Procedimiento : 2017/2932(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0679/2017

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B8-0679/2017

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PV 14/12/2017 - 8.5
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P8_TA(2017)0499

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.302v01-00
 
B8-0679/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Afganistán (2017/2932(RSP))


Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Afganistán (2017/2932(RSP))  
B8‑0679/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos sus anteriores informes y resoluciones sobre Afganistán, en particular sus Resoluciones, de 13 de junio de 2013, sobre las negociaciones para un Acuerdo de Cooperación sobre Colaboración y Desarrollo entre la UE y Afganistán(1), y de 26 de noviembre de 2015, sobre Afganistán, en particular las matanzas perpetradas en la provincia de Zabul(2),

–  Visto el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, firmado el 18 de febrero de 2017,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 24 de julio de 2017, titulada «Elementos de una estrategia de la UE para Afganistán» (JOIN(2017)0031),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de octubre de 2017, sobre Afganistán,

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 15 de septiembre de 2017, sobre la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales,

–  Visto el informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) titulado «Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield» [La lucha de Afganistán contra la corrupción: el otro campo de batalla], de marzo de 2017,

–  Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, de 12 de abril de 2017, acerca de su misión al Afganistán,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán, incluida la Resolución 2344 (2017) de 17 de marzo de 2017 relativa al mandato renovado de la UNAMA,

–  Vistos los comunicados de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativos a Afganistán, en particular los de los días 31 de julio, 2 de agosto y 17 de octubre de 2017,

–  Vista la declaración del inspector general especial estadounidense para la reconstrucción de Afganistán ante la Subcomisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el 1 de noviembre de 2017,

–  Vista la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán del 5 de octubre de 2016, organizada por este país y la Unión Europea, así como el comunicado de prensa de la Comisión de 5 de octubre de 2016 relativo a la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán y el permanente compromiso internacional para con la estabilidad y el desarrollo políticos y económicos del país,

–  Visto el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de 14 de noviembre de 2016, sobre las actividades de examen preliminar,

–  Vistos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y el correspondiente Protocolo de 1967,

–  Vista la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 31 de octubre de 2000 relativa a la mujer, la paz y la seguridad,

–  Visto el documento de información sobre los países de origen de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) de 23 de agosto de 2017 titulado «Afghanistan: Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City» [Afganistán: indicadores socioeconómicos clave, protección estatal y movilidad en Kabul, Mazar-e-Sarif y Herat],

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, desde el inicio de la intervención militar de la OTAN encabezada por los Estados Unidos contra Al‑Qaeda y los talibanes hace dieciséis años, Afganistán no ha logrado alcanzar ni la paz ni el desarrollo sostenible a pesar de los notables avances en lo que respecta al acceso a la atención sanitaria básica y a la educación, la emancipación de la mujer, y los quince años que se han sumado a la esperanza de vida;

B.  Considerando que, según el reciente informe de Tadamichi Yamamoto, representante especial para el Afganistán del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la UNAMA, los insurgentes talibanes están ganando terreno; que el país está sometido tanto a enquistadas tensiones políticas como a dificultades económicas y sociales a la hora de reintegrar a los miles de refugiados afganos que regresan cada día y a la gran cantidad de jóvenes afganos que se incorporan al mercado laboral;

C.  Considerando que, según las Naciones Unidas, la corrupción en Afganistán socava la legitimidad del Estado, lo que constituye una grave amenaza para el desarrollo sostenible al impedir que surja una economía real y es el quid del problema de la impunidad, en torno al cual giran precisamente los actuales desafíos en materia de derechos humanos;

D.  Considerando que Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, con un crecimiento económico que ha quedado notablemente estancado desde que la mayor parte de las fuerzas de seguridad internacionales se retiraron en 2014; que la economía depende en gran medida de la ayuda económica exterior y al menos el 60 % del presupuesto del Estado proviene de la ayuda internacional al desarrollo;

E.  Considerando que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, hay más de 1,8 millones de estos en Afganistán a causa del conflicto, habiéndose alcanzado en 2016 la cifra récord de 650 000 personas que huyeron a otras zonas del país en busca de seguridad, lo que supone de media 1 500 por día; que la previsión era que esta tendencia se agravaría en 2017; que los refugiados sometidos a devolución, principalmente desde Pakistán, con 1,7 millones de refugiados registrados, e Irán, con alrededor de un millón, aunque también desde los Estados miembros, suponen una responsabilidad añadida para el Gobierno afgano en un momento en el que las instituciones nacionales no tienen en modo alguno la capacidad necesaria para hacer frente a desafíos humanitarios;

F.  Considerando que Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, anunció el 3 de noviembre de 2017 que solicitaría a los jueces de la Corte la apertura de una investigación de los posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán por parte de actores como los talibanes, las autoridades afganas y las fuerzas extranjeras a partir del 1 de mayo de 2003, día en que Afganistán se adhirió a la CPI;

G.  Considerando que, según el informe del inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, los talibanes han ido ganando terreno estos últimos meses en el este y tenían en agosto de 2017 bajo su control, o luchaban por este, alrededor de un 43 % de los distritos del país, y el Dáesh ha cometido este último año por lo menos seis atentados suicidas con bomba contra la población chií;

H.  Considerando que las etnias chií hazara, sij e hindú se enfrentan a una grave discriminación social por parte de la mayoría suní, lo que, si se le añade que la sociedad afgana se basa en gran medida en la estructura de clanes y la pertenencia étnica, supone un gran problema para las personas desplazadas o repatriadas desde Irán, la Unión y los Estados Unidos, ya de por sí vulnerables, al ser frecuentemente trasladadas a zonas con las que no están vinculadas ni social ni étnicamente y, por tanto, poder convertirse en víctimas de la estigmatización y de tribulaciones; que los atentados terroristas atribuidos a los talibanes o al Estado Islámico han ido en aumento este último año, teniendo cada vez más como objetivo también a la minoría chií, y que los atacantes han logrado perpetrar sus crímenes incluso dentro de la celosamente vigilada zona especial de seguridad de Kabul, que alberga la mayor parte de las embajadas extranjeras y organizaciones internacionales; que en el ámbito médico y sanitario la situación es especialmente delicada a causa de los constantes ataques contra los hospitales, el personal médico y los pacientes, los cuales constituyen una grave violación del Derecho internacional humanitario;

I.  Considerando que, según las Naciones Unidas, la situación de la seguridad va a peor en todo el territorio de Afganistán, siendo especialmente grave en las regiones centrales y meridionales, en las cuales, además de ser las cifras de víctimas mortales civiles las más elevadas del país, en los nueve primeros meses de 2017 ha habido más de 8 000 víctimas civiles y, tal como señalan las Naciones Unidas, se observan tendencias preocupantes en relación con el asesinato de líderes religiosos y de civiles sospechosos de apoyar al Gobierno o a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, así como de miembros de la judicatura;

J.  Considerando que parece ser que Khawaja Asif, ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, ha anunciado que la presión que su país puede ejercer sobre los talibanes afganos se está viendo reducida al haber estos trasladado sus bases al lado afgano de la frontera, mientras que el Gobierno afgano sigue sosteniendo que sus vecinos, en particular Pakistán, pero también Rusia e Irán, prestan apoyo a los insurgentes;

K.  Considerando que, en la estrategia para Afganistán que anunció recientemente, el presidente Trump autorizó el despliegue de varios miles de soldados de los Estados Unidos, sumados a los ya presentes, así como un mayor recurso a las fuerzas armadas estadounidenses para apoyar las operaciones de las fuerzas afganas, con lo que se pretende recuperar lo ganado por los talibanes y obligar a los insurgentes a intentar entablar conversaciones de paz con el Gobierno afgano;

L.  Considerando que, en la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán de octubre de 2016, la comunidad internacional se comprometió a entregar 13 600 millones de euros de ayuda al país, 5 000 millones de los cuales los aportaban la Unión y sus Estados miembros, lo que hace de la Unión en su conjunto el principal socio de cooperación para el desarrollo de Afganistán, un país en el que se calcula que en 2017 hay alrededor de 9,3 millones de personas, 5,3 millones de la cuales son niños, que necesitan ayuda humanitaria, lo que representa un aumento del 13 % con respecto a 2016;

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulada «Elementos de una estrategia de la UE para Afganistán» en cuanto señal de la importancia que la Unión en su conjunto da a la resolución del conflicto y al desarrollo a largo plazo del país;

2.  Expresa su profunda preocupación por el conflicto armado en curso y la inestabilidad general que provoca en Afganistán y hace un llamamiento a los Estados miembros en el sentido de que no lleven a cabo devoluciones de ciudadanos afganos a su país en tanto persista esta situación; se pronuncia en contra del acuerdo vigente de readmisión informal con Afganistán («Acción conjunta para el futuro»), en el que se crea un marco para la cooperación en materia de readmisión y que se decidió adoptar sin el pertinente control parlamentario ni democrático y sin que se llevase a cabo ningún tipo de seguimiento por parte de la Unión y sus Estados miembros acerca de la situación y las condiciones de los afganos sometidos a devolución;

3.  Subraya la importancia que reviste seguir ayudando a Afganistán y celebra los compromisos financieros que la Unión y los Estados miembros confirmaron en la Conferencia de Bruselas; pide en particular que se brinde apoyo a aquellas iniciativas que atiendan las necesidades prioritarias de los desplazados internos y los refugiados repatriados; llama la atención sobre la promesa de la Unión de luchar contra el fraude que afecta a los fondos de la Unión desembolsados a Afganistán y espera asimismo que se sometan a un control estricto los desembolsos anteriores;

4.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que den prioridad a las iniciativas de lucha contra la corrupción junto con Afganistán al objeto de respaldar las iniciativas de paz de carácter inclusivo en lo que respecta a los actores y la integración regional;

5.  Celebra la atención que la Unión presta constantemente al refuerzo del papel y los derechos de las afganas y es consciente de la necesidad de formar mujeres policías, habida cuenta de que en la sociedad civil las mujeres se hallan en una situación de especial vulnerabilidad a la violencia y los abusos, teniendo hombres policías parte en el constante acoso al que se ven sometidas en la vía pública;

6.  Pide al Gobierno de Afganistán que refuerce la inclusión política y la rendición de cuentas, y luche de manera activa contra la cultura de la corrupción y el nepotismo; celebra especialmente en este sentido la creación en junio de 2016 del centro de lucha contra la corrupción, que tiene por objeto la investigación y el enjuiciamiento de los grandes casos de corrupción y la adopción de medidas tendentes a la contratación por méritos en las administraciones públicas y las declaraciones de patrimonio de los funcionarios;

7.  Se congratula de la reciente adhesión de Afganistán a la Alianza para el Gobierno Abierto, así como de que el país sea miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas; insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para proteger los recursos públicos de vital importancia, como la tierra y los minerales, de la explotación por parte de redes delictivas e insurgentes;

8.  Toma nota de las recomendaciones del informe de la UNAMA, siendo la más destacable la relativa a la necesidad de que el Gobierno ejecute las reformas ya emprendidas, como la revisión del código penal, de modo que se implante un sistema de gestión pública transparente y eficaz, y se cree en el seno del Gobierno una secretaría independiente de lucha contra la corrupción;

9.  Señala, además, la petición de la UNAMA en el sentido de que la comunidad internacional siga ayudando y prestando apoyo al Gobierno afgano en su lucha contra la corrupción y pide al Gobierno del país que mejore la capacidad nacional a la hora de recuperar activos malversados a través de programas como la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados que dirigen el Grupo Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

10.  Pide al Gobierno afgano que adopte más medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos a los detenidos, y que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura;

11.  Celebra la decisión de la fiscal de la CPI de abrir una investigación sobre los posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán desde 2003 y pide a todos los Gobiernos que hayan aportado efectivos a la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) bajo el mando de la OTAN o a la coalición internacional en apoyo de la llamada «guerra contra el terror» que presten su plena colaboración a esta investigación de la CPI;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Afganistán, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión.

 

(1)

DO C 65 de 19.2.2016, p. 133.

(2)

DO C 366 de 27.10.2017, p. 129.

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