Procedimiento : 2018/2711(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0249/2018

Textos presentados :

B8-0249/2018

Debates :

Votaciones :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0238

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Nicaragua  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua,

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión y América Central, de 29 de junio de 2012,

–  Vistas las declaraciones del portavoz de la VP/AR, de 22 de abril de 2018, sobre la situación en Nicaragua, y de 15 de mayo de 2018, sobre el establecimiento de un diálogo nacional en Nicaragua,

–  Visto el Documento de Estrategia Nacional de la Unión y el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020 sobre Nicaragua,

–  Vista la Constitución de Nicaragua,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Nicaragua en 1980,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, de la que Nicaragua es parte,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Nicaragua está sumida en la inestabilidad política desde el 18 de abril, después de que el presidente Daniel Ortega propusiera medidas de austeridad en relación con el sistema de seguridad social del país; que, a finales de abril, el presidente Ortega dio marcha atrás en sus medidas de seguridad social;

B.  Considerando que la respuesta del Gobierno fue violenta y que las fuerzas de seguridad de todo el país dispararon munición real para acabar con las protestas;

C.  Considerando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras recibir una invitación por parte del Gobierno, realizó una visita de trabajo a Nicaragua en mayo con el fin de observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los acontecimientos que habían tenido lugar desde mediados de abril;

D.  Considerando que, en un informe preliminar de sus conclusiones, la CIDH indicó que, desde el 18 de abril, se habían documentado al menos 76 muertos y 868 heridos;

E.  Considerando que el 19 de abril se interrumpieron temporalmente las emisiones de cuatro canales de televisión informativos con el fin de detener la cobertura en directo de las protestas; que varios periodistas fueron presuntamente atacados mientras informaban de las protestas;

F.  Considerando que el 27 de abril el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció la creación de una Comisión de la Verdad encargada de investigar lo ocurrido durante las protestas; que, el 6 de mayo, un consejo compuesto por siete legisladores (cinco de los cuales pertenecen al partido del presidente Ortega) eligió a los cinco miembros de esta Comisión y la Asamblea Nacional ratificó sus nombramientos;

G.  Considerando que el 16 de mayo se inició un diálogo nacional, en el que la Iglesia católica participaba en calidad de mediadora y que contemplaba la participación de todas las fuerzas políticas; que, el 23 de mayo, las negociaciones llegaron a un punto muerto y el proceso se suspendió indefinidamente, dado que los negociadores del Gobierno se negaron a debatir un orden del día de 40 puntos presentado por los mediadores, que incluía una hoja de ruta para unas elecciones democráticas que preveía reformas de la ley electoral, adelantaba la fecha de las elecciones y prohibía la reelección presidencial;

H.  Considerando que la democracia y el Estado de Derecho se han deteriorado en Nicaragua en los últimos años, a medida que el presidente ha reafirmado su control sobre el Parlamento, el poder judicial, el ejército, la policía y los medios de comunicación, y que el espacio de la sociedad civil ha ido disminuyendo de forma constante;

I.  Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación celebrado entre la Unión Europea y los países de América Central en 2012;

1.  Expresa su profunda preocupación por los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en Nicaragua, que se han saldado con un gran número de muertos y heridos;

2.  Transmite sus condolencias a las familias de las víctimas;

3.  Hace hincapié en que las protestas deben llevarse a cabo de manera pacífica, y que las fuerzas públicas de seguridad deben actuar con la máxima moderación;

4.  Insta al Gobierno a que ponga en marcha una investigación imparcial e independiente y lleve ante la justicia a las personas que hayan cometido violaciones de los derechos humanos durante las protestas; expresa su preocupación por el hecho de que todos los miembros de la Comisión de la Verdad, recientemente creada por la Asamblea Nacional, tengan estrechos vínculos con el partido gobernante, lo que socava gravemente cualquier apariencia de imparcialidad; acoge con satisfacción la decisión del Gobierno de invitar a la CIDH a visitar el país;

5.  Pide al Gobierno que respete la libertad de expresión y de reunión de forma pacífica, en consonancia con el Derecho nacional e internacional, como elemento esencial de una sociedad democrática; pide asimismo a las autoridades que respeten la libertad de prensa y de los medios de comunicación como elemento fundamental de una sociedad abierta, tal y como garantiza la Constitución de Nicaragua;

6.  Acoge con satisfacción el establecimiento de un diálogo nacional; lamenta, no obstante, que el proceso llegara a un punto muerto tan solo una semana después del inicio de las conversaciones; reitera su apoyo a favor de un diálogo inclusivo en materia de justicia y democracia y considera que esta es la única manera de salir de la crisis; insta al Gobierno a que participe en el diálogo con una actitud abierta y responsable y a que haga todo lo posible por garantizar que el diálogo prospere;

7.  Manifiesta su preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua; pide al Gobierno que respete plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes; recuerda que la plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y una sociedad civil independiente son factores esenciales para el éxito de cualquier democracia;

8.  Señala que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central, se debe recordar a Nicaragua la necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, valores que la Unión defiende y promueve; insta a la Unión a que supervise la situación y, si fuera necesario, estudie las medidas que se podrían tomar;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Nicaragua.

 

Última actualización: 30 de mayo de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad