Propuesta de resolución - B8-0456/2017Propuesta de resolución
B8-0456/2017
Parlamento europeo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2018

30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento interno y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea

Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas en nombre del Grupo EFDD

Procedimiento : 2017/2699(RSP)
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B8-0456/2017

Resolución del Parlamento Europeo sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2018

(2017/2699(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea[1], en particular su anexo IV,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación[2],

–  Vista la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017, de 13 de diciembre de 2016,

–  Visto el informe de síntesis de la Conferencia de Presidentes de Comisión, que aporta información complementaria a la presente Resolución desde el punto de vista de las comisiones parlamentarias, y que la Comisión debe tener debidamente en cuenta en la elaboración y aprobación de su programa de trabajo para 2018,

–  Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la UE aún se encuentra ante la peor crisis económica, social y política desde su fundación;

B.  Considerando que los Estados miembros están luchando contra la recesión, la deflación y el desempleo;

C.  Considerando que las soluciones propuestas por las instituciones de la Unión están agravando todavía más la crisis económica, democrática y social en la Unión;

D.  Considerando que el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo socialmente sostenible, bien retribuido y de calidad podrían ser las prioridades principales del presupuesto de la Unión, desde el respeto del principio de subsidiariedad;

E.  Considerando, en un momento de austeridad para todos los ciudadanos, que no solo es imprescindible reducir los costes administrativos de la Unión, sino que también es necesario, en vista del próximo marco financiero plurianual, reducir los programas que no hayan demostrado tener un valor añadido;

F.  Considerando que el índice de error y de fraude que afecta al presupuesto de la Unión se mantiene en un nivel elevado sin reducciones significativas, y que durante 22 años consecutivos los pagos han sido objeto de errores significativos debidos a la eficacia parcial de los sistemas de supervisión y control;

G.  Considerando que la Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento que dista mucho de ser eficiente y de aplicarse plenamente, y que las normas que rigen su funcionamiento no son claras ni transparentes, como muestra la reciente sentencia del Tribunal General sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «STOP TTIP»;

H.  Considerando que el Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo 5151/17/17, sobre la propuesta de la Comisión de un Acuerdo Interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio, sostiene que las instituciones no pueden recurrir a un acuerdo interinstitucional para regular un asunto para el cual los Tratados han conferido poderes legislativos a las instituciones, proporcionando un fundamento jurídico material, y que los acuerdos interinstitucionales son vinculantes solo para las instituciones participantes y no pueden crear obligaciones para terceros;

I.  Considerando que la protección de las personas que denuncian o revelan en público acciones delictivas y fraudulentas en instituciones públicas o empresas es un asunto de suma importancia en la lucha contra la corrupción y los delitos de cuello blanco;

J.  Considerando que estudios recientes de la Comisión muestran que la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales[3] ha sido aplicada de forma muy diferente entre los Estados miembros y que sigue habiendo problemas con respecto a la aplicación de la Directiva a accidentes a gran escala y a la insolvencia entre los operadores económicos responsables;

K.  Considerando que los límites establecidos por la Unión para algunos contaminantes atmosféricos son menos estrictos que los sugeridos por la OMS;

L.  Considerando que los ciudadanos que residen cerca de la mayor zona europea de vertederos legales e ilegales, el vertedero Land of Fires, en Nápoles, y el emplazamiento industrial de Taranto están expuestos a un riesgo carcinogénico muy elevado;

M.  Considerando que la propia Comisión ha afirmado que la Directiva 89/105/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad[4] ya no refleja la creciente complejidad de los procedimientos de fijación de precios y reembolso de los medicamentos en los Estados miembros de la Unión;

N.  Considerando que la Comisión Europea continúa autorizando la comercialización de alimentos y piensos modificados genéticamente, pese a la falta de consenso entre los Estados miembros;

O.  Considerando que no todas las fuentes de energía consideradas renovables en el marco legislativo vigente tienen un impacto sobre el medio ambiente, la salud y la sociedad mejor que el de las fuentes fósiles equivalentes;

P.  Considerando que se deben realizar más esfuerzos para lograr una sociedad digital inclusiva, capaz de aprovechar las oportunidades y abordar los retos de la digitalización tanto para los ciudadanos como para las empresas;

Q.  Considerando que la digitalización de las industrias podría contribuir a aumentar la resiliencia, la eficiencia energética y en el uso de los recursos y la sostenibilidad de la innovación de nuestras economías; que la Unión se enfrenta a numerosos retos planteados por el comercio, la globalización y la innovación tecnológica;

R.  Considerando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el procedimiento de dictamen 2/15[5] ha aclarado las competencias de la Unión en las negociaciones comerciales;

S.  Considerando que se debería aprovechar de manera efectiva el derecho de petición, ya que este representa una piedra angular de una democracia participativa en la que todos los ciudadanos pueden disfrutar del derecho a desempeñar un papel directo en la vida democrática de la Unión; Considerando que una auténtica gobernanza democrática y participativa debe garantizar la protección eficaz de los derechos fundamentales, la plena transparencia, y la participación directa de todos los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones;

T.  Considerando que los peticionarios son ciudadanos comprometidos con la protección de los derechos fundamentales y con la mejora del bienestar actual y futuro de nuestras sociedades; considerando que el tratamiento de las peticiones es extremadamente importante de cara a la percepción de las instituciones de la Unión entre los ciudadanos y para el cumplimiento del derecho de petición contemplado en la legislación de la Unión;

U.  Considerando que, a fin de promover la buena gobernanza y garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben ejercer su trabajo aplicando los más altos niveles de transparencia y democracia;

V.  Considerando que es necesario proteger la titularidad y el control efectivo de los Estados miembros o de ciudadanos de los Estados miembros en las empresas europeas;

W.  Considerando que los aeropuertos locales se enfrentan a numerosas dificultades económicas, y que es necesario garantizar que exista una conexión adecuada a todos los ciudadanos europeos, especialmente desde y hacia lugares alejados y aislados en las regiones ultraperiféricas;

X.  Considerando que existen numerosas dificultades en la aplicación de la legislación de la Unión sobre cabotaje, empeorando de este modo la situación del dumping social en los Estados miembros; que es necesario garantizar la competencia leal en el mercado del transporte de mercancías por carretera, protegiendo los derechos de los trabajadores;

Y  Considerando que algunas de las mayores plataformas pagan cantidades nimias de impuestos en Europa, en comparación con sus beneficios;

Z.  Considerando la fragmentación actual de los procedimientos de control aduanero, que difieren enormemente entre Estados miembros, así como las diferentes sanciones, que crean considerables disparidades del mercado para los operadores económicos y orientan los flujos comerciales hacia el punto de entrada más sencillo;

AA.  Considerando que el 25 de octubre de 2016 el Parlamento aprobó por amplia mayoría el informe sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países[6], solicitando a la Comisión numerosas acciones, y sigue esperando un seguimiento por parte de la propia Comisión; que el 11 de abril de 2017 el ponente del informe dirigió una pregunta oral a la Comisión, en el marco de la Comisión DROI, a fin de saber si se había entregado dicho seguimiento al Parlamento, sin que recibiese una respuesta satisfactoria; que ese mismo día el ponente dirigió la misma pregunta al comisario Mimica, en el marco del diálogo estructurado con la Comisión DEVE, pero también en este caso el ponente no recibió una respuesta satisfactoria;

Prioridades clave

1.  Subraya que la moneda única tiene un impacto asimétrico y destructivo en las economías más débiles, que se ven forzadas a realizar ajustes dolorosos en forma de devaluación interna debidos a una moneda que está sobrevalorada respecto a sus economías, al tiempo que permite que las empresas multinacionales de los Estados miembros de la zona del euro más fuertes aprovechen una ventaja competitiva injusta debida a una moneda infravalorada respecto a sus competidores en otros Estados miembros, lo que genera unas disparidades y desequilibrios macroeconómicos en la Unión;

2.  Hace un llamamiento a los Estados miembros para que decidan de forma democrática la transposición del Pacto Presupuestario a la legislación nacional a fin de evitar los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad sobre las economías reales;

3.  Subraya la necesidad urgente de devolver a los Estados miembros la responsabilidad financiera propia sobre sus acciones, para que estos puedan sacar el máximo partido a sus instrumentos de política monetaria y fiscal, con el fin de prestar un apoyo eficaz a la recuperación económica y garantizar la legitimidad democrática y política de las decisiones económicas fundamentales;

4.  Hace hincapié en la necesidad urgente de planificar una ruptura ordenada de la unión monetaria y de facilitar de manera inmediata unos mecanismos democráticos de salida voluntaria de un país de la zona del euro;

5.  Aboga por dar un impulso a las negociaciones para la reforma estructural bancaria, a partir de una separación clara y obligatoria de las actividades de inversión y las comerciales, lo cual sería esencial para proteger a inversores y ahorradores, evitar la acumulación de riesgo sistémico y mantener la estabilidad financiera;

6.  Considera que se debe poner fin a las medidas de austeridad y restablecer la responsabilidad financiera propia de los Estados miembros, a fin de responder simultáneamente a múltiples crisis de forma apropiada y eficaz; solicita que se realice una revisión exhaustiva de los programas actuales para recortar aquellos que no proporcionen un valor añadido real; señala que, en algunos casos, es posible financiar y ejecutar mejor algunos programas en el ámbito nacional, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

7.  Recalca que la financiación de la Unión no debe emplearse para financiar proyectos polémicos o derrochadores;

8.  Reitera la necesidad de utilizar mejor el dinero del contribuyente; destaca la importancia de reducir los costes administrativos de la Unión, especialmente en un periodo de crisis persistente; solicita que se realicen considerables recortes ponderados, a fin de reducir el derroche y ahorrar sin afectar al trabajo legislativo;

9.  Pide un mejor control y fiscalización del presupuesto de la Unión; reitera su solicitud de obtener una declaración de fiabilidad (DAS) positiva por parte del Tribunal de Cuentas; lamenta el índice de error y de fraude que afecta al presupuesto de la Unión, en especial en cuanto a la contratación pública, e insiste en la clara necesidad de combatir la corrupción y la delincuencia organizada a escala transnacional; hace hincapié en la importancia de reforzar la transparencia del gasto de la Unión y pide que se publique y se facilite toda la información relativa al uso de los fondos europeos;

10.  Insta a que se tomen medidas para luchar contra la pobreza y las desigualdades; reitera su llamamiento a que se sigan evaluando las desigualdades y cómo obstaculizan la recuperación económica;

11.  Condena cualquier acto legislativo de la UE que imponga cargas administrativas innecesarias y nuevos obstáculos burocráticos a las pymes, que son una importante fuente de empleo y crecimiento; hace hincapié en que se debe demostrar un mayor apoyo a las pymes, al tiempo que se garantiza una protección social adecuada;

12.  Pide que se mejore la salud y seguridad laboral de los trabajadores, y que se estudien formas adecuadas de afrontar las posibles deficiencias, y pide asimismo que se presente sin demora la tercera serie de sustancias en el marco de la revisión de la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos, y que se incluyan valores límite aplicables a las sustancias tóxicas para la reproducción, basándose en los datos científicos y técnicos así como en una evaluación del impacto, a fin de garantizar un control parlamentario adecuado;

13.  Subraya el hecho de que, para que los ciudadanos puedan beneficiarse de sus derechos en su día a día, la legislación debe estar diseñada para combatir la precariedad, el desempleo, las desigualdades económicas y sociales, la discriminación y la pobreza de forma coherente y eficaz, garantizando de este modo los más elevados niveles de justicia social; pide que todos los procesos de toma de decisiones a nivel de la Unión sean totalmente transparentes, imparciales e independientes;

14.  Pide a la Comisión que trate a tiempo la correcta aplicación de las disposiciones establecidas en la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de proporcionar una protección plena y efectiva de los derechos de los trabajadores, abordando adecuadamente todos los abusos, discriminaciones, deficiencias y vacíos;

15.  Se opone a las condicionalidades macroeconómicas y recalca que la suspensión de los Fondos EIE desencadenada por el incumplimiento de los requisitos de gobernanza económica es un doble castigo a las regiones de la Unión, neutraliza los esfuerzos de recuperación económica y social y por ello se debería suprimir, teniendo en cuenta asimismo que las sanciones previstas en el actual Reglamento no solo alterarían la planificación financiera al nivel del programa, sino que también podrían llevar a la suspensión de proyectos sobre el terreno;

16.  Pide a la Comisión que revise la cláusula de inversión para que las inversiones regionales y nacionales cofinanciadas con cargo a los Fondos EIE puedan excluirse del cálculo de los déficits nacionales en el marco del Semestre Europeo;

17.  Se opone a cualquier programa de la Unión que tenga por objetivo apoyar reformas estructurales, especialmente los financiados mediante Fondos EIE;

18.  Solicita que cualquier otra propuesta para los Fondos EIE se remita lo antes posible para garantizar que haya un tiempo adecuado para el examen parlamentario;

19.  Considera que no es posible retrasar más una propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 211/2011 sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, ya que este instrumento debe ser reformado con urgencia;

20.  Considera que es necesario revisar en el momento oportuno el Reglamento (UE) n.º  211/2011 sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, a fin de resolver todos los defectos proponiendo soluciones eficaces para garantizar que los procedimientos y las condiciones necesarias para la Iniciativa Ciudadana Europea sean realmente claras, sencillas, fáciles de aplicar y proporcionadas;

21.  Pide que se cree un Registro de Transparencia obligatorio, ya que, según los Tratados y el Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo, el Acuerdo Interinstitucional propuesto tendría un efecto limitado y no podrá crear obligaciones para terceros, independientemente de si estos son otras instituciones, Estados miembros o particulares;

22.  Hace hincapié en que se deben adoptar medidas para mejorar considerablemente el funcionamiento democrático de la Unión, concediendo a todos los ciudadanos el derecho general de participar en la vida democrática, como también dictó recientemente el Tribunal General en su sentencia del 10 de mayo de 2017 sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «Stop TTIP»[7];

23.  Subraya la necesidad urgente de adoptar medidas más firmes para la protección de los denunciantes de irregularidades, para proporcionar a estas personas y en especial a sus familias una defensa apropiada frente a las represalias;

24.  Expresa su preocupación por la aplicación de la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental, que no cubre todos los tipos de daños perjudiciales para los seres humanos y el medioambiente;

25.  Pide a la Comisión que aclare qué medidas pretende tomar en lo que respecta al mercado único digital; subraya la necesidad de promover la competencia leal en este mercado para garantizar que las empresas multinacionales no incurran en abusos de poder;

26.  Subraya que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión[8] se basa en el principio del acceso «más amplio posible»; considera que la plena transparencia y el pleno acceso a los documentos en posesión de las instituciones de la Unión deben ser la regla que garantice que los ciudadanos puedan ejercitar plenamente sus derechos democráticos; lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 esté bloqueada; considera que hay que avanzar sin demora, puesto que el Reglamento ya no refleja la situación jurídica ni las prácticas institucionales actuales;

27.  Expresa su profunda preocupación por la falta de responsabilidad empresarial de las sociedades transnacionales europeas ante las violaciones de derechos humanos relacionadas con sus operaciones en países en desarrollo; señala que esto puede llevar a una falta de protección, acceso a la justicia y reparación para las víctimas de dichas violaciones;

28.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que los diversos llamamientos a la Comisión expresados en el Informe sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países[9] no han tenido un seguimiento por parte de la Comisión y lamenta su inactividad en este ámbito durante ocho meses; insta a que se realice un seguimiento completo;

29.  Observa con preocupación cómo las iniciativas voluntarias existentes en favor de la sostenibilidad de la cadena mundial de suministro del sector de la confección no han logrado resolver las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos laborales en el sector;

30.  Considera que el RCDE actual no cumple su propósito y ha de ser revisado con urgencia;

31.  Llama la atención sobre el informe de la OMS sobre la necesidad de adaptar los límites de los contaminantes atmosféricos a concentraciones más estrictas;

32.  Critica y solicita la revisión de las políticas de la Unión que constituyen la causa profunda de la deforestación debido a la demanda de biocombustibles en Europa;

33.  Hace un llamamiento para que se elabore un inventario público de los diferentes tipos, usos y penetración de los nanomateriales en el mercado europeo, de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de abril de 2009[10], y para abordar los nanomateriales en el marco del Reglamento REACH (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)[11];

34.  Pide una investigación de la OLAF para evaluar si los fondos europeos destinados a la limpieza del vertedero Land of Fires y el emplazamiento industrial ILVA Taranto se han empleado con arreglo a la legislación; pide también que se realice una auditoría interna para comprobar si los proyectos financiados han tenido los resultados esperados;

35.  Pide que haya más transparencia en las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos de uso humano, y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales de seguros por enfermedad, a fin de sustituir la Directiva 89/105/CEE[12] para garantizar que haya controles eficaces y una plena transparencia de los procedimientos empleados para establecer los precios y el reembolso de medicamentos en todos los Estados miembros;

36.  Pide que haya un marco político integral para abordar la enfermedad de Lyme, teniendo en cuenta los diferentes retos específicos y políticas de cada Estado miembro;

37.  Recalca la importancia crucial de garantizar la interoperabilidad de las bases de datos para combatir el terrorismo y la delincuencia general; pide que se maximicen los beneficios de los sistemas de información existentes para garantizar que los Estados miembros cooperan en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave;

38.  Recuerda que los Estados miembros deben transponer y aplicar los instrumentos disponibles a escala internacional en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero;

39.  Señala la grave crisis migratoria prolongada, que afecta a todos los Estados miembros; considera, en particular, que Grecia e Italia se están viendo afectadas por esta crisis de forma desproporcionada; pide que haya una mejor cooperación internacional para ayudar a aliviar la situación;

40.  Hace hincapié en la necesidad de realizar un seguimiento y dar una mayor transparencia al desembolso de los fondos FAMI y FSI, y de realizar un seguimiento riguroso y una evaluación regular del uso de financiación de la Unión concedida a Turquía en el marco del acuerdo entre la Unión y Turquía, y de todos los denominados pactos sobre migración con terceros países;

41.  Considera, por lo que respecta a Italia, que es fundamental abordar casos específicos de energía geotérmica en centrales combinadas de calor y electricidad, en las que las emisiones equivalentes al CO2 son más altas que en las centrales de gas con la misma capacidad, así como casos de emisiones de otros contaminantes enormemente perjudiciales, como ácido sulfhídrico, arsénico, mercurio, entre otros, que son más elevadas que las de centrales de carbón con la misma capacidad; pide, en este contexto, soluciones concretas para definir los niveles de emisiones para las centrales geotérmicas, así como criterios de sostenibilidad relativa para considerar la energía geotérmica como una fuente renovable, al tiempo que se minimiza el impacto sobre el medioambiente y la salud humana en Italia;

42.  Reitera que las oportunidades de digitalización deberían traducirse sobre todo en beneficios para los ciudadanos, y que se necesitan esfuerzos adicionales para abordar las brechas digitales y de conexión entre regiones, para mejorar el acceso a la conectividad inalámbrica y promover la alfabetización digital; insta, en este contexto, a que se redoblen los esfuerzos de investigación y aplicación de las tecnologías 5G, al tiempo que se fomenta la competencia efectiva en beneficio de los usuarios finales y el desarrollo empresarial;

43.  Considera que es una prioridad crear un entorno favorable a la actividad empresarial, para ayudar a las empresas emergentes, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas a desarrollar y aprovechar al máximo las oportunidades de innovación y digitalización; pide, para ello, que haya un apoyo específico, adecuado y fácilmente accesible para estos agentes, con los instrumentos de la Unión pertinentes;

44.  Considera que existe una necesidad de reformar de forma equilibrada, eficaz, justa, transparente y proporcionada los instrumentos de defensa comercial, a fin de proteger a los productores, importadores y consumidores europeos;

45.  Insta a la acción en lo que respecta a la reciprocidad en las prácticas comerciales, ámbito en el que se compromete a avanzar los debates, y pide soluciones eficaces sobre cómo regular los mercados de contratación pública y la inversión con los socios comerciales europeos; hace hincapié en la necesidad de revisar la propuesta de Reglamento sobre instrumentos de contratación pública internacional (COM(2012)0124), así como de poner en marcha un mecanismo de examen de inversiones extranjeras en sectores estratégicos con la participación directa de la sociedad civil; reitera que un equilibrio es necesario para evitar el proteccionismo al tiempo que se refuerza la reciprocidad;

46.  Pide que haya un mejor seguimiento de la evolución de las inversiones extranjeras directas, especialmente de aquellas destinadas a activos y empresas estratégicas o de alta tecnología en Europa, con el fin de encontrar una base común para la aplicación de las diferentes prácticas nacionales, el intercambio de información y una mejor coordinación, evitar la competencia desleal o una visión deformada de la adquisición de empresas con una importancia de seguridad estratégica a nivel nacional o internacional;

47.  Reitera su profunda preocupación por la posibilidad de reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos sin cambiar el mandato actual; pide a la Comisión que tenga en cuenta la última sentencia del Tribunal de Justicia en el procedimiento de dictamen 2/15, y que mantenga todos los acuerdos como mixtos para evitar mandatos concretos sobre capítulos de inversión y la inclusión del tribunal internacional de inversiones en las negociaciones sobre libre comercio;

48.  Solicita que se amplíe la lista de indicaciones geográficas negociada con China para proteger los productos agrícolas y vinos locales y regionales; subraya la necesidad de trabajar junto a la OMC para definir y reconocer una lista de indicaciones geográficas no agrícolas que se añada a los futuros acuerdos comerciales;

49.  Reitera su preocupación por el capítulo sobre la transmisión de datos en los acuerdos de libre comercio; subraya la importancia de garantizar la privacidad de los consumidores y de crear plataformas digitales justas destinadas a impulsar el desarrollo y las actividades comerciales de las pymes europeas; toma nota de que una propuesta equilibrada sobre una estrategia de comercio digital podría ser una herramienta para reducir prácticas desleales, el ciberterrorismo y luchar contra el comercio de mercancías ilegales y falsificadas en la red;

50.  Reitera la importancia del valor de las proteaginosas en la rotación de cultivos, sus efectos sobre la fertilidad del suelo, el uso reducido de nutrientes, la disminución de malas hierbas y micronutrientes; subraya la necesidad de aumentar la productividad y el contenido de proteínas en la Unión mediante una estrategia ad hoc;

51.  Pide un mayor apoyo a los apicultores para garantizar la sostenibilidad del sector y las actividades de jóvenes agricultores en este sector; expresa su preocupación por el aumento en el mercado de productos falsificados que contienen únicamente un bajo porcentaje de miel;

52.  Recuerda la importancia de impulsar el debate sobre la regulación de la clonación que el Parlamento aprobó por amplia mayoría; subraya la necesidad de proteger a los consumidores y productores en una economía globalizada, así como de garantizar la competencia leal con los socios de la Unión;

53.  Pide a la Comisión que impulse una agencia de comercio que proporcione oportunidades de exportación a los productores europeos; pide a la Comisión que dé un apoyo adecuado a los productores de los productos agrícolas más sensibles en las negociaciones actuales de libre comercio con Mercosur;

54.  Hace hincapié en que la gestión de riesgos debe ampliarse en una futura PAC para hacer frente no solo a los riesgos climáticos sino también a los riesgos para el mercado y la bioseguridad;

55.  Condena las políticas de la Unión que han tenido un efecto perjudicial sobre el bienestar animal; señala ejemplos como el programa REACH, que ha creado uno de los mayores sistemas de experimentación con animales del mundo; señala asimismo las normas perjudiciales de la Unión que permiten la exportación de animales vivos, lo cual puede conducir al transporte por toda Europa de animales durante ocho horas o más y en condiciones precarias; pide que se realice una revisión drástica de estas políticas y legislación;

56.  Considera que las opiniones de los ciudadanos europeos expresadas en sus peticiones al Parlamento Europeo revisten una importancia fundamental y que el legislador europeo debe tenerlas en cuenta de forma prioritaria; recuerda que el principio de la democracia es uno de los valores fundamentales de los Estados miembros, y que cualquier instrumento legislativo que pretenda modificar el ordenamiento jurídico de la Unión debe someterse a un debate inclusivo y participativo en el contexto de una gobernanza mejorada capaz de garantizar la transparencia plena y la participación directa de todos los ciudadanos;

57.  Constata que las peticiones son una fuente de información de primera mano de suma importancia, no solo sobre las violaciones y las deficiencias en la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros, sino también sobre las posibles violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos; subraya que el tratamiento adecuado de las peticiones debe ir acompañado de una capacidad mejorada de reaccionar y resolver problemas relacionados con la salvaguardia adecuada de los derechos fundamentales de los ciudadanos;

58.  Pide que se publiquen con prontitud los nombres de todos los funcionarios implicados en casos de puertas giratorias y que se garantice la total transparencia de toda la información conexa; cree firmemente que todas las instituciones y agencias europeas deben hacer lo propio; pide que haya una publicación proactiva y una transparencia total en lo referente a la ocupación de los anteriores comisarios tras su mandato, así como toda la información conexa; lamenta profundamente la contratación del expresidente de la Comisión, el Sr. Barroso, como asesor y presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International; recalca que el caso de Barroso aumentó la desconfianza de los ciudadanos hacia la Comisión en lo referente a su credibilidad e independencia de los intereses financieros privados;

59.  Hace hincapié en que la legislación actual sobre prácticas desleales actuales y ayuda estatal no es ni adecuada ni eficaz; pide por ello una nueva revisión de las normas existentes; toma nota de las orientaciones interpretativas sobre el Reglamento (CE) n.º 1008/2008[13], subrayando la necesidad de mantener el umbral del 49 % para los terceros países y sus ciudadanos en las empresas europeas, garantizando la titularidad y el control efectivo de los Estados miembros y sus ciudadanos;

60.  Pide un mayor apoyo a la sostenibilidad económica, financiera y operacional de los aeropuertos regionales, mediante procedimientos adecuados y transparentes, respetando la competencia leal entre todas las empresas de transporte aéreo, con oportunidades iguales y abiertas para todas las compañías;

61.  Toma nota del paquete de movilidad adoptado por la Comisión; estima necesario seguir explorando las mejores soluciones para hacer frente al cabotaje irregular, teniendo en cuenta que se podrían llevar a cabo controles eficaces empleando instrumentos modernos, como los sistemas GNSS para rastrear vehículos pesados con fines comerciales;

62.  Subraya la necesidad de revisar las normas sociales aplicables al sector del transporte por carretera, a fin de encontrar un verdadero equilibrio entre la protección social de los trabajadores de transporte por carretera y la libertad de prestar servicios transfronterizos para los operadores de transportes;

63.  Pide que se evalúe y se aclare la aplicación de la legislación nacional sobre el salario mínimo para conductores en Alemania y Francia;

64.  Cree firmemente que debería adoptarse sin demora la Decisión del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso[14];

65.  Pide que se adopten las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de los estándares de accesibilidad web a los sitios web de todas las instituciones de la Unión, y que se ofrezca la información en lengua de signos, Braille, comunicación aumentativa y alternativa y otros medios, modos y formatos accesibles de comunicación para personas con discapacidades, incluyendo formatos de fácil lectura, en las interacciones oficiales; insiste en la necesidad de que la Unión avance hacia la adopción de la propuesta de Directiva sobre accesibilidad en los sitios web de los organismos del sector público[15];

66.  Considera que se debería apoyar más a las microempresas y a las pymes en el sector cultural y creativo; señala que los problemas de estas empresas se han visto agravados por las políticas de austeridad de la Unión; lamenta que todas las medidas adoptadas hasta la fecha por la Unión no hayan conseguido alcanzar el objetivo de mejorar considerablemente las condiciones del sector cultural y creativo, y considera que los mecanismos financieros actuales de la Unión siguen sin ser eficaces a la hora de responder a las necesidades del sector;

67.  Está firmemente convencido de que las políticas de austeridad de la Unión han llevado al continuo deterioro de los sectores educativo y cultural; subraya que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es enormemente perjudicial para el sector educativo;

68.  Expresa su preocupación por las sentencias no ejecutadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; recuerda que, en virtud del artículo 46, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las altas partes contratantes han asumido, sin reservas, la obligación solemne y vinculante, dentro del Estado de Derecho, de acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los litigios en que sean partes; lamenta los retrasos en la ejecución y la falta de voluntad política en determinadas circunstancias para aplicar algunas sentencias del Tribunal;

69.  Pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones internacionales y garanticen que no se violan los derechos civiles y políticos; insta a la Comisión a garantizar que se defienden los derechos humanos, civiles y las libertades políticas, así como los principios de la democracia en los países en los que se ignoran estos valores;

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70.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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