Procedimiento : 2017/2699(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0455/2017

Textos presentados :

B8-0455/2017

Debates :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Votaciones :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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30.6.2017
PE605.579v01-00
 
B8-0455/2017

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea

tras una declaración de la Comisión presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea


sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el Programa de Trabajo de la Comisión para 2018 (2017/2699(RSP))


João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marisa Matias en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2018 (2017/2699(RSP))  
B8‑0455/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea(1), en particular su anexo IV,

–  Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento interno,

Otra Europa es posible

A.  Considerando que, tras varios años de crisis económica, social y política, los valores proclamados como la base de la integración de la Unión —democracia y participación, igualdad y justicia social, solidaridad y sostenibilidad, respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos— se han visto, y se siguen viendo, menoscabados;

B.  Considerando que las políticas neoliberales y orientadas hacia la austeridad impuestas por la Unión a través del marco de gobernanza económica han acentuado las desigualdades socioeconómicas en el seno de los Estados miembros y entre sí, y han aumentado el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social; que la desregulación del mercado laboral y los sistemas de tributación regresiva han contribuido a la transferencia de riqueza de los trabajadores a los grandes capitalistas y han exacerbado la desigualdad en los ingresos y la riqueza;

C.  Considerando que la carga masivamente desproporcionada de la deuda es una consecuencia de las políticas y la naturaleza asimétrica del proceso de integración, del que algunos miembros se benefician mientras que otros se han visto empujados a una grave depresión económica; que la carga de la deuda ha sido utilizada como pretexto para imponer la austeridad, que a su vez ha ahondado la recesión y ha menoscabado la función social de los Estados y los derechos de los trabajadores y de los pueblos, y, en consecuencia, ha conducido a un aumento del desempleo y la pobreza, importantes recortes salariales, un aumento de la edad de jubilación y una reducción del gasto en áreas como la educación, la cultura y la salud;

D.  Considerando que esta situación ha resultado en que los ciudadanos cuestionasen las políticas neoliberales aplicadas por gobiernos consistentes en partidos políticos de la «gran coalición» y que no podían responder a los desafíos apremiantes de nuestras sociedades; que los ciudadanos están insistiendo en cambiar profundamente nuestras políticas y estructuras políticas.

E.  Considerando que el desarrollo económico y la carga de la deuda extremadamente desiguales, la elevada tasa de desempleo, la reducción de derechos sociales y laborales y el aumento de las desigualdades socioeconómicas exigen una ruptura con las políticas actualmente perseguidas por la Unión y un cambio hacia políticas a escala nacional y de la Unión que refuercen la labor de los Estados miembros para crear prosperidad para todos y un reparto equitativo de la riqueza, un crecimiento económico sostenible, el pleno empleo, la seguridad en el empleo y la protección social, la prestación de servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, el bienestar medioambiental basado en un entorno natural saludable, la inversión en educación e infraestructura, una vida digna para las personas mayores, y vivienda, energía y comunicación asequibles; que son necesarias políticas holísticas para combatir la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en las rentas, en particular mediante políticas redistributivas e inversión pública que genere empleo, tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros;

F.  Considerando que el marco de gobernanza económica ha retirado decisiones políticas de Gobiernos y Parlamentos nacionales democráticamente elegidos, evitando el control democrático por parte de los pueblos de Europa e imponiendo la austeridad institucionalizada; que la oposición creciente contra este tipo de integración europea refleja la necesidad urgente de un proceso de integración diferente, que persiga el progreso social y democrático en la Unión, soluciones justas y pacíficas a los desafíos internacionales y el diálogo cultural a escala mundial y se base firmemente en la cooperación entre países con iguales derechos;

G.  Considerando que los sistemas fiscales están diseñados para favorecer al gran capital en lugar de a la clase trabajadora y a las personas; que las medidas de estricta disciplina presupuestaria, junto con las grandes pérdidas de ingresos públicos provocadas por la evasión y la elusión fiscales, suponen una presión añadida a los presupuestos de los Estados miembros y perjudican los intereses de los pueblos y de los trabajadores; que la política fiscal sigue siendo competencia de los Estados miembros; y que los acuerdos secretos en materia fiscal, el fraude y la evasión fiscales a escala mundial y la transferencia de beneficios a paraísos fiscales siguen estando autorizados y no se abordan adecuadamente en el marco jurídico;

H.  Considerando que las decisiones de la Unión en materia presupuestaria no reflejan las prioridades necesarias para estimular un crecimiento sostenible, cualitativo y socialmente equilibrado y que tampoco tienen en cuenta la importancia de la solidaridad y de la cohesión económica y social entre los Estados miembros;

I.  Considerando que la situación internacional está marcada por guerras en curso, rivalidades geopolíticas y conflictos violentos, así como por una escalada de las políticas de interferencia y desestabilización de los países soberanos y por una peligrosa carrera armamentística dirigida por las principales potencias de la OTAN; que los ciudadanos rechazan la participación de Europa en guerras y cualquier rivalidad geopolítica; y que son fundamentales el compromiso con el multilateralismo y la cooperación en el marco del Derecho internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el respeto de la soberanía;

J.  Considerando que la Unión sigue enfrentándose a la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial; que la Unión y determinados Estados miembros son directamente responsables de las causas de la migración y/o el desplazamiento forzado, que hacen que las personas huyan de sus casas como consecuencia de las guerras, el cambio climático, las desigualdades y la interferencia indebida en Oriente Medio y el norte de África a través de intervenciones militares, que alimentan los conflictos regionales y sirven los intereses geopolíticos estratégicos de la Unión, los EE. UU. y la OTAN; y que la Unión está claramente incumpliendo sus obligaciones, también con arreglo al Derecho internacional;

K.  Considerando que diversas políticas de la Unión y de los Estados miembros han sentado las premisas para la xenofobia, el racismo, las políticas y la ideología de extrema derecha, así como para el desarrollo de partidos y movimientos radicales xenófobos y racistas, ya que consolidan la discriminación por razones de nacionalidad en el trato de los trabajadores, los refugiados y los migrantes; y que las violaciones de los derechos humanos también ocurren dentro de la Unión, lo cual contribuye a potenciar estas fuerzas;

L.  Considerando que el déficit democrático se ha acentuado como resultado de las decisiones políticas de la Unión y que muchos ciudadanos no se sienten representados por las instituciones; y que esto constituye un problema enorme, que solo se puede abordar a través de una mayor transparencia y apertura y de la defensa de los valores de los derechos humanos y la democracia, incluidos una mayor participación de los ciudadanos, la paz, la tolerancia, el progreso, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos;

M.  Considerando que la crisis en relación con el clima sigue constituyendo una amenaza para la estabilidad, la salud y las condiciones de vida de las sociedades de todo el mundo, así como para el bienestar animal y la biodiversidad; y que los compromisos adoptados en la COP21, aunque aparentemente ambiciosos, deberían reforzarse en la dirección correcta;

N.  Considerando que la voluntad soberana de los pueblos de decidir su propia senda de desarrollo en cada uno de los Estados miembros debería ser defendida como un derecho absoluto;

Defensa y promoción de los derechos laborales y sociales

1.  Critica enérgicamente que la propuesta de un pilar social europeo según lo formuló la Comisión es meramente un manual de etiqueta social que no traerá el cambio de paradigma que la Unión necesita con carácter urgente para revertir la crisis humana, social y económica causada por el neoliberalismo y por las políticas de austeridad y desregulación; hace hincapié en que la seguridad social universal obligatoria y los contratos laborales seguros indefinidos deben ser indiscutiblemente el modelo legal que buscamos para la Europa del futuro, en contraste con los escenarios de flexibilidad establecidos en el documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa; afirma que deberían concederse políticas sociales sustanciales para todas las personas que viven en la Unión, incluidos derechos sociales mínimos a escala de la Unión que tengan clara preferencia sobre otros objetivos políticos, sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros a aplicar normas más exigentes; el futuro de Europa que pedimos pondrá fin al marco de austeridad y competitividad, la liberalización y la desregulación del mercado laboral y priorizará los derechos sociales y laborales más sólidos posibles a escala de la Unión y de los Estados miembros, incluido el derecho a una renta universal mínima contra la pobreza, el derecho a la huelga y el derecho a salarios altos basados en convenios colectivos sectoriales para todos los trabajadores; como primer paso en esta dirección, pedimos un protocolo de progreso social para establecer la superioridad de los derechos sociales sobre cualquier norma de mercado interno o fiscal;

2.  Considera que la Carta Social Europea revisada debería constituir la base para un conjunto común de derechos y normas sociales mínimos, y espera un compromiso para la adhesión de la Unión a la Carta, reforzando la convergencia social y económica y la cohesión entre los pueblos y los territorios, al tiempo que garantiza que los Estados miembros tienen un derecho inalienable a aplicar derechos y normas más exigentes;

3.  Insta a aplicar propuestas concretas para garantizar y promover el derecho al convenio colectivo como instrumento clave para salvaguardar y mejorar los derechos, así como un compromiso para reforzar el principio de la igualdad de retribución para un mismo trabajo en un mismo lugar para todos los trabajadores, y, vinculado a esto, a reconocer todos los acuerdos colectivos, también en relación con trabajadores desplazados; lamenta profundamente cualquier tentativa de menoscabar las acciones colectivas, incluidos el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga;

4.  Pide a la Comisión que promueva la reducción y la regulación del horario de trabajo, aumente los salarios y luche contra el dumping social con vistas a poner fin al empleo precario y fraudulento, la desregulación del horario de trabajo, la ampliación del sector en el que el nivel de salarios es bajo, la competición sobre salarios bajos, la discriminación y el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, y para proteger a los trabajadores de la autoexplotación en las nuevas formas de trabajo, incluidos el trabajo digital, el derecho de desconexión y el trabajo colaborativo;

5.  Lamenta profundamente las propuestas de la Comisión relativas al sector del transporte, ya que no garantizan unos niveles elevados de seguridad y de condiciones laborales y pretenden diluir los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga,

6.  Insta a la Comisión a rechazar y abandonar el modelo de «flexiguridad» y a promover políticas que creen empleos de calidad y seguros, que garanticen a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores móviles y desplazados, salarios dignos ahora y en el futuro en términos de ahorros, competencias y pensiones, así como el acceso a una protección social exhaustiva; reafirma la necesidad de solidaridad universal basada en la seguridad social y rechaza la privatización y el declive de la protección, tanto en la disminución de las transferencias sociales como en el aumento de la edad de jubilación;

7.  Insta a la Comisión a que sitúe la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en el centro de sus políticas; reitera su petición a la Comisión de un compromiso por un modelo económico que se centre en la creación de empleo con derechos en lugar de en acumular riqueza para los accionistas, y de un compromiso por reforzar los servicios públicos en lugar de privatizarlos, lo cual transfiere riqueza del sector público al privado y debilita los derechos de los trabajadores; subraya que se necesitan medidas adicionales, tales como dos iniciativas: en primer lugar, un plan de inversión social que promueva y apoye el acceso gratuito y en igualdad de condiciones a servicios públicos de calidad en los Estados miembros, incluido el acceso a la justicia, la educación, la atención sanitaria, la vivienda digna y el cuidado de los niños y las personas mayores, y, en segundo lugar, una estrategia integrada contra la pobreza que incluya la creación de un programa de renta mínima a escala de los Estados miembros, con un nivel de referencia mínimo del 60 %, como un paso importante hacia la erradicación de la pobreza;

8.  Defiende el derecho a la movilidad, pero insiste en que no puede sustituir a la creación de empleo en el lugar donde viven las personas, y rechaza el modelo de la Comisión, que enfrenta a los trabajadores entre ellos; destaca este punto, dada la creciente digitalización de los modelos productivos, que no debería conducir al desempleo y la precariedad, sino a una reducción de las horas de trabajo al tiempo que se aumentan los salarios y se salvaguardan las condiciones laborales; opina que la digitalización plantea un importante desafío para la sociedad en términos de transición entre profesiones que desaparecen y nuevos modelos de producción, y en lo que respecta a garantizar los derechos laborales y sociales en nuevos empleos y formas de organización laboral; insta a la Comisión a que se centre en apoyar la movilidad justa al tiempo que se centra en la creación y la transición de empleo en todos los Estados miembros, en particular en las regiones con una tasa de desempleo elevada, y adapta su apoyo a las necesidades específicas de los Estados miembros; subraya, a este respecto, que todos los trabajadores, dentro y fuera del mercado laboral, deberían tener acceso a programas de formación y aprendizaje continuos a lo largo de toda su vida laboral y que estos deberían estar financiados por los empresarios y los Estados miembros;

9.  Pide a la Comisión, en el contexto del debate y las recomendaciones sobre el marco de insolvencia nacional, que garantice la participación y la información de los trabajadores y los sindicatos en todas las fases del procedimiento, y que evite el uso táctico de procedimientos de insolvencia para reducir las condiciones laborales; pide, además, a la Comisión que facilite que los trabajadores puedan adquirir empresas que se enfrentan a procedimientos de insolvencia, con el fin de mantener la actividad económica y minimizar las pérdidas de puestos de trabajo;

10.  Considera que todos los programas de acción de la Unión en materia de cultura y educación deberían tener sistemáticamente una dimensión de inclusión social, promover políticas de educación pública de calidad y contribuir al pleno acceso a la cultura y el entretenimiento para todos; pide a la Comisión y a los Estados miembros, por consiguiente, que excluyan los gastos relacionados con la educación y la cultura del cálculo del déficit público dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta que sea derogado y sustituido por un Pacto de Empleo y Crecimiento;

11.  Destaca la importancia de iniciativas políticas que promuevan los derechos de la mujer y la igualdad de género; toma nota del paquete relativo a la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, que incluye propuestas de normas nuevas o más exigentes para los permisos parental, de paternidad y de asistencia a la familia; insiste, sin embargo, en que las iniciativas respondan a la posición del Parlamento relativa a la Directiva sobre el permiso de maternidad mediante el aumento del período mínimo garantizado de permiso de maternidad con retribución completa de 14 a 20 semanas y el establecimiento de un derecho obligatorio a un permiso de paternidad pagado; celebra la propuesta de que el permiso parental se convierta en un derecho individual para los padres; opina que es necesario tomar medidas específicas en todos los Estados miembros para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar para los hombres y las mujeres y aumentar la duración del permiso parental con retribución completa, pasando en última instancia a un sistema más equitativo de permisos parentales;

12.  Pide a la Comisión que presente, en colaboración con los Estados miembros, una propuesta para una estrategia integral de la Unión en materia de violencia contra las mujeres y las niñas que aborde todas las diferentes formas de violencia; celebra los esfuerzos que realiza actualmente la Comisión por que la Unión se adhiera al Convenio de Estambul; recuerda a la Unión la necesidad urgente de que adopte y aplique un nueva estrategia de la Unión para la lucha contra la trata de seres humanos con una perspectiva de igualdad de género más marcada, y centrada en particular en reducir la demanda y establecer un sistema de castigo para los clientes y los autores;

Políticas económicas progresistas

13.  Pide a la Comisión Europea que ponga fin a la política de austeridad de la Unión; considera que debería derogarse el Tratado de Estabilidad Presupuestaria, el Pacto Presupuestario y el Semestre Europeo, así como los consejos de competencia nacional y las autoridades fiscales independientes, dado que están caracterizados por un déficit democrático y social, y no solo constituyen una camisa de fuerza económica que tiene graves efectos adversos en la inversión, el crecimiento, la cohesión regional y la creación de empleo y han aumentado drásticamente la desigualdad en el seno de los Estados miembros y entre sí, sino que además menoscaban el derecho de los Estados miembros a definir sus objetivos presupuestarios y de política pública;

14.  Rechaza, por tanto, firmemente el informe de los cinco presidentes y el libro blanco y el documento de reflexión de la Comisión sobre ahondar en la Unión Económica y Monetaria (UEM), dado que no ofrecen una solución alternativa a la narrativa de la austeridad, sino que en su lugar recomiendan profundizar en las políticas existentes, aumentar la competitividad y la convergencia estructural e imponer políticas fiscales y austeridad estrictas;

15.  Destaca la necesidad de reemplazar estas políticas con un Pacto de Empleo y Crecimiento que comprenda un nuevo conjunto de políticas económicas, sociales y medioambientales a favor de los pueblos y los trabajadores, y promueva en particular un crecimiento sostenible e integrador, un empleo de calidad y seguro y la cohesión social y regional; subraya que, en este nuevo marco de cooperación, los Estados miembros deben recobrar la capacidad de decisión sobre las políticas económicas que mejor abordan sus necesidades respectivas, mientras que, a escala de Unión, el proceso de toma de decisiones debe garantizar una rendición de cuentas y una transparencia democráticas que incluyan al Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y el pleno respeto de las decisiones tomadas a nivel de los Estados miembros, que deberían reflejar un diálogo global con todas las partes interesadas; insta a la Comisión a que lance un debate entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión acerca de cómo alcanzar este objetivo;

16.  Opina que, en caso de que cualquier Estado miembro decidiese salir del euro porque su calidad de miembros se ha vuelto insostenible e insoportable, se debería respetar plenamente esta decisión y allanar el camino para una salida negociada y organizada de una manera justa y libre de presiones, sanciones o chantaje, dentro de un marco de un programa integral de apoyo; considera que dicho programa debería prever la posibilidad de una compensación adecuada sobre la base de una determinación del daño social y económico causado;

17.  Insta a la Comisión a que establezca un plan de emergencia en apoyo de las economías de aquellos de países que han padecido la intervención de la troika;

18.  Destaca el hecho de que el nivel de deuda en varios países de la Unión sigue estando entre los más elevados del mundo; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que inicien y apoyen un proceso de renegociación de la deuda pública (en lo relativo a su importe, vencimiento y tipos de interés) y la anulación de sus componentes especulativos e ilícitos en los países más endeudados, con el fin de hacer el servicio de la deuda compatible con el desarrollo económico y social; observa que, sin la reducción de la deuda, la recuperación económica de los Estados miembros es imposible;

19.  Insta a la Comisión a que evalúe y debata con carácter urgente el proceso de unión bancaria, que hasta la fecha ha protegido los intereses de los bancos y no de los depositantes, comportándose de manera no democrática y desequilibrada; considera que la unión bancaria ha debilitado ulteriormente la capacidad de los Estados miembros de controlar su sistema bancario y también ha promovido y provocado varias fusiones y adquisiciones en el sector bancario de diferentes Estados miembros; considera, por lo tanto, que la unión bancaria ha estado funcionando como una herramienta política para forzar un proceso de centralización y concentración de capitales; considera, de hecho, que el establecimiento de un oligopolio bancario paneuropeo es uno de los mayores logros y consecuencias de la unión bancaria, que no ofrece una solución al problema «demasiado grande para quebrar», sino que lo magnifica, no sirve los intereses de la población y está muy lejos de abordar de manera eficaz la seguridad de los depositantes; opina, por tanto, que no existe ninguna alternativa a la derogación de la unión bancaria y la promoción del control y la descentralización públicos del sector bancario y financiero, de manera no solo a ofrecer una solución al problema «demasiado grande para quebrar» y la seguridad de los depositantes, sino también para tener un sistema bancario que exista para servir los intereses de los pueblos y las necesidades de desarrollo de los países; insiste en la necesidad urgente de tomar iniciativas y proteger a los depositantes de renta baja y media del pueblo de Europa contra futuras crisis del sistema;

20.  Destaca que la desregulación y la liberalización de los mercados de capitales plantean graves problemas a las economías de los Estados miembros, en particular en relación con su estabilidad; opina que la Unión de Mercados de Capitales, al exacerbar el nivel de financierización de las economías de los Estados miembros, solo sirve los intereses de los capitalistas financieros y aumenta fuertemente la probabilidad de una nueva crisis financiera; pide la detención inmediata del proceso de establecimiento de una Unión de Mercados de Capitales y reitera la necesidad de separar la banca de inversión de la banca minorista para evitar el contagio industrial y la concentración industrial;

21.  Insiste en que la Comisión y los Estados miembros muestren una auténtica determinación política al gravar los poseedores reales de riqueza; lamenta la respuesta insuficiente de la Unión a los escándalos fiscales; defiende la obligación de hacer públicos las resoluciones fiscales, la información país por país y los registros de propiedad efectiva con el fin de garantizar la trasparencia y la supervisión; defiende el fin de los paraísos fiscales extraterritoriales y de otro tipo dentro y fuera de la Unión y la regulación efectiva de los motores y los promotores de sistemas fiscales extraterritoriales, la defensa de la cooperación para levantar el secreto bancario a efectos fiscales, la promoción de medidas de cooperación para evitar y combatir contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal y el castigo de las transacciones especulativas mediante medidas de política fiscal y garantizando que los beneficios se gravan donde se desarrollan las actividades económicas, donde los empleados trabajan realmente y donde se crea valor; pide la celebración de una cumbre internacional con arreglo al marco de las Naciones Unidas con vistas a definir una hoja de ruta y un plan de acción conjunto para poner fin a los paraísos fiscales y el dumping fiscal;

Recuperación de las economías de los Estados miembros mediante la inversión pública y el crecimiento sostenible

22.  Subraya que, además de un marco de cooperación justo y democrático y un auténtico pilar de los derechos sociales, la Unión necesita un desarrollo económico holístico y equitativo que tenga en cuenta los intereses de la población y las necesidades y particularidades de cada Estado miembro; pide a la Comisión que lance un plan público de inversión que persiga verdaderamente el pleno empleo y una economía sostenible y energéticamente eficiente con un bajo nivel de emisiones de carbono, dirigido especialmente a los países y regiones con niveles elevados de desempleo y pobreza, así como los sectores productivos que son vitales para las estrategias de desarrollo de cada país; pide la promoción de los proyectos públicos y el apoyo a los gobiernos locales, las pymes, las cooperativas y las actividades no lucrativas impulsando su productividad, mitigando el impacto de las posiciones de mercado dominantes ocupadas por grandes empresas y garantizando un desarrollo económico y una cohesión social sólidos en la Unión; pide, asimismo, que se refuercen y orienten los fondos de la Comisión en este sentido;

23.  Destaca que, además del plan de inversión, la política de cohesión debería constituir una expresión visible, tangible y cuantificable de la solidaridad y la equidad europeas; subraya la necesidad urgente de una verdadera política de cohesión con fondos estructurales considerablemente aumentados, la cual persiga los objetivos principales de reducir las desigualdades entre las regiones, con especial hincapié en las regiones ultraperiféricas más pobres, y que se dirija a los Estados miembros que padecen subdesarrollo, altas tasas de desempleo o se enfrentan a un desastre natural o una crisis humanitaria, e incluya asistencia en forma de recursos humanos y asistencia técnica en lo que se refiere a la migración y las catástrofes naturales; insta, por lo tanto, a la Comisión a defender una política de cohesión sólida para después de 2020 basada en subvenciones y los objetivos principales de cohesión medioambiental, social, económica y territorial consagrados en los Tratados, tanto con una dimensión urbana como rural, y con un fuerte enfoque en la cooperación territorial europea, promoviendo una convergencia real y un crecimiento económico y del empleo sostenible; rechaza firmemente subordinar la política de cohesión a la gobernanza económica, las reformas estructurales y las condiciones macroeconómicas de la Unión, ya que la política de cohesión no debería utilizarse como un instrumento de castigo financiero en caso de que un Estado miembro o una región rechace las políticas de desregulación y de privatización,

24.  Destaca la importancia, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, en particular los terremotos en Italia y Grecia y los incendios en Portugal y España, que han tenido un impacto dramático y sustancial para la vida humana en regiones particularmente necesitadas, del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para responder a importantes desastres naturales, y toma nota de la propuesta de aumento en créditos de compromiso y de pago para el FSUE; pide a la Comisión que aumente ulteriormente este fondo y adapte las normas para movilizarlo, permitiendo una movilización más flexible y oportuna que cubra una espectro más amplio de desastres con impactos significativos y reduzca el tiempo transcurrido entre la aparición del desastre y la disponibilidad de fondos;

25.  Afirma que solo se puede hacer frente a los desafíos sociales, económicos, climáticos y políticos mediante una ruptura con las políticas neoliberales del pasado y la reorientación hacia el progreso social, la convergencia económica, la cohesión y el desarrollo sostenible; pide firmemente que se ponga fin al principio de competencia, así como al principio de economía de mercado, y se allane el camino a una Europa basada en el principio de solidaridad y de cooperación mutuamente ventajosa;

26.  Espera que la estrategia de desarrollo económico incluya una estrategia industrial inclusiva que refuerce y desarrolle una base industrial diversificada en todos los Estados miembros y regiones que tenga en cuenta sus especificidades regionales; hace hincapié en el papel central de los Estados y de la inversión pública en una estrategia de reindustrialización que debería comprender sectores estratégicos y tener por objetos principales el crecimiento del empleo y la sostenibilidad social y medioambiental; pide a la Comisión que aborde el problema de la deslocalización de la producción industrial en las cadenas de valor mundiales, y que presente una propuesta por la que se prohíba que la Unión financie la deslocalización de la producción a terceros países, con el fin de preservar los puestos de trabajo en el sector industrial de los Estados miembros;

27.  Recuerda el papel fundamental de la investigación pública como contrapeso a las tendencias orientadas al mercado; destaca la necesidad de utilizar los fondos de investigación de la Unión como herramientas para aumentar la cohesión territorial en la Unión evitando la concentración de financiación de investigación en unos pocos países, universidades, centros de investigación y empresas; hace hincapié en la importancia de reforzar la inversión pública y la regulación pública de los servicios digitales con el fin de superar la brecha digital, y destaca la necesidad de evitar la concentración de contenido digital en unos pocos distribuidores; apoya las normas abiertas en el sector digital y la ciencia abierta, con el fin de que la innovación beneficie a todos; pide que se haga público todo el conocimiento científico desarrollado con financiación directa o indirecta de la Unión;

28.  Rechaza el mercado interior de la energía de la Unión y el establecimiento de una Unión Europea de la Energía, que conducirá a una mayor liberalización y monopolización; aboga por el control público de este sector estratégico, dado que la propiedad y la gestión públicas de la producción y la distribución de la energía es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad medioambiental y social; reitera que la energía es un bien público y que el acceso a la energía debería ser un derecho social básico; lamenta que la Comisión no haya prestado atención a este aspecto en ninguna propuesta, incluido el paquete «Energía limpia para todos los europeos»; espera, a este respecto, que la Comisión cree un Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y prepare un plan de acción concreto sobre cómo hacer frente a la pobreza energética;

29.  Pide una política pesquera común (PPC) descentralizada, que promueva la modernización y el desarrollo sostenible del sector pesquero, garantizando su viabilidad socioeconómica, la sostenibilidad de los recursos, el mantenimiento y la creación de empleos y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector de la pesca; reafirma la necesidad de que la PPC reconozca las características específicas de la pesca de pequeña escala y costera, y de que los instrumentos actuales se adecúen a las necesidades del sector; pide medidas para garantizar la soberanía nacional de los Estados miembros sobre las zonas económicas exclusivas y sus recursos pesqueros;

30.  Considera que treinta años de política agrícola común (PAC) han causado estragos en el sector agrícola de los Estados miembros, contribuyendo a la crisis de este sector; pide un enfoque renovado en uno de los principios fundadores de la PAC: «garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola» para combatir una mayor concentración de la producción y la disminución de los pequeños agricultores, así como el aumento de las asimetrías regionales y la dependencia externa de bienes extranjeros, lo cual favorece a las economías más importantes de la Unión y las grandes empresas agrícolas; lamenta que este fenómeno esté poniendo en riesgo patrimonios agrícolas y rurales de importancia mundial, mientras que las grandes empresas agrícolas expanden sus márgenes e imponen su modelo de un sistema global de alimentación, con efectos medioambientales destructivos; hace hincapié en el papel central de los agricultores en la política agrícola y alimentaria; se opone firmemente al dominio del mercado y la fijación de precios injustos por parte de las grandes empresas agrícolas, en detrimento de la seguridad, la calidad y la soberanía alimentarias, la salud de los seres humanos y los animales, el bienestar animal y el medio ambiente; hace hincapié en la importancia de facilitar el acceso a la tierra para luchar contra la desigualdad en las economías rurales y facilitar el relevo generacional en el sector agrícola;

31.  Pide a la Comisión, en víspera de la próxima reforma de la PAC, que cambie la actual PAC, dominada por la agricultura intensiva y los monocultivos de extracción, hacia una política agrícola y alimentaria sostenible, teniendo en cuenta los distintos problemas y desafíos económicos, sociales, medioambientales, nutricionales y de salud;

32.  Pide a la Comisión que ponga en práctica medidas para aumentar la visibilidad y mejorar el papel de las mujeres en el sector agrícola; insta a la Comisión a dar prioridad a la protección y el acceso a la tierra agrícola; condena enérgicamente el acaparamiento de tierras y exige a la Comisión y los Estados miembros que actúen con rapidez; reafirma que el agua es un derecho universal que debe estar garantizado para todo el mundo y que no debe ser objeto de privatización;

33.  Pide a la Comisión que prohíba cualquier forma de patente sobre las semillas, con objeto de proteger a los agricultores frente a la presión y el poder de las multinacionales que producen semillas, y que proteja las variedades locales, así como nuestro patrimonio genético y cultural; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, prohíba la autorización, el cultivo y la comercialización de OMG, y que tome medidas para frenar el uso generalizado de plaguicidas;

34.  Insta a la Comisión a que lleve a la práctica sin dilación los puntos pendientes de la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015; pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia ambiciosa para la protección y el bienestar de los animales y la biodiversidad para el período 20162020, con vistas a superar las deficiencias y lagunas actuales, crear unas condiciones de competencia equitativas y mejorar el bienestar de los animales y la protección de la biodiversidad en toda la Unión;

Políticas medioambientales para un futuro sostenible – la lucha contra el cambio climático

35.  Destaca la necesidad urgente de luchar contra la crisis del clima; celebra el reconocimiento por parte de la COP21 de que un sistema de producción que consume mucha energía y la explotación de los combustibles fósiles precipita la crisis del clima; subraya que la solución al cambio climático es que todos los países afectados se comprometan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en función de su responsabilidad histórica; opina firmemente que el destino del planeta no puede depender de instrumentos basados en el mercado, sino que requiere una ruptura con el modelo de crecimiento capitalistas y un cambio radical en los métodos de producción, distribución y consumo; lamenta, por lo tanto, que los compromisos de la COP21 no garanticen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero , que se consideran necesarios para garantizar que el aumento en la temperatura media no supere los 2 ºC, y que el acuerdo reforzase los mecanismos basados en el mercado;

36.  Lamenta la falta de ambición en lo que se refiere a objetivos vinculantes que ha manifestado hasta ahora la Comisión; lamenta que las políticas en materia de cambio climático insistan en un enfoque de mercado que ha demostrado claramente su ineficacia y su perversidad (mercado del carbono, instrumentos de flexibilidad, etc.); pide un cambio fundamental de un enfoque de mercado a un enfoque normativo, en línea con el principio de la responsabilidad común pero diferenciada; pide a la Comisión y los Estados miembros que no se limiten al marco del Acuerdo de París; opina firmemente que la Unión debe aumentar sus acciones y dar prioridad al clima y el medio ambiente; pide, por lo tanto, a la Comisión y los Estados miembros que integren una política en materia de cambio climático y normas medioambientales estrictas en todas las políticas pertinentes; insta a la Comisión y los Estados miembros a que garanticen la aplicación de los compromisos de París y de los objetivos adicionales, a pesar de todas sus deficiencias y contradicciones;

37.  Pide específicamente a la Comisión que proponga criterios de sostenibilidad para los productos industriales y que integre plenamente la «economía circular» en todas las políticas pertinentes, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los productos; destaca asimismo la necesidad de aplicar plenamente las medidas contempladas en la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos», incluida la supresión gradual de las subvenciones que tienen efectos negativos para el medio ambiente; opina que la adopción de un enfoque de mercado respecto de la economía circular tiene consecuencias peligrosas para el interés público, y que es preciso que los Estados miembros y las políticas públicas se sometan a una rendición de cuentas estricta;

38.  Opina que la transición energética debería producir un sistema energético más eficiente, transparente, sostenible, descentralizado, democrático y basado en energías renovables que beneficie a la sociedad en su conjunto; reitera la petición del Parlamento de objetivos vinculantes de un índice del 30 % de consumo de energía renovable, que debería revisarse al alza al 45 % de conformidad con el actual Acuerdo de París, y un 40 % de ahorro energético antes de 2030; pide a la Comisión que proponga criterios de sostenibilidad vinculantes para la energía y la biomasa;

39.  Pide que se salvaguarde la biodiversidad en medios marítimos, garantizando condiciones favorables para que se recompongan las poblaciones de peces mediante la aplicación de prácticas adecuadas de gestión sostenible; aboga por los objetivos de desarrollo sostenible de conservar al menos 10 % de las zonas costeras y marinas, de conformidad con el Derecho nacional e internacional y sobre la base de los mejores datos científicos disponibles, y la primacía de la pesca artesanal y a pequeña escala en el acceso a los recursos; aboga, en este sentido, por la creación de zonas sin pesca en áreas en las que las poblaciones de peces y la biodiversidad estén amenazadas; destaca, asimismo, la necesidad de aplicar estrategias eficaces de prevención y mitigación del cambio climático en toda la Unión con el fin de proteger las tierras agrícolas a largo plazo, también poniendo fin a la agricultura intensiva y la sobreproducción;

40.  Subraya la necesidad de eliminar el carbono de todo el sector del transporte; lamenta profundamente que la propuesta de la Comisión de un paquete sobre movilidad del transporte liberalice ulteriormente el sector en detrimento del medio ambiente y los trabajadores; pide a la Comisión que formule una nueva propuesta, basada en la necesidad de los Estados miembros de garantizar la cohesión territorial, que promueva el transporte público, las soluciones de movilidad compartida, la marcha y la bicicleta, en particular en zonas urbanas, y que reduzca las emisiones de coches, furgonetas, vehículos pesados, aviones, trenes y barcos;

41.  Defiende un aumento en la asignación de los fondos a las políticas de conservación del medio ambiente; pide un aumento sustancial en el programa LIFE por un mínimo del 1 % del presupuesto de la Unión; rechaza la debilitación de la legislación en materia de protección de hábitats y especies silvestres amenazadas; aboga por la creación de un instrumento financiero específico dedicado a la financiación de la red Natura 2000 y la adopción de medidas coherentes de preservación de sus valores;

42.  Pide a la Comisión que cumpla de manera coherente el principio de precaución, cancele las propuestas de más excepciones al uso de sustancias químicas, plaguicidas nocivos y alteradores endocrinos y se contenga de presentar nuevas propuestas en este sentido, reduzca la exposición a las sustancias químicas por medio del agua, el suelo, el aire y los alimentos, que tienen un impacto negativo en la salud de los seres humanos y los animales y en el medio ambiente mundial, y presente propuestas legislativas encaminadas a reducir dicha exposición;

43.  Pide que se refuerce el enfoque de la Unión en materia de prevención de catástrofes, con la creación de un marco financiero adecuado para la prevención que pueda movilizarse en acciones para corregir situaciones que impliquen riesgos;

Mercado único y comercio internacional

44.  Considera que el mercado único, en sus múltiples dimensiones sectoriales, ha acentuado la erosión de los instrumentos de regulación soberana de la economía, el dominio económico y las divergencias y asimetrías en cuestión de desarrollo, y ha fomentado la elusión y la evasión fiscales, la transferencia de beneficios a paraísos fiscales, la privatización, la desregulación de las relaciones comerciales y la concentración del capital; opina que, mediante el mercado único y en nombre de la competitividad, la Unión ha respaldado y promovido los ataques a los derechos de los trabajadores, lo que ha conducido a desigualdades sociales, a la desregulación laboral, a la devaluación salarial y a la creciente precariedad del empleo, al tiempo que se han rechazado o bloqueado políticas fiscales más justas y redistributivas; señala que, contrariamente a lo que se afirma sistemáticamente, el mercado único ha dado lugar a un aumento de los costes para los consumidores y a la degradación de los servicios prestados;

45.  Hace hincapié en que cada país debe tener derecho a definir las políticas comerciales y celebrar los acuerdos comerciales que más se ajusten a sus intereses, características y necesidades económicas, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de complementariedad con terceros países;

46.  Toma nota de la propuesta revisada de la Directiva sobre servicios de comunicación audiovisual; lamenta, sin embargo, que no aborde suficientemente las amenazas al pluralismo de los medios de comunicación ni a los usuarios vulnerables, en particular los menores, en relación con comunicaciones comerciales peligrosas, emplazamiento de productos y contenidos ilegales en las plataformas de intercambio de vídeos y las redes sociales; pide, a este fin, a la Comisión que revise la Directiva sobre el comercio electrónico y se centre más en cambios democráticos y culturales en su trabajo actual y futuro sobre la estrategia sobre el Mercado Único Digital; recuerda que la digitalización afecta fundamentalmente a la educación, el conocimiento, la investigación, los medios de comunicación y los conocimientos de internet, y, por lo tanto, requiere una mayor responsabilidad política y una estrategia digital europea adaptada a la sociedad y las necesidades de los usuarios;

47.  Pide a la Comisión y los Estados miembros que garanticen que todas las acciones y los programas de la Unión en materia de cultura, educación y ciudadanía incluyen sistemáticamente una dimensión social inclusiva, en particular en lo relativo a los grupos desfavorecidos; pide a la Comisión que facilite el pleno acceso a la cultura y la creación para todos y que promueva las empresas culturales y creativas, en especial la producción cultural a pequeña escala;

48.  Afirma que cualquier propuesta legislativa que interfiera en cierto modo en los derechos y la remuneración de los trabajadores de los sectores cultural y creativo debe garantizar un pago justo y digno a sus autores, artistas, productores y técnicos; pide, además, a los Estados miembros que trabajen conjuntamente con los sindicatos de los trabajadores de los sectores cultural y creativo, las entidades financiadas y los organismos públicos con el fin de desarrollar y aplicar medidas concretas para erradicar la precariedad laboral en este sector;

49.  Subraya, además, la importancia de que se aumente la financiación y se eliminen los obstáculos, incluidos los obstáculos económicos, para los solicitantes de programas educativos tales como Erasmus+ y Europa Creativa, en particular para los estudiantes con ingresos más bajos, las personas con discapacidades, los alumnos de regiones remotas y los participantes afectados por el brexit; lamenta la sustitución de los sistemas de subvenciones por el Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes y pide a la Comisión que revoque esta propuesta;

50.  Se opone al enfoque de política comercial de liberalización, desregulación y privatización impulsado por la Comisión con muchos socios en todo el mundo, el cual compromete la soberanía de los Estados miembros y sirve los intereses geopolíticos de los países más ricos y las empresas multinacionales de controlar y explotar activos de terceros países, aumentar las asimetrías intra e interregionales y perpetuar las dependencias de los países menos desarrollados (dentro y fuera de la Unión); insiste en que se establezcan relaciones comerciales con Estados o socos que respeten los derechos de los trabajadores y las características medioambientales y regionales al tiempo que no cuestionan los intereses geopolíticos de los países pequeños, las pymes, los activos nacionales o los servicios públicos;

51.  Insta a la Comisión a que abandone las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el acuerdo UE-Japón y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) entre otros; opina que los acuerdos comerciales deberían centrarse en la promoción de empleos dignos, un reparto equitativo de la riqueza, un grupo heterogéneo de actividades económicas y un enfoque profundamente arraigado del derecho a regular con el fin de progresar hacia la justicia social, desarrollar servicios públicos de calidad, proteger el medio ambiente y la diversidad cultural y permitir el estricto respeto del principio de precaución;

52.  Aboga por un comercio internacional regulado y basado en una complementariedad recíproca; insiste en que todos los documentos de negociación deben ser públicos y que se debe consultar a todos los Parlamentos nacionales antes de la adopción de dichos acuerdos, que afectan sobremanera a la vida cotidiana de las personas; lamenta el proceso de negociación del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) y pide su derogación inmediata;

53.  Pide a la Comisión que apoye plenamente el tratado sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidas sus disposiciones vinculantes necesarias, e insta a la Comisión y los Estados miembros a incluir en todos los acuerdos comerciales actuales y futuros firmados por la Unión disposiciones que permitan un control real del fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la especulación con alimentos, agua y otras necesidades básicas de los seres humanos y de la naturaleza;

Respeto de los derechos humanos – el camino a la democracia

54.  Insiste en una alternativa democrática, justa y progresista para Europa, con países con igualdad en derechos, basados en la solidaridad, la cooperación y la justicia social; insiste en que el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, deben constituir el núcleo de cualquier política a escala de la Unión y de los Estados miembros; afirma que debe construirse otra Europa con un papel más sólido y la participación de los pueblos, en respeto de sus derechos y sus voluntades;

55.  Opina, en relación con las instituciones de la Unión, que esto precisa un papel más sólido y la participación de los ciudadanos y la sociedad civil mediante, entre otros, una Iniciativa Ciudadana Europea revisada y reforzada; aboga por la mejora del acceso a documentos y una mayor transparencia de la presión empresarial, también mediante grupos de expertos y un mayor respeto de las iniciativas tales como la Iniciativa Ciudadana Europea;

56.  Pide transparencia y rendición de cuentas e insiste en que las instituciones de la Unión necesitan hacerse realmente abiertas y transparentes y rendir cuentas a los ciudadanos tanto en lo relativo al proceso de toma de decisiones como a los intereses que sirven; pide, en este sentido, a la Comisión que supervise con prontitud y de manera adecuada la Resolución del Parlamento sobre las declaraciones de intereses de los Comisarios y presente una propuesta para la protección eficaz de los denunciantes que comprenda todas las categorías de denunciantes, teniendo en cuenta los principios de la Recomendación CM/Rec(2014)7 del Consejo de Europa;

57.  Expresa su profunda preocupación por el creciente déficit democrático y las acciones antidemocráticas de la Unión; rechaza firmemente las políticas de la Unión, que cancelaron las decisiones políticas de gobiernos y parlamentos nacionales soberanos y elegidos democráticamente, redujeron el control democrático de la Unión y establecieron la austeridad como un elemento permanente; rechaza firmemente cualquier acción de las instituciones de la Unión que busque imponer políticas y medidas contra la voluntad de los pueblos, haciendo chantaje a gobiernos soberanos, ignorando y atacando los resultados de la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y el esfuerzo y los derechos de los trabajadores; insta a la Comisión a respetar la voluntad de los ciudadanos y cualquier futuro referéndum relativo a asuntos de la Unión; insiste en el derecho inalienable de los pueblos a debatir y expresar su voluntad; rechaza la narrativa de inevitabilidad que a menudo se proyecta desde las instituciones de la Unión, dado que en democracia siempre existen vías de acuerdo alternativas según la voluntad de los pueblos;

58.  Aborrece el desprecio evidente de los derechos humanos y las obligaciones con arreglo al Derecho internacional en la respuesta de la Unión a la crisis humanitaria ilustrada por la creciente militarización de las fronteras exteriores de la Unión; pide a la Comisión que redirija fondos asignados a un mayor control de las fronteras y el refuerzo de la fortaleza europea a la acogida y la integración de los refugiados y los migrantes; pide urgentemente a la Comisión que refuerce las actividades proactivas de búsqueda y salvamento, en especial en el Mediterráneo central, elabore propuestas de vías seguras y legales para acceder a la Unión para todas las mujeres, hombres y niños necesitados de protección, así como para los trabajadores migrantes, incluido un programa de reasentamiento inmediato, ambicioso y vinculante basado en los vínculos reales de los refugiados con los países correspondientes, y apoye la petición del Parlamento para la creación de visados humanitarias mediante una propuesta pertinente, para que las personas dejen de verse obligadas a arriesgar sus vidas en el Mediterráneo o en los desiertos en su camino hacia Europa; condena el aumento en el uso de los llamados instrumentos flexibles para presionar a los terceros países a que acepten acuerdos de readmisión informales; condena enérgicamente, en este sentido, los acuerdos entre la Unión y Turquía y la Unión y Afganistán —el conocido como «acción conjunta para el futuro de Afganistán»—, y las negociaciones en curso con terceros países dentro de los Marcos de Asociación en materia de Migración; condena la política de gestión de fronteras de la Unión y la externalización del control de fronteras a los terceros países, en especial mediante el uso del Fondo fiduciario de la UE para África;

59.  Pide un reparto equitativo de refugiados en alojamientos dignos, el cierre de los centros de detención, que se impulse la inclusión social y la integración en el mercado laboral tanto de los refugiados como de los migrantes teniendo en cuenta sus preferencias, competencias y cualificaciones, y que se garantice su protección contra la explotación y la discriminación; pide que se proteja y apoye a las personas con necesidades especiales, las víctimas de la trata de seres humanos y los menores no acompañados; pide que se aplique el derecho a la vida familiar consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), tanto desde un tercer país como dentro de la Unión, y que se atienda la necesidad urgente de respetar plenamente el derecho a la vida familiar y a la reagrupación familiar, ya sea dentro o fuera de la Unión, también mediante procesos acelerados para solicitantes vulnerables; pide a la Comisión que evalúe la aplicación de la Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, incluido el uso de la Comunicación de la Comisión sobre las directrices de aplicación de la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar para incoar procedimientos de infracción cuando sea necesario;

60.  Lamenta el hecho de que la Comisión propusiese una alternativa al Reglamento de Dublín que no aborda las graves deficiencias del existente, ya que no se basa en el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad; manifiesta su inquietud respecto de la obligación para todos los Estados miembros de examinar si la solicitud de una persona puede declararse inadmisible sobre la base de los conceptos de tercer país seguro o primer país de asilo;

61.  Expresa su profunda decepción por las promesas incumplidas de los Estados miembros de reubicar a solicitantes de asilo de Italia y Grecia; insta a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos resultantes de las decisiones del Consejo y a que reubiquen sistemáticamente a solicitantes de asilo de Grecia e Italia; pide a la Comisión que proponga extender las medidas de reubicación durante el tiempo que la situación requiera;

62.  Expresa su profunda preocupación por la Agenda Europea de Seguridad, que se centra en las políticas represivas y las fuerzas y los cuerpos de seguridad de la Unión; critica el cada vez mayor peso que reviste la seguridad en las distintas políticas, incluida la recogida de datos personales y la elaboración de perfiles de ciudadanos, y que se saque partido del miedo exacerbado que, con razón, cunde entre la población, y se utilice la lucha contra el terrorismo para atentar contra los derechos y las libertades de los ciudadanos e incrementar la vigilancia estatal; se opone firmemente a esta violación de los derechos humanos y al hecho de que las políticas represivas hayan menoscabado las políticas de prevención necesarias; pide a la Comisión y los Estados miembros que refuercen las políticas de prevención, incluidos el empleo juvenil, las políticas de cohesión socioeconómica y otros instrumentos preventivos destinados a apoyar a las personas en riesgo de exclusión social; recuerda, a este respecto, la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros detengan todas las intervenciones militares externas y desempeñen un papel internacional por la paz;

63.  Pide la adopción inmediata a de la Directiva horizontal contra la discriminación a fin de progresar en la lucha contra la discriminación, incluidos los ataques contra las minorías, los migrantes y solicitantes de asilo y otros grupos vulnerables; pide a la Comisión que evalúe la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población gitana y la recomendación del Consejo relativa a medidas para favorecer una integración efectiva de este colectivo en los Estados miembros, y que proponga medidas adicionales, si procede, para la inclusión efectiva de la población gitana; lamenta el creciente número de actos y casos de incitación al odio, dirigidos contra las minorías étnicas y religiosas, las personas LGBTI, los solicitantes de asilo y las personas sin hogar; opina que el aumento de los sentimientos y las organizaciones racistas y xenófobas está vinculado al auge de la extrema derecha y de las tendencias fascistas en Europa, que no pueden interpretarse de manera independiente de las políticas de austeridad y neoliberales que han sido aplicadas en la Unión y los Estados miembros en las últimas décadas, así como del creciente déficit demográfico y la escasa atención y la falta de respeto hacia la voluntad de los pueblos;

Paz y solidaridad internacional

64.  Rechaza la Estrategia Europea de Seguridad, su política exterior y de seguridad común y su política común de seguridad y defensa; exige el fin de la cooperación entre la Unión y la OTAN y las prioridades estratégicas y rechaza la actual política expansionista de la OTAN; exige, además, la eliminación de todas las bases militares extranjeras en Europa y la disolución de la OTAN; rechaza una Unión Europea de Defensa, que constituye una peligrosa vía directa hacia la guerra; se opone, por tanto, al aumento de los presupuestos de los Estados miembros en materia de seguridad y defensa; se opone firmemente a cualquier uso de los fondos Horizonte 2020, o del presupuesto de la Unión en general, para financiar la investigación militar, civil-militar o de seguridad en general, y para el desarrollo de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en particular; insiste en que la Unión y sus Estados miembros deberían trabajar por la paz, la resolución diplomática y pacífica de conflictos, también mediante iniciativas de mediación, y programas de desarme, desmovilización y reintegración en línea con la Carta de las Naciones Unidas; apoya el régimen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y el desarme nuclear;

65.  Rechaza firmemente el documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de la defensa europea, incluida su recomendación sobre un Fondo Europeo de Defensa y el mercado único por la defensa, que solicita el aumento de la financiación en defensa y seguridad a través de los fondos presupuestarios de la Unión;

66.  Denuncia y lamenta profundamente la velocidad nunca antes vista a la que se está militarizando la Unión;

67.  Insta al desarme, incluido el nuclear, la desmovilización de tropas, al fin de las intervenciones militares externas, la investigación civil al servicio de las personas y su desarrollo; insta a que se disuelva la OTAN; recuerda que la mejor manera para promover la paz es apoyar medidas de erradicación de la pobreza, ayuda humanitaria y desarrollo social y económico justo y sostenible;

68.  Afirma que la cooperación externa debería basarse en el principio de solidaridad internacionalista y en el pleno respeto de la voluntad y el ritmo de desarrollo de cada país;

69.  Lamenta profundamente que la Unión promueva las mismas políticas fallidas en los países candidatos a la adhesión; expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en la región de los Balcanes Occidentales en relación con el creciente déficit de procesos democráticos, el autoritarismo, el auge de la retórica nacionalista e irredentista y el estancamiento económico con tasas muy elevadas de desempleo, que podrían conducir a la inestabilidad regional, dado que muchos de estos problemas son el resultado de la guerra de agresión impuesta a muchos de estos países; insiste en que la Unión asuma su responsabilidad por el fracaso de sus políticas relativas a la región de los Balcanes Occidentales, y pide a la Comisión que vuelva a evaluar y reformule radicalmente su política de ampliación y la asistencia a los países candidatos y candidatos potenciales proporcionada por el Instrumento de Ayuda Preadhesión centrándose en la promoción de la democracia, la sociedad civil, el Estado de Derecho, los derechos humanos, civiles y laborales, la cohesión y la justicia sociales y el desarrollo económico sostenible; opina que la decisión de adherir a la Unión debería basarse en una decisión soberana por parte del pueblo;

70.  Pide, a la luz de los acontecimientos desde julio de 2016 y del referéndum de 16 de abril de 2017, la suspensión temporal de las negociaciones de ampliación con Turquía en caso de que se aplique el paquete constitucional sin modificar y no se restaure inmediatamente el Estado de Derecho; insiste en que se sujete el proceso de modernización de la unión aduanera con Turquía a firmes condiciones en lo relativo a los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y buenas relaciones de vecindad; insiste en la posición de que la unión aduanera no puede mejorarse si Turquía no aplica plenamente la actual unión aduanera y el protocolo adicional respecto a los Estados miembros;

71.  Subraya la necesidad de hacer frente prioritariamente a las causas socioeconómicas profundas de los actuales desafíos en materia de seguridad y migración y rechaza cualquier cooperación en seguridad militar; pide a la Comisión que cumpla su compromiso de participar con los países socios incluidos en la Política Europea de Vecindad en la aplicación de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas; destaca que la creación de empleo es un asunto decisivo para el futuro de la mayoría de los países de la vecindad europea; apoya el enfoque específico en el empleo juvenil, promoviendo las pequeñas y medianas empresas; hace hincapié en que esto requiere un enfoque a varios niveles, que abarcan del nivel nacional al local, así como una cooperación regional, subregional y transfronteriza capaz de movilizar a los Estados miembros de la Unión, los países socios y sus autoridades locales y regionales; pide enfoques y programas realistas que tengan beneficios concretos para las personas; pide a la Comisión que presente una estrategia o la cooperación con los vecinos de los vecinos que haya sido anunciada en el contexto de la revisión de la política de vecindad;

72.  Reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y en la capitalidad de Jerusalén para ambos, con la convivencia en paz y seguridad entre un Estado de Israel y un Estado palestino, sobre la base del derecho de autodeterminación y del pleno respeto del Derecho internacional; pide a la Comisión que preste especial atención en sus programas de asistencia y de cooperación a las personas que viven en territorios ocupados y bajo bloqueo; pide a la Comisión que aplique integralmente el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel en respuesta al largo período de graves violaciones de los derechos humanos por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados, el trato discriminatorio por Israel de sus propios ciudadanos de origen árabe y la escasa atención por la resolución de las Naciones Unidas; insiste en la aplicación integral de las directrices sobre la elegibilidad de las entidades israelíes y sus actividades en los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967 a optar a las subvenciones, premios e instrumentos financieros financiados por la UE a partir de 2014 en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que revise la financiación de programas de cooperación científica con vistas a evitar cualquier financiación de la industria militar israelí; reitera su petición a la Comisión de que evalúe los costes de la demolición de las casas y las infraestructuras financiadas por la Unión e insista en recibir una compensación;

73.  Reitera su apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental, que debe alcanzarse mediante un referéndum, de conformidad con el Derecho internacional y las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que ejecute plenamente el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos en respuesta al largo período de graves violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, incluidos la represión política y el encarcelamiento político de activistas saharauis pacíficos en favor de la autodeterminación; pide a la Comisión que ejecute la sentencia del Tribunal de Justicia del 21 de diciembre de 2016, que dictamina que los acuerdos entre la Unión y Marruecos son ilegales de acuerdo con el Derecho internacional; destaca que cualquier futuro acuerdo de la Unión relativo al Sáhara Occidental debe negociarse con el Frente Polisario, en calidad de representante internacional del pueblo saharaui; destaca el deterioro de la situación humanitaria en los campos de refugiados de Tinduf como resultado de la reducción de la ayuda internacional, y pide a la Comisión que aumente los niveles actuales de ayuda hasta alcanzar al menos sus niveles históricos;

74.  Pide a la Comisión que mantenga los compromisos y las medidas importantes adoptadas en las negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y Colaboración entre la Unión, sus Estados miembros y la República de Cuba; subraya la importancia de mantener un enfoque constructivo en las negociaciones que respete la voluntad del pueblo cubano y de evitar cualquier interferencia o presión externa en los asuntos internos de Cuba; pide a la Comisión que contribuya a poner fin al bloqueo;

75.  Recuerda el principio de cooperación eficaz al desarrollo: la apropiación de las prioridades de desarrollo por los países en desarrollo; se opone a cualquier intento de vincular la ayuda al desarrollo con el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y los acuerdos de readmisión; rechaza cualquier intento de imponer unas condiciones de cooperación a los países beneficiario para la ayuda al desarrollo, basadas entre otras en reformas estructurales o asuntos migratorios; subraya que no se pueden utilizar los pagos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para programas militares, cooperación política y reformas en el ejército; insiste en la necesidad de que existan mecanismos de rendición de cuentas relativos a la supervisión y la aplicación de los ODS y el objetivo del 0,7 % de la RNB invertida en AOD que se acordó alcanzar antes de 2015;

76.  Pide, asimismo, a la Comisión que incluya y promueva el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todos los ámbitos políticos en la Unión y fuera de ella; pide a la Unión y los Estados miembros que combatan el impacto de la ley mordaza aumentando significativamente la financiación para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en particular la financiación explícitamente destinada a garantizar el acceso al control de natalidad y el aborto seguro y legal, utilizando tanto financiación de desarrollo nacional como de la Unión;

77.  Pide un enfoque basado en las necesidades humanas de la sostenibilidad de la deuda a través de un conjunto vinculante de normas para definir la concesión y contratación de préstamos responsable y pide la cancelación de la deuda exterior de los países en desarrollo;

78.  Pide a la Comisión que apoye mediante una Comunicación la elaboración de un instrumento legalmente vinculante auspiciado por las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y se encargue del establecimiento de remedios eficaces para las víctimas en los casos en que la jurisdicción nacional es claramente incapaz de enjuiciar a las multinacionales de manera eficaz;

Financiación de la Unión

79.  Recuerda que el presupuesto de la Unión es un instrumento para alcanzar los objetivos antes descritos; opina que esto debería llevarse a cabo mediante políticas y programas que aborden las necesidades específicas de los Estados miembros con el fin de que el presupuesto de la Unión complemente la labor de los Estados miembros en lugar de imponer prioridades o un modelo único; opina, además, que el presupuesto debe facilitar experimentos con buenas prácticas de otros países;

80.  Reitera la importancia de las políticas de cohesión y la necesidad de aumentar la financiación en este área, en particular el Fondo Social Europeo; subraya que estas políticas no deben debilitarse bajo ninguna circunstancia, incluido el Brexit, y que las dotaciones presupuestarias deben mantenerse en, como mínimo, el mismo nivel del período actual para todas las categorías de regiones; pide a la Comisión que presente las propuestas para la política de cohesión de después de 2020 y el próximo marco financiero plurianual (MFP) antes de inicios de 2018 con el fin de permitir un proceso de toma de decisiones sencillo, así como suficiente tiempo para que los Estados miembros y las regiones establezcan prioridades y adapten y apliquen cambios en las políticas;

81.  Insiste, en el contexto de la propuesta de la Comisión de un MFP para después de 2020, en que se haga el presupuesto más sencillo, transparente, equitativo y que esté bajo un mayor control democrático, así como en que se base en la solidaridad; insiste, asimismo, en la unidad del presupuesto de la Unión y, por lo tanto, en la integración de los diferentes instrumentos financieros, fondos y fondos fiduciarios actualmente al margen del presupuesto;

82.  Pide que el presupuesto de 2018 incluya medidas de apoyo específicas para las regiones que se verán más afectadas por el brexit, incluida financiación para consolidar el proceso de paz en Irlanda del Norte y avanzar en él;

 

Brexit

83.  Reconoce el derecho de cualquier Estado miembro a salir de la Unión; destaca que no se debería utilizar ningún elemento de los Tratados para crear obstáculos injustificados a la ejecución de la decisión de un Estado miembro de abandonar la Unión;

84.  Rechaza cualquier tipo de presión o chantaje durante el proceso de negociación; insta a la Comisión a que alcance un acuerdo justo sobre la relación futura entre la Unión y el Reino Unido, en interés de todas las personas que viven en las diferentes jurisdicciones; opina además que la relación futura entre la Unión y el Reino Unido debe construirse con arreglo a los principios de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

85.  Opina que es de vital importancia proporcionar seguridad jurídica de manera rápida e incondicional a los nacionales de Estados miembros de la Unión que vivan en el Reino Unido y a los británicos que vivan en otros Estados miembros; pide, a este respecto, que se preste una atención particular a la movilidad de los trabajadores (trabajadores móviles, trabajadores transfronterizos, trabajadores fronterizos y estudiantes), haciendo especial hincapié y dando muestras de una comprensión especial en lo que se refiere a la situación única en que se encuentran Irlanda y Gibraltar;

86.  Insiste en que se respeten plenamente el Acuerdo del Viernes Santo y los acuerdos posteriores en el acuerdo de salida; pide que se conceda a Irlanda del Norte un estatuto especial en el seno de la Unión que le permita mantener su pertenencia a la Unión y el acceso a la unión aduanera, el mercado único y la jurisdicción del Tribunal de Justicia; pide además el respeto de la libertad de circulación de mercancías, personas y servicios en la isla de Irlanda;

87.  Pide a la Comisión que revise su programa de trabajo en consonancia con la Resolución del Parlamento;

o

o  o

88.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.

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