Procedimiento : 2018/2891(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0504/2018

Textos presentados :

B8-0504/2018

Debates :

Votaciones :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0436

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 263kWORD 46k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.200v01-00
 
B8-0504/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0504/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(1), de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(2), y de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil(3),

–  Vista la declaración realizada el 19 de abril de 2018 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la situación en Venezuela,

–  Vistas las declaraciones realizadas por la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el 9 de agosto de 2018, sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, y el 9 de octubre de 2018, sobre la muerte del concejal Fernando Albán,

–  Vista la declaración realizada el 10 de octubre de 2018 por su Comisión de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos sobre la muerte de Fernando Albán,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

–  Vista la declaración, de 8 de febrero de 2018, de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre la iniciación de exámenes preliminares de las situaciones en Filipinas y Venezuela, y de 27 de septiembre de 2018, sobre la remisión por un grupo de seis Estados parte relativa a la situación en Venezuela,

–  Vista la Constitución de Venezuela,

–  Vista su decisión de conceder el Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática de Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela sigue deteriorándose gravemente; que Venezuela se enfrenta a una crisis social, económica y humanitaria sin precedentes, como consecuencia de una crisis política, lo que ha provocado un gran número de muertes y ha obligado a millones de personas a huir del país;

B.  Considerando que gran parte de la población venezolana se ve afectada por la pobreza; que hay una escasez creciente de alimentos, medicamentos y otros productos sanitarios y que el sistema sanitario ha quedado devastado; que en el pasado año la mortalidad materna aumentó un 60 % y la mortalidad infantil, un 30 %; que, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional, el Gobierno venezolano se sigue negando, por desgracia, a recibir abiertamente ayuda humanitaria internacional y facilitar su distribución;

C.  Considerando que, el 5 de octubre de 2018, Fernando Albán, concejal opositor, fue detenido en el aeropuerto a su regreso de Nueva York, donde había mantenido conversaciones sobre la crisis venezolana y visitado a su familia; que el Gobierno sostiene que fue interrogado sobre la posible participación en el caso del dron del pasado mes de agosto; que, el 8 de octubre, el Sr. Albán fue hallado muerto en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde estaba detenido; que las circunstancias de su muerte suscitan muchas sospechas y que los funcionarios venezolanos han realizado declaraciones contradictorias al respecto; que, a pesar de las peticiones de las Naciones Unidas y de la Unión, las autoridades se han negado a permitir una investigación independiente de las causas de la muerte del Sr. Albán, incluida una autopsia a cargo de un equipo forense internacional e independiente;

D.  Considerando que el 13 de octubre de 2018, Lorent Saleh, galardonado con el Premio Sájarov 2017, fue liberado y expulsado inmediatamente a España en un acto de exilio forzoso; que había estado encarcelado sin juicio previo durante cuatro años y sufrido torturas; que sus testimonios dan fe de los tratos crueles e inhumanos dispensados a los presos políticos en Venezuela; que más de doscientos presos políticos siguen encarcelados en el país;

E.  Considerando que, el 8 de febrero de 2018, la fiscal de la CPI inició un examen preliminar de la situación en Venezuela; que, el 27 de septiembre de 2018, un grupo de seis Estados parte (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) solicitó que la fiscal abriera una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Venezuela; que Francia y Costa Rica también apoyaron las peticiones para que se realizaran tales investigaciones; que esto constituye la primera remisión por un grupo de Estados parte relativa a una situación en el territorio de otro Estado parte;

F.  Considerando que, el 13 de noviembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea decidió la adopción de un embargo de armas contra Venezuela y la prohibición de material afín que pudiera utilizarse para la represión interna; que, el 22 de enero de 2018, el Consejo decidió por unanimidad imponer sanciones a siete ciudadanos venezolanos que ocupan cargos oficiales, a través de medidas restrictivas, como la prohibición de viajar o la inmovilización de activos, por haber vulnerado los principios democráticos; que el 25 de junio de 2018 se ampliaron las sanciones a otros once funcionarios venezolanos;

G.  Considerando que en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de octubre de 2018 se incluyeron debates sobre una solución política a la crisis actual, mediante la consideración de la posibilidad de crear un grupo de contacto para facilitar un proceso político;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por el continuo deterioro de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Venezuela; condena el recurso a detenciones arbitrarias y al acoso judicial y administrativo para perseguir a miles de defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición electos y organizaciones independientes de la sociedad civil, lo que socava aún más la estructura democrática de Venezuela;

2.  Expresa su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria de Venezuela y la escasez sistémica de suministros básicos, medicamentos y alimentos; manifiesta su especial preocupación por el aumento de la desnutrición infantil desde 2017;

3.  Expresa sus sinceras condolencias a la familia y los amigos de Fernando Albán; pide una investigación exhaustiva e independiente que aclare las circunstancias de su trágica muerte, incluida una autopsia realizada por un equipo forense internacional e independiente;

4.  Insta a las autoridades venezolanas a que garanticen la protección de todos los civiles contra cualquier forma de intimidación, acusaciones de difamación, amenazas o ataques físicos, y a que adopten medidas efectivas para proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión;

5.  Reitera sus anteriores peticiones para que se garantice la seguridad y la integridad física de todas las personas detenidas y para lograr la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos todos los presos políticos, y un mayor respeto de los órganos elegidos democráticamente y la defensa de los derechos humanos;

6.  Pide a las autoridades venezolanas que admitan la crisis actual, eviten que siga agravándose y promuevan soluciones políticas y económicas para garantizar la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país y la región;

7.  Pide a la Unión, en concreto al Consejo y la VP/AR, que velen por que toda nueva medida en favor de una solución política incluya los siguientes requerimientos irrenunciables: la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la tortura, los malos tratos y el acoso a opositores políticos y defensores de los derechos humanos; un nuevo Consejo Nacional Electoral, elegido por la Asamblea Nacional; la celebración de elecciones libres y justas conformes con las normas internacionales para un proceso digno de crédito que respete el pluralismo político, con la presencia de observadores internacionales democráticos; el reconocimiento de los poderes de la Asamblea Nacional legítima; y la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente;

8.  apoya plenamente la investigación de la CPI sobre los crímenes generalizados y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano; insta a la Unión a que se adhiera a la iniciativa de los Estados Parte de la CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano en el territorio de Venezuela, con el fin de que los responsables rindan cuentas;

9.  Acoge con satisfacción la rápida imposición por la Unión de sanciones adicionales y reversibles, que no perjudicarán a la población venezolana, por la celebración, el 20 de mayo de 2018, de unas elecciones ilegítimas y no reconocidas internacionalmente; pide que se refuercen estas sanciones si la situación de los derechos humanos y la democracia en el país sigue deteriorándose;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad