Procedimiento : 2018/2633(RSP)
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B8-0153/2018

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PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 193kWORD 58k
12.3.2018
PE616.099v01-00
 
B8-0153/2018

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) (2018/2633(RSP))


Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann, Josef Weidenholzer en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) (2018/2633(RSP))  
B8‑0153/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 6, 9, 145 a 161, 173 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 12, 14, 15, 21, 23 y 26 del título IV de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Carta Social Europea,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006),

–  Vistos la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE sobre las Empresas Transnacionales,

–  Vistos los Convenios de la OIT por los que se establecen normas fundamentales mínimas del trabajo a nivel internacional en materia de: abolición del trabajo forzoso (nº 29 (1930) y nº 105 (1957)), libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (n.º 87 (1948) y n.º 98 (1949)), abolición del trabajo infantil (nº 138 (1973) y nº 182 (1999)) y no discriminación en el empleo (n.º 100 (1951) y n.º 111 (1958)),

–  Vistos asimismo los Convenios de la OIT sobre las cláusulas de trabajo (contratos públicos) (nº 94) y sobre la negociación colectiva (nº 154),

–  Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos(1),

–  Vista la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

–  Vistas sus Resoluciones de 13 de marzo de 2007 sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación(3) y de 6 de febrero de 2013 sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible(4) y sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora(5),

–  Vistas sus resoluciones de 25 de noviembre de 2010 sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(6), de 8 de junio de 2011 sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas(7) y de 5 de julio de 2016 sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas(8),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones(9),

–  Vistas sus Resoluciones de 14 de septiembre de 2016 sobre el dumping social en la Unión Europea(10), de 19 de enero de 2017 sobre un pilar europeo de derechos sociales(11) y de 4 de julio de 2017 sobre las condiciones laborales y el empleo precario(12),

–  Vistas sus Resoluciones de 5 de octubre de 2016 sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom(13) y de 5 de julio de 2017 sobre la creación de una estrategia industrial ambiciosa de la Unión Europea como prioridad estratégica para el crecimiento, el empleo y la innovación en Europa(14),

–  Vistas sus Resoluciones de 25 de noviembre de 2015(15) y 6 de julio de 2016(16) sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, y su Recomendación de 13 de diciembre de 2017 a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(17),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la responsabilidad social de las empresas (RSE) es la responsabilidad de las empresa por su impacto en la sociedad, abarca un amplio espectro de ámbitos y se basa en la transparencia, en un planteamiento a largo plazo y una relación y un diálogo positivos con todas las partes interesadas, en particular los trabajadores; que es necesario reforzar el compromiso de las instituciones europeas y los Estados miembros con la promoción de la RSE mediante medidas legislativas y no legislativas;

B.  Considerando que Plan de Acción de la Unión Europea en materia de RSE expiró en 2014 y aún no ha sido renovado;

C.  Considerando que la industria europea es líder mundial en muchos sectores industriales, representa más de la mitad de las exportaciones europeas y alrededor del 65 % de las inversiones en investigación y desarrollo y sustenta más de 50 millones de puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos), lo que supone el 20 % de los puestos de trabajo de Europa; que la contribución de la industria manufacturera europea al PIB de la Unión ha disminuido, pasando del 19 % a menos del 15,5 % en los últimos veinte años, y que su contribución al empleo y la inversión en investigación y desarrollo también se ha reducido; que el fortalecimiento de nuestra base industrial es esencial para mantener los conocimientos y las competencias en la Unión, y que para alcanzar ese objetivo se requiere una estrategia industrial eficaz, sólida y ambiciosa;

D.  Considerando que la decisión de Embraco, multinacional establecida en Brasil que pertenece a Whirlpool, de cerrar su centro de producción de Riva di Chieri (Italia), despedir a 497 trabajadores y deslocalizar su producción a otro Estado miembro suscita una serie de cuestiones políticas más generales;

E.  Considerando que el centro de producción de Riva di Chieri es rentable, con un elevado nivel de productividad, y que la decisión de deslocalizar las actividades productivas se base en motivos financieros a corto plazo y no en consideraciones económicas a largo plazo; que la dirección de Embraco se viene negando hasta la fecha a entablar negociaciones sustanciales acerca de los despidos con los representantes de los trabajadores y las autoridades nacionales y locales y que solo ha aceptado aplazar los despidos;

F.  Considerando que la situación de Embraco no es más que uno de los numerosos ejemplos de cierres y despidos que se han producido recientemente en la Unión Europea, a menudo ligados a procesos de deslocalización a otro Estado miembro o a zonas fuera de la Unión Europea; que estos procesos tienen importantes repercusiones negativas, tanto económicas como sociales, para la Unión Europea; que algunas empresas multinacionales han seguido estrategias enfocadas únicamente a los rendimientos financieros a corto plazo, en detrimento de la sostenibilidad, el empleo, la innovación, la inversión en I+D y la renovación de capacidades a largo plazo;

G.  Considerando que, cuando se producen reestructuraciones, la RSE debe propiciar el diálogo entre empresas y partes interesadas, en particular los trabajadores y las autoridades locales, con el fin de garantizar que sigan utilizándose los centros de producción y se conserve el empleo; que la RSE es especialmente importante en el caso de regiones en que el empleo, las inversiones y la cohesión social dependen exclusivamente de unas pocas grandes empresas;

H.  Considerando que la RSE debe ser determinante en la configuración de los procesos de toma de decisiones de las empresas; que Embraco y Whirlpool, a pesar de su compromiso público con la sostenibilidad, han dado muestras de una falta notable de RSE en sus decisiones relativas al centro de producción de Riva di Chieri y en su relación con las partes interesadas;

I.  Considerando que la Directiva (UE) 2017/828, relativa al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, persigue, entre otros objetivos, promover procesos de toma de decisiones en las sociedades cotizadas que se basen en la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo y no en la rentabilidad y motivos a corto plazo;

J.  Considerando que el artículo 9 del TFUE consagra como principios fundamentales de la Unión la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana; que la Comisión se ha comprometido a lograr la «calificación social AAA» para la Unión; que las políticas económicas y sociales deben estar al servicio de las personas, también promoviendo actividades económicas sostenibles y socialmente responsables en condiciones equitativas de competencia, y que las personas son el principal factor de la competitividad de las empresas y del correcto funcionamiento de la economía;

K.  Considerando que el dumping, ya sea social, presupuestario o medioambiental, es contrario a los valores europeos, ya que pone en peligro la protección de los derechos de los ciudadanos de la Unión, la promoción de mejores condiciones de trabajo y de vida, el correcto funcionamiento del mercado interior y la competencia leal entre los agentes económicos;

L.  Considerando que uno de los principios fundamentales de las políticas de la Unión es la cohesión social, lo que implica una aproximación continua y constante de los salarios y de la protección en materia de seguridad social que se garantiza a todos los trabajadores; que persisten en la Unión diferencias sustanciales en las condiciones laborales y salariales y que una convergencia social al alza es crucial para la prosperidad y el aumento de la demanda interna en el conjunto de la Unión;

M.  Considerando que, a pesar de los recientes escándalos y el clamor popular que han provocado, el progreso ha sido insuficiente en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales por parte de multinacionales e individuos y en la solución del fenómeno del dumping fiscal dentro de la Unión Europea;

1.  Afirma que la responsabilidad social de las empresas (RSE) constituye un elemento esencial del modelo social y económico europeo; confirma su respaldo a la definición de RSE como la «responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad», que se recoge en la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas»;

2.  Recuerda que Europa es una economía social de mercado que aspira a alcanzar un crecimiento económico sostenible e integrador; recuerda asimismo el importante objetivo definido en la estrategia Europa 2020 de lograr que en 2020 el 20 % del producto interior bruto sea generado por la industria;

3.  Muestra su solidaridad y apoyo decididos a todos los trabajadores del centro de producción de Riva di Chieri (Italia) de Embraco, empresa brasileña propiedad de Whirlpool, y a sus familia, así como a los subcontratistas afectados, y pone de relieve los importantes efectos negativos que el cierre de la fábrica tendría en la economía y la comunidad locales; exige que se adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad del empleo de todos los trabajadores afectados y para asegurarse de que la actividad económica y la producción en Riva di Chieri queden garantizados a largo plazo;

4.  Subraya que este no es más que uno de los varios ejemplos recientes de deslocalización de multinacionales dentro y fuera de la Unión Europea; muestra su especial preocupación por el hecho de que en los procesos de toma de decisiones en las corporaciones multinacionales se suela dar más importancia a los resultados y el rendimiento a corto plazo para las accionistas que a las repercusiones económicas y sociales de sus decisiones en las partes interesadas y la sociedad; considera que esta actitud es contraria a los valores europeos de la RSE;

5.  Observa que, a pesar de los compromisos públicos de Embraco y Whirlpool con la sostenibilidad, incluida la responsabilidad social, las decisiones adoptadas por estas empresas han dado muestras de una notable falta de RSE en relación con el centro de producción de Riva di Chieri y en la forma en que han tratado estas decisiones; lamenta que la dirección de Embraco no haya entablado un diálogo y negociaciones sustanciales con los representantes de los trabajadores y con las autoridades nacionales y locales;

6.  Destaca que las actividades empresarias socialmente responsables deben basarse en: a) la calidad de productos y servicios; b) un diálogo positivo con todas las partes interesadas, en particular con los trabajadores; d) el pleno respeto de los derechos humanos y laborales y de toda la legislación y todos los convenios colectivos celebrados entre los interlocutores sociales que sean de aplicación, y e) la mejora de las condiciones laborales;

7.  Recuerda que una actitud socialmente responsable no solo beneficia a la sociedad en su conjunto, sino también a las empresas, ya que los consumidores y los inversores muestran un interés creciente en las repercusiones medioambientales y sociales de los productos y servicios que adquieren y de las empresas en las que invierten; subraya que, al mismo tiempo, el comportamiento socialmente irresponsable puede afectar gravemente al rendimiento de las empresas;

8.  Pide a la Comisión que presente, antes de acabar 2018, un nuevo plan de acción sobre responsabilidad social de las empresas; señala que ese plan de acción debe adoptar un enfoque mucho más ambicioso en materia de RSE y abarcar requisitos jurídicos, obligaciones de información más estrictas y mecanismos de control más eficaces, aprovechando la experiencia de la Directiva sobre divulgación de información no financiera (Directiva 2014/95/UE);

9.  Subraya que el plan de acción revisado también debe incorporar a una definición actualizada de la RSE el respeto de los principios y derechos fundamentales, incluidos los definidos en la Carta Social Europea y las normas fundamentales del trabajo de la OIT, y la promoción de niveles elevados de empleo, de condiciones laborales de calidad y de la cohesión social; considera que el plan de acción también debe contemplar la introducción de una etiqueta social europea para la RSE;

10.  Pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente la oportunidad de incluir criterios medioambientales y sociales, incluida la RSE, en sus procedimientos de contratación pública; pide a la Comisión que promueva estas iniciativas y facilite el intercambio de buenas prácticas al respecto;

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos para elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales a nivel de las Naciones Unidas, y que presionen para lograr un acuerdo ambicioso que establezca mecanismos eficaces y ejecutables para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en las actividades económicas de las multinacionales;

12.  Destaca que la primera consideración de la RSE debe ser la elevada calidad de las relaciones con los trabajadores dentro de la empresa; tiene el firme convencimiento de que el diálogo social entre empresas y trabajadores es fundamental a la hora de anticipar y gestionar los cambios y determinar las soluciones a los retos industriales;

13.  Considera que la RSE también debe basarse en una mayor información, consulta y participación de los trabajadores; solicita a la Comisión que actúe en este ámbito, también por medio de la propuesta de revisión de la Directiva sobre los comités de empresas europeos y el fortalecimiento de la participación de los trabajadores en los asuntos de las empresas; pide que la Comisión presente cuanto antes, y previa consulta a los interlocutores sociales, una propuesta de marco jurídico en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones, siguiendo las recomendaciones recogidas en la Resolución del Parlamento, de 15 de enero de 2013, en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones;

14.  Considera que un elemento de crucial importancia en materia de RSE debe ser el compromiso de las empresas de mejorar las capacidades y conocimientos de los trabajadores, mediante una formación y educación permanentes que sean eficaces y adecuadas;

15.  Considera que, en los casos de deslocalización de las actividades económicas, las empresas deben tener la responsabilidad de contribuir, también económicamente, a la definición de una actividad alternativa apropiada para los centros de producción y los trabajadores afectados; pide a las Comisión que proponga medidas legislativas para garantizar que las empresas que reciben financiación pública puedan verse obligadas, en caso de deslocalización de sus actividades, a devolver los fondos que hayan recibido;

16.  Pide a la Comisión que investigue los casos en que las empresas deciden deslocalizar su producción dentro la Unión para garantizar, en particular, que no se han usado indebidamente fondos europeos para promover la competencia entre Estados miembros; pide a la Comisión que verifique, además, que los Estados miembros no usan indebidamente fondos públicos, en particular, para atraer empresas de otros Estados miembros, también mediante formas de dumping social y fiscal;

17.  Está convencido de que la industria debe considerarse un activo estratégico de la competitividad y sostenibilidad de la Unión a largo plazo; subraya que solo una industria fuerte y resiliente y una política industrial orientada al futuro, con la inversión y el apoyo públicos requeridos, permitirán que la Unión haga frente a los diversos desafíos que tiene por delante, incluida su reindustrialización, su transición a la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad;

18.  Recalca que la Comisión y los Estados miembros han de garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de la base industrial de la Unión y deben anticipar mejor las situaciones socioeconómicas de crisis o de posible deslocalización; reitera que la crisis económica ha afectado profundamente a la producción industrial, con pérdidas importantes de puestos de trabajo, competencias industriales y capacidades de los trabajadores industriales; subraya que la Unión debe defender y promover el valor añadido de las industrias y plantas de producción que, como Embraco en Riva di Chieri, siguen siendo competitivas en el mercado europeo y mundial;

19.  Considera que es crucial garantizar condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, y pide a la Comisión que adopte medidas legislativas y no legislativas para luchar contra el dumping social, fiscal y medioambiental; condena con firmeza los casos en que las empresas deciden deslocalizar sus actividades económicas, en especial cuando son rentables, en busca de impuestos o costes laborales más bajos o normas medioambientales menos estrictas; destaca que este fenómeno perjudica gravemente el funcionamiento del mercado interior y merma considerablemente la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea;

20.  Insta a la Comisión a tomar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de la Unión mediante la reducción de los desequilibrios económicos y sociales; subraya la necesidad de medidas eficaces en cuestiones sociales con el fin de mejorar las condiciones sociales y laborales en la Unión mediante una convergencia gradual al alza, también en el contexto del pilar europeo de derechos sociales, para evitar el dumping social y la competición a la baja por lo que a las normas laborales se refiere;

21.  Pide a la Comisión que promueva una cobertura más amplia de los convenios colectivos, en consonancia con las tradiciones y usos nacionales de los Estados miembros y guardando el debido respeto a la autonomía de los interlocutores sociales; recomienda la creación, con la cooperación de los interlocutores sociales, de límites salariales en forma de salarios mínimos nacionales basados en el salario medio;

22.  Lamenta que en la mayoría de los Estados miembros, en el supuesto más desfavorable de cierre de una planta de producción, los instrumentos del Estado de bienestar no sean adecuados; insta a los Estados miembros a garantizar una protección social adecuada que permita a las personas seguir siendo económicamente activas y vivir con dignidad; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros a la hora de ofrecer subsidios por desempleo, formación profesional y tutorías adecuados para las personas que pierden su empleo, prestando especial atención a los trabajadores menos capacitados y a los mayores de cincuenta años;

23.  Reitera que la aplicación de una estrategia fiscal responsable se ha de considerar uno de los pilares de la RSE y que esto es incompatible con una planificación fiscal abusiva; lamenta que la mayoría de las empresas no incluyen este aspecto en sus consideraciones e informes de RSE; pide a la Comisión que incluya este aspecto y defina adecuadamente su contenido en el plan de acción actualizado;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan un seguimiento adecuado de las recomendaciones del Parlamento para luchar eficazmente con la elusión y la evasión fiscales y para acabar con el dumping fiscal dentro de la Unión, en particular mediante la instauración de la publicación de informes país por país y de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, la prohibición de las sociedades ficticias y la lucha contra los paraísos fiscales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea; destaca la importancia de establecer un tipo impositivo efectivo mínimo del impuesto sobre sociedades a nivel europeo;

25.  Acoge favorablemente el papel de la Comisión como autoridad competente en materia de competencia en la actual investigación de las ayudas estatales relacionadas con las resoluciones fiscales; alienta a la Comisión a que haga pleno uso de sus competencias en virtud de la normativa de competencia de la Unión para abordar la cuestión de las prácticas fiscales perniciosas y sancionar a los Estados miembros y a las empresas cuya implicación en dichas prácticas —y, más en general, en el dumping fiscal— haya quedado demostrada; subraya la necesidad de que la Comisión comprometa más recursos, tanto financieros como de personal, para reforzar su capacidad de llevar a cabo simultáneamente todas las investigaciones necesarias sobre ayudas estatales;

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.

(2)

DO L 132 de 20.5.2017, p. 1.

(3)

DO C 301E de 13.12.2007, p. 45.

(4)

DO C 24 de 22.1.2016, p. 28.

(5)

DO C 24 de 22.1.2016, p. 33.

(6)

DO C 99E de 3.4.2012, p. 101.

(7)

DO C 380E de 11.12.2012, p. 39.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0298.

(9)

DO C 440 de 30.12.2015, p. 23.

(10)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0346.

(11)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0010.

(12)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0290.

(13)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0377.

(14)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0305.

(15)

DO C 366 de 27.10.2017, p. 51.

(16)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0310.

(17)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0491.

Última actualización: 15 de marzo de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad