Procedimiento : 2016/2998(RSP)
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B8-0348/2017

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PV 18/05/2017 - 11.10
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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15.5.2017
PE603.773v01-00
 
B8-0348/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre el logro de la solución de dos Estados en Oriente Próximo (2016/2998(RSP))


Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Martina Michels en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre el logro de la solución de dos Estados en Oriente Próximo (2016/2998(RSP))  
B8‑0348/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el conflicto entre Palestina e Israel,

–  Vistas la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), 1860 (2009) y 2334 (2016),

–  Vista la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistos los convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, de los que Israel y Palestina son Estados partes,

–  Vista la Resolución A/HRC/29/L.35 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulada «Asegurar la rendición de cuentas y la justicia por todas las vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental», aprobada el 3 de julio de 2015 con el apoyo unánime de la Unión,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Visto el Cuarto Convenio de Ginebra,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada mediante la Resolución 39/46 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984,

–  Vistos los Acuerdos de Oslo («Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional»), de 13 de septiembre de 1993,

–  Visto el Acuerdo de Asociación UE-Israel y, en particular, su artículo 2,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, en particular las de 18 de enero de 2016,

–  Vista la Resolución de la UNESCO, de mayo de 2017, sobre «Palestina ocupada»,

–  Visto el informe de las Naciones Unidas, de marzo de 2016, sobre las prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre la situación en Israel y Palestina,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, 50 años después de la guerra de 1967, Israel sigue ocupando Palestina, en violación del Derecho internacional y de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que el Estado de Palestina, dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital, aún está pendiente de convertirse en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución de las Naciones Unidas de 1948;

B.  Considerando que el Parlamento ha manifestado reiteradamente su firme apoyo a la solución de dos Estados, el Estado de Israel, por un lado, y, por otro, un Estado palestino independiente, soberano, libre, contiguo y viable, con Jerusalén Este como capital y dentro de las fronteras de 1967, conviviendo en paz;

C.  Considerando que las políticas del Gobierno israelí están propiciando una creciente erosión y la destrucción completa de las posibilidades de llegar a una solución de dos Estados, como la que se contempla en todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como en todas las conclusiones pertinentes del Consejo de la UE;

D.  Considerando que el estatuto de Jerusalén sigue siendo un elemento clave en el proceso de paz en Oriente Próximo; que la Unión y la comunidad internacional no han aceptado nunca la anexión unilateral de Jerusalén Este por parte de Israel; que los palestinos que viven en Jerusalén Este siguen acusando la carencia de un estatuto seguro de residencia legal, ven cómo sus tierras son confiscadas y sufren una discriminación sistemática en su acceso a los servicios públicos, en la planificación y construcción y en el acceso a los lugares sagrados, debido a las políticas del Gobierno israelí orientadas a modificar la configuración demográfica de la zona;

E.  Considerando que la población palestina de Cisjordania, especialmente de la Zona C y Jerusalén Este, sufre flagrantes violaciones de sus derechos, entre ellas la violencia de los colonos, desvíos de agua, graves restricciones a su libertad de movimiento, demolición de viviendas y desahucios forzosos; que el traslado forzoso de residentes de un territorio ocupado constituye una grave violación del Derecho internacional humanitario, y que la política de planificación se utiliza como recurso para expulsar a los palestinos y para ampliar los asentamientos «de avanzada»;

F.  Considerando que, con arreglo al Derecho internacional, los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen un obstáculo de primera magnitud para los esfuerzos de paz, y lo llevan siendo muchos años; que, de conformidad con el Derecho internacional, cualquier tercero, incluidos los Estados miembros, tiene la obligación de no reconocer, ayudar o apoyar asentamientos, así como la de oponerse activamente a ellos; que se siguen importando productos procedentes de los asentamientos israelíes en los Estados miembros de la Unión y, por tanto, en el mercado europeo en el marco del régimen preferencial, pese al hecho de que la legislación actual de la Unión no permite importar dichos productos en el marco del régimen preferencial del Acuerdo de Asociación UE-Israel;

G.  Considerando que los ciudadanos árabes israelíes constituyen el 20 % de la población de Israel; que sufren distintos tipos de discriminación, y que el sistema de segregación de Israel ha abocado a una situación en la que, según una encuesta reciente, el 42 % de los israelíes afirma que nunca se ha encontrado con un palestino;

H.  Considerando que 7 000 palestinos —incluidas 61 mujeres, 300 niños y 11 miembros del Consejo Legislativo Palestino— se encuentran detenidos en cárceles israelíes; que, el 17 de abril de 2017, 1 500 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre indefinida; que la aplicación de la Ley de alimentación forzosa aprobada por la Knesset en 2015 a las personas en huelga de hambre supondría una violación de sus derechos humanos, y que, desde 1967, cerca de 800 000 palestinos han sido presos políticos en Israel;

I.  Considerando que la unidad palestina puede desempeñar un importante papel para lograr el fin de la ocupación;

J.  Considerando que la cifra de refugiados palestinos, otra cuestión clave en el proceso de paz, asciende actualmente a casi cinco millones de personas, según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), de los que la gran mayoría son refugiados de segunda o tercera generación diseminados por la región y por el mundo;

K.  Considerando que el Acuerdo de Asociación UE-Israel, y más concretamente su artículo 2, establece que «las relaciones entre las Partes […] se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo»;

1.  Subraya que la solución de dos Estados se basa en la Resolución de las Naciones Unidas de 1948 y en el reconocimiento de ambos Estados por la comunidad internacional, por lo que insta a todos los Estados miembros de la Unión, a las instituciones de la Unión y a las organizaciones de las Naciones Unidas a que reconozcan, de conformidad con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de noviembre de 2012, el Estado de Palestina dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital, tal como se establece en las resoluciones de las Naciones Unidas, conviviendo en paz y seguridad con el Estado de Israel;

2.  Considera, habida cuenta de la situación global en la región de Oriente Próximo, que una solución consensuada entre Israel y Palestina contribuiría a la distensión y a una resolución pacífica del conflicto;

3.  Pide que se ponga fin a los 50 años de ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, allanando de ese modo el camino a la paz;

4.  Condena enérgicamente la persistente expansión de los asentamientos israelíes, que violan el Derecho internacional, atizan el resentimiento palestino y socavan la viabilidad y las perspectivas de la solución de dos Estados; lamenta el anuncio más reciente por parte del Gobierno israelí, de 24 de enero de 2017, de que se propone construir 2 500 viviendas en asentamientos situados en Cisjordania, y de que se han aprobado permisos de construcción para 566 viviendas en asentamientos situados en Jerusalén Este, lo que menoscaba seria y ulteriormente las perspectivas de una solución viable de dos Estados; pide a las autoridades israelíes que interrumpan de inmediato y den marcha atrás a su política de asentamientos y confiscación de tierras;

5.  Subraya que la demolición de estructuras —incluidas viviendas, escuelas y otras infraestructuras vitales— en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, se ha intensificado de forma espectacular en los últimos 12 meses; señala que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el número de estructuras demolidas durante el primer mes de 2017 superaba en más del 50 % a la media mensual de las estructuras objeto de demolición en 2016 (91); destaca que todas estas demoliciones se llevaron a cabo en la Zona C y en Jerusalén Este debido a la falta de permisos de construcción, aunque dichos permisos son casi imposibles de conseguir para los palestinos;

6.  Pide al Estado de Israel que respete plenamente la igualdad y los derechos de los ciudadanos árabes israelíes, y señala que estos últimos podrían desempeñar un papel importante en el fomento de la comprensión y la cooperación entre israelíes y palestinos y, por ende, contribuir positivamente al proceso de paz en Oriente Próximo;

7.  Pide el fin inmediato del bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, que supone un castigo colectivo para la población local; hace hincapié en que Israel, como potencia ocupante y en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, es el único y principal responsable del mantenimiento de unas condiciones de vida mínimas para los habitantes de Gaza;

8.  Considera que la liberación de todos los presos políticos palestinos puede crear confianza y ayudar al proceso de paz, por lo que pide la liberación de todos los detenidos, en particular los miembros del Consejo Legislativo Palestino; pide que se respeten plenamente los derechos de los detenidos y presos políticos palestinos en las prisiones israelíes, incluidos los de las personas en huelga de hambre;

9.  Subraya su decisión de enviar una misión de investigación ad hoc a fin de evaluar sobre el terreno las condiciones en las que se mantiene a los presos en huelga de hambre y de evaluar directamente con ellos las violaciones de los derechos humanos que denuncian;

10.  Recuerda que la diferenciación desincentiva la adquisición ilegal de territorio por parte de Israel y reafirma la base territorial de una solución de dos Estados; pide a la Unión que garantice que todos los acuerdos entre la Unión e Israel indiquen de forma explícita e inequívoca su inaplicabilidad a los territorios ocupados por Israel en 1967, tal como se reiteró en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores; pide la correcta aplicación del etiquetado de los productos procedentes de los asentamientos israelíes presentes en el mercado de la Unión, con arreglo a la legislación de la Unión en vigor y a la política que esta viene aplicando desde hace tiempo al respecto;

11.  Opina que la Unión debe asumir su responsabilidad de convertirse en un actor político y facilitador genuino en el proceso de paz en Oriente Próximo, y la invita a que:

•  aliente el reconocimiento de Palestina por parte de los Estados miembros, lo que contribuiría a la reanudación inmediata de las conversaciones de paz directas entre israelíes y palestinos;

•  aplique el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel y paralice la aplicación de dicho Acuerdo en tanto prosigan las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel;

•  no conceda a las entidades israelíes financiación alguna a través de Horizonte 2020;

•  exija reparaciones a Israel por los proyectos financiados por la Unión destruidos durante los ataques tanto en Gaza como en Cisjordania;

•  inste a los Estados miembros de la Unión a que pongan fin a la exportación de material de guerra y tecnologías de doble uso a la región;

12.  Espera que las fuerzas políticas palestinas sean capaces de lograr la reconciliación y la unidad nacional, lo que contribuirá a poner fin a la ocupación;

13.  Manifiesta su indignación ante la obstrucción permanente e injustificada por parte de las autoridades israelíes a cualquier visita de órganos oficiales del Parlamento Europeo a Gaza;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Knesset, al Consejo Legislativo Palestino, al presidente y al Gobierno del Estado de Palestina, al presidente y al Gobierno de Israel, al secretario general de la Liga de los Estados Árabes, y al comisario general del OOPS.

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