Propuesta de resolución - B8-0227/2018Propuesta de resolución
B8-0227/2018

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Venezuela

    2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

    tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
    presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno

    Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina en nombre del Grupo GUE/NGL

    Procedimiento : 2018/2695(RSP)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    B8-0227/2018
    Textos presentados :
    B8-0227/2018
    Debates :
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    B8‑0227/2018

    Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

    (2018/2695(RSP))

    El Parlamento Europeo,

    –  Visto el capítulo 1, artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el que se declara el propósito de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,

    –  Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,

    –  Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

    –  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

    –  Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,

    –  Vistas todas las declaraciones birregionales adoptadas por los jefes de Estado y de Gobierno de las cumbres UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) desde la celebrada en Río de Janeiro en 1999, incluida la declaración de 27 de enero de 2013, en la que los signatarios reafirmaron su compromiso con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y su apoyo a todos los esfuerzos por defender la igualdad soberana de todos los Estados y el respeto de su integridad territorial e independencia política,

    –  Vista la Declaración de Latinoamérica y el Caribe como Zona de Paz acordada en las Cumbres de la CELAC celebradas en La Habana (Cuba) los días 28 y 29 de enero de 2014, en Belén (Costa Rica), en 2015, y en Quito (Ecuador), en 2016,

    –  Vistas las anteriores declaraciones sobre la situación en Venezuela formuladas por el Mercosur, la UNASUR y la CELAC, en particular aquellas declaraciones de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales decretadas por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela,

    –  Vistas las anteriores declaraciones sobre Venezuela de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

    –  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela,

    –  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

    A.  Considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado en varias ocasiones la injerencia externa, la desestabilización, las campañas de desinformación, la manipulación de la opinión pública y la violencia que promueven algunos sectores de la oposición contra la soberanía, la independencia, la paz y la estabilidad democrática del país y contra el pueblo venezolano;

    B.  Considerando que la Unión ha formulado varias declaraciones con la intención de interferir en la situación interna de Venezuela y condicionarla;

    C.  Considerando que la participación en las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo debe llevarse a cabo en unas condiciones equitativas, justas y transparentes, supervisadas por un Consejo Nacional Electoral equilibrado, con suficientes garantías para todos los participantes, incluida la presencia de observadores internacionales independientes, por invitación de las autoridades venezolanas pertinentes;

    D.  Considerando que entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 se celebró una ronda de debates—más conocida como la mesa de diálogo de Santo Domingo— entre el Gobierno venezolano y la oposición; que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, encabezó las negociaciones, con la mediación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina;

    E.  Considerando que los representantes de la oposición se negaron a firmar el acuerdo final elaborado en el marco de la mesa de diálogo, que, sin embargo, sí aprobó el presidente venezolano, Nicolás Maduro;

    F.  Considerando que, bajo la égida del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y los candidatos a la presidencia lograron un segundo acuerdo;

    G.  Considerando que ambos acuerdos contienen los requisitos de los partidos políticos opositores, entendiéndose que ya desde hace tiempo muchos de estos requisitos forman parte del sistema de garantías electorales y son aplicados por el Consejo Nacional Electoral;

    1.  Reconoce el derecho del pueblo venezolano a participar en las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo con arreglo a sus normas y procedimientos electorales internos y a su Constitución, sin condicionamiento ni injerencia externa alguna;

    2.  Condena firmemente la injerencia externa que está teniendo lugar en la República Bolivariana de Venezuela y su desestabilización política, económica y social, y condena la confrontación y desestabilización internas promovidas por algunos sectores de la oposición respaldados por la Unión Europea y los Estados Unidos;

    3.  Insiste en que el mantenimiento continuado de una estrategia intervencionista contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela está lejos de crear un espacio para el diálogo y la paz;

    4.  Insiste en el diálogo y el entendimiento entre las partes;

    5.  Reafirma el derecho del pueblo venezolano a decidir de forma soberana y pacífica sobre su vía de desarrollo, sin injerencia o presión externa alguna;

    6.  Condena la decisión de los Estados Unidos y de la Unión de seguir imponiendo severas sanciones económicas y financieras contra Venezuela y su pueblo;

    7.  Pide a los agentes políticos del exterior de Venezuela que se abstengan de utilizar la situación del país con fines políticos nacionales;

    8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a los organismos regionales latinoamericanos, incluidos la UNASUR, la ALBA y la CELAC.

     

    Última actualización: 3 de mayo de 2018
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