, el llamamiento mundial a una acción concreta para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos, y para la plena aplicación y el seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban; condena nuevamente los actos de violencia racistas, antisemitas, homófobos, xenófobos y contra los migrantes, que han alcanzado niveles alarmantes en algunos Estados miembros; manifiesta su alarma ante el creciente ascenso de los discursos de odio y estigmatización de minorías o grupos de personas y su ascendente influencia en determinados medios de comunicación y en muchos movimientos y partidos políticos, que se reproducen al más alto nivel de responsabilidad política en algunos Estados miembros y han conducido a legislaciones restrictivas;
45. Considera fundamental, asimismo, la cuestión de la discriminación de las mujeres y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres; destaca que el acceso universal a la salud y a la atención genésica y reproductiva debe seguir siendo una prioridad política, incluido el libre acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos y al derecho al aborto; destaca que la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la lucha contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, deben ser prioritarias y tener por objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres; pide, por consiguiente, al CDH y a la comunidad internacional que apliquen los procesos CIPD+20, Pekín+20 y Río+20; destaca asimismo la importancia de que los Estados miembros de la Unión apliquen las recomendaciones del CDH de 2002 sobre la protección internacional en lo que se refiere a la persecución relacionada con el género, en particular en el marco de las políticas de inmigración;
*
* *
46. Encarga a su delegación en el 34.º, el 35.º y el 36.º periodo de sesiones del CDH que se haga eco de las posiciones expresadas en la presente Resolución, y le pide que informe a la Subcomisión de Derechos Humanos al término de su misión; considera conveniente que se siga enviando una delegación del Parlamento Europeo a los periodos de sesiones pertinentes del CDH;
47. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a la alta representante / vicepresidenta de la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo de trabajo Unión Europea-Naciones Unidas creado por la Comisión de Asuntos Exteriores.