Procedimiento : 2017/2973(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0672/2017

Textos presentados :

B8-0672/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Votaciones :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0500

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.291v01-00
 
B8-0672/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación de los rohinyás (2017/2973(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los rohinyás (2017/2973(RSP))  
B8-0672/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Myanmar/Birmania y sobre la situación de los musulmanes rohinyás, en particular las de 14 de septiembre de 2017(1), 7 de julio de 2016(2) y 15 de diciembre de 2016(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Myanmar/Birmania de 16 de octubre de 2017,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 19 de noviembre de 2017 en la ciudad de Cox’s Bazar (Bangladés),

–  Visto el comunicado de prensa conjunto, de 25 de noviembre de 2016, sobre el tercer diálogo sobre derechos humanos UE-Myanmar/Birmania,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la apatridia de 4 de diciembre de 2015,

–  Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 6 de noviembre de 2017, sobre la violencia en el estado de Rakáin,

–  Vista la Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar aprobada por el Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 2017,

–  Vistos el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado «Situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar», de 20 de junio de 2016, y el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, de 18 de marzo de 2016,

–  Visto el 27.º período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de la minoría musulmana rohinyá y otras minorías en el estado de Rakáin (Myanmar), así como su resolución de 5 de diciembre de 2017 sobre la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo, de 1967,

–  Vistas la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961,

–  Visto el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia: 2014-2024 del ACNUR,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el informe final de la Comisión Asesora sobre el estado de Rakáin (comisión Annan),

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–  Vista la Carta de la ASEAN,  

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el estado de Rakáin en Myanmar/Birmania es el hogar de aproximadamente un millón de rohinyás, minoría predominantemente musulmana a la que se niegan plenos derechos de ciudadanía con arreglo al Derecho sobre la nacionalidad de este país, lo que los convierte en apátridas;

B.  Considerando que los rohinyás son una de las minorías más perseguidas del mundo y se encuentran mayoritariamente confinados en campamentos bajo severas restricciones a la libre circulación tanto dentro como fuera del estado de Rakáin; que esta privación de libertad ha acarreado amenazas para su vida y seguridad, la denegación del derecho a la salud y la educación, desnutrición e inseguridad alimentaria, trabajo forzado, violencia sexual, y limitaciones de sus derechos políticos;

C.  Considerando que la escalada más reciente de las tensiones, en agosto de 2017, provocó una reacción mayoritariamente desproporcionada de las autoridades de Myanmar/Birmania, las cuales perpetraron graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo rohinyá, como asesinatos, violaciones, torturas y la destrucción de viviendas a gran escala;

D.  Considerando que, desde agosto de 2017, más de 626 000 rohinyás han huido al vecino Bangladés en busca de seguridad, con lo que pasa a haber un total de 838 109 refugiados rohinyás en este país, una cifra que se espera que sea superior a un millón a finales de 2017; que las personas que huyen han de utilizar rutas peligrosas, haciendo frente a disparos, a zonas llenas de peligros, a la violencia de género, al hambre y a la falta de asistencia médica; que decenas de rohinyás, incluidos mujeres y niños, han muerto en el camino;

E.  Considerando que más de 400 000 personas están necesitadas de asistencia sanitaria y alimentaria, y que se calcula que 300 000 requieren asistencia nutricional, siendo más de la mitad niños que no tienen ni cinco años de edad;

F.  Considerando que Bangladés ha presentado una queja contra las autoridades de Myanmar por la colocación de minas terrestres a lo largo de un tramo de su frontera con Bangladés;

G.  Considerando que, según la información disponible, sigue impidiéndose a las agencias de las Naciones Unidas llevar a los rohinyás ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y medicinas;

H.  Considerando que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, anunció, el 10 de septiembre de 2017, que la situación en Myanmar/Birmania parece un clásico ejemplo de limpieza étnica y, el 5 de diciembre de 2017, que no puede descartarse que se trate de un acto de genocidio contra los musulmanes rohinyás por parte de las fuerzas armadas y de seguridad de Myanmar/Birmania; que Amnistía Internacional ha descrito la situación de las minorías en el estado de Rakáin como un apartheid y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado la «elevada probabilidad de comisión de crímenes de lesa humanidad» en Myanmar/Birmania; que en un informe elaborado por el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos y Fortify Rights, una organización de derechos humanos con sede en el Sudeste Asiático, se hace referencia a la acumulación cada vez mayor de pruebas de que haya un genocidio contra los rohinyá;

1.  Lamenta la persistencia de la violencia, los abusos de los derechos humanos y la pérdida de vidas, medios de subsistencia y cobijo en el estado de Rakáin; manifiesta su más profunda solidaridad y pleno apoyo al pueblo rohinyá; recuerda que las autoridades de Myanmar/Birmania tienen el deber de proteger de los abusos a todos los civiles, así como de investigar las violaciones graves de derechos humanos y de llevar a los responsables ante la justicia, de conformidad con las normas y las obligaciones en materia de derechos humanos;

2.  Insta enérgicamente a las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar/Birmania a que pongan fin de inmediato a los asesinatos, el acoso y las violaciones de que son víctimas los rohinyás, así como a la destrucción de sus hogares;

3.  Insta a las autoridades de Myanmar/Birmania a que permitan el acceso inmediato y sin trabas de la ayuda humanitaria internacional al estado de Rakáin, incluido el apoyo específico para grupos vulnerables como niños, personas de edad avanzada y víctimas de violencia sexual; insta al Gobierno a que aplique medidas que se atengan a la Resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para prevenir los incidentes de violencia sexual y darles respuesta;

4.  Pide a las autoridades de Myanmar/Birmania que concedan acceso a los observadores independientes, en particular a la Misión de Investigación de las Naciones Unidas establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2017, con el fin de garantizar que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales de las denuncias relativas a violaciones graves de los derechos humanos cometidas por todas las partes;

5.  Reitera su petición al Gobierno de Myanmar/Birmania para que retire inmediatamente todas las minas terrestres de la frontera con Bangladés;

6.  Es consciente del esfuerzo realizado por Bangladés ante esta crisis humanitaria en uno de sus países vecinos; celebra el amparo que ha brindado a la población rohinyá en su huida de Myanmar/Birmania y le anima a que siga ofreciendo su ayuda en colaboración con el ACNUR, que dispone de las competencias técnicas necesarias para examinar el estatuto de refugiado y cuenta con un mandato para proteger a los refugiados y los apátridas; pide a Bangladés que siga facilitando las operaciones humanitarias de las ONG internacionales simplificando la carga burocrática, el procedimiento de registro y las restricciones de movimientos;

7.  Insta a la Unión y a los Estados miembros a que aumenten la ayuda financiera y material para alojar a los refugiados, velando al mismo tiempo por que esta ayuda no se desvíe hacia soluciones que resulten inaceptables para los refugiados y los repatriados, como puede ser la creación de «zonas seguras» en Myanmar/Birmania en la frontera; manifiesta su preocupación, por consiguiente, por la decisión de Bangladés de acondicionar una isla del golfo de Bengala distante y proclive a las inundaciones para que albergue temporalmente a 100 000 refugiados rohinyás, puesto que de este modo se privaría a los refugiados de sus derechos;

8.  Pide asimismo al Gobierno de Bangladés, a la Unión y sus Estados miembros y a las instituciones financieras internacionales para establecer una financiación a largo plazo que brinde respuesta de manera sostenible a las necesidades de la minoría rohinyá desplazados y a las comunidades de acogida mediante el acceso a servicios adecuados y de mayor calidad; hace especial hincapié en la necesidad urgente que hay de financiación, calculada en aproximadamente 10 millones de dólares, para poder brindar servicios médicos especializados y de salud mental a las víctimas de violaciones y de violencia de género; pide a la Comisión que apoye la investigación exhaustiva de la magnitud de la violencia sexual y el resto de crímenes perpetrados contra la población rohinyá;

9.  Muestra su profunda preocupación por las denuncias de tráfico de mujeres y niñas rohinyás en Myanmar/Birmania y Bangladés, e insta a las autoridades de ambos países a que colaboren con el ACNUR y las organizaciones de derechos humanos para poner fin a este tráfico y ofrecer protección y apoyo a las mujeres y niñas afectadas;

10.  Pone de relieve el acuerdo bilateral de repatriación celebrado entre Bangladés y Myanmar/Birmania el 23 de noviembre de 2017, que reconoce el derecho del pueblo rohinyá a retornar a este último país y a volver a residir en él; insiste, no obstante, en que no pueden llevarse a cabo retornos forzados, en especial mientras persistan la violencia y la represión, que se han calificado de «limpieza étnica»; insta a las autoridades bangladesíes a asegurarse de que, antes de que se proceda al retorno, se establece en Myanmar/Birmania una estrategia global de retorno e integración del pueblo rohinyá sobre la base de las recomendaciones fundamentales que figuran en el informe de la comisión Annan; insiste en que las autoridades de Myanmar/Birmania deben ofrecer garantías creíbles de que quienes retornen no se verán obligados a permanecer en campamentos segregados por razón de etnia o religión, así como de que se garantizará la supervisión imparcial e independiente de organismos de derechos humanos; considera que, en las circunstancias actuales, no se cumplen las condiciones necesarias para regresar de manera segura y voluntaria;

11.  Subraya la necesidad de garantizar que, en caso de tener lugar retorno alguno en virtud de dicho acuerdo, se establezca la plena supervisión por parte de las Naciones Unidas al objeto de velar por el carácter voluntario, seguro e informado de tales retornos; insta al Gobierno de Myanmar/Birmania a que elabore una estrategia global para la clausura de todos los campamentos de desplazados internos en el centro del estado de Rakáin y facilitar el retorno de estos desplazados dentro del país, sobre la base de las recomendaciones del informe de la comisión Annan, mediante consultas con las comunidades afectadas siguiendo unos plazos claros y establecidos;

12.  Señala que para facilitar el retorno y defender los derechos humanos universales del pueblo rohinyá se requiere un esfuerzo amplio para acabar con la discriminación y la segregación institucionalizadas en Myanmar/Birmania; subraya que, si no se abordan las causas profundas, resultará imposible dar solución a su difícil situación; señala, a este respecto, que en Myanmar/Birmania la denegación de derechos a las minorías no solo afecta a los rohinyás, sino también a grupos étnicos de los estados de Kachin y Shan;

13.  Lamenta profundamente que siga aplicándose la ley de nacionalidad de Myanmar de 1982, que ha privado de derechos humanos básicos a los rohinyás al convertirlos en apátridas; pide al Gobierno de Myanmar/Birmania que modifique la ley de nacionalidad y ofrezca documentos jurídicamente reconocidos que acrediten la nacionalidad de los rohinyás residentes de modo que sean aceptados en cuanto comunidad y se respete su derecho a la libre identificación; insta al Gobierno a que expida tarjetas de identidad en las que no conste la religión profesada;

14.  Insiste en que debe ponerse fin a la segregación de la población rohinyá; pide que se levante el toque de queda impuesto a los rohinyás y que se desmantelen los puestos de control, salvo aquellos que sean necesarios; insta al Gobierno de Myanmar/Birmania a que garantice que los residentes rohinyás pueda desplazarse libremente dentro del estado de Rakáin y en el resto del país y, en particular, que se respete su derecho de acceso a la sanidad, los alimentos, la educación y el empleo;

15.  Recuerda que la comisión Annan se creó a petición de la consejera de Estado; anima a las autoridades de Myanmar/Birmania a que designen lo antes posible un organismo de aplicación que ponga en práctica en su integridad las recomendaciones de esta comisión; anima a la Unión y a las Naciones Unidas a que respalden este proceso;

16.  Insiste en la necesidad de garantizar que las inversiones de la Unión, incluida la ayuda al desarrollo, contribuyan a la prestación de servicios universales para toda la población, y destaca que estas inversiones no deben reforzar la segregación en Myanmar/Birmania, que ya ha dado lugar a una discriminación institucionalizada y a crímenes de lesa humanidad; solicita, por tanto, a la Unión que efectúe evaluaciones de todos los proyectos y operaciones de ayuda, a fin de velar por su correcta ejecución para garantizar su aplicación en consecuencia, y le pide que apoye aquellos actores y proyectos que luchen contra la segregación y la discriminación y que trabajan en pos de una sociedad más integradora y equitativa;

17.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que impongan, con carácter de urgencia, sanciones económicas concretas contra personas específicas de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad responsables de la perpetración de violaciones generalizadas de los derechos humanos en Myanmar/Birmania;

18.  Pide que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas imponga un embargo de armas mundial completo a nivel mundial sobre Myanmar/Birmania por el que se suspenda cualquier suministro, venta o transferencia, ya sea directo o indirecto, incluido el tránsito y el transbordo, de armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad de todo tipo, así como el suministro de formación y cualquier otra ayuda militar o en materia de seguridad;

19.  Insta al Gobierno de Myanmar/Birmania a que garantice la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos humanos, así como a que vele por que se rinda justicia a las víctimas; anima a las Naciones Unidas y a la Unión a que sigan y apoyen las investigaciones de Myanmar/Birmania, así como a que se planteen la posibilidad de que la investigación y el enjuiciamiento la lleven a cabo tribunales internacionales o extranjeros si las autoridades del país no garantizan la rendición de cuentas en el plano nacional;

20.  Pide al Gobierno de Myanmar/Birmania, incluida la consejera de Estado, que condene la incitación al odio y el acoso, que fomente el diálogo intercultural e interreligioso, y que respete el derecho universal a la libertad de religión y creencias;

21.  Pide asimismo a la ASEAN y a los Gobiernos de la región que tomen medidas inmediatas para aumentar la presión sobre el Gobierno y el Ejército de Myanmar/Birmania con el fin de pongan fin a las violaciones de derechos y protejan a todos los civiles del estado de Rakáin y del conjunto del país;

22.  Pide a Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Sájarov, que condene las todas las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra la minoría rohinyá; recuerda la declaración realizada el 18 de mayo de 2015 por el portavoz del partido de Aung San Suu Kyi en el sentido de que el Gobierno de Myanmar/Birmania debía restituir la ciudadanía a la minoría rohinyá; recalca que el Premio Sájarov se concede a quienes defienden los derechos humanos, protegen los derechos de las minorías y respetan el Derecho internacional, entre otros criterios; llama la atención sobre la posibilidad de estudiar si el Premio Sájarov puede ser revocado en caso de que el galardonado infrinja dichos criterios después de haberlo obtenido;

23.  Anima a los principales valedores internacionales de las partes, en particular China y otros actores regionales, a que utilicen todos los canales diplomáticos para exigir el fin de la violencia;

24.  Lamenta que en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se hayan conseguido acordar medidas decididas e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que ejerzan mayor presión sobre aquellos que dificultan una acción significativa, en particular China y Rusia;

25.  Insta al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la VP/AR y a los Estados miembros a seguir ejerciendo presión sobre las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Myanmar/Birmania al objeto de poner fin a la perenne violencia y discriminación contra los rohinyás y colaborar con las Naciones Unidas, la ASEAN, los Gobiernos de la región y China para acabar con la segregación dentro de Myanmar/Birmania;

26.  Solicita a la VP/AR que informe al Parlamento de las iniciativas llevadas a cabo por la delegación de la Unión en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEM, en Naipyidó, el 21 de noviembre de 2017;

27.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia: 2014-2024 del ACNUR;

28.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y el Parlamento de Myanmar/Birmania, al Gobierno y el Parlamento de Bangladés, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al secretario general de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0351.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0316.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0506.

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