Propuesta de resolución - B8-0410/2017Propuesta de resolución
B8-0410/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación humanitaria en Yemen

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes en nombre del Grupo GUE/NGL

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0407/2017

Procedimiento : 2017/2727(RSP)
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B8-0410/2017
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B8-0410/2017
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B8‑0410/2017

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación humanitaria en Yemen

(2017/2727(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Declaraciones sobre Yemen realizadas por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y por el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen, Ismail Uld Cheij Ahmed, en particular tras su visita a Saná del 21 al 24 de mayo de 2017,

–  Vistas las Declaraciones del coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Yemen, Jamie McGoldrick, de 28 de marzo de 2017, sobre la situación humanitaria en Yemen dos años después de la intensificación del conflicto; de 7 de mayo de 2017, sobre la necesidad de garantizar la financiación y el acceso de la ayuda humanitaria a Yemen y a través del país; y de 24 de mayo de 2017, sobre la urgente necesidad de financiación para detener la difusión del cólera,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Yemen, de 16 de noviembre de 2015 y 3 de abril de 2017, y las Declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre Yemen, en particular la de 8 de octubre de 2016,

–  Vistos el «plan de respuesta integral: brote de cólera en Yemen» de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), actualizado el 23 de mayo de 2017, y su plan de respuesta humanitaria para Yemen para enero-diciembre de 2017,

–  Vistas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las de 14 de abril de 2015 (S/RES/2216), 24 de febrero de 2016 (S/RES/2266) y 23 de febrero de 2017 (S/RES/2342),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Yemen, en particular las de 9 de julio de 2015[1] y 25 de febrero de 2016[2],

–  Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados[3],

–  Vistos la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho internacional humanitario,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el prolongado enfrentamiento entre los hutíes y el Gobierno yemení ha continuado durante más de dos años, conduciendo al país a la actual crisis humanitaria, incluida una rápida propagación del brote de cólera a gran escala;

B.  Considerando que el 14 de mayo de 2017 el ministro de Salud Pública y Población de Yemen declaró el estado de emergencia, señalando que el sistema sanitario es incapaz de contener esta catástrofe sanitaria sin precedentes que ha provocado hasta la fecha un total de 14 000 casos sospechosos y de 186 fallecimientos asociados; que se prevé que en los próximos seis meses se produzcan otros 98 126 casos;

C.  Considerando que se necesita un total de 66,7 millones de USD para llevar a cabo las actividades del plan de respuesta integral de la OCHA hasta octubre de 2017 a fin de controlar el brote de cólera, evitar una mayor propagación y reducir al mínimo el riesgo de recurrencia;

D.  Considerando que Arabia Saudí encabeza una coalición, apoyada por los Estados Unidos y que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Kuwait, Jordania, Marruecos y Sudán, que ha bombardeado Yemen desde el 26 de marzo de 2015 en una campaña de ataques destinada a restablecer en el poder al presidente Abderrabuh Mansur al-Hadi; que esta coalición ha cometido graves violaciones, incluidos bombardeos contra viviendas, mercados, hospitales y escuelas, que han causado la muerte de miles de civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños; que Arabia Saudí ha impuesto un bloqueo casi total a Yemen, país que depende en gran medida de las importaciones; que el embargo de combustible por parte de la coalición y sus ataques contra infraestructuras civiles violan el Derecho internacional humanitario;

E.  Considerando que este enfrentamiento entre los hutíes y el Gobierno yemení, exacerbado por los ataques militares de la coalición liderada por Arabia Saudí, ha causado una situación de emergencia humanitaria en Yemen; que Yemen sufre ahora la mayor crisis mundial en lo que se refiere a seguridad alimentaria, estando el 80 % aproximadamente de la población yemení, unos 21 millones de personas urgentemente necesitadas de algún tipo de ayuda humanitaria para satisfacer sus desesperadas necesidades de alimentos, medicinas y combustible;

F.  Considerando que, tras el robo de fondos del Banco Central de Yemen por las milicias, más de un millón de funcionarios han dejado de cobrar sus salarios durante ocho meses; que esta situación afecta a más de 8 millones de personas y conduce a numerosas familias a la extrema pobreza y el hambre;

G.  Considerando que la malnutrición y el cólera están interconectados; que en Yemen 17 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, incluidos 7 millones que pasan hambre, 3,3 millones aquejados de malnutrición aguda y 462 000 niños que sufren una grave desnutrición aguda;

H.  Considerando que se han notificado violaciones generalizadas de los derechos humanos por los grupos armados de Ansar Alá, incluido el uso de minas terrestres; que también se han producido casos de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas del presidente Hadi y partidos y grupos armados aliados; que las partes yemeníes en el conflicto son responsables del bombardeo indiscriminado de civiles y de instalaciones civiles, y de denegación de acceso humanitario, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas;

I.  Considerando que actualmente la violencia se concentra mayormente en la línea costera occidental de la gobernación de Taiz, donde las fuerzas progubernamentales intentan progresar desde Al-Dubab y Al-Moja hacia el puerto de Al-Hudaida y, en el interior, hacia la ciudad de Taiz; que 50 000 civiles han resultado muertos, heridos o mutilados; que las Naciones Unidas están pidiendo urgentemente a las autoridades y a las diferentes facciones que permitan el acceso continuado a las ciudades ocupadas, lo que permitiría la entrega de ayuda a las personas necesitadas, teniendo en cuenta que la guerra de Yemen se ha incluido en la categoría más grave de crisis humanitarias; que miles de refugiados han conseguido huir hacia los países vecinos;

J.  Considerando que el país se enfrenta a una catástrofe humanitaria, incluido el riesgo de hambruna, agravada por el brote de cólera; que los ataques aéreos, los bombardeos y la violencia siguen forzando a familias yemeníes a abandonar sus hogares, y que existen millones de personas desplazadas dentro del país; que más de 8 millones de personas han perdido el acceso fiable y seguro al agua potable dado que la mayor parte de las redes de suministro de agua están destruidas a causa de los combates; que la mayoría de los yemeníes carecen de acceso adecuado a asistencia sanitaria;

K.  Considerando que el 25 de abril de 2017 la Conferencia de alto nivel de donantes recogió 1 100 millones de USD en promesas de donativos, lo que representa sólo el 24 % del total del programa humanitario;

L.  Considerando que 1 540 niños al menos han resultado muertos y 2 450, heridos en las hostilidades, y que se calcula que más de 1 550 han sido reclutados para luchar o realizar tareas militares; que al menos 1,8 millones de niños han tenido que abandonar la escuela, además de los 1,6 millones que ya la habían abandonado antes de comenzar el conflicto;

M.  Considerando que en Yemen las mujeres han sido tradicionalmente muy vulnerables a malos tratos como los matrimonios infantiles y la violencia, ya que no existe en el país una legislación sobre la edad legal mínima; que las mujeres tienen menos acceso que los hombres a la asistencia médica, el régimen de propiedad, la educación y la formación; que su situación ha empeorado con el conflicto, y que se estima que 2,6 millones de mujeres y muchachas corren el riesgo de sufrir violencia de género; que el número de matrimonios infantiles ha aumentado considerablemente en los dos últimos años; que un 30 % de los hogares de desplazados están gobernados por mujeres; que ya no se dispone de medicamentos para tratar numerosas enfermedades crónicas y que Yemen tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas; que las mujeres embarazadas y lactantes malnutridas tienen una mayor probabilidad de contraer el cólera y un mayor riesgo de sufrir hemorragias, lo que aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones y de fallecimiento durante el parto;

N.  Considerando que unos 280 000 refugiados, procedentes principalmente de Somalia, se encuentran en Yemen, el único país de la Península Arábiga que ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; que estos refugiados también necesitan protección a consecuencia del agravamiento del conflicto; que se dice que unos 30 600 somalíes ya han regresado a Somalia, y que el ACNUR ha creado oficinas de ayuda al retorno;

O.  Considerando que el conflicto y la consiguiente falta de seguridad han permitido una expansión peligrosa de grupos extremistas en el país, en particular en las zonas de Abyán, Albaida y Shabua; que Al-Qaeda de la Península Arábiga ha consolidado su presencia y el Dáesh ha continuado su campaña de ataques y asesinatos;

P.  Considerando que el convoy del enviado especial de las Naciones Unidas en Yemen fue atacado el 22 de mayo de 2017; que las conversaciones patrocinadas por las Naciones Unidas están paralizadas y la solución política al conflicto parece lejana;

Q.  Considerando que Yemen es uno de los países más pobres del mundo; que, antes de que comenzara la guerra, la mitad de los yemeníes vivían ya por debajo del umbral de la pobreza, dos tercios de los jóvenes se encontraban desempleados y los servicios sociales básicos estaban al borde del colapso;

R.  Considerando que este conflicto se ha descrito como un conflicto entre chiitas y sunitas, y que con ello se intentan ocultar las verdaderas razones geopolíticas que lo motivan; que Arabia Saudí acusa a los hutíes de recibir el apoyo de Irán y los considera una amenaza para su seguridad; que la complejidad de este conflicto yemení presenta elementos de una guerra subsidiaria en un país con una fuerte presencia de grupos de Al-Qaeda y con movimientos separatistas y rebeldes chiitas zaidíes en el norte del país así como combates entre los hutíes y grupos armados en el sur; que el conflicto ha fomentado la expansión de grupos afiliados al Dáesh en el país;

S.  Considerando que la UE y las Naciones Unidas han impuesto un embargo a Yemen, y que la UE ha impuesto sanciones específicas a líderes hutíes; que, al mismo tiempo, Estados miembros de la UE, tales como el Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania, siguen vendiendo armas a Arabia Saudí; que el Reino Unido, Francia y España han incrementado significativamente su suministro de armas a actores los implicados en el conflicto; que Arabia Saudí es el mayor cliente británico en cuanto a armas y que el Reino Unido es el principal proveedor de armas a los países del Consejo de Cooperación del Golfo; que la coalición para el control de armamentos ha denunciado que este comercio viola las obligaciones del Reino Unido en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, la Posición Común de la UE sobre exportación de armas y los criterios consolidados del Reino Unido en materia de exportación de armas;

T.  Considerando que los Estados Unidos mantienen la base aérea militar de Al-Annad en Yemen, cerca de la ciudad de Al-Huta, en el sur, donde los estadounidenses han dirigido ataques mediante drones contra presuntos miembros de la rama local de Al-Qaeda; que los ataques con drones de los Estados Unidos y las ejecuciones extrajudiciales en Yemen desde 2002 han contribuido a desestabilizar la situación en el país; que, según informaciones sobre Yemen publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), los ataques con drones matan a más civiles que a supuestos terroristas / miembros de Al-Qaeda;

U.  Considerando que, según la Oficina de Periodismo de Investigación, al menos 424 personas, incluidos niños, han sido asesinados en esas misiones desde el inicio de las operaciones en 2002; que se ha producido un radical aumento de las operaciones letales extraterritoriales de los Estados Unidos en Yemen desde que entró en funciones el Gobierno de Trump, con al menos 90 ataques confirmados, incluidas dos incursiones terrestres; que existen pruebas de que algunos Estados miembros de la UE como el Reino Unido, Italia y Alemania prestan apoyo directo e indirecto a estas operaciones letales mediante información y otros tipos de ayuda operativa;

V.  Considerando que el expresidente Saleh era considerado un aliado de los Estados Unidos y recibió millones de dólares en asistencia «antiterrorista» y ayuda para la formación del ejército; que las armas recibidas como parte de esta ayuda se han desplegado contra la población yemení y se utilizan ahora en enfrentamientos entre diferentes grupos;

W.  Considerando que la situación geográfica de Yemen, en la embocadura del mar Rojo que conduce al canal de Suez y bordea el golfo de Adén, tiene una relevancia estratégica vinculada a importantes rutas marítimas y recursos energéticos;

1.  Está profundamente preocupado por la continuación del conflicto en Yemen que ha provocado la actual crisis humanitaria, agravándose la situación aún más con el reciente brote de cólera;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por las dificultades que encuentran las Naciones Unidas para obtener los fondos necesarios para la ayuda humanitaria y por la incapacidad de los Estados miembros de la UE para proporcionar los fondos prometidos en las conferencias de donantes;

3.  Recuerda que el cólera se puede prevenir y tratar, por lo que nadie debería morir por esta enfermedad; insta a la comunidad internacional, en particular a los Estados miembros, a que financie el plan de respuesta humanitaria de Yemen;

4.  Condena el uso de la violencia contra civiles por cualquiera de las partes en el conflicto o por los terroristas u otros grupos armados, ya que estos actos han abocado al país a una grave crisis humanitaria y han provocado miles de heridos y muertos y varios millones de desplazados entre la población civil; expresa su más profunda solidaridad y transmite su pésame a las familias de las víctimas;

5.  Pide a las partes en el conflicto que tomen todas las medidas necesarias a fin de prevenir y dar respuesta a todas las formas de violencia contra la población civil, incluida la violencia sexual y de género; condena enérgicamente las violaciones de los derechos del niño; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones sobre la utilización de niños soldados por parte de las fuerzas hutíes, de Ansar al-Sharía y gubernamentales y por el limitado acceso de los niños a la atención sanitaria básica y a la educación; pide que los responsables de violaciones de los derechos humanos o del Derecho internacional humanitario rindan cuentas de sus actos;

6.  Condena los ataques militares de la alianza encabezada por Arabia Saudí en Yemen, así como el bloqueo naval impuesto por Arabia Saudí en los puertos de Yemen; se muestra convencido de que la intervención saudí tiene por objeto aumentar su control de la región y que esto únicamente causará más sufrimiento a la población yemení y mayores divisiones entre los pueblos de Oriente Próximo; manifiesta su preocupación por el aumento de la tensión en la región provocado por las decisiones de Arabia Saudí, y después por los Emiratos Árabes Unidos y otros, de imponer un bloqueo diplomático y económico a Qatar;

7.  Recuerda a todas las partes, especialmente a Arabia Saudí y su coalición, su responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos, lo que significa proteger a los civiles, abstenerse de atacar infraestructuras civiles y facilitar a las organizaciones humanitarias un acceso seguro y sin obstáculos al país;

8.  Pide a Arabia Saudí y a su coalición que velen por que todos los puertos y rutas sigan abiertos, en particular para realizar esfuerzos para impedir un ataque contra Al-Hudaida, y se vuelva a abrir el aeropuerto de Saná;

9.  Manifiesta su preocupación por la capacidad de Al-Qaeda de la Península Arábiga y del Dáesh de aprovecharse del deterioro de la situación política y en materia de seguridad en Yemen; recuerda que todos los actos de terrorismo son actos criminales e injustificables, independientemente de su motivación, del momento y del lugar en que se cometan y de quiénes sean sus autores;

10.  Expresa su reconocimiento y reitera su pleno apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y del enviado especial del secretario general a Yemen; condena el grave ataque contra su convoy cuando se trasladaba del aeropuerto al puesto de las Naciones Unidas el 22 de mayo de 2017;

11.  Reitera que la solución al conflicto de Yemen solo puede ser política; pide, por lo tanto, a todas las partes en Yemen que acuerden con carácter de urgencia un alto el fuego bajo la supervisión de las Naciones Unidas, como primer paso para la reanudación de las conversaciones de paz que conduzcan a negociaciones con todas las partes, lideradas por Yemen, para restablecer la paz en el país; insta a todas las partes a que eviten la acción militar en Al-Hudaida;

12.  Está convencido de que cualquier solución a largo plazo debe abordar las causas subyacentes de la pobreza y la inestabilidad en el país, además de satisfacer las demandas y aspiraciones legítimas de la población yemení; reitera su apoyo a todo esfuerzo político pacífico por proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen;

13.  Lamenta profundamente que durante los dos últimos años la comunidad internacional y los medios de comunicación no prestaran atención al conflicto que ha provocado la actual catástrofe humanitaria en Yemen;

14.  Rechaza toda intervención militar extranjera en el país, ya sea saudí o iraní, árabe u occidental; subraya que la guerra en Yemen no es tan solo un conflicto entre chiitas y sunitas; denuncia la instrumentalización de las diferencias religiosas, en particular por Arabia Saudí, para instigar crisis políticas y guerras sectarias;

15.  Condena la connivencia y complicidad de la UE con las dictaduras de la región; critica vehementemente el papel que han desempeñado las distintas intervenciones occidentales de los últimos años en el fomento de la radicalización de los conflictos de la región; afirma que no existe una solución militar para los conflictos en la región; rechaza el uso de la noción de «responsabilidad de proteger», también como pretexto de las diferentes partes en el conflicto en Yemen, ya que supone una violación del Derecho internacional y no ofrece una base jurídica adecuada para justificar el uso unilateral de la fuerza;

16.  Pide a la comunidad internacional, y en particular a Estados miembros como el Reino Unido, Francia, España y Alemania, que pongan fin a los envíos de armas a cualquiera de las partes enfrentadas en el país, y, por consiguiente, que tomen las medidas necesarias para evitar su suministro directo o indirecto, ya sea venta o transferencia, a individuos y entidades señalados y a quienes actúen en su nombre o dirigidos por ellos en Yemen, o que se beneficien de ello, en aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas a Yemen, tal como se define en el apartado 14 de la Resolución 2216 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

17.  Critica enérgicamente el intenso comercio de armas de los Estados miembros con varios países de la región, como en el caso del Reino Unido, España, Francia y Alemania; pide la inmediata suspensión de la transferencia de armas y del apoyo militar a Arabia Saudí y a sus socios de coalición; pide al Consejo, a este respecto, que verifique si se ha producido alguna violación del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas y que adopte medidas estrictas para que todos los Estados miembros respeten dicho Código;

18.  Condena el aumento del uso de drones para operaciones extraterritoriales por los Estados Unidos con el Gobierno de Trump; manifiesta su firme oposición al uso de drones en ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales; pide que se prohíba el uso de drones con estos fines, de conformidad con su mencionada Resolución de 27 de febrero de 2014 sobre el uso de drones armados que, en las letras a) y b) de su apartado 2, pide a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, los Estados miembros y el Consejo que «se opongan a la práctica de los asesinatos selectivos extrajudiciales y los prohíban» y que « velen por que los Estados miembros, en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, no perpetren homicidios ilegales deliberados ni faciliten que lo hagan otros Estados»;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Yemen y a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas.