Propuesta de resolución - B8-0454/2017Propuesta de resolución
B8-0454/2017
Parlamento europeo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el futuro de Europa y las prioridades estratégicas del programa de trabajo de la Comisión para 2018

30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea

Maria João Rodrigues en nombre del Grupo S&D

Procedimiento : 2017/2699(RSP)
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B8‑0454/2017

Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa y las prioridades estratégicas del programa de trabajo de la Comisión para 2018

(2017/2699(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en particular su anexo IV,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016,

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre las prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017[1],

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2017, titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 - Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad» y sus anexos (COM(2016)0710),

–  Vista la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017[2];

–  Vistos el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el futuro de Europa, y los documentos de reflexión sobre la dimensión social de Europa, el aprovechamiento de la globalización, la profundización de la Unión Económica y Monetaria, el futuro de la defensa europea y el futuro de las finanzas de la UE,

–  Vista la Declaración de Roma de los dirigentes de los veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión, de 25 de marzo de 2017,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales[3],

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro[4],

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa[5],

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea[6],

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea[7],

–  Vistas las orientaciones del Consejo Europeo (artículo 50), de 29 de abril de 2017, adoptadas a raíz de la notificación del Reino Unido en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de junio de 2017,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 29 de mayo de 2017, sobre una futura estrategia de política industrial de la UE,

–  Vista la resolución del Comité de las Regiones, de los días 22 y 23 de marzo de 2017, sobre las prioridades del Comité Europeo de las Regiones para el Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2018 (RESOL-VI/021),

–  Vista su encuesta Eurobarómetro «Dos años hasta las elecciones de 2019», realizada entre el 18 y el 27 de marzo de 2017,

–  Visto el informe de síntesis de la Conferencia de Presidentes de Comisión, que aporta información complementaria a la presente Resolución desde el punto de vista de las comisiones parlamentarias, y que la Comisión debe tener debidamente en cuenta en la elaboración y aprobación de su programa de trabajo para 2018,

–  Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea está experimentando una recuperación económica constante, principalmente gracias a los tipos de interés bajos de los bancos centrales y a una interpretación más flexible y favorable al crecimiento de las normas presupuestarias; que, desde hace mucho, el centro-izquierda ha promovido y defendido estas políticas progresistas en contra de la oposición obstinada del centro-derecha;

B.  Considerando, no obstante, que la recuperación de Europa sigue siendo desigual en los diferentes países y que sigue habiendo una importante escasez de inversiones; que el número de las personas desempleadas, desempleadas de larga duración, subempleadas o que no experimentan mejoras tangibles en sus condiciones de vida sigue siendo demasiado elevado; que muchas regiones necesitan apoyo para aproximarse a las más prósperas; que la pobreza, la exclusión social y la desigualdad de oportunidades siguen siendo muy elevadas en Europa; que muchas personas se sienten abandonadas por el desarrollo socioeconómico y mal representadas por el sistema político;

C.  Considerando que el orden mundial está cambiando y nadie puede ejercer el pleno control de forma unilateral; que la cooperación en el marco del Derecho internacional, el sistema multilateral y las organizaciones internacionales son cruciales para la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030;

D.  Considerando que en Europa se ha registrado últimamente un aumento de las actitudes nacionalistas y xenófobas, pero también de las manifestaciones de apoyo popular en favor de la integración europea y del trabajo conjunto en favor del respeto mutuo con el fin de abordar de manera satisfactoria los retos compartidos;

E.  Considerando que están en curso las negociaciones para la retirada ordenada del reino Unido de la Unión Europea y que en la Declaración de Roma la UE‑27 reafirmó la determinación de la Unión como entidad política y económica de construir conjuntamente un futuro común que ofrezca seguridad y nuevas oportunidades a los ciudadanos;

F.  Considerando que la retirada de la nueva administración de los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y los pasos del presidente Trump hacia una carrera de mínimos en materia de tributación y de regulación de los mercados financieros requiere que la UE‑27 predique aún más con el ejemplo;

G.  Considerando que el lema de la Unión Europea es «Unida en la diversidad»; que las identidades europeas y nacionales son compatibles y no contradictorias; que se puede ser un patriota comprometido y un defensor de la integración europea al mismo tiempo;

H.  Considerando que, para sus Estados miembros, la Unión Europea representa un ancla que permite mantener el pluralismo, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad;

I.  Considerando que la Comisión ha presentado un Libro Blanco y cinco documentos de reflexión temáticos como base para un amplio debate sobre el futuro de la integración europea; que se espera que las primeras conclusiones sobre el futuro de la UE se elaboren a finales de 2017 y que sobre esa base se diseñará el próximo marco financiero plurianual (MFP);

J.  Considerando que un gran número de ciudadanos y asociaciones han presentado distintas propuestas e iniciativas para contribuir al futuro de Europa, en particular durante las recientes celebraciones del 60.º aniversario de los Tratados de Roma; que proponen participar activamente en una Convención Europea de Ciudadanos a través de modelos innovadores de participación;

Nuestra opción para el futuro de Europa: cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas

1.  Considera que ninguno de los cinco escenarios formulados en el Libro Blanco de la Comisión presenta una visión convincente para el futuro de Europa; señala que los escenario de «seguir como hasta ahora», «nada más que el mercado interior» y «hacer menos, pero más eficientemente» son débiles por lo que respecta a los objetivos de convergencia económica ascendente, progreso social, cohesión y desarrollo sostenible; advierte, en este contexto, de que muchos de los que dicen que Europa debería «hacer menos», en realidad lo que desean sobre todo es aumentar sus beneficios empresariales desmantelando las normas a través de las cuales Europa protege a los trabajadores, a los consumidores, la salud pública y nuestro entorno de vida; considera que el escenario «los que quieran más, que hagan más» no ofrece las suficientes garantías de que la cooperación reforzada no conducirá a una exclusión de facto de los Estados miembros no participantes de una mayor integración; señala por último que el escenario «cooperar mejor» probablemente tenga buenas intenciones pero no deja claras las prioridades en las que es necesaria una mayor integración con el fin de abordar mejor las preocupaciones de los ciudadanos;

2.  Señala que, de acuerdo con la encuesta Eurobarómetro más reciente, los ciudadanos de la Unión, por regla general, esperan que la esta intervenga más que hasta ahora en muchas cuestiones, incluidas la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el desempleo, la salud y la seguridad social, la protección del medio ambiente, la lucha contra el fraude fiscal, la migración y las acciones en relación con el resto del mundo; es consciente, no obstante, de las actitudes frente a la Unión y el apoyo a una mayor acción por parte de la Unión varían considerablemente de un Estado miembro a otro;

3.  Destaca que existe un camino mejor para Europa que el que propone la Comisión, a saber, un sexto escenario que debería obtener un consenso democrático en todos los Estados miembros y partidos políticos europeos: «cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas»; señala que se trata de un escenario parcial, que busca dar respuestas eficaces a problemas que preocupan a las personas de toda la Unión, en un espíritu democrático y con el objetivo de reforzar el concepto de ciudadanía europea; hace hincapié en que lo que se necesita es una acción seria por parte de Europa —con los medios adecuados— en ámbitos en los que únicamente se pueden lograr resultados actuando conjuntamente, como la lucha contra el cambio climático, la obtención de mejores acuerdos comerciales, una mejora de la seguridad, la reducción de la elusión fiscal, la garantía de buenas normas sociales y medioambientales, la promoción de la igualdad de género y el refuerzo de una convergencia ascendente en el mercado único y la Unión Económica y Monetaria (UEM);

4.  Reafirma el mensaje de la Declaración de Roma de que nuestra Unión es una e indivisible, y que nuestra mejor baza para influir en las evoluciones globales es nuestro trabajo conjunto; subraya que la construcción conjunta de un futuro es la mejor manera de que los europeos alcancemos una prosperidad ampliamente compartida con un nivel de vida elevado, seguridad y un ambiente limpio; considera que la unidad europea también es la mejor manera de contribuir a la paz, la prosperidad y de mejorar las condiciones de vida en el resto del mundo;

5.  Subraya que todos los ciudadanos europeos son iguales en el ordenamiento jurídico de la Unión y que es necesario que toda cooperación reforzada en algunos ámbitos de la integración europea se realice de manera inclusiva, siendo la UE‑27 siempre la opción por defecto; destaca que la Declaración de Roma afirma que «actuaremos juntos, a distintos ritmos y con distinta intensidad cuando sea necesario, mientras avanzamos en la misma dirección, como hemos hecho en el pasado, de conformidad con los Tratados y manteniendo la puerta abierta a quienes quieran unirse más adelante»; subraya que no deben existir objetivos móviles ni criterios adicionales para los que deseen unirse a las iniciativas más adelante;

6.  Hace hincapié en la necesidad de conexiones directas más sólidas entre la Unión y los ciudadanos; considera que «cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas» es un planteamiento democrático que puede mejorar la legitimidad de la Unión y garantizar a los ciudadanos que sus voces y votos se tienen en cuenta;

7.  Expone en la presente resolución las principales prioridades estratégicas que la UE debería abordar en la construcción de un futuro común a largo plazo, así como las principales iniciativas concretas que la Comisión deberá presentar en 2018; señala el informe de síntesis aprobado por la Conferencia de Presidentes de Comisión para una descripción más detallada de los mensajes de las comisiones sobre la ejecución del programa de trabajo de la Comisión para 2017 y sus expectativas para 2018;

La Europa que queremos: prioridad principales:

Una Unión Europea que protege y mejora las condiciones de vida y de trabajo de las personas

8.  Subraya vivamente que la dimensión social de la integración europea no puede reducirse a cuestiones relativas a la libre circulación; destaca, por el contrario, que «cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas» implica acciones comunes más fuertes para mejorar las condiciones de trabajo, reducir la pobreza y las desigualdades sociales y de género, proporcionar una educación y una formación de calidad para todos, acelerar el proceso de convergencia ascendente en el rendimiento económico y los niveles de ingresos entre los países, y reforzar la cohesión económica, social y territorial dentro de la UE; se remite a su Resolución sobre el pilar europeo de derechos sociales para propuestas detalladas sobre el modo en que la UE‑27 puede lograr conjuntamente una Europa más social, y los instrumentos adicionales específicos necesarios para la zona del euro a este respecto; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una proclamación conjunta de principios del pilar europeo de derechos sociales y confirma su disposición a trabajar con la Comisión y el Consejo para finalizar la proclamación conjunta a finales de 2017; subraya que los principios del pilar deben aplicarse a todas las personas de la Unión; hace, por lo tanto, un llamamiento a todos los Estados miembros de la UE‑27, para que apoyen la proclamación conjunta a nivel de los jefes de Estado o de Gobierno;

9.  Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas de iniciativas europeas concretas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, en particular:

•  en el caso de que los interlocutores sociales no estén preparados para las negociaciones sobre la revisión de la Directiva sobre la declaración escrita (91/533/CEE)[8], la Comisión deberá presentar una propuesta legislativa relativa a una directiva marco sobre unas condiciones de trabajo dignas, que garanticen a todos los trabajadores el acceso a un conjunto esencial de derechos laborales y sociales, incluida la economía digital;

•  una iniciativa sobre el acceso a la protección social, con la presentación, tras las consultas a los interlocutores sociales, de propuestas concretas para asegurar que todas las personas en todas las modalidades de empleo adquieran derechos de seguridad social, incluidas unas pensiones adecuadas;

•  una tarjeta de seguridad social europea con el fin de facilitar el intercambio de información y proporcionar a las personas una relación de sus derechos actuales y pasados y de evitar abusos;

•  una inspección laboral europea para garantizar la aplicación de la legislación laboral y social en el mercado único;

•  una directiva que establezca una garantía infantil con el fin de mitigar los efectos nocivos de la pobreza infantil garantizando que todos los niños en riesgo de pobreza tengan acceso a asistencia sanitaria, educación y atención a la infancia gratuitas, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada;

•  una directiva marco que contemple regímenes de renta mínima que cubran el coste de vida básico, respetando al mismo tiempo las prácticas nacionales;

•  el tercer lote de sustancias contempladas en la Directiva relativa a los agentes carcinógenos y mutágenos (2004/37/EC)[9] deberá especificarse sin demora y la directiva deberá ampliarse de modo que cubra las sustancias reprotóxicas;

•  en la próxima revisión de los Tratados, la Comisión deberá proponer un protocolo social con el fin de reforzar los derechos sociales fundamentales en relación con las libertades económicas;

10.  Destaca que la Comisión debe prestar todo el apoyo necesario a los Estados miembros para que apliquen plenamente la Garantía Juvenil, la Garantía de Capacidades y otras inversiones vitales en las personas, entre ellas, una educación y unos cuidados en la primera infancia que sean de calidad, asequibles y accesibles, así como unos servicios asistenciales para las personas mayores y las personas dependientes; pide a la Comisión que garantice una financiación adecuada para la Iniciativa de Empleo Juvenil hasta 2020 y que realice todos los esfuerzos posibles para ayudar a los Estados miembros a utilizar todos los recursos disponibles de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a la Comisión que defienda el programa Erasmus+ y que incremente sustancialmente su financiación; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad destinada a reconocer y promover el reconocimiento del voluntariado juvenil y la solidaridad a través de las fronteras de toda la Unión; resalta, no obstante, la necesidad de revisar la legislación propuesta para garantizar que la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad no afecte negativamente a otros programas existentes, como Erasmus+, y que no se recurre sistemáticamente al voluntariado como sustituto del trabajo remunerado;

11.  Acoge con satisfacción las medidas de la Comisión en pro del fortalecimiento del papel y la visibilidad de los indicadores sociales en el Semestre Europeo y pide, en particular, que el actual cuadro de indicadores sociales y de empleo clave y la próxima iniciativa sobre el acceso a la protección social sea tenidos en cuenta en la formulación de las recomendaciones específicas por país y la recomendación para la zona del euro; pide a la Comisión que realice el seguimiento de una estrategia integrada de lucha contra la pobreza con el fin de alcanzar finalmente el objetivo de Europa 2020 de reducir la pobreza y la exclusión social y de aumentar el empleo femenino; reitera su llamamiento a la Comisión para que promueva unos regímenes de renta mínima adecuados que cubran los costes básicos de subsistencia, en todos los Estados miembros de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades para evitar la dependencia a largo plazo de la renta mínima; reitera su apelación en favor de un Libro Verde sobre las desigualdades y sus efectos perjudiciales en la recuperación económica y el potencial de crecimiento a largo plazo;

Una estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible

12.  Subraya que «cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas» debe incluir el establecimiento de las bases de una prosperidad futura ampliamente compartida; considera que la Unión necesita una estrategia concreta para un crecimiento sostenible, unas finanzas sostenibles, la competitividad, el empleo de calidad, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en toda la Unión a más tardar en 2030 y el cumplimiento de nuestros compromisos en el marco del Acuerdo de París sobre el clima; señala que la aplicación de una estrategia europea de desarrollo sostenible significa que deben actualizarse las normas de regulación y que han de estar en vigor los instrumentos financieros pertinentes;

13.  Pone de relieve la necesidad de mantener y mejorar la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión, como política clave que repercute de forma directa en la vida de las personas y que constituye el principal instrumento de inversión a largo plazo para superar las desigualdades y contribuir al logro de una convergencia y un bienestar sostenibles, y que abarca todos los Estados miembros como expresión concreta del principio de solidaridad;

14.  Respalda, en este contexto, el llamamiento del Consejo a la Comisión para que facilite una estrategia integral de la política industrial futura de la Unión; estima que esta estrategia debe ir acompañada de un plan de acción, y ha de abordar las prioridades clave, como la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y eficiente desde el punto de vista energético, la conectividad digital para todos, el aprovechamiento del potencial de las industrias culturales y creativas europeas, el incremento de la sostenibilidad de las ciudades y la aplicación de la agenda de la economía circular;

15.  Espera que la Comisión presente rápidamente todas las iniciativas pendientes para la realización de la Unión de la Energía, como se esboza en la Hoja de Ruta hacia la Unión de la Energía; insta a la Comisión a que aborde el problema de la pobreza energética a través de un plan de acción concreto al objeto de erradicar la pobreza energética y garantizar el acceso a una energía asequible a todos los ciudadanos de la Unión;

16.  Considera fundamental la reducción de las emisiones en el sector del transporte; insta a la Comisión a que complete su revisión, ya retrasada, de la legislación relativa a las emisiones de CO2 de los turismos y las furgonetas, y a que presente propuestas legislativas con la ambición necesaria para alcanzar el objetivo relativo a las emisiones medias en 2025 y un mandato de vehículos con cero emisiones que imponga un incremento gradual del porcentaje de vehículos con cero emisiones del total de la flota, con miras a la desaparición progresiva de los nuevos turismos emisores de CO2 a más tardar en 2035; pide a la Comisión que presente una propuesta de límites de emisiones de la norma EURO7 tecnológicamente neutros aplicables en 2025 para todos los turismos y furgonetas comercializados en el mercado de la Unión, con vistas a mejorar la calidad del aire en la Unión y a alcanzar los límites establecidos para la calidad del aire de la Unión, así como los niveles recomendados por la OMS;

17.  Espera que las propuestas de la Comisión en relación con la política agrícola común posterior a 2020 se basen en medidas de intervención pública correctoras de la volatilidad de los mercados agrícolas, al objeto de garantizar un abastecimiento de alimentos seguros y sanos, salvaguardar la capacidad de producción alimentaria en Europa mediante la protección de los ingresos agrícolas, y asentar el empleo y unas comunidades sólidas en las zonas rurales, y que al mismo tiempo se ajusten plenamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; pide que se preste una atención sustancialmente mayor a la contribución a los objetivos de medio ambiente y cambio climático, por ejemplo concediendo prioridad a las prácticas agrícolas que permitan almacenar más carbono en el suelo, reducir las emisiones de óxido nitroso y sustituir los plaguicidas con soluciones alternativas;

18.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente propuestas legislativas que aborden la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos, que es un problema para la salud mundial;

19.  Pide a la Comisión que presente una propuesta de marco legislativo en 2018 para hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario; solicita una evaluación exhaustiva de los compromisos de la Unión para luchar contra la competencia desleal a escala mundial, en particular en lo que respecta a la seguridad alimentaria, las normas sanitarias y fitosanitarias, las indicaciones geográficas, el bienestar animal y los sectores de productos sensibles; pide a la Comisión que elabore opciones para posibles medidas de apoyo a los agricultores de la Unión en los casos de competencia desleal mediante la adaptación de la política de competencia a las particularidades de la agricultura, con el fin de salvaguardar la situación económica de los productores primarios en la cadena de suministro de alimentos;

20.  Hace hincapié en que la Unión debe dirigir la cooperación mundial para mejorar la gobernanza internacional de los océanos, también en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, a fin de hacer frente al cambio climático, proteger la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible para el sector de la pesca; pide a la Comisión que intensifique la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y se apoye en la Declaración MedFish4Ever para reforzar las poblaciones de peces del Mediterráneo; insta enérgicamente a la Comisión a que reduzca los retrasos en la transposición de las medidas adoptadas por las organizaciones internacionales de pesca y en la transmisión de los actos delegados propuestos en relación con la pesca;

21.  Pide que la Comisión realice y concluya en 2018 un estudio sobre la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos, con el fin de fomentar la investigación sobre enfermedades desatendidas y mejorar la asequibilidad de los medicamentos en la Unión y en los países en desarrollo; espera que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre un sistema europeo de evaluación de la tecnología sanitaria;

22.  Pide que la Comisión emprenda acciones concretas para reducir las diferencias de calidad entre productos de una misma marca en el mercado único; expresa su deseo de que se produzcan los primeros resultados positivos de dicha acción para mediados de 2018;

23.  Reitera su petición, formulada ya hace tiempo, para que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre el recurso colectivo, que podría ayudar significativamente a los ciudadanos a ejercer sus derechos cuando se hayan visto perjudicados por empresas que incumplan las normas aplicables;

24.  Destaca la necesidad de seguir mejorando la vigilancia del mercado respecto de los productos en la Unión, e insta a la Comisión a que tome medidas para superar el punto muerto en el que se encuentra el paquete de medidas sobre la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado, especialmente para contribuir a alcanzar un compromiso justo sobre la indicación obligatoria del origen de un producto («made in»);

25.  Pide a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta legislativa relativa a la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a los productos no agrícolas, lo que tendrá numerosos efectos positivos para los ciudadanos, los consumidores, los productores y el conjunto de la economía y la sociedad europeas;

26.  Subraya la importancia del pleno cumplimiento respecto de todas las medidas propuestas en la Estrategia para el Mercado Único Digital; espera que la Comisión realice un seguimiento del examen intermedio de la Estrategia para el Mercado Único Digital con propuestas legislativas concretas, a fin de proporcionar un marco jurídico claro para las actividades con intermediación a través de plataformas digitales, también en lo que atañe a la prestación de servicios profesional frente a la no profesional, los regímenes de responsabilidad, los derechos de los consumidores y la protección de menores, los derechos de los trabajadores, los derechos de los creadores, la competencia y la fiscalidad;

27.  Pide a la Comisión que apunte más allá del mercado único digital y trabaje en pro de una auténtica unión digital con ambiciosos objetivos legislativos y los medios financieros necesarios; desea que las posibilidades de la digitalización se traduzcan en beneficios concretos para todos los europeos, incluidos los que se encuentran en las zonas rurales más remotas, también a través de un recurso pertinente a la contratación pública y un mayor uso de la administración electrónica en servicios públicos tales como la educación, la salud y los procedimientos administrativos para ciudadanos y pymes; destaca que la transformación digital en curso debe desembocar en una sociedad más justa, integradora y dinámica en la que se protejan los derechos individuales;

28.  Pide inversiones ambiciosas en materia de competencias digitales y seguridad en línea para todas las generaciones, y la mejora de los planes de estudio; insta a la rápida aplicación de la iniciativa Wifi4EU; solicita que la Comisión presente un plan para convertir a Europa en líder mundial en centros de datos, gestión de datos y seguridad de los datos a través de una libre circulación de datos, sobre la base de una sólida normativa de la Unión que salvaguarde la neutralidad de la red y la privacidad de los datos personales; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para promover la investigación, el desarrollo y la aplicación europeos de la tecnología 5G;

29.  Espera que la Comisión presente las iniciativas previstas en materia de ciberseguridad, también en lo relativo a la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA); subraya que tales iniciativas deben tener por objetivo aumentar la ciberseguridad para el sector y otros fines civiles e incluir soluciones eficaces;

Mejores instrumentos para la inversión

30.  Destaca que una estrategia europea de desarrollo sostenible verosímil requiere una política económica que garantice suficiente inversión pública y privada a nivel nacional y europeo para colmar las lagunas de inversión existentes; subraya que las personas dan gran importancia a las oportunidades económicas y el aumento del nivel de vida, y que sería beneficioso para ellas que los Estados miembros y las instituciones de la Unión cooperaran mejor a través de políticas económicas que favorezcan una creación de empleo de calidad más rápida, refuercen las competencias y la formación de la población y mantengan unos servicios sociales de calidad que permitan a las personas participar plenamente en la vida económica y social; pide por ello a la Comisión que elabore una estrategia europea para una mayor inversión pública y privada que vaya mucho más allá del actual Plan de Inversiones para Europa y esté directamente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y el Acuerdo de París sobre cambio climático; pide propuestas legislativas para la integración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en las obligaciones de información y la toma de decisiones, para incentivar a los inversores a trasladar su apoyo a proyectos sostenibles a largo plazo;

31.  Reafirma que la lucha contra la evasión y la elusión fiscales es una de las principales prioridades europeas para mejorar la equidad en la sociedad y restaurar la capacidad suficiente para la inversión pública; considera fundamental que el Parlamento y el Consejo lleguen a un rápido acuerdo sobre los requisitos relativos a la presentación obligatoria y pública por parte de las empresas multinacionales de información desglosada por países, partiendo de la propuesta de la Comisión de 2016[10]; destaca la importancia de lograr avances hacia una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, partiendo de las dos propuestas de la Comisión[11]; señala que los registros públicos de titularidad real son elementos cruciales que deben lograrse en las negociaciones en curso sobre la Directiva contra el blanqueo de capitales (2015/849)[12]; pide a la Comisión que establezca su propia lista independiente de jurisdicciones de alto riesgo con medidas deficientes para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; pide que la Comisión presente, con carácter urgente, una lista negra de la Unión de paraísos fiscales que incluya fuertes sanciones automáticas para los países y jurisdicciones enumerados; solicita que la Comisión adopte todas las medidas pertinentes para garantizar que todas las empresas globales de base tecnológica paguen su parte justa de impuestos en Europa;

32.  Recuerda que estaba previsto que el actual sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) fuera temporal, y que ha quedado obsoleto; solicita una propuesta para mejorarlo de manera que pase a ser un sistema definitivo basado en el principio de destino; subraya la necesidad de encontrar una solución adecuada para el fraude del IVA y la brecha del IVA; considera, en este sentido, que la Fiscalía Europea debe formar parte de esta respuesta, y pide a la Comisión que favorezca un rápido acuerdo en el marco de la cooperación reforzada;

33.  Espera que la Comisión realice un seguimiento con celeridad de las futuras recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales (PANA) del Parlamento.

34.  Pide a la Comisión que presente propuestas ambiciosas relativas a las Autoridades Europeas de Supervisión, a fin de avanzar hacia una supervisión única de la Unión de la Unión de Mercados de Capitales (UMC); señala que ello requiere, en particular, la mejora de las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados y que la Junta Europea de Riesgo Sistémico desempeñe un papel más importante; destaca que la UMC debe contribuir al desarrollo de un sistema financiero sostenible, facilitando la financiación de inversiones a largo plazo con un régimen fiscal adecuado;

35.  Espera que la Comisión, en vista del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión, revise el Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (Reglamento (UE) n.º 648/2012)[13], la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (Directiva (2011/61/UE)[14] y la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (2014/65/UE)[15], con el fin de mantener y reforzar la estabilidad de los mercados financieros; insta a la Comisión a que adopte más medidas para promover una mayor contribución del sector financiero al desarrollo sostenible;

36.  Pide una rápida acción para completar la unión bancaria con un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución, de dimensión adecuada y beneficiario de una línea de crédito directo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y con un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos; pide una evaluación del actual marco de reestructuración y resolución; señala la necesidad de seguir reduciendo los riesgos y desequilibrios derivados principalmente de la persistente falta de crecimiento; pide a la Comisión que proponga rápidamente una estrategia europea para el desarrollo de un mercado secundario de préstamos no productivos que funcione correctamente, también mediante la definición de un plan europeo para las empresas de gestión de activos y la necesaria introducción de ajustes en la aplicación de las disposiciones en materia de ayudas estatales;

37.  Pide a la Comisión que avance hacia la creación de un activo seguro verdaderamente europeo de la zona del euro para la emisión de nueva deuda garantizada solidariamente, evitando al mismo tiempo soluciones artificiales y excesivamente complejas que puedan afectar negativamente a la estabilidad financiera y la capacidad de financiación de los Estados miembros;

38.  Pide enérgicamente la aplicación de una orientación presupuestaria agregada favorable al crecimiento al nivel de la zona del euro y la creación de una capacidad presupuestaria de la zona del euro, junto con un código de convergencia, además de la plena utilización del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; insiste en que la capacidad presupuestaria de la zona del euro debe aspirar a fomentar la convergencia socioeconómica al alza y a amortiguar las perturbaciones económicas, también a través de un régimen europeo de prestaciones por desempleo; observa que la capacidad presupuestaria de la zona del euro debe incluir nuevos instrumentos en el presupuesto de la Unión (por encima de los límites máximos del MFP de la Unión) así como un Mecanismo Europeo de Estabilidad reformado, incorporados al marco jurídico de la Unión y sometidos a una supervisión democrática; coincide con la Comisión en que la capacidad presupuestaria de la zona del euro debe estar abierta a los países no pertenecientes a la zona del euro que deseen adherirse; lamenta, no obstante, la actitud complaciente de la Comisión al prever que una capacidad presupuestaria de la zona del euro no se pondría en marcha hasta alrededor de 2025;

39.  Pide la introducción de una «regla de oro en materia de inversiones» y la incorporación de indicadores de desarrollo sostenible en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el fin de garantizar un buen nivel de inversiones de calidad en la prosperidad futura de Europa;

40.  Espera que las propuestas legislativas relativas a la política de cohesión posterior a 2020 garanticen, al menos, la continuación del nivel actual de inversión para lograr una convergencia al alza, el desarrollo sostenible, un empleo de calidad y la reducción de las desigualdades en el mercado único; espera también propuestas para una política agrícola común posterior a 2020 y un nuevo programa marco de investigación, sobre la base de la evaluación intermedia de Horizonte 2020 y el informe de aplicación del Parlamento; insta a la continuación de todos los programas plurianuales existentes en el ámbito de la educación, la juventud, el deporte, la cultura, los medios de comunicación y la ciudadanía (Erasmus+, Europa Creativa y el programa Europa para los Ciudadanos) después de 2020, con importantes aumentos presupuestarios, habida cuenta de la infrafinanciación crónica de los programas actuales; pide un informe de aplicación sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para finales de 2018, especialmente sobre las mejoras en la adicionalidad, el equilibrio geográfico y la gobernanza; insta a la Comisión a que presente todas las propuestas legislativas del MFP posterior a 2020 con la suficiente antelación en 2018 para que todos los programas puedan iniciarse a su debido tiempo;

Seguridad interior

41.  Señala que la seguridad en la vida cotidiana es algo que importa mucho a las personas y que, juntos, los europeos deben poder cooperar mejor en este ámbito;

42.  Pide a la Comisión que vele por una aplicación eficiente y coordinada de la Agenda Europea de Seguridad para el periodo 2015-2020, que concede prioridad a la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia; reitera su petición para que, antes de que se presenten nuevas propuestas legislativas, se efectúe una evaluación en profundidad centrada en la eficacia operativa de los instrumentos pertinentes de la Unión y en las lagunas restantes en este terreno; pide que todas las nuevas medidas en el ámbito de la seguridad vayan acompañadas de evaluaciones de impacto;

43.  Recuerda que la correcta gestión de las fronteras exteriores de la Unión es una cuestión importante para los ciudadanos europeos, en particular con el fin de garantizar que los Estados miembros dejen de llevar a cabo controles en las fronteras interiores dentro del espacio Schengen; pide la plena aplicación del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Reglamento (UE) 2016/1624)[16];

44.  Pide a la Comisión que presente propuestas no legislativas viables sobre cómo mejorar el intercambio de información entre entidades policiales, entre organizaciones de inteligencia y entre entidades policiales y de inteligencia para combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional y combatir el terrorismo; recuerda, en este contexto, la importancia de un refuerzo de la cooperación operativa entre los Estados miembros, las agencias de la Unión y terceros países;

45.  Subraya la necesidad de desarrollar capacidades efectivas y adecuadas para luchar contra los ciberataques; destaca la importancia de la coordinación eficaz y de evitar los solapamientos entre todos los agentes pertinentes; destaca, en este contexto, la importancia de la cooperación con la OTAN y el sector privado;

46.  Pide a la Comisión que movilice conocimientos especializados y técnicos con objeto de asegurar la coordinación y el intercambio de mejores prácticas a nivel de la Unión en la lucha contra el extremismo violento, la propaganda terrorista y el uso de internet con fines de reclutamiento y financiación; considera que debe hacerse especial hincapié en las estrategias de prevención, integración y reintegración con una clara perspectiva de género;

47.  Señala que la violencia contra las mujeres es también una cuestión de seguridad interior; pide a la Comisión que trabaje en pro de una conclusión rápida de la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, y que presente cuanto antes un acto legislativo para la prevención y la lucha contra la violencia de género;

Construir una verdadera política europea de asilo e inmigración

48.  Reitera la necesidad de que los europeos cooperen mejor a la hora de garantizar vías seguras y legales hacia Europa para los solicitantes de protección internacional y que los solicitantes de asilo que llegan a Europa puedan ejercer sus derechos fundamentales, incluido su derecho a solicitar protección internacional, así como mejorar la cooperación con terceros países con el fin de hacer frente a las causas profundas de la migración forzosa; subraya la necesidad de garantizar que la cooperación con los países socios en materia de migración sea conforme con los derechos humanos;

49.  Pide que se intensifiquen los esfuerzos para acordar una reforma del «sistema de Dublín» a fin de establecer y aplicar una política europea de asilo auténtica y común, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); subraya que, mientras tanto, todos los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones en virtud de las decisiones del Consejo sobre la reubicación de solicitantes de asilo procedentes de Grecia e Italia, dando prioridad a la reubicación de las mujeres y los menores no acompañados, así como de otros grupos vulnerables tales como las personas con discapacidad y las personas LGBTI; pide esfuerzos adicionales para facilitar a los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo el acceso a los sistemas de educación y formación, así como al mercado laboral, y que se reconozcan sus competencias;

50.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre los visados humanitarios como un canal legal y seguro adicional para los solicitantes de asilo, además del reasentamiento, y que se proteja a las víctimas de la trata de seres humanos en la Unión;

51.  Pide una acción coordinada en materia de migración legal a escala de la Unión, para superar el actual enfoque fragmentado; insiste en el refuerzo de las asociaciones con terceros países en lo que respecta a los aspectos relacionados con la migración legal y en el desarrollo de paquetes de movilidad a escala de la Unión con salvaguardias adecuadas, en particular en relación con las condiciones de trabajo;

52.  Pide a la Comisión que revise la conformidad con el Derecho internacional, incluida la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y el Derecho humanitario y de los derechos humanos, de todos los agentes implicados en la vigilancia de las fronteras exteriores de Europa, la gestión de los campos de refugiados y la acogida de solicitantes de asilo; pide que se aclare la distinción entre el tráfico ilícito y la ayuda de ciudadanos de a pie a personas necesitadas;

Democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales

53.  Señala que «cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas» significa que la Unión debe actuar para proteger los derechos fundamentales y los valores y principios establecidos en sus Tratados constitutivos; hace hincapié en que esto también significa adoptar medidas concretas para simplificar la administración relacionada con los aspectos transfronterizos de la vida de las personas, y proteger a las personas frente a los abusos colmando las lagunas de la legislación europea o nacional;

54.  Pide a la Comisión que presente una propuesta para alcanzar un pacto en favor de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en forma de acuerdo interinstitucional, en la línea de la recomendación formulada por el Parlamento en su Resolución legislativa de 25 de octubre de 2016[17];

55.  Pide a la Comisión que presente propuestas para una acción más firme en materia de integración y desradicalización, partiendo de las políticas actuales pertinentes y determinando las capacidades adicionales necesarias;

56.  Reitera su petición a la Comisión y al Consejo para que no escatimen esfuerzos por desbloquear la propuesta de Directiva horizontal contra la discriminación[18];

57.  Insta a la Comisión a que adopte medidas más decisivas para la eliminación de la persistente brecha de género en los salarios mediante una propuesta de Directiva basada en la recomendación de la Comisión de 2014 sobre transparencia salarial; pide a la Comisión y al Consejo que redoblen sus esfuerzos para lograr un acuerdo político sobre la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores de las empresas cotizadas[19];

58.  Pide a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta legislativa completa que responda a la Resolución legislativa del Parlamento, de 16 de febrero de 2017, sobre normas de Derecho civil sobre robótica[20], abordando al menos los aspectos éticos y relativos a los derechos humanos, el principio de cautela y las principales implicaciones de la robótica para los mercados de trabajo y los sistemas de seguridad social;

59.  Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes y presente una propuesta legislativa sobre legislación a escala de la Unión en materia de protección de denunciantes de irregularidades, con un amplio ámbito de aplicación y una adecuada base jurídica, a fin de garantizar una protección horizontal que abarque todas las categorías de denunciantes de irregularidades;

60.  Pide a la Comisión que retire su propuesta de Directiva relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada; expresa su profunda preocupación, a la vista de las revelaciones de los papeles de Panamá, por que tal Directiva genere lagunas en Europa debido a la falta de seguridad jurídica;

61.  Subraya que toda propuesta sobre la constitución en línea de empresas tendría que incluir salvaguardias para garantizar que no pueda abusarse del sistema para crear sociedades ficticias y eludir la legislación laboral, fiscal y en materia de participación de los trabajadores, y señala que un sistema europeo de constitución de empresas, ya sea en línea o en persona, debe estar vinculado a un registro europeo de empresas, o al menos a los registros mercantiles interconectados de los Estados miembros con un conjunto común de normas mínimas para la información facilitada;

62.  Pide a la Comisión que presente al fin una propuesta sobre la «Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades» con normas sobre el traslado de la sede de una empresa, que garantice que los impuestos se paguen donde se generen los beneficios y que proteja los derechos de los trabajadores, en particular por lo que respecta a la representación en los consejos de administración, así como la participación y la información;

63.  Pide a la Comisión que presente una propuesta de Reglamento sobre el reconocimiento del contenido de los documentos públicos tras la adopción del Reglamento por el que se promueve la libre circulación de ciudadanos y empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos; insiste en la necesidad de incluir las uniones registradas en el ámbito de aplicación del futuro Reglamento;

64.  Pide a la Comisión que presente una iniciativa para proteger la libertad de prensa y el pluralismo, la promoción de las competencias digitales, la lucha contra la desinformación, la incitación al odio, el sexismo y el ciberacoso y cultivar un discurso democrático basado en hechos también en la era de los medios sociales;

65.  Pide de nuevo a la Comisión que presente una propuesta sobre el Derecho administrativo europeo;

Europa como actor mundial de primera línea

66.  Hace hincapié en que cuando más fuerte e influyente es la Unión en sus relaciones con socios de todo el mundo es cuando está unida y habla con una sola voz; expresa su deseo de que la Unión sea un actor mundial activo que promueva los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y el apoyo a la democracia, con el fin de lograr un orden internacional cooperativo y pacífico en el marco de un sistema multilateral, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y la plena aplicación del Acuerdo de París sobre cambio climático; considera que la Unión también debe reforzar su visibilidad como entidad de normalización para los mercados financieros mundiales, también a través de la representación común en organizaciones financieras internacionales; considera que la política exterior y de seguridad común (PESC) debe combinar el «poder blando» con la capacidad de utilización del «poder coercitivo» en caso necesario, teniendo en cuenta que no puede haber desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo; pide la aplicación de una estrategia efectiva de la Unión para las relaciones culturales internacionales;

67.  Considera que la política común de seguridad y defensa (PCSD) debe reforzarse, también mediante el establecimiento de una cooperación estructurada permanente sin dejar de desarrollar la asociación estratégica con la OTAN; estima que la defensa europea puede y debe avanzar mediante una mayor eficiencia del gasto en defensa de los Estados miembros, a través del desarrollo de capacidades comunes e incentivos positivos del Fondo Europeo de Defensa que apoyen un sector europeo de la defensa competitivo, y mediante sinergias civil-militares en la ejecución de las misiones y operaciones de la PCSD; recuerda la importante función que la Unión sigue desempeñando en la prevención y resolución de conflictos y en la consolidación de la paz en todo el mundo, también en lo que se refiere al fomento de la participación de las mujeres en los procesos de paz; pide un control total y democrático de la PCSD;

68.  Pide a la Comisión que apoye el proceso de ampliación y adhesión y reevalúe si la estrategia de ampliación, respaldada por el Instrumento de Ayuda Preadhesión, ofrece los resultados esperados; destaca que la situación cada vez más volátil en la región de los Balcanes occidentales requiere un compromiso más sólido de la Unión; considera que se debe prestar mayor atención a mejorar las relaciones de buena vecindad y de seguridad regional, acompañadas de comunicación estratégica y dirigidas a aumentar la credibilidad de la Unión en su condición de mayor donante en la región de los Balcanes occidentales; lamenta afirmar que el proceso de ampliación con Turquía tiene que suspenderse a la luz de los acontecimientos acaecidos desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016 y el referéndum de 16 de abril de 2017;

69.  Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que preste el mayor apoyo posible a los programas de reformas de los países socios en el contexto de la política europea de vecindad, especialmente en lo relativo a la lucha contra la corrupción, la modernización de las instituciones públicas, la defensa de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la protección de las minorías y el fortalecimiento del Estado de Derecho; acoge favorablemente las prioridades de asociación que la Unión ya ha establecido con varios países en el marco de la política europea de vecindad (PEV), al tiempo que señala la necesidad de adaptar las políticas de la Unión a cada contexto nacional; considera que la Unión debe intensificar su cooperación con países de la Asociación Oriental para reforzar sus instituciones democráticas, su resiliencia y su independencia; pide una cooperación más sólida y un papel más activo de la Unión en las relaciones con los países de la vecindad meridional con el fin de mejorar el diálogo y la seguridad, intensificar la lucha contra el terrorismo, prevenir la radicalización y gestionar la migración respetando los derechos humanos;

70.  Sigue preocupado por la situación en Libia, y en particular por los actuaciones que ponen en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad del país, y que menoscaban la realización con éxito de la transición política en Libia; pide un mayor apoyo de la Unión con el fin de acompañar la transición de Libia a una democracia inclusiva, y que se adopten todas las medidas posibles para garantizar el respeto de los derechos humanos y la llegada de asistencia humanitaria urgente;

71.  Pide la plena aplicación de la Estrategia de la Unión para Siria y sus acciones conexas, como se recoge en la Resolución del Parlamento de 18 de mayo de 2017[21]; apoya a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y al enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Siria en sus esfuerzos diplomáticos por dialogar con los actores regionales pertinentes y promover una transición política; subraya que la Unión debe estar dispuesta a prestar apoyo específico a la reconciliación política y la reconstrucción de Siria;

72.  Pide una respuesta global de la Unión a la guerra que se está viviendo en Yemen, combinando una mayor esfuerzo humanitario, iniciativas activas de consolidación de la paz y apoyo específico a la recuperación y la reconstrucción;

73.  Destaca que la Unión y sus Estados miembros son, en su conjunto, el mayor donante de ayuda del mundo, y que el objetivo principal de la ayuda al desarrollo de la Unión es la erradicación de la pobreza; resalta que la Unión tiene que desarrollar un sólido plan para mantener su liderazgo mundial en los próximos años, incluida una hoja de ruta para cumplir el compromiso colectivo de la Unión de dedicar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda oficial al desarrollo (AOD); pide, en este contexto, que la Comisión y el Consejo informe con regularidad al Parlamento sobre los progresos de la Unión; recuerda que la ayuda al desarrollo debe enfocarse principalmente a la erradicación de la pobreza y a la promoción de un desarrollo sostenible; subraya la necesidad de velar por que la ayuda al desarrollo no se desvíe, reduzca o instrumentalice, y que la distribución geográfica de esta ayuda siga dependiendo de las necesidades de los países receptores; se opone a que la ayuda al desarrollo de la Unión se supedite a la gestión de los flujos migratorios y a acuerdos de readmisión;

74.  Pide al SEAE que promueva nuevas iniciativas encaminadas a fomentar efectivamente el cumplimiento del Derecho internacional humanitario, de acuerdo con lo establecido en las directrices pertinentes de la Unión; reitera, en particular, la necesidad de que la Unión aplique rigurosamente las normas establecidas en la Posición Común 2003/805/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre exportación de armas[22];

75.  Muestra su profunda preocupación por las crecientes tensiones y el riesgo de una mayor desestabilización en Oriente Próximo y la región del golfo Pérsico, agudizada por las acciones unilaterales de actores regionales e internacionales; pide a la VP/AR y al SEAE que empleen todos los instrumentos a su alcance para intensificar la interacción de la Unión con todos los actores regionales, con el objetivo de reducir las tensiones, desmilitarizar los conflictos actuales y preparar el terreno a una arquitectura de seguridad en la región que sea inclusiva;

76.  Felicita a la VP/AR y a la SEAE por su compromiso decidido de defender el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) con Irán, que constituye un importante logro de la diplomacia de la Unión y del multilateralismo eficaz, así como una oportunidad de interactuar gradualmente con Irán en los ámbitos de interés común; pide a la VP/AR y al SEAE que sigan dialogando con los Estados Unidos sobre la plena aplicación del PAIC, en especial en lo relativo a la actividad económica legítima en Irán, pero también que estén dispuesto a proteger de modo efectivo los intereses de los agentes económicos europeos oponiendo resistencia a la aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses;

77.  Pide un plan de acción para poner en práctica el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo; reitera su petición de que el Consenso Europeo sobre Desarrollo haga uso de todas las políticas internas y exteriores europeas para apoyar la mitigación de la pobreza y la plena aplicación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido un marco sólido y transparente de supervisión y revisión;

78.  Pide un plan de acción para poner en práctica el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo; considera que deben tenerse en cuenta los compromisos adquiridos por la Unión en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016;

79.  Pide a la Comisión que presente una iniciativa para mejorar la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, también mediante el apoyo de prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente, en el contexto de un vínculo más fuerte entre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, y mediante la experiencia adquirida en las graves crisis alimentarias, asociadas al cambio climático, y las hambrunas que acechan en determinados países africanos;

80.  Deplora el anuncio del presidente de los Estados Unidos de que este país no cumplirá los compromisos que asumió en virtud del Acuerdo de París sobre cambio climático; reitera su apoyo decidido a la aplicación de este acuerdo histórico, que es crucial para limitar los desastres medioambientales y prevenir daños irreversibles al clima de la Tierra; aprecia enormemente que nuestros socios en todo el mundo hayan vuelto a confirmar el mantenimiento de su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático;

81.  Destaca que se requieren nuevas medidas para alinear las políticas comerciales de la Unión con los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático y para promover un comercio mundial equitativo y regulado en beneficio de todos los habitantes del planeta; pide en particular:

•  una propuesta legislativa sobre diligencia debida obligatoria en las cadenas de valor mundiales, con el fin de luchar contras las prácticas comerciales injustas, aportar transparencia y trazabilidad y defender los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos medioambientales;

•  la rápida conclusión con éxito de las negociaciones sobre la modernización de los instrumentos de defensa comercial de la Unión contras las prácticas comerciales y los subsidios de terceros países que falsean la competencia;

•  la actuación de la Comisión para reducir la sobrecapacidad mundial en la producción de acero en el contexto de una sistema comercial multilateral basado en las normas, también mediante la legislación antidumping y antisubsidios que resulte pertinente;

•  nuevas medidas para la creación de un sistema multilateral de tribunales de inversiones que sustituya al arbitraje privado en la solución de litigios entre inversores y Estados;

•  propuestas de la Comisión para reformar el modo en que se garantiza el cumplimiento de los capítulos de los acuerdos comerciales sobre «Comercio y desarrollo sostenible»: debería ser posible imponer sanciones por incumplimiento de las disposiciones sobre desarrollo sostenible en última instancia, cuando se hayan agotado todos los demás mecanismos de cooperación y mediación;

•  propuestas específicas de la Comisión, sobre la base del documentos de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización, con el fin de crear nuevas oportunidades viables para los europeos que han resultado perjudicados por la competencia económica mundial; estas propuestas deben formar parte de la estrategia de inversión de la Unión para el desarrollo sostenible y deben incluir la actualización y fortalecimiento de instrumentos como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

•  mantenimiento de la presión de la Comisión sobre el Consejo para que haga públicos los mandatos de negociación en las negociaciones comerciales, que, en opinión del Parlamento, deben darse a conocer por regla general, incluidos los adoptados previamente; insta a la Comisión a redoblar sus esfuerzos por garantizar la transparencia ante la opinión pública, y no solo ante los parlamentarios, que deben estar plenamente informados en todas las fases que llevan a los acuerdos, y a destacar la necesidad de diálogos regulares con la sociedad civil para recuperar la confianza en la política comercial de la Unión;

82.  Alienta a la Comisión a seguir negociando acuerdos comerciales equilibrados y justos, teniendo debidamente en cuenta los puntos sensibles en materia agrícola, como compromisos sólidos sobre normas laborales y transparencia fiscal, acuerdos medioambientales multilaterales, desarrollo sostenibles, normas sanitarias y fitosanitarias y otras normas relativas a los productos agrícolas y alimentarios; advierte que el Parlamento solo podrá conceder su aprobación a los nuevos acuerdos comerciales que tengan debidamente en cuenta esos motivos de preocupación;

83.  Celebra la reciente publicación de la Comunicación conjunta sobre un impulso renovado para la Asociación África-UE; pide a la Comisión y al SEAE que hagan avanzar esta asociación con un diálogo abierto y transparente, que incluya a la sociedad civil y a los interlocutores sociales en África y Europa para reforzar nuestra relación estratégica, poniendo especial énfasis en la consolidación de sociedades y Estados más seguros y resilientes, la inversión en la educación y la creación de más y mejor empleo, en especial para los jóvenes, y el respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con el fin de luchar contra las causas profundas de la migración irregular;

84.  Pide a la Comisión que presente un proyecto de mandato para las negociaciones del acuerdo posterior a Cotonú que tenga por objetivo reforzar las relaciones estratégicas entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico, incluidas propuestas específicas para apoyar a las mujeres y los jóvenes;

Soluciones financieras para un futuro europeo común

85.  Destaca que las decisiones que se deben tomar sobre el futuro de la integración Europea y las prioridades de la acción común tendrán repercusiones directas en el diseño del MFP posterior a 2020; destaca que Europa no puede cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas si no dispone de recursos presupuestarios, financieros y administrativos adecuados para garantizar la aplicación de las políticas comunes;

86.  Reitera que el MFP ha resultado ser demasiado escaso y poco flexible para garantizar la respuesta de la Unión Europea a los retos comunes a los que se enfrenta;

87.  Señala que el valor añadido del gasto a nivel europeo no solo procede de la mayor eficiencia en las inversiones transfronterizas o de las mayores posibilidades de especialización, sino también del desarrollo de un gran mercado interior y de una Unión Económica y Monetaria caracterizada por la convergencia económica por lo alto, y de la aplicación de políticas comunes en ámbitos como la seguridad, el cambio climático, la agricultura y la pesca respetuosas del medio ambiente y la cohesión económica, social y territorial; destaca que, en todos estos aspectos, el presupuesto de la Unión es un dispositivo con el que todos ganan y sin el cual la integración europea no sería posible;

88.  Destaca la importancia de sistemas sólidos de control para defender la justicia económica y luchar contra el fraude y las irregularidades, con el fin de garantizar la protección de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión y recursos propios adecuados; destaca la necesidad de un presupuesto de la Unión sujeto a rendición de cuentas para garantizar la eficiencia de los sistemas de control y transparencia;

89.  Llama la atención sobre el hecho de que en muchos ámbitos que interesan profundamente a los ciudadanos, la Unión no consigue más que resultados escasos porque la insuficiencia de las asignaciones financieras hace muy difícil planificar y ejecutar actuaciones de mayor calado, como en el caso de la Garantía Juvenil, que ha demostrado con claridad su valor como política, pero que solo alcanza a aproximadamente el 40 % de la población a la que va dirigida debido a sus modestas asignaciones financieras;

90.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a abstenerse de proponer techos arbitrarios al MFP posterior a 2020 y a que, por el contrario, basen sus propuestas en la consideración de las necesidades y opciones comunes de la Unión y en el valor añadido de esta al actuar a gran escala; subraya que el bajo techo actual de los créditos de pago ha sido un lastre permanente para la credibilidad y la capacidad de actuación de la Unión; destaca la necesidad de una mayor flexibilidad en el MFP posterior a 2020;

91.  Subraya que la política de cohesión es una política de inversión capital importancia para la Unión, que debe completarse, pero no sustituirse, con instrumentos gestionados por el Banco Europeo de Inversiones; recuerda que los instrumentos financieros innovadores solo son adecuados para algunos tipos de proyectos, y que la financiación mediante subvenciones sigue siendo esencial para mantener y desarrollar muchos bienes públicos; insta a la Comisión a que, cuando diseñe el MFP posterior a 2020, ponga las herramientas idóneas allí donde se requieran;

92.  Señala que la incertidumbre sobre la contribución del Reino Unido a las políticas de la Unión en el contexto de la futura relación entre ambas partes constituye un reto para el MFP posterior a 2020, pero también una oportunidad de racionalizar el lado de los ingresos del presupuesto de la Unión para darle una mayor solidez mediante el fortalecimiento de los recursos propios;

93.  Pide a la Comisión que, tras el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión, presente propuestas ambiciosas sobre la base del informe del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios»;

94.  Considera que parte del impuesto sobre sociedades recaudado en la Unión debe convertirse en recurso propio del presupuesto de esta, para reflejar las ventajas de hacer negocios en su extenso mercado interior;

95.  Considera que el presupuesto de la Unión a partir de 2020 debe aportar una importante contribución a la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los gastos; considera, en particular, que el presupuesto de la Unión debe recibir ingresos de un sistema reformado de tributación por las fuentes de gases de efecto invernadero, al tiempo que se deben reforzar las inversiones de la Unión para apoyar la transición a una economía más ecológica;

96.  Considera que, en la medida en que, tras el reforzamiento de los recursos propios de la Unión, sigan siendo necesarias contribuciones nacionales a su presupuesto, dichas contribuciones deben excluirse del cálculo del déficit en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que el presupuesto de la Unión financia principalmente las inversiones en prosperidad para el futuro;

¿Cómo puede cooperar mejor Europa?

97.  Tiene el convencimiento de que un enfoque práctico, dirigido a encontrar soluciones eficaces a las cuestiones prioritarias que preocupan a las personas, puede contribuir considerablemente a aumentar el apoyo público a la integración europea; considera que los logros concretos en las condiciones de vida y de trabajo, el incremento de la inversión, la creación de oportunidades para todos los que se sienten abandonados, la reducción de la elusión fiscal y el encauzamiento de la globalización harán que la Unión sea menos vulnerable a las tentaciones del nacionalismo;

98.  Estima que el Libro Blanco de la Comisión fue útil para comenzar un debate sin resultados prestablecidos y con distintos escenarios para el futuro de Europa; confía, no obstante, en que en el discurso sobre el estado de la Unión se exponga una visión clara de cómo Europa puede cooperar mejor en las cuestiones prioritarias que más preocupan a las personas;

99.  Considera asimismo que, mientras los documentos de la Comisión sobre la dimensión social de Europa, el encauzamiento de la globalización, la profundización de la UEM, el futuro de la defensa europea y el futuro de las finanzas de la Unión han resultado útiles para una reflexión previa, el programa de trabajo de la Comisión para 2018 debe definir actuaciones concretas para avanzar en estos ámbitos y en otros abordados en la presente Resolución;

100.  Insta a los Estados miembros de la UE‑27 a que colaboren entre sí y con las instituciones de la Unión de buen fe, para lograr avances conjuntos; insiste en que la mejor forma de obtener resultados es confiar en las decisiones democráticas adoptadas por mayoría en el marco de los Tratados, y en que, por el contrario, el mejor camino para llegar a la parálisis y el fracaso es ser rehenes de quienes imponen su veto;

101.  Destaca que cooperar mejor en una democracia europea requiere comprenderse mejor los unos a los otros; pide, por tanto, programas de refuerzo que promuevan el diálogo intercultural y los intercambios culturales entre los ciudadanos europeos; apoya las iniciativas que aumenten el conocimiento del patrimonio cultural europeo, en particular, aprovechando todas las oportunidades brindadas por el Año europeo del patrimonio cultural; considera que debe intensificarse aún más el diálogo entre las instituciones europeas y los ciudadanos; estima que, para ello, debe darse más visibilidad y dinamismo a las peticiones de los ciudadanos al Parlamento y la posterior cooperación con la Comisión y los Estados miembros; considera esencial asimismo que el instrumento de la iniciativa ciudadana sea más accesible y más fácil de poner en práctica, para alentar a los ciudadanos a intervenir en la definición de las políticas de la Unión; considera que la información sobre las políticas y la política de la Unión debe ser más accesible y comprensible para los ciudadanos de toda la Unión; pide iniciativas educativas y mediáticas pertinentes para ayudar a los ciudadanos a votar con conocimiento de causa en las elecciones europeas de 2019;

102.  Reitera que el funcionamiento de la Unión puede mejorarse considerablemente sobre la base del Tratado de Lisboa, en especial haciendo pleno uso del procedimiento legislativo ordinario y la votación por mayoría cualificada en el Consejo; recuerda que también se puede recurrir al mecanismo de cooperación reforzada , en particular para profundizar la UEM, para ir más allá en el ámbito de la política exterior y de seguridad común y para lograr una cooperación más sólida en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior;

103.  Destaca que el mecanismo de cooperación reforzada, en el que están incluidos el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia, es muy preferible a las soluciones intergubernamentales al margen del marco jurídico de la Unión; reitera que toda profundización de la integración debe realizarse de modo inclusivo, con una auténtica apertura a la participación posterior de los demás Estados miembros;

104.  Reitera que la capacidad presupuesta de la zona del euro, mediante un MEDE reformado y/o instrumentos integrados en el presupuesto de la Unión, además de los instrumentos al servicio de la UE‑27, debe estar sujeta plenamente al control democrático del Parlamento Europeo; pide, antes de cualquier revisión de los Tratados, la negociación de un acuerdo interinstitucional sobre la gobernanza económica de la zona del euro;

105.  Reitera que debe mejorarse la confianza de los ciudadanos en la toma de decisiones a escala de la Unión mediante una mayor transparencia de las deliberaciones del Consejo y sus órganos preparatorios; pide una vez más que se aumente considerablemente el acceso público a los documentos del Consejo; pide la creación de un sistema legislativo bicameral que sea más fácil de entender por los ciudadanos;

106.  Considera que el MFP posterior a 2020 debe tener una duración de 5+5 años, debe estar vinculado a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y debe reflejar la necesidad de una programación a largo plazo de las inversiones, teniendo en cuenta al mismo tiempo que las elecciones europeas se celebran cada cinco años; estima que las elecciones europeas de 2019 han de otorgar un mandato para las decisiones finales sobre las prioridades en materia de ingresos y gasto del MFP posterior a 2020 y que las elecciones de 2024 han de otorgar un mandato para su revisión intermedia;

107.  Pide medidas que permitan una potente visibilidad a los partidos políticos europeos y sus candidatos principales en todos los Estados miembros en el período anterior a las elecciones europeas de 2019;

108.  Invita a la Comisión a que, junto al Parlamento, apoye y reúna a los movimientos europeos y a las iniciativas de los ciudadanos que reflejen el futuro de Europa;

109.  Invita a la Comisión y al Consejo a entablar un diálogo interinstitucional exhaustivo como preparación de la declaración conjunta sobre las prioridades para 2018 y el Consejo Europeo de diciembre;

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110.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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