Propuesta de resolución - B8-0162/2019Propuesta de resolución
B8-0162/2019

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las amenazas en materia de seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión y la posible acción a escala de la Unión para reducirlas

    6.3.2019 - (2019/2575(RSP))

    tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
    presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno

    Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulisen nombre del Grupo GUE/NGL

    Procedimiento : 2019/2575(RSP)
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    Ciclo relativo al documento :  
    B8-0162/2019
    Textos presentados :
    B8-0162/2019
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    B8‑0162/2019

    Resolución del Parlamento Europeo sobre las amenazas en materia de seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión y la posible acción a escala de la Unión para reducirlas

    (2019/2575(RSP))

    El Parlamento Europeo,

    –  Visto el Informe sobre la Economía de la Información 2017 titulado «Digitalización, comercio y desarrollo», publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD/IER/2017),

    –  Visto el Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2018, titulado «El poder, las plataformas y la quimera del libre comercio», publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD/TDR/2018),

    –  Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas[1],

    –  Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión[2],

    –  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior[3],

    –  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación («Reglamento de Ciberseguridad»), presentada por la Comisión (COM(2017)0477),

    –  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación, presentada por la Comisión (COM(2018)0630),

    –  Vista su Posición aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea[4],

    –  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La 5G para Europa: un plan de acción» (COM(2016)0588),

    –  Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G[5],

    –  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)[6],

    –  Visto el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010[7],

    –  Visto el programa Europa Digital,

    –  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

    A.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros necesitan un plan de inversión pública para desarrollar capacidades de última generación en sectores de alta tecnología como la ciberseguridad, las TIC, la IA y la economía digital; que se han elaborado varias estrategias de la Unión, pero ninguna se ha aplicado plenamente;

    B.  Considerando que es necesario garantizar un desarrollo digital justo, luchando al mismo tiempo por mejorar el nivel de vida a escala mundial;

    C.  Considerando que algunas empresas privadas del sector digital y de TI, principalmente estadounidenses y chinas, siguen creando monopolios en el mercado digital, que les permiten fijar normas internacionales y desentenderse de sus responsabilidades sociales;

    D.  Considerando que la red 5G será una de las tecnologías fundamentales de la futura infraestructura digital, que ampliará la posibilidad de conectar varios dispositivos a las redes (internet de las cosas, etc.), y abrirá nuevas posibilidades de aplicaciones en muchos ámbitos, como el transporte, la movilidad, la energía, la sanidad, las finanzas, las telecomunicaciones, la economía digital y la inteligencia artificial;

    E.  Considerando que podrían aprovecharse las vulnerabilidades de las redes 5G para poner en peligro los sistemas informáticos, lo que podría provocar graves daños a los ciudadanos y sus vidas, así como a las economías europeas y nacionales; que, técnicamente, los proveedores de tecnología pueden usar los componentes de la tecnología de red 5G para vulnerar la privacidad de los datos de ciudadanos, empresas e instituciones; que es necesario un enfoque basado en el análisis de riesgos para la contratación pública y la concesión de licencias;

    F.  Considerando que solo un número limitado de empresas ofrece equipos técnicos 5G;

    G.  Considerando que las empresas de varios terceros países pueden resultar problemáticas para la seguridad de los Estados miembros, ya que pueden tener acceso a datos personales y controlar la infraestructura digital de muchos sectores y servicios estratégicos, y también pueden proporcionar acceso a tales datos a los servicios nacionales de inteligencia;

    H.  Considerando que las revelaciones de Snowden demostraron que se había cometido un abuso sistemático de las redes de comunicación europeas, así como una violación masiva del derecho de los ciudadanos a la privacidad de los datos, en el caso del programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos y, con anterioridad, por parte del Centro Gubernamental de Comunicaciones del Reino Unido (GCHQ);

    I.  Considerando que los servicios de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos han alegado que los equipos de Huawei suponen una amenaza para la seguridad nacional, pero no han aportado ninguna prueba al respecto; que Huawei es un competidor económico de varias grandes compañías estadounidenses;

    J.  Considerando que, debido a la dimensión mundial de la cadena de suministro de las tecnologías de la información y la comunicación, toda prohibición del uso de tecnología china puede resultar perjudicial para los operadores y las empresas de Europa, ya que perturbaría el suministro de equipos, aumentaría los costes para los operadores de la Unión y sus clientes, retrasaría durante años el despliegue de los servicios 5G de próxima generación y podría afectar a las redes existentes;

    K.  Considerando que es necesario abordar la ciberseguridad a escala multilateral a fin de ofrecer una respuesta sólida y coordinada;

    L.  Considerando que los proveedores no deben recibir un trato diferente en función de su país de origen, sino que el trato debe basarse en el compromiso y las garantías que ofrecen para salvaguardar el derecho de los ciudadanos europeos a la privacidad de los datos e impedir el espionaje y el sabotaje de la tecnología;

    1.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren una estrategia y planes de inversión pública para reducir la dependencia de Europa de la tecnología extranjera en el ámbito de la ciberseguridad, las TIC, la IA y la economía digital;

    2.  Considera que los Estados miembros deben basar las decisiones relativas al acceso de las empresas de terceros países a los futuros servicios de telecomunicaciones y 5G en los conocimientos técnicos y en una evaluación adecuada del riesgo, así como en el compromiso y las garantías que ofrecen dichas empresas para salvaguardar el derecho de los ciudadanos europeos a la privacidad de los datos e impedir el espionaje y el sabotaje de la tecnología, en lugar de dejar que la presión ejercida por la Administración estadounidense determine su actuación;

    3.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen para desarrollar un sistema multilateral de gobernanza en materia de ciberseguridad a fin de establecer un marco normativo y político de las Naciones Unidas en este ámbito; celebra la puesta en marcha del Índice de ciberseguridad global de las Naciones Unidas por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas;

    4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plenamente los mecanismos de cooperación introducidos por la Directiva de la Unión sobre seguridad de las redes y los sistemas de información;

    5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen adecuadamente el Reglamento de Ciberseguridad y que se coordinen estrechamente en este contexto;

    6.  Observa que el mandato reforzado de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) mejoraría la certificación de la ciberseguridad y cree que la ENISA podría desempeñar un papel crucial en el análisis de las amenazas a la ciberseguridad;

    7.  Recuerda que todas las empresas que suministren tecnologías y servicios en la Unión deben cumplir la legislación de la Unión y de los Estados miembros y son responsables en caso de infracción de la legislación en materia de protección de datos y ciberseguridad;

    8.  Considera necesario que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental rigurosa e independiente respecto a los posibles efectos negativos de las tecnologías 5G en la salud humana;

    9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

     

    Última actualización: 6 de marzo de 2019
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