PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Yemen
22.11.2017 - (2017/2849(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes en nombre del Grupo GUE/NGL
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0649/2017
El Parlamento Europeo,
– Vistas las declaraciones sobre Yemen y la situación humanitaria del país realizadas por el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, por el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, y por el coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Mark Lowcock,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2015 y de 3 de abril de 2017, sobre Yemen y las Conclusiones del Consejo, de 17 de julio de 2017, sobre el modo de hacer frente al riesgo de hambruna,
– Vistas la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Yemen, y la del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, de 11 de noviembre de 2017, sobre la situación humanitaria en Yemen,
– Vistos el «Plan de respuesta integral: brote de cólera en Yemen» de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas, actualizado el 23 de mayo de 2017, y su plan de respuesta humanitaria para Yemen para enero-diciembre de 2017,
– Vistas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las de 14 de abril de 2015 (S/RES/2216), de 24 de febrero de 2016 (S/RES/2266) y de 23 de febrero de 2017 (S/RES/2342),
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Yemen, en particular las de 9 de julio de 2015[1], de 25 de febrero de 2016[2] y de 15 de junio de 2017[3],
– Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados[4],
– Vistos la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho internacional humanitario,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el prolongado enfrentamiento entre los hutíes y el Gobierno yemení dura ya más de dos años y medio y ha llevado al país a una crisis humanitaria que se considera actualmente la más grave del mundo; que existe una hambruna generalizada y se ha registrado un brote de cólera de rápida propagación a gran escala, con más de 925 000 casos probables de cólera y más de 2 200 muertes relacionadas con dicho brote;
B. Considerando que la coalición encabezada por Arabia Saudí (que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos e incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Jordania, Marruecos y Sudán) ha sido la principal responsable de la muerte de civiles yemeníes desde el inicio, el 26 de marzo de 2015, de una ofensiva aérea destinada a restablecer en el poder al presidente Abderrabuh Mansur al-Hadi; que esta coalición ha cometido graves violaciones, incluidos ataques contra viviendas, mercados, hospitales y escuelas, que han causado la muerte de muchos miles de civiles, la mayoría mujeres y niños;
C. Considerando que, alegando como pretexto el presunto lanzamiento por los hutíes de un misil balístico interceptado por Arabia Saudí en su camino hacia Riad, Arabia Saudí ha vuelto a imponer un bloqueo casi total a Yemen con el cierre de sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas el 6 de noviembre de 2017; que la reciente reapertura del puerto de la ciudad de Adén es claramente insuficiente; que el bloqueo del combustible por parte de la coalición y sus ataques dirigidos contra infraestructuras civiles violan el Derecho internacional humanitario;
D. Considerando que tanto Arabia Saudí como el presidente de los Estados Unidos han acusado a Irán de ser responsable del lanzamiento del misil balístico; que Irán ha negado esta acusación y los hutíes han insistido en que ellos solos produjeron el misil en Yemen;
E. Considerando que más de 50 000 civiles han resultado muertos, heridos o mutilados durante el conflicto; que las Naciones Unidas están pidiendo urgentemente a las autoridades y a las diferentes facciones que permitan el acceso continuado a las ciudades sitiadas, para poder entregar ayuda a las personas necesitadas, teniendo en cuenta que la guerra de Yemen se ha incluido en la categoría más grave de las crisis humanitarias; que miles de refugiados han conseguido huir hacia países vecinos;
F. Considerando que, en la actualidad, Yemen se encuentra en el epicentro de la mayor crisis mundial de seguridad alimentaria, con aproximadamente el 80 % de la población yemení (unos 21 millones de personas) urgentemente necesitado de algún tipo de ayuda humanitaria que pueda aliviar su desesperante escasez de alimentos, medicinas y combustible;
G. Considerando que la malnutrición y el cólera están interrelacionados; que, en Yemen, diecisiete millones de personas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, incluidos siete millones que pasan hambre, 3,3 millones aquejados de desnutrición aguda y 462 000 niños que sufren una grave desnutrición aguda;
H. Considerando que se han notificado violaciones generalizadas cometidas por los grupos armados de Ansar Alá, incluido el uso de minas terrestres; que también se han producido casos de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas del presidente Hadi y partidos y grupos armados aliados; que las partes yemeníes en el conflicto son responsables del bombardeo indiscriminado de civiles y de instalaciones civiles, y de la denegación de acceso humanitario, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas;
I. Considerando que el país se enfrenta a una catástrofe humanitaria, incluido el riesgo de hambruna, agravada por el brote de cólera; que los ataques aéreos, los bombardeos y la violencia siguen forzando a las familias yemeníes a abandonar sus hogares, dando lugar así al desplazamiento interno de millones de personas; que más de ocho millones de personas han perdido el acceso fiable y seguro a agua potable dado que la mayor parte de las redes de suministro de agua han sido destruidas durante los combates; que la mayoría de los yemeníes carece de un acceso adecuado a la asistencia sanitaria;
J. Considerando que, según la organización Save the Children, 130 niños mueren cada día en Yemen; que al menos 1,8 millones de niños han tenido que abandonar la escuela, además de los 1,6 millones que no estaban escolarizados antes de que comenzase el conflicto;
K. Considerando que, en Yemen, las mujeres han sido tradicionalmente muy vulnerables a los abusos, como los matrimonios infantiles y la violencia, ya que la legislación del país no establece una edad mínima de consentimiento; que las mujeres tienen menos acceso que los hombres a la asistencia médica, el régimen de propiedad, la educación y la formación; que su situación se ha visto empeorada por el conflicto y que se estima que 2,6 millones de mujeres y niñas corren el riesgo de ser víctimas de la violencia de género; que el número de matrimonios infantiles ha aumentado considerablemente en los dos últimos años; que aproximadamente el 30 % de los hogares de desplazados están a cargo de mujeres; que ya no se dispone de medicamentos para tratar numerosas enfermedades crónicas y que Yemen tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas; que las mujeres embarazadas y lactantes que están malnutridas tienen una mayor probabilidad de contraer el cólera y corren un mayor riesgo de sufrir hemorragias, lo que aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones y de fallecimiento durante el parto;
L. Considerando que unos 280 000 refugiados, procedentes principalmente de Somalia, se encuentran en Yemen, el único país de la Península Arábiga que es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; que dichos refugiados también necesitan protección debido al agravamiento del conflicto; que, según se informa, unos 30 600 somalíes ya han regresado a Somalia y que el ACNUR ha creado oficinas de ayuda al retorno;
M. Considerando que el conflicto y la consiguiente falta de seguridad han permitido una expansión peligrosa de los grupos extremistas en el país; que Al-Qaeda de la Península Arábiga ha consolidado su presencia y el Dáesh ha continuado su campaña de ataques y asesinatos;
N. Considerando que las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas están paralizadas y la solución política al conflicto parece lejana;
O. Considerando que Yemen es uno de los países más pobres del mundo; que, antes de que comenzara la guerra, la mitad de los yemeníes vivían ya por debajo del umbral de la pobreza, dos tercios de los jóvenes estaban desempleados y los servicios sociales básicos estaban al borde del colapso;
P. Considerando que este conflicto se ha descrito como un conflicto entre chiitas y sunitas, en lo que constituye un intento de ocultar las verdaderas razones geopolíticas que lo motivan; que Arabia Saudí acusa a los hutíes de recibir el apoyo de Irán y los considera una amenaza para su seguridad; que la complejidad del conflicto yemení presenta algunos de los elementos característicos de una guerra subsidiaria; que ello se desprende de la fuerte presencia de Al-Qaeda, de movimientos separatistas y de rebeldes chiitas zaidíes en el norte del país, así como de los combates entre los hutíes y grupos armados en el sur; que el conflicto ha fomentado la expansión de grupos afiliados al Dáesh en el país;
Q. Considerando que la Unión y las Naciones Unidas han impuesto un embargo de armas a Yemen, y que la primera ha impuesto sanciones específicas a líderes hutíes; que, al mismo tiempo, diecisiete Estados miembros de la Unión, entre los que figuran el Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania, siguen vendiendo armas a Arabia Saudí; que el Reino Unido, Francia y España, en particular, han incrementado significativamente su suministro de armas a agentes implicados en el conflicto;
R. Considerando que los Estados Unidos mantienen la base aérea militar de Al-Annad en Yemen, cerca de la ciudad de Al-Huta, en el sur, donde los estadounidenses han dirigido ataques mediante drones contra presuntos miembros de la rama local de Al-Qaeda; que los ataques con drones de los Estados Unidos y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en Yemen desde 2002 han contribuido a desestabilizar la situación en el país; que, según informaciones sobre Yemen publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), los ataques con drones han matado a más civiles que a supuestos terroristas o miembros de Al-Qaeda;
S. Considerando que, desde que la Administración Trump asumió sus funciones, se ha producido un aumento radical de las operaciones letales con drones en Yemen, con un incremento masivo del 231 % desde 2016 y al menos 115 ataques confirmados este año, incluidas dos incursiones terrestres; que existen pruebas de que algunos Estados miembros de la Unión como el Reino Unido, Italia y Alemania prestan apoyo directo e indirecto a estas operaciones letales mediante el suministro de información y otros tipos de ayuda operativa;
T. Considerando que la situación geográfica de Yemen, en la embocadura del mar Rojo que conduce al canal de Suez y bordea el golfo de Adén, tiene una relevancia estratégica vinculada a importantes rutas marítimas y recursos energéticos;
1. Manifiesta su gran inquietud por la escalada del conflicto en Yemen, que ha provocado la actual crisis humanitaria, y por el ulterior agravamiento de la situación a raíz del restablecimiento del bloqueo completo por parte de Arabia Saudí;
2. Condena el uso de la violencia contra civiles por cualquiera de las partes en el conflicto o por los terroristas u otros grupos armados, ya que estos actos han abocado al país a una grave crisis humanitaria y han provocado miles de heridos y muertos y varios millones de desplazados entre la población civil; expresa su más profunda solidaridad y transmite su pésame a las familias de las víctimas;
3. Condena los ataques militares indiscriminados llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, que siguen siendo la principal causa de la muerte de civiles; condena, asimismo, el bloqueo restablecido por Arabia Saudí en Yemen e insta a su total levantamiento; pide a Arabia Saudí y a su coalición que garanticen la apertura permanente de todos los puertos y rutas terrestres para permitir que la ayuda humanitaria urgente llegue a la población yemení;
4. Reitera su pleno apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen; expresa su convicción de que la solución al conflicto de Yemen solo puede ser política; pide, por consiguiente, a todas las partes en Yemen que acuerden con carácter de urgencia un cese de las hostilidades, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, como primer paso para la reanudación de las conversaciones de paz que conduzcan a negociaciones políticas integradoras, lideradas por Yemen, para restablecer la paz en el país;
5. Recuerda a todas las partes, especialmente a Arabia Saudí y su coalición, su responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos, lo que significa proteger a los civiles, abstenerse de atacar infraestructuras civiles y facilitar a las organizaciones humanitarias un acceso seguro y sin obstáculos al país;
6. Se muestra convencido de que la intervención saudí tiene por objeto reforzar su control de la región y de que esto únicamente causará más sufrimiento a la población yemení y mayores divisiones entre los pueblos de Oriente Próximo; manifiesta su preocupación por la creciente tensión a la que está sometida la región, que se ha visto exacerbada por las medidas unilaterales adoptadas por Arabia Saudí con respecto a otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo como Qatar;
7. Pide a las partes en el conflicto que tomen todas las medidas necesarias a fin de prevenir y abordar todas las formas de violencia contra la población civil, incluida la violencia sexual y de género; condena enérgicamente las violaciones de los derechos del niño; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones sobre la utilización de niños soldados por parte de las fuerzas hutíes, de Ansar al-Sharía y gubernamentales, y por el limitado acceso de los niños a servicios básicos de atención sanitaria y educación; pide que los responsables de violaciones y de abusos de los derechos humanos o violaciones del Derecho internacional humanitario rindan cuentas de sus actos;
8. Critica enérgicamente el intenso comercio de armas de los Estados miembros con varios países de la región, como en el caso del Reino Unido, España, Francia y Alemania; pide la inmediata suspensión de la transferencia de armas y del apoyo militar a Arabia Saudí y a sus socios de coalición; reitera su petición al Consejo de imponer un embargo de la Unión relativo a las armas contra Arabia Saudí, habida cuenta de las graves acusaciones de incumplimiento del Derecho internacional humanitario por este país en Yemen y de que continuar autorizando la venta de armas a Arabia Saudí supondría, por tanto, una violación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008[5];
9. Lamenta que no se haya puesto en marcha ninguna investigación internacional independiente acerca del ataque aéreo de la coalición al lugar en el que se celebraba un concurrido funeral en Saná, el 8 de octubre de 2016, que, según el informe del Grupo de Expertos sobre Yemen, de 27 de enero de 2017, causó la muerte de 132 personas y heridas a otras 695;
10. Manifiesta su preocupación por la capacidad de Al-Qaeda de la Península Arábiga y del Dáesh de aprovecharse del deterioro de la situación política y en materia de seguridad en Yemen; recuerda que todos los actos de terrorismo son actos criminales e injustificables, independientemente de su motivación, del momento y del lugar en que se cometan y de quiénes sean sus autores;
11. Está convencido de que cualquier solución a largo plazo debe abordar las causas subyacentes de la pobreza y la inestabilidad en el país, además de satisfacer las demandas y aspiraciones legítimas de la población yemení; reitera su apoyo a todo esfuerzo político pacífico por proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen;
12. Lamenta profundamente que durante los últimos dos años y medio la comunidad internacional y los medios de comunicación no hayan prestado atención al conflicto que ha provocado la actual catástrofe humanitaria en Yemen;
13. Rechaza toda intervención militar extranjera en el país, ya sea saudí o iraní, árabe u occidental; manifiesta su profunda preocupación por la escalada de la tensión en la región, que se ha visto agravada por las declaraciones del presidente Trump sobre la implicación de Irán; subraya que la guerra en Yemen no es tan solo un conflicto entre chiitas y sunitas; denuncia la instrumentalización de las diferencias religiosas, en particular por Arabia Saudí, para instigar crisis políticas y guerras sectarias;
14. Condena la connivencia y la complicidad de la Unión con las dictaduras de la región; critica vehementemente el efecto que han tenido las distintas intervenciones occidentales de los últimos años en la radicalización de los conflictos de la región; afirma que la solución a los conflictos de la región no puede ser militar; rechaza el uso del principio de «responsabilidad de proteger», también como pretexto de las diferentes partes en el conflicto yemení, ya que supone una violación del Derecho internacional y no ofrece una base jurídica adecuada para justificar el uso unilateral de la fuerza;
15. Pide a la comunidad internacional y, en particular, a Estados miembros como el Reino Unido, Francia, España y Alemania que pongan fin a los envíos de armas a cualquiera de las partes enfrentadas en el país, y, por consiguiente, que tomen las medidas necesarias para evitar su suministro directo o indirecto, ya sea venta o transferencia, a individuos y entidades señalados y a quienes actúen en su nombre o dirigidos por ellos en Yemen, o que se beneficien de ello, con arreglo al embargo de armas de las Naciones Unidas a Yemen, tal como se define en el apartado 14 de la Resolución 2216 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
16. Condena el creciente uso de drones para operaciones extraterritoriales por parte de los Estados Unidos durante la Administración Obama y el incremento de dicho uso bajo la Administración Trump; manifiesta su firme oposición al uso de drones en ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales; pide que se prohíba el uso de drones con estos fines, de conformidad con su mencionada Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados, que, en su apartado 2, letras a) y b), pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros y al Consejo que «se opongan a la práctica de los asesinatos selectivos extrajudiciales y los prohíban» y que « velen por que los Estados miembros, en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, no perpetren homicidios ilegales deliberados ni faciliten que lo hagan otros Estados»;
17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Yemen y a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- [1] Textos Aprobados, P8_TA(2015)0270.
- [2] Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.
- [3] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0273.
- [4] Textos Aprobados, P7_TA(2014)0172.
- [5] DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.