Procedimiento : 2017/2973(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0668/2017

Textos presentados :

B8-0668/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Votaciones :

PV 14/12/2017 - 8.6
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Textos aprobados :

P8_TA(2017)0500

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.287v01-00
 
B8-0668/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación de los rohinyás (2017/2973(RSP))


Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los rohinyás (2017/2973(RSP))  
B8‑0668/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista sus anteriores Resoluciones sobre Myanmar y sobre la situación de los musulmanes rohinyás, en particular las de 7 de julio de 2016(1) y 15 de diciembre de 2016(2), y sus Resoluciones de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017(3), y de 13 de junio de 2017, sobre la apatridia en Asia meridional y sudoriental(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Myanmar, de 16 de octubre de 2017, y sobre la estrategia de la Unión Europea respecto a Myanmar/Birmania, de 20 de junio de 2016,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) Federica Mogherini, de 6 de septiembre de 2017, sobre la situación en el estado de Rakáin,

–  Vista la declaración de la relatora especial de las Naciones Unidas Yanghee Lee, de 14 de marzo de 2017, sobre la violencia en el estado de Rakáin,

–  Vistos de los resultados de la conferencia sobre promesas de contribuciones celebrada en Ginebra el 23 de octubre de 2017, auspiciada conjuntamente por la Unión Europea y el Gobierno de Kuwait y coorganizada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),

–  Visto el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas, de 15 de abril de 2017, sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 25 de noviembre de 1981,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 18 de diciembre de 1992,

–  Visto el acuerdo de reparto de poder entre las autoridades militares y el Gobierno civil en Myanmar, en virtud del cual el 25 % de los escaños parlamentarios lo ocupan personas a las que nombran las autoridades militares, y las fuerzas de internas, fronterizas y de defensa responden ante las autoridades militares,

–  Vista la derogación de la ley sobre disposiciones de emergencia en el Derecho birmano, según la cual las autoridades militares podían detener a personas de interés sin cargos,

–  Vista la declaración del Secretario de Estado de los Estados Unidos, de 22 de noviembre de 2017, sobre la situación en el estado de Rakáin, en la que pide, en particular, una investigación internacional sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad,

–  Vista la declaración realizada el 22 de noviembre de 2017 por la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, en la que afirmaba que las agresiones sexuales contra los rohinyás pueden constituir crímenes de guerra,

–  Visto el acuerdo firmado por Myanmar y Bangladés el 23 de noviembre de 2017 para la repatriación potencial de cientos de miles de refugiados rohinyás al estado de Rakáin,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–  Vista la Declaración de compromiso de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia sexual en los conflictos, de 13 de junio de 2014,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Vista la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 18 de septiembre de 1997,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los rohinyás se ha deteriorado drásticamente desde el estallido de la violencia entre los combatientes rohinyás y las fuerzas de seguridad del país, el 25 de agosto de 2017, con acusaciones de matanzas generalizadas, la quema de pueblos rohinyás, saqueos, violaciones en masa, torturas y actos de violencia dirigidos específicamente contra los rohinyás en el estado de Rakáin, en Myanmar, incluido el confinamiento de muchos rohinyás en campos de desplazados;

B.  Considerando que estas acusaciones, relativas a actos que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad conforme al Derecho internacional, se han visto corroboradas por informaciones de múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras), así como por informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Gobierno de los Estados Unidos, según los cuales se está llevando a cabo una persecución selectiva de patrocinio estatal contra los rohinyás, siendo las fuerzas de seguridad de Myanmar las que están cometiendo presuntamente estos actos;

C.  Considerando que el Gobierno de Myanmar y las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar han negado una y otra vez los ataques contra civiles y asentamientos rohinyás, atribuyendo los casos de violencia a su campaña contra la insurgencia terrorista rohinyá o a las luchas intestinas entre militantes rohinyás;

D.  Considerando que, según las estimaciones actuales, se cree que el número de refugiados rohinyás que huyen del estado de Rakáin, centro neurálgico de la población rohinyá en Myanmar, supera los 623 000, de una población rohinyá total estimada de un millón en todo Myanmar, y que la mayoría de estos refugiados ha huido al vecino Bangladés;

E.  Considerando que se cree que el total de refugiados huidos a Bangladés incluye un número no confirmado de refugiados hindúes de Myanmar, que afirman que los budistas de Rakáin les han confundido con rohinyás como consecuencia de las similitudes étnicas que tienen con estos últimos;

F.  Considerando que la violencia contra los rohinyás presenta todos los rasgos distintivos de una limpieza étnica sistemática y amparada por el Estado, incluidos los asesinatos de hombres, mujeres y niños, violaciones en masa de mujeres rohinyás por las fuerzas de seguridad del país, palizas y torturas sufridas por hombres y mujeres rohinyás de todas las edades, la total destrucción de bienes rohinyás y el recurso a la desinformación, incluidas imágenes falsas de los medios de comunicación de Myanmar para culpar de esta violencia a musulmanes rohinyás que habrían actuado contra su propio pueblo;

G.  Considerando que las Naciones Unidas y Human Rights Watch han advertido de que la persecución de los rohinyás constituye una limpieza étnica y que, si no se toman medidas al respecto, existe el grave riesgo de que degenere en genocidio;

H.  Considerando que, según Human Rights Watch, en el caso de las violaciones en masa contra rohinyás es posible que el número comunicado de violaciones represente tan solo un tercio de su número real, debido al estigma social y el miedo a una persecución adicional por parte del Gobierno;

I.  Considerando que la violencia por motivos étnicos contra los rohinyás tiene una dimensión sexual que es característica de los casos históricos de limpieza étnica y genocidio;

J.  Considerando que los periodistas de investigación extranjeros que ejercen su actividad en Myanmar están sometidos a una férrea supervisión estatal, especialmente en zonas en las que sigue existiendo población musulmana, con estrictos toques de queda y un acceso mínimo a la población local previamente autorizado, y que, como consecuencia de ello, ven obstaculizada su capacidad para informar de manera justa e imparcial sobre los hechos en torno a los rohinyás;

K.  Considerando que en la conferencia sobre promesas de contribuciones celebrada en Ginebra entre el ACNUR, la OCAH, la OIM, la Unión Europea y el Gobierno de Kuwait se lograron 36 compromisos individuales de ayuda a Bangladés y Myanmar por un valor total de 344 millones de dólares estadounidenses, incluidos los fondos prometidos y comprometidos desde que estallara la violencia, el 25 de agosto, así como nuevos compromisos, comprometiendo varios donantes privados ayuda adicional por un valor superior a los 50 millones de dólares estadounidenses;

L.  Considerando que el acuerdo de repatriación de 23 de noviembre de 2017 entre Myanmar y Bangladés no impone restricciones al número de rohinyás a los que se permite regresar voluntariamente al estado de Rakáin, con excepción de los refugiados que hayan participado en actividades terroristas, contrariamente a lo afirmado por el portavoz militar de Myanmar en declaraciones anteriores;

M.  Considerando que los términos de este acuerdo permitirán la repatriación de los rohinyás que hayan superado el proceso de verificación del Gobierno de Myanmar para su retorno, y que quienes retornen deberán estar en posesión de documentos de identidad, basados en pruebas de residencia previa en Myanmar; que los antiguos pueblos y viviendas de un gran número de rohinyás han sido destruidos como consecuencia del conflicto; que desde 1982 se ha privado a hombres, mujeres y niños rohinyás de sus derechos de ciudadanía y, como consecuencia de ello, la inmensa mayoría de ellos son «sin papeles»;

N.  Considerando que no está claro cuántos repatriados potenciales rohinyás serán alojados en campamentos y zonas de permanencia temporal, si bien, habida cuenta del gran número de pueblos rohinyás del estado de Rakáin destruidos a lo largo del conflicto, las probabilidades de que muchos de los refugiados retornados acaben viviendo en condiciones inadecuadas, sin un plazo claro de vuelta a una vivienda segura, son enormes;

1.  Condena en los términos más enérgicos el aumento de la violencia en el estado de Rakáin, especialmente en los casos en que las fuerzas de seguridad de Myanmar han estado implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, con inclusión de violaciones en masa, asesinatos selectivos y la destrucción de bienes civiles, entre otros, y pide el cese inmediato de la violencia, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad del país o por parte de los militantes rohinyás, en el estado de Rakáin;

2.  Recuerda la obligación del Gobierno de Myanmar de colaborar con la comunidad internacional para proteger a todos los civiles contra los abusos, sin discriminación alguna, e investigar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos cometidas en Myanmar, de conformidad con las normas y las obligaciones en materia de derechos humanos;

3.  Pide una vez más a las autoridades de Myanmar que concedan un acceso inmediato, sin restricciones e inequívoco a los observadores independientes, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los periodistas y otros observadores internacionales, incluida, en particular, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2017, con el fin de llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales de las denuncias relativas a violaciones graves de los derechos humanos cometidas tanto por las fuerzas de seguridad de Myanmar como por militantes rohinyás;

4.  Pide una vez más, asimismo, que se permita a las organizaciones de ayuda humanitaria acceder a todas las zonas en conflicto, tanto en el estado de Rakáin como en las regiones circundantes, así como a las personas desplazadas, sin discriminación alguna, para prestar ayuda a las personas que estén en peligro;

5.  Recuerda que, tal como se ha comprobado históricamente, la violencia contra la población civil, especialmente si confluyen la destrucción de bienes civiles, el asesinato de civiles y las violaciones en masa, fomenta el resentimiento y el descontento de los que, en última instancia, se nutren los grupos terroristas, como los condenados por el ejército de Myanmar;

6.  Reconoce que la difícil situación de los rohinyás ya no puede tratarse como una mera cuestión de prestación de más y mejor ayuda humanitaria en los campos de refugiados, y que su condición de apátridas ha agravado la ya de por sí grave situación de emergencia humanitaria; alienta a la comunidad internacional a continuar ejerciendo presión diplomática sobre el Gobierno de Myanmar a fin de garantizar la dignidad y la seguridad de los rohinyás, poner fin a los actos de violencia contra ellos y evitar que se vuelvan a repetir y permitir su retorno seguro a la provincia de Rakáin;

7.  Considera que el acuerdo de repatriación de 23 de noviembre de 2017 entre los Gobiernos de Bangladés y Myanmar es un dato positivo y expresa su esperanza de que conduzca a la reinserción de todos los rohinyás que han regresado al estado de Rakáin en Myanmar con plenos derechos de ciudadanía;

8.  Apoya las afirmaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid bin Ra'ad, en el sentido de que los recientes ataques y actos de discriminación contra la población rohinyá en Myanmar constituyen actos de limpieza étnica;

9.  Acoge con satisfacción el incremento del apoyo de la Unión Europea y de sus Estados miembros a los esfuerzos de ayuda en Bangladés y Myanmar en respuesta a la crisis de los rohinyás; se felicita, además, de los compromisos asumidos por la comunidad internacional en la conferencia sobre promesas de contribuciones celebrada en Ginebra el 23 de octubre de 2017 en respuesta a la crisis;

10.  Insta a la Unión Europea a que lidere los esfuerzos internacionales por medio de una cumbre intergubernamental; propone que en esta cumbre se analicen los progresos realizados en el proceso de repatriación de los rohinyás y la restauración de los derechos de ciudadanía, se inicie el procedimiento para una investigación independiente de los crímenes de lesa humanidad, se coordinen futuras inversiones tanto en Bangladés como en Myanmar que ayuden a reconstruir el conjunto de la región, y no solo las vidas de los rohinyás en los campos de refugiados, y se promuevan y alienten reformas, con especial hincapié en el Estado de Derecho, las buenas prácticas democráticas y un poder judicial independiente e imparcial;

11.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante que trabaje con los Estados miembros para facilitar una conferencia intergubernamental de alto nivel para ofrecer soluciones a más largo plazo en apoyo de los rohinyás, también en ámbitos tales como la rehabilitación comunitaria y de la infraestructura, los derechos de ciudadanía, el acceso a la atención sanitaria y la educación y a infraestructuras sanitarias limpias y suministros de agua potable;

12.  Pide la entrega rápida, continuada y sin impedimentos de ayuda humanitaria a los más necesitados, en colaboración con las agencias de ayuda internacionales y las Naciones Unidas;

13.  Alienta la ayuda internacional para la negociación de un diálogo político entre el Gobierno de Myanmar y los dirigentes de la comunidad rohinyá, en consonancia con las conclusiones recogidas en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de marzo de 2017;

14.  Insiste en la plena adopción de las recomendaciones del informe final de la Comisión Asesora sobre el estado de Rakáin, de agosto de 2017, a fin de evitar más violencia, mantener la paz y promover la reconciliación;

15.  Insiste en que el Gobierno de Myanmar mantenga su cooperación con las Naciones Unidas, incluida la relatora especial de las Naciones Unidas Yanghee Lee, y la misión de investigación independiente sobre Myanmar;

16.  Insta a que se revitalice el diálogo sobre derechos humanos UE-Myanmar, para debatir expresamente las cuestiones relativas a la comunidad rohinyá;

17.  Pide al Gobierno de Myanmar que retire inmediatamente todas las minas terrestres de la frontera con Bangladés y coopere plenamente con las Naciones Unidas y los observadores internacionales durante este proceso; subraya la necesidad de que la comunidad internacional ofrezca asistencia técnica y financiera, en caso necesario, de modo que esta labor puede llevarse a cabo de forma eficaz y oportuna;

18.  Reconoce y aplaude los esfuerzos realizados por el Gobierno y el pueblo de Bangladés, a raíz de esta catástrofe humanitaria, para ofrecer protección a cientos de miles de refugiados rohinyás, y anima encarecidamente a las autoridades de Bangladés y de los demás países vecinos a que respeten el principio de no devolución;

19.  Insta al Gobierno de Myanmar, y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi en particular, a que condenen inequívocamente toda incitación al odio racial o religioso y a que luchen contra la discriminación social y las hostilidades en contra de la minoría rohinyá; insta asimismo al Gobierno de Myanmar a que defienda el derecho universal a la libertad de religión o creencias; pide a la consejera de Estado que impulse la aplicación de las recomendaciones que figuran en el informe final de la Comisión Asesora sobre el estado de Rakáin, que fue elaborado a petición suya; lamenta el drástico deterioro de la situación actual desde la declaración de 18 de mayo de 2015 del portavoz del partido de Aung San Suu Kyi, en la que afirmaba que el Gobierno de Myanmar debería conceder la ciudadanía a la minoría rohinyá;

20.  Apoya los esfuerzos realizados para intensificar un proceso político basado en la aplicación de las «recomendaciones Annan»; pide al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas que adopten medidas diplomáticas y políticas efectivas para asegurar que el Gobierno de Myanmar cumple sus obligaciones respecto a la minoría rohinyá, en concreto ofreciendo protección contra los abusos y un acceso sin restricciones a la ayuda;

21.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y el Parlamento de Myanmar, al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al secretario general de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0316.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0506.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0089.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0247.

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