Procedimiento : 2017/2651(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0270/2017

Textos presentados :

B8-0270/2017

Debates :

Votaciones :

PV 27/04/2017 - 5.69
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0200

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Venezuela (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus numerosas resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), y de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

–  Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

–  Vista la Constitución de Venezuela, y en particular sus artículos 72 y 233,

–  Vista la carta de 16 de mayo de 2016 remitida por la organización Human Rights Watch al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la situación en Venezuela(5),

–  Vista la declaración, de 31 de marzo de 2017, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional,

–  Vistas las advertencias contenidas en los informes de la OEA, de 30 de mayo de 2016 y de 14 de marzo de 2017, sobre Venezuela, y visto el llamamiento de su secretario general en favor de una convocatoria urgente del Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática, para examinar la crisis política de Venezuela,

–  Vista la carta, de 27 de marzo de 2017, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre el deterioro y la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela,

–  Vista la declaración de la OEA, firmada por catorce de sus Estados miembros el 13 de marzo de 2017, en la que se solicita que Venezuela convoque inmediatamente elecciones, libere a los presos políticos y reconozca la separación de poderes consagrada en su Constitución, entre otras medidas,

–  Vista la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, de 3 de abril de 2017, sobre los recientes acontecimientos en Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 27 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo venezolano dictó una sentencia por la que declaraba inconstitucional toda la legislación aprobada por la Asamblea Nacional y calificaba el apoyo a la Carta Democrática Interamericana como un acto de traición, pese a tratarse de un documento jurídico firmado por Venezuela; que el 29 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo venezolano dictó una sentencia por la que declaraba a la Asamblea Nacional en desacato, anulaba sus decisiones y establecía que el Tribunal Supremo asumía la función legislativa;

B.  Considerando que las decisiones se tomaron sin ninguna base constitucional, ni en cuanto a los poderes otorgados a la Asamblea Nacional (artículo 187 de la Constitución) ni en cuanto a los de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (artículo 336 de la Constitución);

C.  Considerando que la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, nombrada por el Gobierno venezolano, rechazó la decisión del Tribunal Supremo, al considerar que violaba el orden constitucional;

D.  Considerando que las decisiones del Tribunal Supremo venezolano infringen tanto la separación de poderes garantizada por la Constitución como la obligación impuesta a todos los jueces de respetar y proteger la integridad de la Constitución de Venezuela (artículo 334);

E.  Considerando que previamente el Tribunal Supremo había declarado en desacato a la Asamblea Nacional y anulado sus decisiones el 1 de agosto de 2016 y el 5 de septiembre de 2016 mediante la sentencia n.º 808;

F.  Considerando que las normas universales y los acuerdos regionales e internacionales de los que es parte Venezuela, y que, por lo tanto, está obligada a aplicar, definen la separación de poderes como una garantía necesaria para proteger los derechos de los ciudadanos y defender la democracia y el Estado de Derecho, que son una condición previa para la existencia de la democracia representativa;

G.  Considerando que la presión internacional obligó al presidente Nicolás Maduro a solicitar al Tribunal Supremo que revisara la decisión de anular los poderes de la Asamblea Nacional, y que el 1 de abril de 2017 el Tribunal Supremo dictó nuevas sentencias que parecían restablecer la autoridad de la Asamblea Nacional;

H.  Considerando que la coalición opositora venezolana, la MUD, obtuvo 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional unicameral, es decir, una mayoría de dos tercios frente a los 55 escaños del PSUV; que posteriormente el Tribunal Supremo impidió la toma de posesión de los escaños de cuatro representantes recién elegidos a la Asamblea Nacional, tres de ellos de la MUD, privando así a la oposición de su mayoría de dos tercios;

I.  Considerando que las últimas detenciones arbitrarias han elevado el número de presos políticos a 111, incluidos importantes dirigentes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos;

J.  Considerando que el 25 de enero de 2017 el secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, declaró en el Parlamento Europeo que el diálogo iniciado el 30 de octubre de 2016 y respaldado por la Unión Europea con la mediación de tres antiguos presidentes y de la Iglesia Católica no había conseguido cumplir sus objetivos; que el Gobierno se ha negado a hacer ninguna concesión a la MUD a lo largo de estas negociaciones;

K.  Considerando que el Gobierno suspendió las elecciones locales y regionales previstas para diciembre de 2016, y ha impedido la celebración de un referéndum revocatorio —una disposición constitucional que permite que el 20 % de los electores solicite la destitución de un presidente impopular—, a pesar de que se cumplían todos los requisitos constitucionales, y que ha amenazado con interrumpir todos los procesos electorales indefinidamente;

L.  Considerando que la influencia del régimen cubano en Venezuela en materia de programas sociales y en los servicios de policía y de seguridad ha contribuido a desestabilizar la democracia y a incrementar la represión política contra la oposición;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por la continua e inconstitucional violación del orden democrático en Venezuela, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo venezolano con el fin de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, y por la falta de la separación de poderes y de independencia de los poderes del Estado;

2.  Condena las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender las competencias de la Asamblea Nacional y de arrogárselas él mismo, porque considera que están en radical desacuerdo con las prácticas democráticas y constituyen una violación del orden constitucional de Venezuela; considera esencial, a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de estas decisiones, que el Gobierno de Venezuela garantice la plena restauración del orden democrático;

3.  Expresa su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en lo que se refiere a la democracia, los derechos humanos y el contexto socioeconómico en Venezuela, con un clima de creciente inestabilidad política y social;

4.  Pide al Gobierno y al Tribunal Supremo de Venezuela que respeten la Constitución, incluidas las competencias conferidas por la Constitución de Venezuela a todos los miembros del Parlamento debidamente elegidos;

5.  Pide al Gobierno de Venezuela que preserve la separación de poderes y su independencia, y que restablezca la plena autoridad constitucional de la Asamblea Nacional; recuerda que la separación y la no interferencia entre poderes igualmente legítimos es un principio esencial de los Estados democráticos que se rigen por el Estado de Derecho;

6.  Pide al Gobierno de Venezuela que libere a todos los presos políticos inmediatamente; recuerda que la liberación de los presos políticos fue aprobada por la Asamblea Nacional a través de la Ley de Reconciliación Nacional, vetada por decisión del poder ejecutivo; insiste en que no puede haber una solución pacífica y duradera a largo plazo para Venezuela si hay presos políticos;

7.  Pide al Gobierno de Venezuela que respete la Constitución y presente un calendario electoral que permita la celebración de procesos electorales libres y transparentes;

8.  Acoge con satisfacción la Resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA el 3 de abril de 2017 y pide a la VP/AR que apoye esta Resolución; pide también a la VP/AR que analice activamente otras medidas que permitan a la Unión promover con ánimo constructivo la estabilización política en Venezuela y la vuelta al orden democrático mediante el ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano;

9.  Pide al Consejo que considere la posibilidad de aplicar sanciones específicas y otras medidas contra funcionarios u otras personas responsables de la violación de los derechos de los manifestantes o de la oposición democrática;

10.  Pide al Gobierno de Venezuela que respete y garantice el derecho constitucional a la libertad de reunión pacífica; pide a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad y el libre ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos, en particular los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales independientes, que corren un mayor riesgo de sufrir ataques y detenciones arbitrarias;

11.  Pide a las autoridades venezolanas que permitan la entrada de ayuda humanitaria al país con carácter de urgencia y concedan acceso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a los sectores más afectados de la sociedad;

12.  Reitera su petición urgente de enviar una delegación del Parlamento Europeo a Venezuela y entablar lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0176.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0106.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0080.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/es/news/2016/05/16/carta-de-human-rights-watch-al-secretario-general-almagro-sobre-venezuela

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