Procedimiento : 2018/2885(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0501/2018

Textos presentados :

B8-0501/2018

Debates :

Votaciones :

PV 25/10/2018 - 13.18

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0434

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul  (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración, de 19 de octubre de 2018, del portavoz del secretario general de las Naciones Unidas sobre la muerte de Yamal Jashogui,

–  Vista la declaración, de 18 de octubre de 2018, del presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, Bernard Duhaime,

–  Vista la declaración, de 16 de octubre de 2018, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que insta a Arabia Saudí a que revele cuanto sepa sobre la desaparición de Yamal Jashogui,

–  Vistos el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el artículo 55 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963,

–  Vistas las observaciones de la VP/AR Federica Mogherini, de 9 y 15 de octubre y, en particular su declaración, de 20 de octubre de 2018, sobre las recientes circunstancias en torno al asunto del periodista saudí Yamal Jashogui,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

–  Vista la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vistos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege la libertad de opinión y de expresión, y el artículo 5, que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la Carta Árabe de Derechos Humanos, cuyo artículo 32, apartado 1, garantiza el derecho a la información y a la libertad de opinión y expresión, y cuyo artículo 8 prohíbe la tortura física o psicológica y el trato cruel, degradante, humillante o inhumano,

–  Vista la Recopilación sobre Arabia Saudí de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 30 de agosto de 2018, antes del trigésimo periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre el Examen Periódico Universal que se celebrará los días 5 a 16 de noviembre de 2018,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Arabia Saudí, en particular las de 11 de marzo de 2014, sobre Arabia Saudí, sus relaciones con la UE y su papel en Oriente Próximo y el Norte de África(1), de 12 de febrero de 2015, sobre el caso de Raif Badawi(2), de 8 de octubre de 2015, sobre el caso de Alí Mohamed al-Nimr(3), y de 31 de mayo de 2018, sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí(4);

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Yemen aprobadas el 25 de febrero de 2016(5) y el 30 de noviembre de 2017(6), y la de 4 de octubre de 2018, en la que pide un embargo de armas de la Unión contra Arabia Saudí(7),

–  Vista la pertenencia de Arabia Saudí al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vista la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, en la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares(8),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el periodista saudí Yamal Jashogui desapareció después de haber sido visto por última vez entrando en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre de 2018; que el régimen saudí pasó más de dos semanas difundiendo versiones contradictorias y falsas sobre el destino del Sr. Jashogui y negando toda implicación en su desaparición;

B.   Considerando la información extremadamente preocupante aparecida en los medios de comunicación turcos que sugieren que fue torturado antes de ser ejecutado de manera extrajudicial en el marco de un asesinato que ha contado con el apoyo y la participación de las autoridades saudíes, incluidos funcionarios cercanos al príncipe heredero Mohamed bin Salmán; que, finalmente, el régimen saudí admitió el 19 de octubre que el Sr. Jashogui fue asesinado poco después de haber entrado en la embajada saudí, pero que afirma que murió en un enfrentamiento con las manos con los funcionarios saudíes después de empezar a pelearse con las personas que le recibieron en el consulado y que «las discusiones (...) dieron lugar a una pelea que acabó con su muerte»;

C.   Considerando que, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas «los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional general»;

D.   Considerando que, después de la desaparición del Sr. Jashogui, el régimen saudí hizo lo posible para obstaculizar una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, imparcial y transparente; que no se permitió a los investigadores examinar el interior del consulado saudí hasta el 15 de octubre de 2018, después de llegar a un acuerdo con las autoridades turcas, y que se concedió el acceso a la residencia del cónsul general el 17 de octubre de 2018; que el cónsul general, Mohamed al-Otaibí, abandonó el país el 16 de octubre de 2018;

E.   Considerando que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán al-Saud ha dirigido una represión generalizada de defensores de derechos humanos, mujeres activistas, abogados, periodistas, académicos y escritores, que se ha intensificado desde que comenzó a consolidar su control de las instituciones de seguridad del país; que los periodistas saudíes y los activistas de los derechos humanos que viven en el extranjero se han mantenido en silencio en los últimos meses a causa de las amenazas a sus familias en Arabia Saudí;

F.   Considerando que la Ley contra el terrorismo de 2014 de Arabia Saudí contiene una definición sumamente amplia del término «terrorismo» que permite la penalización de los actos de expresión pacífica y la detención de personas por un periodo de hasta 90 días sin acceso a familiares o a un asesor jurídico, privándoles así de toda garantía jurídica contra la tortura;

G.   Considerando que los Estados están obligados a adoptar todas las medidas para impedir la tortura, las desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos, a investigar las denuncias de actos que constituyen estos delitos, y a llevar ante la justicia a toda persona sospechosa de haberlos cometido;

H.   Considerando que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha manifestado su preocupación por la existencia de lugares secretos de detención y por la ausencia de una institución independiente que realice visitas regulares y sin previo aviso a todos los lugares de detención en Arabia Saudí;

I.   Considerando que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha manifestado su grave preocupación por el recurso cada vez más frecuente a las desapariciones forzadas en estos últimos años con el fin de obtener pruebas y finalizar investigaciones al margen de la protección de la ley, lo cual implica con frecuencia el recurso a la coacción y la tortura; que la práctica a la que recurren los Estados de secuestrar a personas fuera de sus fronteras, con o sin el consentimiento del Estado de acogida, se utiliza para reprimir la disidencia política o para supuestamente combatir el terrorismo;

J.   Considerando que la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí sigue siendo muy alarmante, en particular por lo que respecta a la falta de derechos democráticos, la discriminación contra las mujeres y la existencia de castigos corporales y de la pena de muerte;

K.   Considerando que la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no solo está incluida en todos los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, sino que constituye una norma del Derecho internacional consuetudinario, por lo que vincula a todos los Estados, independientemente de si han ratificado o no los instrumentos pertinentes;

L.   Considerando que la pena de muerte sigue aplicándose en Arabia Saudí a toda una variedad de delitos; que el régimen llevó a cabo oficialmente 146 ejecuciones en 2017; considerando se producen ejecuciones públicas y que los ejecutados pueden ser crucificados y exhibidos públicamente;

M.   Considerando que Arabia Saudí prescribe castigos para un sinfín de delitos, como la pena de muerte por blasfemia, asesinato, actos de homosexualidad, robo, traición, y la lapidación por adulterio o la amputación por bandidaje;

N.   Considerando que los derechos de las mujeres son vulnerados en Arabia Saudí, dado que estas son consideradas inferiores a los hombres y están sometidas al control de un varón de su familia privadas de la libertad de tomar sus propias decisiones sobre cuestiones como salir a la calle o viajar; que, a pesar del anuncio de medidas muy limitadas por las que se conceden algunos derechos a las mujeres, el sistema de tutela masculina persiste, lo que permite la detención arbitraria de una mujer si su tutor la denuncia por desobediencia; que las mujeres saudíes son objeto de discriminación en la vida y el espacio públicos, y que persisten en el país prácticas nocivas, incluido el matrimonio infantil y forzado, el código vestimentario obligatorio para las mujeres y la poligamia;

O.   Considerando que el trato que reciben muchos trabajadores inmigrantes es muy preocupante, en particular los que trabajan en el sector de la construcción o como asistentes domésticos, para los que las condiciones laborales son similares a la esclavitud e incluyen el trabajo infantil; que el Derecho laboral de Arabia Saudí contiene disposiciones discriminatorias contra los trabajadores extranjeros; que alrededor de 500 000 trabajadores domésticos indonesios indocumentados se encuentran actualmente en una situación de extrema vulnerabilidad en Arabia Saudí;

P.   Considerando que la coalición encabezada por Arabia Saudí —que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Jordania, Marruecos y Sudán— ha sido la principal responsable de la muerte de civiles yemeníes, y es responsable de la dramática crisis humanitaria en Yemen; que esta coalición ha cometido graves violaciones del Derecho humanitario internacional, incluido el bombardeo de hospitales y escuelas, que ha provocado la muerte de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños; que las Naciones Unidas han acusado a Arabia Saudí de cometer crímenes de guerra en Yemen;

Q.   Considerando que, además del fuerte apoyo por parte los Estados Unidos, Arabia Saudí cuenta también con el apoyo de muchos Estados miembros de la Unión, como el Reino Unido, Francia y España, que mantienen intensas relaciones políticas con Arabia Saudí, en particular en materia de seguridad y defensa; que la Unión es el principal socio comercial de Arabia Saudí, con un porcentaje superior al 16 % del comercio total; que un gran número de empresas de la UE invierten en la economía saudí, especialmente en la industria petrolera del país, y que Arabia Saudí es un importante mercado para la exportación de bienes industriales de la UE en ámbitos como la defensa, el transporte, la automoción, y las exportaciones médicas y químicas; que Arabia Saudí es el segundo mayor importador mundial de armas y que alrededor del 60 % de las armas que importa se fabrican en la UE;

R.   Considerando que, el 22 de enero de 2015, el rey saudí Salmán accedió al trono de una monarquía hereditaria, feudal y absoluta sin un Parlamento electo; que Arabia Saudí tiene una población de 28 millones de habitantes, incluidos 9 millones de extranjeros; que Arabia Saudí desempeña un papel fundamental en la financiación, la difusión y la promoción en todo el mundo de una interpretación especialmente rigurosa del islam que ha inspirado a organizaciones terroristas;

1.  Condena enérgicamente la ejecución extrajudicial de Yamal Jashogui por parte de funcionarios de Arabia Saudí en el consulado saudí de Estambul; expresa sus condolencias a su prometida y a su familia y amigos; pide una investigación internacional rápida, exhaustiva, transparente, independiente e imparcial sobre las circunstancias del fallecimiento del Sr. Jashogui;

2.  Lamenta el uso por parte de Arabia Saudí de los locales de una misión diplomática para perpetrar un crimen, lo que constituye una violación de sus obligaciones con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; recuerda que, en virtud del Derecho internacional, los Estados son responsables de los actos cometidos por sus agencias o funcionarios o en el ejercicio de su autoridad; pide que se exijan responsabilidades al Estado saudí; apoya la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de levantar la inmunidad de los funcionarios saudíes implicados;

3.  Lamenta profundamente las versiones contradictorias y falsas relativas a la suerte de Yamal Jashogui difundidas por las autoridades saudíes; manifiesta su perplejidad ante el hecho de que, según los medios de comunicación europeos, quince saudíes, incluido Maher Abdulaziz Mutreb, un familiar del príncipe heredero, llegaron a Estambul la mañana del asesinato de Yamal Jashogui y la mayoría de ellos acudieron inmediatamente al consulado antes de abandonarlo al final de la tarde; manifiesta también su sorpresa por el hecho de que, según las mismas fuentes, ese mismo día, el consulado había concedido a su personal la tarde libre; considera que estos elementos podrían constituir un conjunto de pruebas de carácter, cuanto menos, preocupante; insta al régimen, por consiguiente, a que coopere plenamente con un comité de investigación internacional independiente con el fin de resolver este caso con transparencia y total claridad, y a que revele el paradero de los restos mortales de Yamal Jashogui;

4.  Insta a las autoridades saudíes a que firmen y ratifiquen la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; recuerda a las autoridades saudíes sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, en especial por lo que respecta a la prohibición de la tortura, consagrada en particular en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada y ratificada por Arabia Saudí;

5.  Condena enérgicamente las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por el Reino de Arabia Saudí, y pide a las autoridades saudíes que pongan fin a la actual imposición de castigos corporales contra personas condenadas, incluidas la flagelación y la amputación; insta a Arabia Saudí a que aproxime su legislación nacional a las normas internacionales en materia de derechos humanos;

6.  Pide a las autoridades saudíes que pongan fin a la pena inaceptable de Raif Badawi y que lo liberen de inmediato junto con todos los demás presos de conciencia, incluidas las defensoras de los derechos humanos de las mujeres Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, y otras mujeres que han sido detenidas arbitrariamente sin cargos desde el comienzo de la reciente oleada de detenciones en mayo;

7.  Expresa su profunda preocupación por el próximo juicio de cinco personas ante el tribunal antiterrorista de Arabia Saudí, incluidos la joven Israa al-Ghomghan y su esposo Moussa al-Hasshem que se enfrentan a la pena de muerte simplemente por haber participado en protestas en la provincia oriental de Arabia Saudí; condena el hecho de que al menos cuatro nacionales de Arabia Saudí se encuentran en el corredor de la muerte por infracciones cometidas siendo menores de 18 años;

8.  Subraya su oposición a la pena de muerte en todos los casos, con independencia de la naturaleza del delito; reitera su llamamiento en favor de la abolición universal de la pena capital, y pide que se establezca de inmediato una moratoria sobre el cumplimiento de las sentencias de muerte en Arabia Saudí; condena la persistente aplicación de la pena de muerte por toda una serie de actos que en el país están considerados como delitos, incluida la homosexualidad, las infracciones relacionadas con los estupefacientes, la apostasía, la hechicería y la brujería;

9.  Lamenta que, pese a la ratificación en octubre de 2004 por Arabia Saudí de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), persistan en la práctica las diferentes formas de discriminación a las que se sigue viendo sometida la mujer saudí, como por ejemplo a nivel personal y laboral, en su participación en la vida pública, la subordinación al hombre, la generalización de la violencia doméstica o mediante restricciones de su libertad de movimiento y de libre elección de su pareja; condena la criminalización de las mujeres víctimas de violación y de explotación sexual, ya que no están protegidas como víctimas sino que son juzgadas como prostitutas;

10.  Pide a las autoridades saudíes que mejoren las condiciones de trabajo y el trato dispensado a los trabajadores inmigrantes, prestando una atención especial a las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, quienes corren un riesgo particular de violencia sexual, y a la erradicación del trabajo infantil;

11.  Condena el hecho de que, a pesar de las violaciones generalizadas de los derechos humanos en Arabia Saudí, y a pesar de la financiación de grupos terroristas por parte del país, Arabia Saudí sigue siendo el principal aliado de los Estados Unidos y de los Estados miembros de la Unión Europea de la región; deplora la política de doble rasero de la UE que mantiene un trato hipócrita y preferencial con Arabia Saudí motivado por sus intereses económicos y geoestratégicos y su dependencia del petróleo; atrae la atención sobre la estrecha y notoria relación que existe entre algunos gobiernos europeos, y en particular la familia real española, y la dinastía Al Saud, así como sus intereses comunes;

12.  Denuncia la posición hipocrítica de la administración de los Estados Unidos en este caso y su intención de mantener el acuerdo sobre las armas entre los Estados Unidos y Arabia Saudí; pide a la UE que ponga fin a sus relaciones preferentes con Arabia Saudí y que suspenda todo acuerdo comercial con este país mientras siga perpetrando violaciones de los derechos humanos generalizadas;

13.  Condena la intervención de Arabia Saudí y sus aliados en Yemen, y manifiesta su profunda preocupación por la crisis humanitaria en el país y, en particular, el bloqueo impuesto por las fuerzas de la coalición que impiden el flujo de la ayuda humanitaria;

14.  Lamenta profundamente los efectos desestabilizadores de la venta de armas por parte de algunos Estados miembros de la UE, como España, el Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia, al Reino de Arabia Saudí; reitera una vez más su petición a todos los Estados miembros de la Unión de que cesen la venta de armas y de equipos militares a Arabia Saudí, habida cuenta de sus graves violaciones del derecho humanitario internacional cometidas en Yemen; pide a los Estados miembros de la Unión que respeten el Tratado sobre el Comercio de Armas de 2 de abril de 2013 y la Posición Común del Consejo de 8 de diciembre de 2008;

15.  Recuerda a los dirigentes saudíes su promesa de mantener los estándares más elevados en materia de fomento y protección de los derechos humanos cuando presentaron con éxito su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2013; lamenta profundamente que algunos Estados miembros de la UE votaran a favor de esta adhesión, así como de la pertenencia de Arabia Saudí a la Comisión de las Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres, a pesar de las continuas violaciones de los derechos humanos en el país, y de los derechos de las mujeres en particular; insta a los Estados miembros de la Unión a que promuevan, en el marco de las Naciones Unidas, la suspensión de Arabia Saudí como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Comité de Derechos Humanos árabe, y al rey y el Gobierno de Arabia Saudí.

(1)

DO C 378 de 9.11.2017, p. 64.

(2)

DO C 310 de 25.8.2016, p. 29.

(3)

DO C 349 de 17.10.2017, p. 34.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0232.

(5)

DO C 35 de 31.1.2018, p. 142.

(6)

DO C 356 de 4.10.2018, p. 104.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0383.

(8)

DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad