Procedimiento : 2017/2973(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0674/2017

Textos presentados :

B8-0674/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Votaciones :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0500

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.293v01-00
 
B8-0674/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre Myanmar/Birmania: la situación de los rohinyás (2017/2973(RSP))


Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre Myanmar/Birmania: la situación de los rohinyás (2017/2973(RSP))  
B8-0674/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus múltiples resoluciones sobre Myanmar/Birmania y los rohinyás, en particular las de 16 de septiembre de 2017, 15 de diciembre de 2016, 7 de julio de 2016 y 21 de mayo de 2015 sobre las fosas comunes en Tailandia,

–  Visto su informe sobre la apatridia en el Asia meridional y el Asia sudoriental, de 13 de junio de 2017, así como el de 27 de junio de 2016 sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento, de 2010, relativas a las normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo, de 1967,

–  Vista la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Convención de Nueva York sobre el Estatuto de los Apátridas,

–  Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Vista la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

–  Vistos los trabajos de las Naciones Unidas sobre esta cuestión y, en particular, el informe titulado «Situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar», aprobado en la 32.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el Plan de Acción Mundial 2014-2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para Acabar con la Apatridia,

–  Visto el informe de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) a Bangladés, de 3 de febrero de 2017, sobre las entrevistas a rohinyás que huyen de Myanmar/Birmania desde el 9 de octubre de 2016,

–  Vistas las Orientaciones de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, y sobre la libertad de expresión,

–  Vista la declaración de Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), en su conferencia de prensa del 2 de mayo de 2017 junto con Aung San Suu Kyi, consejera de Estado y ministra de Asuntos Exteriores de Myanmar/Birmania,

–  Visto el acuerdo de protección de las inversiones UE-Myanmar/Birmania que se está negociando actualmente,

–  Vistos los informes periódicos de las ONG sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania y, en particular, sobre los rohinyás,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre la estrategia de la Unión Europea con respecto a Myanmar/Birmania,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 16 de octubre de 2017,

–  Vistas la visita a Bangladés y la declaración, de 19 de noviembre de 2017, de la VP/AR, Federica Mogherini,

–  Visto el comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de 5 de diciembre de 2017, en la sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.Considerando que los rohinyás de Myanmar/Birmania constituyen la mayor población de apátridas del mundo; que la persecución, la violencia y la discriminación contra ellos siguen en aumento; que el acceso al estado de Rakáin sigue siendo muy limitado para las ONG, los observadores independientes y los periodistas;

B.Considerando que desde el 25 de agosto de 2017 más de 600 000 rohinyás se han refugiado en Bangladés, además de otros 200 000 a 300 000 refugiados rohinyás que han llegado al país durante las últimas décadas; que Bangladés es uno de los países más pobres del mundo; que a la crisis humanitaria empiezan a sumarse una crisis sanitaria y el riesgo de epidemias; que se han observado casos de malnutrición aguda grave; que Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades de Bangladés pusieron en marcha el mes pasado una gran campaña de vacunación para la que se han previsto 900 000 dosis de vacunas;

C.Considerando la firma, el pasado 23 de noviembre, de un acuerdo entre Bangladés y Myanmar/Birmania; que este acuerdo cubre la repatriación voluntaria de los rohinyás desplazados desde octubre de 2016; que el dispositivo y el grupo de trabajo conjunto se pondrán en marcha en un plazo de dos meses; que habría que abrir campamentos en Myanmar/Birmania para acogerlos; que las fuerzas armadas de Myanmar/Birmania son responsables de actos de tortura, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y bombardeos indiscriminados de pueblos rohinyás;

D.Considerando el anuncio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que solicita una investigación penal internacional sobre los autores de actos de violencia contra los rohinyás, potencialmente responsables de actos de genocidio; que sus análisis sobre los ataques «generalizados, sistemáticos y de una brutalidad chocante» contra los rohinyás corroboran las informaciones de numerosos observadores internacionales;

E.Considerando también que la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, viajó a los campamentos de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladés, el pasado 12 de noviembre, y anunció su intención de recomendar a la Corte Penal Internacional (CPI) la inculpación de las autoridades de Myanmar/Birmania por numerosas violaciones de los derechos humanos, lo que equivale a «actos de genocidio contra la población rohinyá»; que el campamento de Kutupalong, el más importante de Cox’s Bazar, acoge por sí solo a más de 400 000 refugiados;

F.Considerando la conferencia de colecta de fondos para los rohinyás celebrada el pasado 23 de octubre en Ginebra; que la Unión Europea ha aprobado una ayuda de 30 millones de euros para paliar la crisis humanitaria; que la ayuda humanitaria internacional deberá renovarse a partir de febrero de 2018;

G.Considerando que el informe, del pasado 24 de agosto, del antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, solicitado por Aung San Suu Kyi, recomienda que Myanmar/Birmania suprima las restricciones a la circulación y la ciudadanía de los rohinyás para evitar alimentar el extremismo y asegurar la paz y la estabilidad de la nación birmana;

H.Considerando el rechazo reiterado de conceder la nacionalidad y los derechos conexos, tales como el derecho de voto, al millón de rohinyás; que numerosos niños rohinyás no obtienen partida de nacimiento desde la década de 1990, lo que dificulta su inscripción en las escuelas públicas y la obtención de documentos de identidad;

I.Considerando que los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Myanmar/Birmania es parte, reconocen el derecho del niño a estar registrado desde su nacimiento y otras obligaciones impuestas por los instrumentos internacionales aplicables en la materia, en particular en casos en que, de no ser así, el niño sería apátrida;

J.Considerando que el ejército sigue teniendo un poder desproporcionado en la gestión del país; que algunos artículos de la Constitución consagran la impunidad de los dirigentes militares y civiles;

K.Considerando que el hecho religioso se instrumentaliza con fines violentos; que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión no está garantizada; que la incitación al odio contra las minorías religiosas sigue quedando sistemáticamente impune; que la xenofobia y la islamofobia en la sociedad birmana han estado alimentadas en particular por el auge de un extremismo budista que alienta una política nacionalista que considera el budismo elemento fundador de la nación birmana, o incluso condición exclusiva de esta nación;

L.Considerando, sin embargo, que las tensiones y el odio comunitarios no pueden eliminarse tan solo con disposiciones jurídicas; que conviene asimismo afrontar sus causas profundas, en particular desmontando los estereotipos discriminatorios fomentando una mayor tolerancia y medidas de acceso a los servicios sociales para todos, especialmente en la educación;

 

1.  Manifiesta su profunda preocupación por la situación humanitaria en Myanmar/Birmania y Bangladés, y pide encarecidamente al Gobierno de Myanmar/Birmania que ponga fin al uso excesivo de la fuerza y a los actos de discriminación y violencia que han aniquilado a los rohinyás en el estado de Rakáin; reitera su llamamiento en favor de un acceso humanitario total e incondicional sin demora;

2.  Recuerda que los rohinyás forman parte íntegra de la población birmana, por lo que deben ser reconocidos legalmente como tales;

3.  Toma nota del reciente acuerdo celebrado entre Bangladés y Myanmar/Birmania; insiste en que se asocie sistemáticamente a ACNUR a los trabajos del grupo de trabajo conjunto; subraya que el desplazamiento de los rohinyás de un campamento a otro, al otro lado de la frontera, no puede ser una solución digna o permanente; apoya la posición del Alto Comisionado para los Refugiados, que considera que actualmente no se dan las condiciones para «permitir retornos seguros y viables»; subraya, además, que estos retornos deben ser realmente voluntarios; subraya la necesidad de respetar el principio de no devolución en todas las circunstancias;

4.  Manifiesta su satisfacción por el papel constructivo desempeñado por Bangladés en circunstancias difíciles; insta a las autoridades a que proporcionen más tierras para reducir la superpoblación y la insalubridad de los campamentos; les pide que reduzcan los obstáculos burocráticos que imponen a las organizaciones humanitarias, en particular en materia de permisos de trabajo, visados y autorizaciones de proyectos; anima a Bangladés a que reconozca oficialmente a todos los rohinyás la calidad de refugiados, a fin de que todos puedan acceder a las protecciones básicas y recibir la ayuda que necesitan; recuerda, por último, que la libertad de circulación es clave para garantizar el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades de educación;

5.  Destaca la necesidad de garantizar las condiciones de un retorno digno para ofrecer soluciones sostenibles, de conformidad con los principios internacionales, comenzando por la reconstrucción de los pueblos destruidos por las fuerzas armadas birmanas; acoge con satisfacción, a este respecto, la decisión de Myanmar/Birmania de crear una «Union Enterprise Mechanism» para la ayuda humanitaria, la reubicación y el desarrollo en el estado de Rakáin; subraya que este mecanismo debe correr parejo con la restauración integral de los derechos de los rohinyás y el fin y la condena pública del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades birmanas;

6.  Celebra que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya prolongado recientemente el mandato de la misión de investigación; subraya las discriminaciones, desahucios, abusos, asesinatos en masa e incitaciones al odio contra los rohinyás perpetrados por el Estado birmano, que se asemejan a la calificación jurídica de «crimen de lesa humanidad»; apoya la solicitud del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de considerar la posibilidad de recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de un nuevo mecanismo imparcial e independiente, complementario de los trabajos de la misión de investigación de la última ola de violencia y abusos, para facilitar las investigaciones penales individuales de los responsables; respalda también la creación en Myanmar/Birmania de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con un mandato completo;

7.  Llama la atención sobre la discriminación de que son también objeto otras minorías en Myanmar/Birmania (tamil hindú, kaman, china, etc.); Considera que la Ley de 1982 sobre la ciudadanía es un terreno fértil para la división que establece de hecho un concepto inicuo de diferentes «estatutos» de ciudadanía, a lo que se suma una aplicación selectiva, con múltiples niveles de burocracia y una corrupción endémica;

8.  Subraya de nuevo la urgencia, para el Gobierno birmano, de revisar por completo el arsenal jurídico discriminatorio del país; insta, a este respecto, al Gobierno de Myanmar/Birmania a que conceda la nacionalidad a todos los efectos a todas las minorías birmanas, incluidos los rohinyás, revisando la Ley de 1982 sobre la nacionalidad, de conformidad con las normas internacionales; recomienda al Gobierno que vele por que todos los ciudadanos de Myanmar/Birmania puedan obtener documentos de identidad, independientemente de su nacionalidad, y que garantice que todos los niños sean inscritos al nacer, sin discriminación y de forma gratuita, e instaure rápidamente un sistema que permita inscribir en el registro civil a los niños no inscritos, incluidos los niños rohinyás, en consonancia con las recomendaciones de las Naciones Unidas;

9.  Insta a las autoridades birmanas a que apliquen sin demora el conjunto de recomendaciones de la comisión de investigación dirigida por Kofi Annan, en particular sobre la cuestión de la ciudadanía y la igualdad de derecho y de hecho entre los ciudadanos birmanos;

10.  Insta a Aung San Suu Kyi a que proteja a su pueblo, del que los rohinyás son parte íntegra, y a que condene los abusos de los militares; señala que, en su calidad de consejera de Estado, Aung San Suu Kyi se ha comprometido a enjuiciar a todos los autores de violaciones de los derechos humanos y otros actos criminales de conformidad con el Estado de Derecho para evitar todo tipo de impunidad, y declaró, el 19 de septiembre de 2017, que Myanmar/Birmania no teme el escrutinio minucioso de la comunidad internacional; sigue, no obstante, profundamente preocupado por algunas de sus declaraciones y por la insuficiencia de su acción, que son indignas de una ganadora del Premio Nobel de la Paz y del Premio Sájarov;

11.  Denuncia la creciente influencia de los movimientos ultranacionalistas budistas que alimentan actitudes discriminatorias y exigen la adopción de políticas o leyes discriminatorias; recuerda que la Constitución de 2008 prohíbe la instrumentalización de la religión con fines políticos; pide a las autoridades que tomen las medidas necesarias para luchar contra la difusión de la discriminación y los prejuicios contra los musulmanes y los miembros de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas en el país y que pongan fin a la incitación al odio, en particular contra los musulmanes, condenando públicamente estos actos, en particular en el estado de Rakáin;

12.  Subraya la necesidad de abordar las raíces de la discriminación que afecta desde hace mucho tiempo a la población rohinyá; pide que se consagre, se defienda y se garantice el acceso a los derechos económicos y sociales fundamentales, en particular la mejora de las oportunidades educativas y el acceso a la educación, incluida la enseñanza superior, a todas las personas, en particular, en el estado de Rakáin, a los jóvenes desplazados y a los niños que viven en los campamentos;

13.  Anima al Gobierno birmano a que dé prioridad a medidas preventivas contra la discriminación, en particular mediante campañas de educación e información, la formación de los jueces y agentes encargados del mantenimiento del orden y el diálogo cultural y social;

14.  Subraya que el éxito de la transición hacia la democracia y del Estado de Derecho en Myanmar/Birmania depende también de que se garantice la supremacía del poder civil sobre el poder militar;

15.  Pide a las autoridades birmanas que garanticen el pleno respeto de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de los medios de comunicación, que pongan fin a las detenciones y arrestos arbitrarios y que renuncien a imponer penas desproporcionadas a quienes ejerzan tales derechos, incluidos los agentes de la sociedad civil, los políticos y los periodistas que se esfuerzan por proteger los derechos de las minorías y que son frecuentemente víctimas de actos de intimidación y de acoso;

16.  Pide a Myanmar/Birmania que ratifique cinco de los ocho convenios fundamentales ya firmados, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño;

17.  Pide a todos los países de la región, en particular Australia, Indonesia, Malasia y Tailandia, que respeten sus compromisos internacionales en relación con los derechos de los refugiados, en particular mediante la firma de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, denominada Convención de Ginebra, y de su Protocolo de 1967, y el Convenio de Nueva York sobre el Estatuto de los Apátridas, que abran sus fronteras a los solicitantes de asilo, en particular a los rohinyás y que les proporcionen al menos una protección temporal;

18.  Acoge con satisfacción la atención y el apoyo crecientes de la Unión frente a esta crisis; recomienda que la ayuda de la Unión esté condicionada a programas escrupulosamente no discriminatorios y no segregacionistas; observa que, durante su visita a Bangladés el mes pasado Christos Stylianides, comisario europeo de Ayuda Humanitaria, citó al secretario general de las Naciones Unidas, que hablaba de «limpieza étnica»;

19.  Acoge con satisfacción la suspensión del compromiso militar de Francia y el Reino Unido con Myanmar/Birmania así como la suspensión de las invitaciones de la Unión Europea al comandante en jefe y a otros oficiales de las fuerzas armadas de este país; subraya la importancia del embargo de armas de la Unión, que también debe cubrir el suministro de equipos, el mantenimiento, la asistencia, la formación y la colaboración con el ejército de Myanmar/Birmania, e insta a la comunidad internacional a que haga lo mismo;

20.  Pide que las negociaciones sobre un acuerdo de protección de las inversiones entre la Unión Europea y Myanmar/Birmania sigan en suspenso mientras no haya mejorado la situación de manera duradera; se felicita, en este contexto, del aplazamiento hasta una fecha indeterminada de la visita que una delegación de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debía realizar a Myanmar/Birmania en septiembre; recuerda que el beneficio del sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la Unión está supeditado al respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos y que, en caso de violaciones generalizadas y sistemáticas de las normas fundamentales en materia de derechos humanos o de derechos laborales, podrá retirarse; pide encarecidamente al Consejo que considere esta posibilidad;

21.  Subraya, en términos más generales, que las cuestiones territoriales y de apropiación indebida de tierras, en particular por empresas privadas, siguen siendo un reto importante para el futuro de Myanmar/Birmania, la justicia social y la reubicación de los rohinyás;

22.  Recuerda que su informe de 2010 sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a las normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas, el Parlamento consideraba que las cláusulas incluidas actualmente en los acuerdos comerciales han tenido una incidencia limitada sobre el respeto de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, y pedía a la Comisión y al Consejo que, entre otras cosas, consideraran la posibilidad de incluir un comité de derechos humanos en todos los acuerdos comerciales de la Unión a fin de garantizar un seguimiento riguroso y sistemático de las cuestiones de derechos humanos en el marco del Acuerdo;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Myanmar/Birmania, y a los miembros de la ASEAN, al secretario general de las Naciones Unidas y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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