Propuesta de resolución - B8-0154/2018Propuesta de resolución
B8-0154/2018

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la responsabilidad social de las empresas

    12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

    tras una declaración de la Comisión
    presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno

    Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Marco Valli en nombre del Grupo EFDD

    Procedimiento : 2018/2633(RSP)
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    B8-0154/2018
    Textos presentados :
    B8-0154/2018
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    B8‑0154/2018

    Resolución del Parlamento Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas

    (2018/2633(RSP))

    El Parlamento Europeo,

    –  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020[1],

    –  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones[2],

    –  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en particular sus artículos 22 y 23, relativos a los derechos económicos y sociales y al derecho al trabajo,

    –  Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos[3],

    –  Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea[4],

    –  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación[5],

    –  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su título IV, relativo a la solidaridad,

    –  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 6 y 147,

    –  Visto el artículo 173 del TFUE, que establece la obligación de los Estados miembros y de la Unión de garantizar la competitividad de la industria europea,

    –  Visto el artículo 174 del TFUE, relativo a la cohesión económica, social y territorial, en particular en las zonas afectadas por una transición industrial,

    –  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la responsabilidad social de las empresas;

    –  Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2002, sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas»[6],

    –  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible[7],

    –  Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos[8],

    –  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

    A.  Considerando que la decisión de Embraco, una empresa multinacional que desea reubicar su planta operativa, que genera beneficios, de Riva di Chieri (Turín) a otro Estado miembro, despidiendo a 497 trabajadores y negándose a darles ninguna prestación de desempleo, plantea una serie de cuestiones políticas de amplio alcance;

    B.  Considerando que la elección de Embraco de deslocalizar la actividad a Eslovaquia se basa únicamente en aspectos económicos, dado que los salarios y los impuestos son más bajos en dicho país, y que esta medida debe considerarse dumping social y fiscal dentro de la Unión;

    C.  Considerando que es lamentable despedir a trabajadores para aumentar unos márgenes de beneficio que ya son positivos;

    D.  Considerando que el mercado interior de la Unión debe favorecer el crecimiento de cada una de sus regiones, y no el de unas a expensas del de otras;

    E.  Considerando que con la reciente intervención de Invitalia, la agencia nacional para la inversión extranjera y el desarrollo económico, se han suspendido los despidos hasta finales de año, pero que no se han dado garantías de que se detendrán los despidos y el proceso de reubicación;

    F.  Considerando que las reubicaciones dentro de la Unión que no responden a una estrategia, motivadas exclusivamente por beneficios económicos a corto plazo y por consideraciones de reducción de costes, fomentan una espiral a la baja en términos de empleo, perjudican al conjunto de la economía y son incompatibles con cualquier forma de política industrial eficaz, los esfuerzos de cohesión, la innovación y el desarrollo;

    G.  Considerando que las empresas que se encuentran en proceso de reestructuración o de reducción de efectivos tienen la responsabilidad de colocar el diálogo social en el centro de los procesos correspondientes, prestando una atención especial a la información y la consulta de los trabajadores, y que deben actuar de una manera socialmente responsable;

    H.  Considerando que el término «responsabilidad social de las empresas» (RSE) es un concepto de múltiples dimensiones que abarca distintos ámbitos de la práctica empresarial en términos de responsabilidad desde un punto de vista social y medioambiental;

    I.  Considerando que los principios clave de la RSE incluyen su integración en procesos empresariales centrales y la promoción de la transparencia y la verificabilidad;

    J.  Considerando que la RSE puede contribuir a la consecución de los objetivos definidos en la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, siempre que las empresas vayan más allá de las aspiraciones y a condición de que no lo utilicen únicamente como un mero ejercicio de relaciones públicas;

    K.  Considerando que la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de una empresa (Directiva 2014/95/UE), por lo que respecta a las cuestiones sociales y relativas al personal, puede hacer referencia a las acciones por esta emprendidas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el trabajo y el diálogo con las comunidades locales, y/o las acciones emprendidas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades;

    1.  Expresa su firme solidaridad con los trabajadores que pierden o corren el riesgo de perder su puesto de trabajo debido a los procesos de reubicación y deslocalización, como en el caso de Embraco;

    2.  Pide a la Comisión que realice controles exhaustivos para garantizar que no se ha hecho un uso inadmisible de fondos públicos en el caso específico de Embraco, y para evaluar si la empresa cumple lo dispuesto en la Directiva 2014/95/UE;

    3.  Denuncia la continua competencia a la baja entre los Estados miembros, y condena enérgicamente el uso de fondos públicos para promover reubicaciones dentro de la Unión;

    4.  Pide a la Comisión que aclare expresamente si la reubicación dentro de la Unión para reducir los salarios y beneficiarse de impuestos más bajos es compatible con los Tratados;

    5.  Considera que las empresas que acometen reubicaciones dentro de la Unión deben cubrir el coste de los trabajadores despedidos para su contratación futura;

    6.  Pide a la Comisión que presente iniciativas legislativas y no legislativas con el fin de hacer frente al dumping social y fiscal dentro de la Unión;

    7.  Lamenta la ausencia de una verdadera política industrial de la Unión capaz de proteger a los trabajadores y las cadenas de suministro de la Unión contra decisiones especulativas y a corto plazo;

    8.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una protección social amplia y adecuada y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos, ya sea por medio de medidas legislativas o de convenios colectivos, y una protección eficaz contra el despido improcedente;

    9.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta la necesidad de introducir un sistema europeo de ingresos mínimos, con el fin de hacer frente a la emergencia en términos de puestos de trabajo desencadenada por la globalización, la deslocalización y la desindustrialización;

    10.  Destaca el papel fundamental de la RSE a la hora de garantizar un crecimiento sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo; insta a la Comisión a que adopte una nueva estrategia en materia de RSE que establezca requisitos de conformidad y de información más estrictos, e insta a los Estados miembros a que apoyen el fomento de la RSE;

    11.  Subraya que deben defenderse con firmeza las normas de la Unión en materia de RSE cuando una empresa pretende reubicar su producción sin atender a las consecuencias sociales y territoriales de sus decisiones a corto plazo;

    12.  Pide una revisión de la política de competencia y de las normas en materia de ayudas estatales, a fin de facilitar la intervención pública destinada a mantener la cohesión social y regional, mejorar las normas laborales y medioambientales o solucionar los problemas relacionados con la salud pública;

    13.  Pide tanto a la Unión como a sus Estados miembros que velen por que las empresas que reubiquen sus actividades dentro de la Unión cubran los costes de recolocación y búsqueda de empleo alternativo de los trabajadores despedidos;

    14.  Pide que se revolucione la política industrial de la Unión para que deje de basarse en prácticas cuestionables desde un punto de vista social, fiscal y medioambiental, e insta a la Comisión a que haga frente a las consecuencias negativas a gran escala y de amplio alcance derivadas de las deslocalizaciones;

    15.  Subraya que la contracción de la demanda no debe provocar una competencia desleal en relación con los puestos de trabajo entre los Estados miembros; pide, por lo tanto, el desarrollo de soluciones a largo plazo que salvaguarden y generen actividad industrial y puestos de trabajo de calidad, desde la estricta observancia de la RSE;

    16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

    Última actualización: 14 de marzo de 2018
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