Procedimiento : 2018/2885(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0498/2018

Textos presentados :

B8-0498/2018

Debates :

Votaciones :

PV 25/10/2018 - 13.18

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0434

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Arabia Saudí, en particular la Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre Arabia Saudí, sus relaciones con la UE y su papel en Oriente Próximo y el Norte de África(1), la Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre el caso de Raif Badawi(2), la Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre el caso de Alí Mohamed al-Nimr(3), la Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí(4), y las resoluciones de 25 de febrero de 2016(5) y de 30 de noviembre de 2017(6), sobre la situación humanitaria en Yemen y de 4 de octubre de 2018(7) sobre la situación en Yemen, en las que se pide un embargo de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí, habida cuenta de las graves acusaciones de incumplimiento del Derecho internacional humanitario por este país en Yemen,

–  Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 17 de octubre de 2018, sobre la desaparición del periodista saudí Yamal Jashogui,

–  Vistas las declaraciones, de 9 y 15 de octubre de 2018, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini,

–  Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que insta a Arabia Saudí a que revele cuanto sepa sobre la desaparición del Sr. Jashogui el 16 de octubre de 2018,

–  Vista la declaración, de 9 de octubre de 2018, de los expertos de las Naciones Unidas por la que solicitan una investigación sobre la desaparición del Sr. Jashogui en Estambul,

–  Visto el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, de 18 de octubre de 2018,

–  Vista la pertenencia de Arabia Saudí al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en internet y fuera de internet,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov a la libertad de conciencia y expresión al bloguero saudí Raif Badawi en 2015,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el destacado periodista saudí residente en los Estados Unidos Yamal Jashogui entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018 para solicitar unos documentos necesarios para su boda, y no ha sido visto ni ha dado señales de vida desde entonces; que Arabia Saudí negó en un primer momento toda implicación en la desaparición del Sr. Jashogui, afirmando que salió en solitario del consulado poco después de entrar, pero diecisiete días después, a raíz de una intensa presión internacional, declaró que había habido muerto de resultas de una pelea en el consulado; que Arabia Saudí no ha aportado ninguna prueba en apoyo de su afirmación;

B.  Considerando que la VP/AR y los Estados miembros no aceptaron las explicaciones de Arabia Saudí e insistieron en la necesidad de una investigación exhaustiva, digna de crédito y transparente para arrojar luz sobre las circunstancias del asesinato del Sr. Jashogui y garantizar que sus responsables rindan cuentas;

C.  Considerando las acusaciones formuladas por el Gobierno turco y fuentes de seguridad turcas de que el Sr. Jashogui fue torturado, asesinado y descuartizado en el interior del consulado y de que en ello estuvo implicado con casi total seguridad un grupo de quince hombres saudíes; que funcionarios de inteligencia de los EE. UU. interceptaron comunicaciones saudíes que revelan una confabulación para capturar a Jashogui;

D.  Considerando que algunos de los sospechosos de la desaparición de Jashogui han sido identificados como personas con estrechos lazos con el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán al-Saud, entre las que están su equipo de seguridad y un médico forense que ocupa un alto cargo en el Ministerio del Interior saudí; que su presunta presencia en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre, día de la desaparición del Sr. Jashogui, implica personalmente al príncipe heredero en la desaparición y el posible asesinato;

E.  Considerando que las autoridades saudíes han calificado todas las acusaciones de «infundadas» y «absolutamente falsas»; que las grabaciones de los sistemas de CCTV desaparecieron del consulado el 2 de octubre y que se ordenó al personal turco que se tomara un día de permiso; que se ha informado de que el cónsul general de Arabia Saudí en Estambul, Mohamed al-Otaibí, salió de Turquía el 16 de octubre;

F.  Considerando que la agresión contra el Sr. Jashogui cometida por agentes saudíes en el consulado saudí en Estambul es una violación flagrante de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, cuyo artículo 55, apartado 2, establece que los locales consulares «no serán utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las funciones consulares»; que el artículo 41 de la misma Convención establece que la inmunidad diplomática podrá ser suspendida en caso de «delito grave» por decisión de la autoridad judicial competente;

G.  Considerando que tres destacados expertos de las Naciones Unidas, concretamente Bernard Duhaime, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, y Agnès Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, han pedido una «investigación internacional independiente» del asunto Jashogui;

H.  Considerando que varios oradores principales, patrocinadores y medios de comunicación asociados han anulado su participación en la conferencia de la Iniciativa sobre inversión futura que se celebrará en una fecha ulterior de 2018 en Riad, expresando su indignación ante la desaparición del Sr. Jashogui;

I.  Considerando que varios senadores estadounidenses han iniciado un procedimiento para pedir responsabilidades a varios individuos saudíes implicados en la desaparición del Sr. Jashogui a través de la Ley Magnitsky Global;

J.  Considerando que, desde 2017, Arabia Saudí ha detenido a docenas de disidentes, en particular escritores, periodistas, activistas pro derechos de las mujeres y clérigos, principalmente por cargos relacionados con sus opiniones pacíficamente expresadas o su militancia política; que las autoridades pide la pena de muerte para varios de estos activistas; que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán al-Saud ha dirigido una represión generalizada de destacados activistas, abogados y defensores de los derechos humanos, que se ha intensificado desde que comenzó a consolidar su control de las instituciones de seguridad del país;

K.  que la estrategia de acallar la disidencia resulta aún más eficaz si, además de la represión interna, las autoridades saudíes se ven recompensadas por el silencio de los gobiernos extranjeros, cuya aceptación de la represión equivale a la inobservancia de los principios que ellos mismos proclaman;

L.  Considerando que el sistema político y social saudí sigue siendo antidemocrático y discriminatorio, hace de las mujeres ciudadanos de segunda, no permite la libertad de religión y creencias, discrimina gravemente a la numerosa mano de obra extranjera del país y reprime rigurosamente todas las voces disconformes;

M.  Considerando que, en su Resolución de 31 de mayo de 2018 sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, el Parlamento pidió al Consejo que estudie la posibilidad de introducir medidas dirigidas específicamente contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la designación de un relator especial sobre los derechos humanos en Arabia Saudí por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

N.  Considerando que la libertad de opinión y de expresión de la prensa y los medios de comunicación, en línea y fuera de línea, son derechos fundamentales de todo ser humano y condiciones previas indispensables y catalizadores de la democracia y la reforma, así como controles fundamentales del poder; que unos medios de comunicación libres, diversos e independientes son esenciales en toda sociedad para proteger y promover los derechos humanos; que el trabajo de los periodistas para sacar a la luz abusos de poder, poner de manifiesto la corrupción y cuestionar la opinión generalmente aceptada suele ocasionarles el riesgo de sufrir intimidación y violencia;

1.  Condena en los términos más enérgicos la desaparición forzosa de Yamal Jashogui y su presunto asesinato cometido por encargo del Estado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018;

2.  Rechaza las explicaciones dadas hasta ahora al respecto por las autoridades de Arabia Saudí por carecer de credibilidad; observa que las autoridades saudíes no han aportado prueba alguna sobre los movimientos del Sr. Jashogui dentro y fuera del consulado restan fiabilidad a sus afirmaciones de estar comprometidos con la realización de una investigación genuina y efectiva del asunto;

3.  Pide que se inicie de inmediato una investigación internacional, independiente e imparcial de la desaparición y el posible asesinato del Sr. Jashogui y que se identifique a sus responsables y se los ponga a la disposición de la justicia;

4.  Pide a la VP/AR que proponga la elaboración por parte de la Comisión de una «lista Jashogui» de individuos saudíes objeto de medidas específicas, como prohibiciones de viaje y bloqueo de activos por su papel en la desaparición y el presunto asesinato del Sr. Jashogui y en otras violaciones graves de los derechos humanos en Arabia Saudí, lista que debe aprobar el Consejo; insiste en que se incluya en dicha lista no solo a los autores materiales de este crimen, sino también a sus autores intelectuales y a sus instigadores;

5.  Celebra la posición adoptada por algunos Estados miembros, operadores económicos y organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, de boicoteo de la conferencia Iniciativa de inversión futura, cuya celebración está prevista para una fecha ulterior de 2018, en razón de su indignación ante la desaparición del Sr. Jashogui; insiste en que todo contacto futuro debe basarse en el respeto de los valores universales;

6.  Apoya firmemente la iniciativa de establecer un régimen general de la Unión de sanciones por cuestiones de derechos humanos contra quienes los conculquen en todo el mundo, que supondría la imposición a individuos de prohibiciones de visado y bloqueo de activos; espera resultados concretos de la conferencia organizada por las autoridades neerlandesas para lanzar la iniciativa, cuya celebración está prevista en La Haya en noviembre, y anima a los Estados miembros a que respalden plenamente esta propuesta;

7.  Expresa su inquietud ante la posibilidad de que la desaparición del Sr. Jashogui esté vinculada directamente con sus críticas de las políticas saudíes en estos últimos años; reitera su petición a las autoridades saudíes de apertura a los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida y el derecho a la libre expresión y la disidencia pacífica;

8.  Condena la represión en curso de defensores de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, periodistas críticos, clérigos y otros activistas pacíficos en Arabia Saudí, que merma la credibilidad del proceso de reforma en el país; pide al Gobierno de Arabia Saudí que libere de inmediato e incondicionalmente a todos los defensores de los derechos humanos y otros presos de conciencia detenidos y sentenciados por el mero ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y por llevar a cabo sus actividades pacíficas de derechos humanos;

9.  Expresa su profunda inquietud ante casos similares de desapariciones forzosas que se produjeron en 2018 y afectaron a los cuatro ciudadanos qataríes Mohsin al-Korbí, Abdulaziz Abdulá, Nawaf al-Rashid y Ahmed Jalid Meqbel; insta al Gobierno de Arabia Saudí a que facilite información sobre su paradero y a que los libere inmediatamente;

10.  Pide la suspensión inmediata de los derechos de Arabia Saudí como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en razón de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que comete dentro y fuera de sus fronteras; reitera su petición a la Unión para que proponga en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el nombramiento de un relator especial sobre los derechos humanos en Arabia Saudí;

11.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que adopten una posición firme en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en la que, el 5 de noviembre, Arabia Saudí presentará su historial de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal;

12.  Pide a las autoridades saudíes que cesen las flagelaciones de Raif Badawi y lo liberen inmediata e incondicionalmente, ya que está considerado como un preso de conciencia, detenido y condenado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión; pide que la Unión siga planteando su caso en todo contacto de alto nivel que pueda producirse;

13.  Pide a las autoridades saudíes que impongan una moratoria inmediata sobre la aplicación de la pena de muerte como un paso hacia su abolición; pide que se revisen todas las condenas a la pena de muerte para garantizar que los juicios cumplen las normas internacionales;

14.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que apoyen activamente a los grupos de la sociedad civil y a las personas que defienden los derechos humanos en Arabia Saudí, por ejemplo mediante visitas a las prisiones, la observación de los juicios y declaraciones públicas;

15.  Reitera su disposición a mantener un diálogo crítico y constructivo con Arabia Saudí sobre derechos humanos y libertades fundamentales y sobre el papel del país en la región;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al secretario general de las Naciones Unidas, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a su majestad el rey Salmán bin Abdulaziz al-Saud y al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán al-Saud, al Gobierno del Reino de Arabia Saudí y al secretario general del Centro para el Diálogo Nacional del Reino de Arabia Saudí.

 

 

(1)

DO C 378 de 9.11.2017, p. 64.

(2)

DO C 310 de 25.8.2016, p. 29.

(3)

DO C 349 de 17.10.2017, p. 34.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0232.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0473.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0383.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad