Procedimiento : 2018/2527(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0091/2018

Textos presentados :

B8-0091/2018

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Votaciones :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
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Textos aprobados :

P8_TA(2018)0040

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.400v01-00
 
B8-0091/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía (2018/2527(RSP))


Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía (2018/2527(RSP))  
B8‑0091/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía y, en particular, la de 27 de octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía(1),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía(2),

–  Visto el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía,

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,

–  Vistas la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, sobre los últimos acontecimientos en Turquía, de 2 de febrero de 2018, su declaración un año después del intento de golpe de Estado en Turquía, de 14 de julio de 2017, así como su declaración sobre el dictamen de la Comisión de Venecia acerca de las enmiendas a la Constitución de Turquía y los acontecimientos recientes, de 13 de marzo de 2017,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 8 de junio de 2017 sobre la supuesta detención del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, de 8 de julio de 2017 sobre la detención de defensores de los derechos humanos en la isla de Büyükada en Turquía, y de 26 de octubre de 2017 sobre los constantes casos de violaciones de los derechos humanos en Turquía,

–  Vistas las observaciones escritas que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2017 en relación con un grupo de doce solicitudes sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad y a la seguridad de los parlamentarios en Turquía, y el 10 de octubre de 2017 en relación con un grupo de diez solicitudes sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad de los periodistas en Turquía,

–  Visto que los valores fundacionales de la UE incluyen el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y que un buen funcionamiento del sistema judicial y el respeto de los derechos fundamentales son de vital importancia y deberían constituir una prioridad para los países candidatos como Turquía,

–  Visto el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es Estado parte,

–  Visto el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Resolución 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1988,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Parlamento condenó con firmeza el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016; que actualmente se utiliza el estado de excepción para silenciar el disenso sobrepasando cualquier medida legítima de lucha contra las amenazas a la seguridad nacional; que, de conformidad con el Derecho internacional, las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas en alcance y duración, y solo han de utilizarse con el fin de contrarrestar amenazas reales a la seguridad de la nación; que las autoridades turcas han abusado de las disposiciones de emergencia para imponer prohibiciones generales, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión y de reunión; que estas medidas han debilitado la protección contra los malos tratos y el derecho a un juicio justo, permitiendo al mismo tiempo que el Gobierno eluda el control parlamentario y judicial; que, según Human Rights Watch, muchas acciones judiciales se adoptaron sin ninguna prueba de la participación de los acusados en el fallido intento de golpe de Estado;

B.  Considerando que los defensores de los derechos humanos, activistas políticos, abogados, periodistas y otros intelectuales detenidos son, a menudo, acusados falsamente de «pertenencia a una organización terrorista armada» o de «apoyo a una organización terrorista armada»; que, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia turco correspondientes a 2016, 4 187 personas fueron acusadas de «insultar al presidente» con arreglo al artículo 299 del Código Penal turco, se iniciaron 482 causas por «insulto a la nación turca» con arreglo al artículo 301 del mismo Código, y 17 322 personas fueron acusadas de hacer propaganda en favor de organizaciones ilegales; que 148 firmantes de la petición de Académicos por la Paz se enfrentan a acusaciones de difusión de «propaganda terrorista» y se encuentran a la espera de juicio, previsto para mayo de 2018;

C.  Considerando que las medidas desproporcionadas adoptadas a partir de la declaración del estado de excepción se han dirigido, mediante retenciones, despidos, detenciones y confiscaciones de bienes, no solo contra miles de personas presuntos miembros o simpatizantes del movimiento Gülen, que se cree está detrás del intento de golpe de Estado, incluidas 50 000 que han sido sometidas a prisión provisional, sino también contra disidentes en general y militantes de partidos políticos de la oposición en particular; que miles de personas más han sido detenidas por supuestos vínculos con organizaciones terroristas, como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK); que casos examinados por Amnistía Internacional no contenían pruebas creíbles de una participación individual en actos delictivos, lo que sugiere que muchos o la mayoría de quienes se encuentran en prisión provisional lo están de forma arbitraria; que los recursos para el levantamiento de la prisión provisional se rechazan de forma rutinaria y los tribunales no respetan por sistema el principio de presunción de inocencia;

D.  Considerando que, según la Federación Europea de Periodistas, tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 al menos 148 periodistas y escritores permanecen en prisión, la mayoría sin que se hayan presentado cargos en su contra, mientras que muchos de los encarcelados no disponen de asistencia letrada; que Reporteros sin Fronteras clasificó a Turquía en 2017 como «la cárcel más grande del mundo para el personal de los medios»; que el ambiente de restricciones e intimidación creado por la creciente ola de persecuciones a periodistas, escritores, usuarios de las redes sociales y otros ciudadanos, incluso menores, por «insultos al presidente» provocan una intensificación de la autocensura; que a algunos de los periodistas detenidos se les ha denegado el derecho a asistencia letrada y se les mantiene en condiciones inhumanas, que incluyen amenazas y malos tratos;

E.  Considerando que, según Amnistía Internacional, las autoridades turcas han clausurado las oficinas de más de 160 organismos de radiodifusión, periódicos, revistas, editoriales y distribuidoras tras el intento de golpe de Estado; que, de nuevo según Amnistía Internacional, cientos de organizaciones de la sociedad civil han sido desmanteladas en el marco del decreto de estado de excepción, incluidas las principales ONG que ayudan a los desplazados internos y a los refugiados y las ONG que defienden los derechos de los niños y las mujeres; que la represión ha tenido un impacto profundo en la sociedad civil;

F.  Considerando que Amnistía Internacional indica también que las autoridades turcas han despedido a 107 000 personas de sus puestos de trabajo desde julio de 2016; que, desde julio de 2016, se han presentado más de 100 000 demandas judiciales ante el Tribunal Constitucional turco, que se declaró no competente en asuntos que recaigan en el ámbito del decreto de estado de excepción; que la «Comisión de investigación sobre las prácticas en el estado de excepción» establecida por la recomendación del Consejo de Europa ha recibido 104 789 solicitudes desde el 18 de enero de 2018 y ha dictado decisiones hasta la fecha únicamente en 3 110 asuntos, que no se han hecho públicas; que, como resultado, Turquía no ha logrado ofrecer por el momento un procedimiento de recurso rápido y eficaz; que la mayoría de los despedidos no puede continuar trabajando en sus profesiones ni pueden abandonar el país puesto que sus pasaportes han sido anulados, lo que les deja a ellos y sus familias en una situación desesperada mientras llega una solución;

G.  Considerando que las confederaciones de sindicatos turcos han formulado graves acusaciones relativas a numerosos despidos, situaciones de acoso, medidas de represalia, detenciones y agresiones por parte de la policía contra cargos sindicales por actividades sindicales legítimas; que, a raíz del intento de golpe del 15 de julio, dos confederaciones sindicales y sus diecinueve organizaciones afiliadas, con un total de casi 50 000 trabajadores afiliados, fueron desmanteladas por decreto alegando supuestos vínculos con organizaciones terroristas; que se ha impedido la celebración de un gran número de protestas y manifestaciones de los sindicatos, lo que restringe de forma desproporcionada los derechos sindicales;

H.  Considerando que el sistema judicial carece de independencia e imparcialidad; que en los últimos años se ha producido la ampliación del control del ejecutivo sobre el poder judicial y la fiscalía, de las detenciones generalizadas, el despido y el traslado arbitrario de jueces y fiscales, y de los ataques persistentes contra abogados; que 47 abogados fueron detenidos en 2017; que aproximadamente una cuarta parte de los jueces y fiscales, lo que supone más de 4 000, han sido despedidos, muchos de los cuales han sido detenidos y, en algunos casos, han visto confiscados sus bienes; que estos hechos socavan gravemente la independencia y la integridad del sistema judicial turco;

I.  Considerando que según Human Rights Association, en los 11 primeros meses de 2017 un total de 2 278 personas padecieron torturas y malos tratos; que 428 de estos casos se referían a personas golpeadas o sometidas a otros métodos durante su detención, mientras que 1 855 se produjeron fuera de los centros de detención, en el contexto de reuniones y manifestaciones que sufrieron la intervención de las fuerzas de seguridad;

J.  Considerando que la situación en el sudeste del país sigue siendo muy preocupante; que unas 2 500 personas han sido presuntamente asesinadas en el contexto de operaciones de seguridad y en torno a medio millón se han convertido en desplazados desde julio de 2015; que, debido a los conflictos armados en todo el país, un total de 695 personas, incluidos 183 soldados, policías y guardias locales, 460 militantes y 52 civiles, perdieron la vida en los 11 primeros meses de 2017; que la promulgación de una serie de leyes, en particular la Ley n.º 6722 relativa a la protección jurídica de las fuerzas y cuerpos de seguridad que participen en la lucha contra las organizaciones terroristas, adoptada en 2016, ha creado un ambiente de «impunidad sistemática» en favor de las fuerzas de seguridad; que las fiscalías locales se han negado repetidamente a abrir investigaciones sobre las denuncias de asesinatos, y se ha denegado el acceso a la zona a observadores independientes; que 68 alcaldes kurdos siguen encarcelados; que los dos decretos de estado de excepción se publicaron en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2017 e introdujeron, por ejemplo, la exención de responsabilidad penal de los civiles que actúen para impedir un intento de golpe de Estado y actos de terrorismo;

K.  Considerando que entre los periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos se encuentran, por ejemplo, el periodista germano-turco Deniz Yücel; la periodista turco-finlandesa Ayla Albayrak, condenada en rebeldía; el profesor universitario y columnista Mehmet Altan y el periodista Şahin Alpay; y numerosos periodistas y empleados del diario Cumhuriyet, incluido Ahmet Şık;

L.  Considerando que, a raíz de la enmienda constitucional por la que se suspendía la inmunidad parlamentaria de un gran número de diputados, muchos diputados de la oposición han tenido que hacer frente a procedimientos judiciales y detenciones sobre la base de acusaciones relacionadas con el terrorismo, entre otras, debido al ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión; que diez diputados siguen detenidos, entre quienes se encuentran los copresidentes del HDP, Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş, y el diputado del CHP Enis Berberoğlu, y que se ha privado de su mandato parlamentario a seis diputados, entre ellos, a Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov;

M.  Considerando que en julio de 2017 las autoridades turcas detuvieron a diez defensores de los derechos humanos (los «diez de Estambul»), dos de los cuales todavía se encuentran en prisión y ocho han sido puestos en libertad bajo fianza; que el órgano jurisdiccional de Estambul revocó su propia decisión de liberar a Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, el 1 de febrero de 2018, manteniéndole detenido mientras dure su juicio;

N.  Considerando que uno de los líderes de la sociedad civil de Turquía, Osman Kavala, fue detenido el 18 de octubre de 2017 y permanece en prisión desde entonces bajo la acusación de que intentó derrocar al Gobierno al apoyar las protestas del parque Gezi en diciembre de 2013;

O.  Considerando que continúa la represión de la disidencia política a través de las redes sociales; que 573 personas, incluida la activista Nurcan Baysal y los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Médica de Turquía, fueron detenidos por publicar comentarios en las redes sociales críticos con la incursión militar del Gobierno turco en el enclave sirio de Afrin;

P.  Considerando que al menos 55 organizaciones de derechos de las mujeres han sido desmanteladas desde julio de 2016; que, el 19 de noviembre de 2017, la Oficina del Gobernador de Ankara decidió imponer una prohibición indefinida de cualquier acto organizado por las organizaciones de LGBTI;

1.  Reitera su enérgica condena del intento de golpe de Estado de 16 de julio de 2016, y expresa su solidaridad con los ciudadanos de Turquía; reconoce el derecho y la responsabilidad del Gobierno turco a la hora de adoptar medidas dirigidas a llevar a los autores ante la justicia, garantizando al mismo tiempo el respeto del Estado de Derecho y el derecho a un juicio justo; hace hincapié, no obstante, en que el fallido golpe de Estado militar está siendo utilizado para reprimir aún más a la oposición legítima y pacífica e impedir a los medios de comunicación y a la sociedad civil el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión a través de acciones y medidas desproporcionadas e ilegales;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por el continuo deterioro de los derechos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Turquía y la falta de independencia del poder judicial; condena el recurso a la detención arbitraria y al acoso judicial y administrativo para perseguir a decenas de miles de personas, incluidos defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones independientes de la sociedad civil, abogados, jueces, activistas políticos, trabajadores de los medios de comunicación, sindicalistas y profesores universitarios; insta a las autoridades turcas a liberar de forma inmediata e incondicional a todos quienes han sido detenidos únicamente por realizar su trabajo legítimo y ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación, y que están detenidos sin pruebas convincentes de actividad delictiva; pide el levantamiento del estado de excepción en el país y la derogación de los decretos de estado de excepción;

3.  Hace hincapié en que los periodistas no deben ser detenidos sobre la base del contenido de su periodismo o de sus supuestas afiliaciones; subraya la necesidad de asegurar que la prisión provisional sigue siendo una excepción; lamenta que las disposiciones de emergencia se hayan utilizado también para hostigar a familiares de periodistas y defensores de los derechos humanos que han escapado al extranjero o han pasado a la clandestinidad, por ejemplo, anulando sus pasaportes o deteniéndoles de forma temporal;

4.  Pide al Gobierno turco que ofrezca a todas las personas objeto de medidas de restricción de su libertad vías de recurso, también judiciales, adecuadas y efectivas como procede en un Estado de Derecho; destaca que la presunción de inocencia es un principio básico en cualquier Estado constitucional; lamenta las graves restricciones impuestas a los detenidos a la hora de acceder a asistencia letrada; pide a Turquía que revise con carácter de urgencia el carácter de la Comisión de investigación sobre las prácticas en el estado de excepción, de forma que se convierta en una comisión sólida e independiente capaz de tratar de manera individual todos los asuntos, de tramitar eficazmente el gran número de solicitudes que recibe, y de asegurar que la vía judicial no sufre un retraso indebido; insta a la Comisión de investigación a hacer públicas sus decisiones; pide, en ausencia de esto último, a las autoridades turcas que readmitan a los despedidos y restablezcan sus derechos sociales, y que permitan a los sindicatos el ejercicio de sus actividades legítimas; hace hincapié en su solidaridad con todos los despedidos de sus puestos sin haber tenido la oportunidad de defenderse, como Nuriye Gülmen y Semih Özakça, quienes se declararon en huelga de hambre después de que fueran apartados de sus puestos académicos y cuyos recursos de revisión fueron rechazados por la Comisión de investigación el 26 de enero de 2018;

5.  Resalta que el terrorismo sigue constituyendo una amenaza directa para los ciudadanos de Turquía, y destaca la importancia de la necesidad de intensificar la cooperación actual entre la UE y Turquía con el fin de contrarrestar la amenaza del terrorismo de una manera eficaz; reitera, no obstante, que el amplio margen de la legislación antiterrorista turca no debe emplearse para castigar a los ciudadanos y los medios de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión; condena, a este respecto, la detención y el enjuiciamiento de al menos 146 profesores de universidades públicas y privadas en Estambul, quienes firmaron la petición de Académicos por la Paz, y condena igualmente las detenciones más recientes de periodistas, activistas, médicos y los ciudadanos de a pie por expresar su oposición a la operación militar turca en Afrin;

6.  Manifiesta su honda preocupación por las condiciones de detención, y pide a las autoridades turcas que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de graves malos tratos a los presos, como indican varias organizaciones defensoras de los derechos humanos; reitera su llamamiento en favor de la publicación del informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (informe CPT) y pide la plena rendición de cuentas y el castigo de quienes sean culpables de violaciones de los derechos humanos; insta a las autoridades turcas a que permitan que observadores nacionales e internacionales supervisen los centros de detención;

7.  Expresa su profunda preocupación por el cierre de más de 160 medios de comunicación por decreto ejecutivo en virtud del estado de excepción; condena la presión política sobre los periodistas y los intentos de las autoridades turcas de detener, intimidar y expulsar a corresponsales extranjeros; insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos sin pruebas, incluidos ciudadanos de la UE como el periodista alemán Deniz Yücel, que ha permanecido en prisión durante un año, incluidos nueve meses en régimen de aislamiento, aunque todavía no se haya presentado una acusación formal contra él, y la periodista finlandesa del Wall Street Journal Ayla Albayrak, condenada en rebeldía en octubre de 2017 por cargos de terrorismo a 25 meses de prisión por un artículo sobre la situación en el sudeste de Turquía; acoge con satisfacción que algunos periodistas y miembros del personal del periódico opositor Cumhuriyet fueran liberados tras meses de cárcel, y pide asimismo la liberación inmediata de los cuatro periodistas de Cumhuriyet que aún están encarcelados —el presidente ejecutivo Akın Atalay, el redactor en jefe Murat Sabuncu, el periodista de investigación Ahmet Şık y el contable Emre İper— y de todos los demás periodistas detenidos en Turquía por motivos políticos;

8.  Manifiesta su honda preocupación por la represión masiva contra las organizaciones de la sociedad civil de Turquía, que ha ocasionado el desmantelamiento de 1 125 asociaciones y 41 fundaciones en virtud de los decretos de estado de excepción y, más concretamente, la detención de uno de los dirigentes de la principal ONG, Osman Kavala; condena las declaraciones del presidente Erdoğan, que calificó a Kavala de «agente» y del «Soros rojo de Turquía», al tiempo que no se había formulado todavía ninguna acusación contra él; insta al Gobierno turco a que libere a Kavala puesto que su detención está politizada y es arbitraria; expresa su profunda preocupación por que políticos sigan condenando e intimidando públicamente a periodistas, editores, profesores universitarios y defensores de los derechos humanos por sus puntos de vista críticos; está sumamente preocupado a la vista del creciente uso de incitación al odio por parte de funcionarios, incluidos representantes de alto nivel del Estado;

9.  Condena la declaración de la Oficina del Gobernador de Ankara de 19 de noviembre de 2017 sobre la decisión de imponer una prohibición indefinida de cualquier acto organizado por las organizaciones de LGBTI, tras tres prohibiciones consecutivas de la Pride Estambul y otras manifestaciones del orgullo en el país; deplora que, tras esta declaración, otras regiones hayan prohibido también actos LGTBI; destaca que este hecho constituye una grave vulneración del derecho a las libertades de expresión y de reunión consagradas en los artículos 26, 33 y 34 de la Constitución turca, así como en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); pide a las autoridades turcas que revoquen inmediatamente la prohibición y que pongan en libertad al destacado activista LGBTI Ali Erol, detenido recientemente;

10.  Se muestra gravemente preocupado por que abogados, jueces y fiscales sigan sometidos a una fuerte presión política, que incluye despidos y detenciones; pide a Turquía que restablezca y haga efectivas todas las garantías jurídicas que aseguran el pleno respeto de la independencia del poder judicial, y que aplique urgentemente las recomendaciones de la Comisión de Venecia;

11.  Condena firmemente la decisión de la Gran Asamblea Nacional Turca de suspender de forma anticonstitucional la inmunidad parlamentaria de un gran número de diputados, allanando el camino para la reciente detención de diez diputados de la oposición, incluidos los copresidentes del Partido Democrático Popular (HDP), Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş, y la revocación del mandato de seis diputados de la oposición, entre ellos y más recientemente, el de Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov; reitera su solidaridad con los parlamentarios elegidos legítimamente que son objeto de detenciones e intimidación, y pide que se respete su mandato y su derecho a una defensa justa ante los tribunales y que sean liberados; condena el encarcelamiento de 68 alcaldes kurdos; condena la sustitución arbitraria de representantes locales elegidos, que socava aún más la estructura democrática de Turquía;

12.  Manifiesta su honda preocupación por la situación en el sudeste de Turquía, especialmente en las zonas en las que se ha impuesto el toque de queda, se utiliza una fuerza desproporcionada y se aplican castigos colectivos; insta a Turquía a que presente un plan para la reinserción efectiva del medio millón de desplazados internos; reitera su condena de la vuelta a la violencia por parte del PKK, que figura en la lista de terroristas de la UE desde 2002, y le insta a que deponga las armas y utilice medios pacíficos y democráticos para expresar sus expectativas; recuerda la responsabilidad del Gobierno turco de proteger a todos sus ciudadanos; lamenta la práctica extendida de las expropiaciones, también de propiedades pertenecientes a los municipios; expresa su convicción de que solo una solución política justa de la cuestión kurda puede aportar una estabilidad y prosperidad duraderas tanto a la región afectada como a Turquía en su conjunto y, en consecuencia, pide a ambas partes que vuelvan a la mesa de negociaciones;

13.  Expresa su grave preocupación por el funcionamiento del sistema judicial en Turquía después de la decisión del órgano jurisdiccional penal de Estambul de mantener en prisión a dos periodistas, Mehmet Altan y Şahin Alpay, tras la petición del Tribunal Constitucional de que fueran liberados al haberse violado sus derechos durante su detención; respalda el llamamiento realizado por la VP/AR, Federica Mogherini, y el comisario Hahn en el que señalan que la UE confía en que las autoridades turcas aseguren que la decisión del Tribunal Constitucional de 11 de enero de 2018 se ejecute y que los periodistas sean liberados sin demora; lamenta profundamente la reciente nueva detención del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, considerada por muchos una parodia de la justicia, y pide que los cargos contra él y los demás acusados (los «diez de Estambul») sean retirados, puesto que no se ha presentado todavía ninguna prueba concreta contra ellos;

14.  Insta a la alta representante, al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan planteando a sus interlocutores turcos la situación de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos, abogados, periodistas y profesores universitarios detenidos, y que les faciliten apoyo diplomático y político, incluida la observación de juicios y supervisión de los casos;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al presidente, al Gobierno y a la Gran Asamblea Nacional Turca.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0306.

Última actualización: 7 de febrero de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad