Procedimiento : 2019/2575(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0154/2019

Textos presentados :

B8-0154/2019

Debates :

Votaciones :

PV 12/03/2019 - 9.22

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0156

<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0154/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre las amenazas en materia de seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión y la posible acción a escala de la Unión para reducirlas</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Caroline Nagtegaal</Depute>

<Commission>{ALDE}en nombre del Grupo ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0154/2019

B8‑0154/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre las amenazas en materia de seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión y la posible acción a escala de la Unión para reducirlas

(2019/2575(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas[1],

 Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión[2],

 Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación («Reglamento de Ciberseguridad») (COM(2017)0477),

 Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 (COM(2018)0434),

 Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación (COM(2018)0630),

 Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 13 de febrero de 2019, sobre las amenazas en materia de seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión y posible acción a escala de la Unión para reducirlas,

 Vista su Resolución legislativa, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea[3],

 Vistas sus resoluciones sobre las relaciones entre la Unión y China, en especial la de 12 de septiembre de 2018 sobre el estado de las relaciones UE-China[4],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La 5G para Europa: un plan de acción» (COM(2016)0588),

 Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G[5],

 Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)[6],

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010[7],

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que las infraestructuras 5G aumentarán la conectividad en la economía digital a un nivel totalmente nuevo; que resultan un elemento clave de la sociedad del gigabit, en particular en ámbitos como el transporte, la energía y la salud, la defensa y el sector de la seguridad, y que representan la norma para el futuro de las tecnologías de comunicación móvil;

B. Considerando que podrían aprovecharse las vulnerabilidades de las redes 5G para poner en peligro los sistemas informáticos, lo que podría provocar daños muy graves a las economías a escala europea y nacional; que es necesario un enfoque basado en el análisis de riesgos;

C. Considerando que el creciente papel de los proveedores de tecnología de terceros países en el mercado de la 5G de la Unión ha generado serios debates en los Estados miembros, especialmente en el contexto de la ley china de inteligencia nacional, vigente desde junio de 2017;

D. Considerando que el alcance y los parámetros de lo que las autoridades chinas llaman «trabajos de inteligencia» no están claramente definidos en la ley de inteligencia nacional china; que dicha ley ofrece a las autoridades nuevas bases jurídicas para realizar el seguimiento e investigar a las personas e instituciones extranjeras y nacionales, incluidos los ciudadanos y las instituciones de la Unión, con objeto de proteger la seguridad nacional china;

E. Considerando que las empresas chinas de telecomunicaciones reciben subvenciones estatales que podrían reforzar aún más su habilidad para aplicar la ley de inteligencia nacional china, lo que podría dar lugar a un problema de seguridad, así como a una ventaja económica injusta;

F. Considerando que el Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas, que debería entrar en vigor antes de finales de 2020, refuerza la posibilidad de los Estados miembros de controlar la inversión extranjera sobre la base de la seguridad y el orden público y establece un mecanismo de cooperación que permite a la Comisión y a los Estados miembros cooperar a la hora de evaluar los riesgos de seguridad, incluida la ciberseguridad, que plantean las inversiones extranjeras;

G. Considerando que la Directiva sobre la seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva SRI) debía transponerse antes del 9 de mayo de 2018; que dicha Directiva tiene por objeto el refuerzo de la seguridad de las infraestructuras esenciales de Europa, así como garantizar la información de los ciberincidentes significativos; que la Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas exige a las empresas de telecomunicaciones que adopten medidas para gestionar los riesgos planteados a la seguridad de las redes y servicios y que notifiquen a las autoridades y, en particular, a los usuarios, de incidentes de seguridad significativos;

H. Considerando que el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas contempla la disponibilidad del espectro radioeléctrico 5G antes de finales de 2020 en la Unión; que los Estados miembros de la Unión subastan de manera independiente las frecuencias del espectro necesarias para desarrollar la tecnología 5G, lo que podría permitir a las empresas de terceros países conseguir una posición dominante en el mercado de los distintos Estados miembros y, por consiguiente, de la Unión en su conjunto; que China cuenta con una estrategia ambiciosa en materia de inteligencia artificial para la que los datos constituyen un recurso crucial;

1. Recuerda la urgente necesidad de desarrollar capacidades y competencias dentro de la Unión en materia de infraestructuras digitales, al tiempo que refuerza la autonomía estratégica de la Unión; recuerda la importancia de las redes 5G y reitera, por consiguiente, su compromiso con el plan de acción 5G;

2. Recuerda que el despliegue de las redes 5G mejorará al garantizar la disponibilidad del espectro radioeléctrico adecuado en la Unión antes de finales de 2020, según lo previsto en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas; subraya que el principal reto para los operadores es la falta de coordinación y previsibilidad;

3. Reitera la necesidad de una acción europea común que aborde las preocupaciones actuales en relación con los proveedores de equipos de telecomunicaciones apoyados por el Gobierno chino, con el fin de aumentar la resiliencia digital y las salvaguardias diseñadas para proteger el mercado único; pide, entretanto, un aumento del intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión;

4. Pide que se investiguen los posibles riesgos para la seguridad asociados con el uso de tecnología extranjera y que la 5G sea considerada una infraestructura crítica, de modo que todas las empresas tengan que cumplir con normas de seguridad más elevadas;

5. Acoge con satisfacción y destaca, a este respecto, el elemento del intercambio de información entre los Estados miembros en el marco del mecanismo de cooperación del Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas;

6. Subraya que el Reglamento sobre el control de la inversión extranjera directa protege las infraestructuras críticas; recuerda que las empresas que operan en la Unión Europea disfrutan de los beneficios del mercado único, pero que deben respetar las normas y el marco jurídico de la Unión;

7. Observa con interés el aumento del número de Estados miembros con un mecanismo de control desde que la Comisión propuso por vez primera el Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas en 2017;

8. Apoya a la Comisión en las diversas acciones ya emprendidas con vistas a aumentar la adopción de medidas que aborden las amenazas a la ciberseguridad y de garantizar la aplicación estricta de medidas adecuadas de gestión del riesgo, como las sanciones a los proveedores que no respeten sus obligaciones;

9. Celebra y apoya el acuerdo alcanzado en relación con el Reglamento de Ciberseguridad y el fortalecimiento del mandato de la Agencia de Ciberseguridad de la UE, con vistas a brindar un mejor apoyo a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas para la ciberseguridad y los ataques;

10. Celebra y apoya las propuestas sobre los centros de competencias en materia de ciberseguridad y una red de centros nacionales de coordinación, concebidos para ayudar a la Unión a conservar y desarrollar las capacidades tecnológicas e industriales en materia de ciberseguridad necesarias para la seguridad de su mercado único digital;

11. Acoge con satisfacción, en este contexto, el programa Europa Digital, que impone requisitos de seguridad y la supervisión de la Comisión en entidades establecidas en la Unión pero controladas desde terceros países, en especial en acciones relacionadas con la ciberseguridad;

12. Recuerda que la ciberseguridad efectiva exige unas normas de seguridad muy estrictas; aboga por una red segura desde el diseño y por defecto; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que estudien todos los medios disponibles para garantizar un alto nivel de seguridad y, si procede, a que apliquen un certificado europeo de ciberseguridad;

13. Recuerda que la competencia resulta esencial en un sector tan innovador; que la competencia garantiza que las empresas constituyan importantes competidores que cuentan con recursos capaces de satisfacer la demanda del mercado;

14. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva SRI y que la Comisión siga de cerca esta fase a fin de garantizar que las disposiciones de la Directiva se cumplen correctamente y que los ciudadanos europeos están mejor protegidos frente a las amenazas para la seguridad externas;

15. Pide a la Comisión que incluya todos estos elementos en los próximos debates sobre una estrategia UE-China para que la Unión siga siendo competitiva y para garantizar la seguridad de su infraestructura digital;

16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Gobierno de la República Popular China, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

 

[1] DO L 321 de 17.12.2018, p. 36.

[2] DO L 194 de 19.7.2016, p. 1.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0121.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0343.

[5] DO C 307 de 30.8.2018, p. 144.

[6] DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

[7] DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.

Última actualización: 8 de marzo de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad