Procedimiento : 2019/2580(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0177/2019

Textos presentados :

B8-0177/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0177/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 49k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0177/2019

B8‑0177/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

(2019/2580(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones en las que pide un mecanismo a escala de la Unión para imponer sanciones selectivas contra personas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos, incluida la del 11 de marzo de 2014 sobre la erradicación de la tortura en el mundo[1],

 Vista la Declaración n.º 25 del Tratado de Lisboa sobre la necesidad de garantizar los derechos procesales de las personas o entidades afectadas por las medidas restrictivas de la Unión Europea o las medidas de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo,

 Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia 2015-2019,

 Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, posterior al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de diciembre de 2018,

 Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de enero de 2019, sobre Serguéi Magnitski y más allá – luchar contra la impunidad mediante sanciones selectivas,

 Visto el estudio titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level», publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores el 26 de abril de 2018[2],

 Vista la iniciativa del Gobierno de los Países Bajos de noviembre de 2018 en apoyo de un régimen general de la Unión en materia de sanciones para cuestiones de derechos humanos,

 Vista la propuesta de diversos grupos de la sociedad civil, de 14 de noviembre de 2018, de crear una comisión europea para la prohibición de entrada por motivos de derechos humanos,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, a lo largo de las dos últimas décadas, las medidas restrictivas de la Unión Europea (más comúnmente conocidas como sanciones) se han convertido en una parte integrante del conjunto de instrumentos de relaciones exteriores de la Unión, con más de cuarenta medidas restrictivas diferentes actualmente en vigor contra 34 países, muchas de ellas aplicando directamente resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

B. Considerando que, además de las sanciones específicas por país, la Unión ha introducido recientemente medidas restrictivas horizontales contra la proliferación y el uso de armas químicas y medidas específicas de lucha contra el terrorismo;

C. Considerando que las sanciones de la Unión en vigor se dirigen tanto contra agentes estatales como contra agentes no estatales, como el Dáesh y Al-Qaeda;

D. Considerando que se estima que dos tercios de las sanciones específicas de la Unión por país se han impuesto en apoyo de objetivos en materia de derechos humanos y democracia;

E. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un régimen general de la Unión en materia de sanciones para cuestiones de derechos humanos (que en primer momento se conocía también como «lista Magnitski global de la Unión»;

F. Considerando que en algunos países, entre los que se incluyen los Estados Unidos, Canadá, Estonia, Lituania y el Reino Unido, se han adoptado regímenes de sanciones específicos en materia de derechos humanos; que la legislación estadounidense no prevé ningún tipo de proceso de revisión judicial;

G. Considerando que el Gobierno neerlandés inició un debate entre los Estados miembros de la Unión Europea en noviembre de 2018 sobre la oportunidad política de un régimen de sanciones específicas en materia de derechos humanos a escala de la Unión; y que prosiguen en el Consejo los debates preliminares en el seno de un grupo de trabajo;

1. Pide que se establezca con rapidez un régimen de sanciones autónomo, flexible y reactivo a escala de la Unión que permita perseguir a las personas responsables o implicadas en violaciones graves de los derechos humanos en todo el mundo;

2. Cree firmemente que ese régimen sería un valioso instrumento que se añadiría a los que la Unión ya posee en materia de derechos humanos y política exterior, y reforzaría el papel de la Unión como actor en favor de los derechos humanos a escala mundial, en particular en su  apoyo a las víctimas de abusos y a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo;

3. Está convencido de la eficacia potencial de dicho régimen y de su capacidad para influir en el comportamiento de las personas y entidades afectadas, así como de su potencial efecto disuasorio y valor simbólico, prestando más atención a aquellas situaciones en las que los activistas de la oposición democrática y los defensores de los derechos humanos estén en peligro;

4. Observa con prudente optimismo los debates preliminares celebrados a nivel del Consejo sobre este asunto; insta a la VP/AR y a sus servicios a que adopten un enfoque constructivo y proactivo respecto a este proceso, y confía en que le informe sobre el progreso de estos debates;

5. Destaca que el régimen debe permitir la adopción de medidas restrictivas, en especial la inmovilización de activos y la prohibición de entrada en la Unión, contra toda persona o entidad que sea responsable de graves violaciones y abusos de derechos humanos, participe o ayude en su comisión, los financie o contribuya a su planificación, organización o comisión; pide al Consejo que incluya las violaciones transfronterizas en el ámbito de ese régimen;

6. Insiste en la importancia de que el régimen sea coherente y complementario con las políticas de la Unión vigentes y con las medidas restrictivas horizontales y específicas por país ya existentes; reitera, a este respecto, que este nuevo régimen de sanciones no debe sustituir al ámbito de aplicación en materia de los derechos humanos de las medidas específicas por país en vigor; considera, además, que cualquier futuro régimen debe ser plenamente complementario y coherente con el marco internacional vigente en materia de sanciones, especialmente en relación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

7. Subraya la necesidad de que este régimen sea jurídicamente sólido y cumpla plenamente las normas más exigentes en materia de protección y respeto de los derechos procesales de las personas o entidades afectadas; insiste, a este respecto, en que las decisiones para incluir o eliminar a personas o entidades de lista deben fundarse en criterios claros y específicos, a fin de garantizar una revisión judicial exhaustiva;

8. Recalca en que el enjuiciamiento penal de los autores de violaciones graves de los derechos humanos ante tribunales jurisdicciones nacionales o internacionales debe seguir siendo el objetivo principal de todos los esfuerzos por combatir la impunidad asumidos por la Unión y sus Estados miembros; recuerda, en este sentido, la responsabilidad fundamental de los Estados en la responsabilización de los autores de violaciones de los derechos humanos;

9. Advierte de que la legitimidad política del régimen dependerá en gran medida de la capacidad del Consejo de adoptar listas basándose estrictamente en consideraciones de derechos humanos y no geoestratégicas o de otra índole; alienta, a este respecto, al Consejo a que estudie la posibilidad de aplicar la votación por mayoría cualificada a la elaboración de dichas listas;

10. Considera que el régimen debe poder dirigirse a personas tanto de la categoría de agentes y entidades estatales como de la de los no estatales;

11. Espera que las futuras listas elaboradas al amparo del régimen se basen en pruebas sólidas y en información únicamente de código abierto, incluida la facilitada por las organizaciones de la sociedad civil; confía en que exista un vínculo claro y directo entre la inclusión de una persona en la lista y su delito;

12. Considera que el nuevo régimen debe centrarse en los autores que tengan un vínculo directo e inmediato con el delito, como por ejemplo los miembros de las fuerzas de seguridad o del poder judicial, pero también permitir la inclusión de personas del nivel más alto de la cadena de mando, cuando proceda;

13. Considera necesario priorizar un reducido abanico de violaciones, como por ejemplo la participación directa en actos de tortura, las desapariciones forzadas, la trata de seres humanos, el encarcelamiento por motivos políticos; pide que, en el marco de este régimen de sanciones, se tenga en cuenta también a las personas involucradas en operaciones comerciales que contribuyan directamente a violaciones graves de los derechos humanos, como las derivadas de las transacciones con armas propiciadoras de conflictos, el acaparamiento generalizado de tierras o el ecocidio;

14. Pide a los Estados miembros que garanticen una aplicación y un cumplimiento adecuados del régimen de sanciones, una vez establecido este; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que, por su parte, dediquen recursos y conocimientos especializados adecuados para supervisar la aplicación del nuevo régimen una vez en funcionamiento, y que presten especial atención a la publicación de las listas, tanto en la Unión como en los países afectados;

15. pide que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo se amplíe a los regímenes de sanciones de la Unión, incluidos los relativos a los derechos humanos, o en su defecto, que se instituya un mediador europeo especializado en sanciones;

16. Insiste en que el Parlamento supervise estrechamente las acciones del Consejo en el marco de este futuro régimen, en particular en la definición y modificación de los criterios de inclusión en las listas correspondientes;

17. Rinde tributo a los esfuerzos de los activistas de la sociedad civil en favor de la introducción de sanciones contra los autores individuales; recomienda la creación de un comité consultivo a escala de la Unión, compuesto por expertos y representantes de la sociedad civil, que contribuya a los debates en curso en el Consejo sobre un futuro régimen de sanciones en materia de derechos humanos; insiste en que en cualquier futuro régimen una estrecha cooperación con este comité se integre;

18. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general del Consejo de Europa.

 

[1] DO C 378 de 9.11.2017, p. 52.

[2] Estudio – «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas contra particulares por violaciones graves de los derechos humanos – impacto, tendencias y perspectivas a nivel de la UE), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Exteriores, Departamento Temático de Relaciones Exteriores, 26 de abril de 2018.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad