Propuesta de resolución - B8-0082/2018Propuesta de resolución
B8-0082/2018

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía

    5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

    tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
    presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno

    Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski en nombre del Grupo ECR

    Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0082/2018

    Procedimiento : 2018/2527(RSP)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    B8-0082/2018
    Textos presentados :
    B8-0082/2018
    Debates :
    Textos aprobados :

    B8‑0082/2018

    Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía

    (2018/2527(RSP))

    El Parlamento Europeo,

    –  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía, y en particular su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de los periodistas en Turquía[1], su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía[2], y su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía[3],

    –  Visto el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía,

    –  Vistas las declaraciones de la Delegación de la Unión en Ankara, de 14 de septiembre de 2017, sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, y, de 13 de noviembre de 2017, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Turquía,

    –  Vista la declaración realizada tras la reunión del Diálogo Político de Alto Nivel entre la Unión y Turquía del 25 de julio de 2017,

    –  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que Turquía es Estado parte,

    –  Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias,

    –  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

    –  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981,

    –  Visto el artículo 123 de su Reglamento interno,

    A.  Considerando que Turquía es un socio importante de la Unión; que el respeto del Estado de Derecho, incluida la separación de poderes, la democracia, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la libertad de asociación, la libertad religiosa y los derechos de las minorías conforman el núcleo del Derecho internacional y nacional;

    B.  Considerando que el 18 de enero de 2018 Turquía prorrogó el estado de excepción por sexta vez desde el fallido intento de golpe de Estado de 2016; que, durante el estado de excepción, el Estado de Derecho en Turquía ha estado sometido a una presión constante, registrándose casos de acoso judicial, detenciones arbitrarias, prohibición de viajar y muchas otras medidas restrictivas contra toda persona sospechosa de pertenencia al movimiento de Gülen y contra agentes de la sociedad civil, incluidos periodistas, abogados, miembros del mundo académico, escritores y ONG, a pesar de la falta de pruebas de comisión de delitos o de motivos imperativos para la privación de libertad; que los funcionarios públicos siguen siendo objeto de suspensión o despido por decreto y sin respetarse el debido procedimiento legal, habiéndose despedido a más de 110 000 funcionarios desde julio de 2016; que se ha encarcelado a más de quinientos abogados a la espera de juicio, y se ha enjuiciado a más de un millar;

    C.  Considerando que esta campaña represiva se ha extendido igualmente al partido opositor prokurdo HDP (Partido Democrático de los Pueblos), cuyos copresidentes, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, así como otros diputados fueron detenidos y están en prisión preventiva desde noviembre de 2016, mientras que anteriormente en 2016 se suspendió la inmunidad parlamentaria de 148 diputados del HDP y de otros partidos de la oposición; que, el 11 de enero de 2018, se despojó a Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo de 2005, de la condición de diputada por motivos discutibles; que, en el sudeste del país, el Gobierno tomó el control de 89 municipios en los que había resultado ganador el Partido Democrático de las Regiones (DBP), partido hermano del HDP en dicha región, y suspendió a sus coalcaldes elegidos democráticamente bajo la presunción de delitos de terrorismo, habiéndose encarcelado al menos a setenta a la espera de juicio, lo que viola los derechos de asociación política y de participación y la libertad de expresión;

    D.  Considerando que han aumentado las restricciones de la libertad de expresión y la intimidación de periodistas y medios de comunicación dentro y fuera de Turquía, adoptando la forma de detenciones, audiencias, acciones judiciales, censura y despidos; que, según algunas informaciones, se ha encarcelado a más de 150 periodistas; considerando que también se ha detenido a periodistas extranjeros, concretamente Deniz Yücel, periodista germano-turco que en febrero de 2017 fue encarcelado acusado de espionaje y permanece en prisión; que, pese a la falta de pruebas fiables para justificar los cargos, en 2017 se iniciaron varios juicios importantes de periodistas obedeciendo a motivos políticos;

    E.  Considerando que en 2017 los defensores de los derechos humanos también estuvieron en el punto de mira; que, en junio de 2017, Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, fue detenido por supuestos vínculos con el movimiento de Gülen; que, el 31 de enero de 2018, un tribunal de Estambul ordenó su puesta en libertad bajo fianza, si bien Taner Kılıç permanece detenido porque el fiscal recurrió la decisión de dicho tribunal; que, en julio de 2017, otros diez defensores de los derechos humanos, incluidos un ciudadano alemán y otro sueco, fueron detenidos durante una reunión en Estambul acusados de ayudar a organizaciones terroristas no identificadas y fueron puestos en libertad bajo fianza el 25 de octubre; que, en noviembre de 2017, Osman Kavala, hombre de negocios y conocida figura de la sociedad civil, fue encarcelado sin acusaciones claras;

    F.  Considerando que, en enero de 2018, más de 300 personas, incluidos periodistas, que criticaron en los medios sociales la intervención militar del Gobierno turco denominada «Operación Rama de Olivo» en el enclave de Afrín, situado en el noroeste de Siria, fueron detenidas acusadas de incitación al odio, insultos a funcionarios del Estado, apoyo al terrorismo y amenazas a la unidad del Estado;

    G.  Considerando que, a pesar de que la Constitución turca prevé la libertad de creencias y de culto, así como la difusión privada de ideas religiosas, y prohíbe la discriminación por motivos religiosos, las minorías religiosas siguen haciendo frente a delitos motivados por el odio y a ataques físicos y verbales, a la estigmatización y a la presión social en los centros escolares, a la discriminación a causa de la sección sobre religión incluida en los documentos de identidad y a problemas relacionados con la capacidad de implantar legalmente un lugar de culto; que la sociedad civil ha informado de unos niveles sin precedentes de persecución y represión de cristianos, habida cuenta de que extremistas islamistas radicales huyeron de Siria e Irak a Turquía generando un fuerte aumento de la violencia y las agresiones a cristianos; que Andrew Brunson, pastor cristiano en Turquía durante los últimos veintitrés años, fue detenido en octubre de 2016, ha sido acusado falsamente y sin pruebas de pertenencia a organización terrorista armada y permanece en prisión;

    H.  Considerando que en 2017 se han denunciado numerosos casos de tortura y malos tratos bajo arresto policial, denuncias formuladas especialmente por personas detenidas en virtud de la Ley antiterrorista;

    I.  Considerando que Turquía continúa acogiendo al mayor número de refugiados en el mundo; que en dicho país siguen existiendo altos índices de trabajo infantil y un gran número de menores refugiados y solicitantes de asilo no están escolarizados; que, según informes recientes, casi medio millón de menores sirios refugiados están matriculados pero al menos 380 000 no lo están;

    1.  Expresa su profunda preocupación ante las medidas desproporcionadas adoptadas en el marco del estado de excepción tras el fallido golpe de Estado, que aún no se ha levantado, incluyendo un gran número de detenciones, despidos y casos de confiscación de bienes y la intensificación de la represión ejercida contra la libertad de los medios de comunicación, incluidas las prohibiciones desproporcionadas de sitios web de medios de comunicación y de medios sociales;

    2.  Recuerda que el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, así como unos medios de comunicación diversos e independientes son elementos esenciales de una sociedad democrática, y que unas ONG fuertes e independientes son un elemento central de todo sistema democrático; subraya que Turquía debe aspirar a unos estándares y prácticas democráticos del más alto nivel posible, de conformidad con las obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de los convenios internacionales de derechos humanos de los que dicho país es parte;

    3.  Condena enérgicamente las detenciones en Turquía de ciudadanos de la Unión, periodistas, miembros del mundo académico y defensores de los derechos humanos por razones injustificadas, y solicita la liberación inmediata, sobre la base del principio de presunción de inocencia, de Deniz Yücel, Taner Kılıç, Osman Kavala y todas las demás personas detenidas así como la aplicación de la prisión preventiva en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos; pide al Gobierno turco que revoque sus decisiones de cierre de medios de comunicación y garantice que la prensa y demás medios de comunicación, así como todas las personas, puedan opinar sobre cuestiones públicas e informar a la opinión pública sin censura ni restricciones;

    4.  Denuncia el hecho de que permanezcan encarcelados los copresidentes del partido HDP, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, y otros diputados pertenecientes a la oposición, así como los alcaldes kurdos, y pide su inmediata puesta en libertad a la espera de que se celebren sus juicios; condena la reciente decisión de despojar a Leyla Zana de su condición de diputada y anteriores decisiones similares relativas a otros cinco diputados del HDP; reitera su solidaridad con los parlamentarios elegidos legítimamente que han sido detenidos y objeto de intimidación;

    5.  Expresa su profunda inquietud ante la detención en Turquía de voces críticas durante la preocupante intervención militar «Operación Rama de Olivo» en Afrín; recuerda que el hecho de que Turquía silencie las voces que se oponen a la intervención militar constituye una vulneración de su propias leyes y obligaciones en virtud del Derecho internacional en materia de derechos humanos;

    6.  Pide al Gobierno de Turquía que respete y aplique toda la legislación turca en materia de protección de la libertad religiosa y acate plenamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la libertad de religión o creencias, con el fin de facilitar la devolución de los bienes confiscados a la iglesia y garantizar la observancia de las garantías procesales en todos los casos que afecten al derecho de libertad de religión o de creencias; solicita que el Gobierno turco entable un diálogo con las minorías religiosas a fin de superar los prejuicios y resolver los problemas de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos; insta al Gobierno de Turquía a que ponga en libertad al pastor Andrew Brunson y le permita regresar a su hogar; hace un llamamiento a las autoridades turcas para que luchen verdaderamente contra todas las manifestaciones de antisemitismo en la sociedad;

    7.  Manifiesta su inquietud ante las denuncias de casos de tortura y malos tratos de presos, e insta a las autoridades turcas a ajustarse a sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

    8.  Anima al Gobierno turco a conceder permisos de trabajo y acceso a la asistencia sanitaria a todos los refugiados sirios, y a facilitar el acceso a la educación a todos los menores sirios refugiados;

    9.  Pide a la Delegación de la Unión en Ankara que tome la iniciativa junto con las embajadas de los Estados miembros para apoyar de manera coordinada y, cuando sea necesario, respaldar públicamente a los defensores de los derechos humanos, en particular mediante el seguimiento y la observación de juicios, así como solicitando permiso para realizar visitas a centros penitenciarios;

    10.  Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y al enviado especial de la UE para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión que aborden sistemáticamente la cuestión de los cristianos y otras minorías religiosas como parte esencial de su diálogo con Turquía; anima a la Delegación de la Unión en Ankara a aplicar sistemáticamente las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, apoyando al efecto a la sociedad civil y las iglesias locales, haciendo declaraciones públicas y visitando a los miembros de minorías religiosas que estén encarcelados;

    11.  Insiste en que, para el futuro de Turquía, es vital apoyar a los defensores de los derechos humanos y los representantes de la sociedad civil de dicho país; reitera su llamamiento para que la Comisión estudie maneras concretas de incrementar el apoyo a la sociedad civil turca;

    12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.

    Última actualización: 7 de febrero de 2018
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