Procedimiento : 2019/2580(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0178/2019

Textos presentados :

B8-0178/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0178/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 49k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0177/2019

B8‑0178/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

(2019/2580(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones en las que pide un mecanismo a escala de la Unión para imponer sanciones selectivas contra las personas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos, en particular su Recomendación al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski[1],

 Vistas su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre la situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev[2],

 Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2019, sobre el estado de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia[3],

 Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto[4],

 Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países[5],

 Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh»[6],

 Visto el informe, de 30 de octubre de 2018, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Sergei Magnitsky y la lucha contra la impunidad mediante sanciones específicas,

 Vistas las Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas, adoptadas por el Consejo en 2003 y revisadas y actualizadas en 2005, 2009, 2012 y 2017,

 Vista la declaración realizada el 10 de diciembre de 2018 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el Día de los Derechos Humanos,

 Vista la declaración del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, con ocasión de su discurso sobre el estado de la Unión el 12 de septiembre de 2018, en la que proponía que los Estados miembros hicieran uso de la mayoría cualificada en determinados ámbitos de la PESC de la Unión, como la respuesta colectiva a las violaciones de los derechos humanos y la aplicación de sanciones efectivas,

 Visto su estudio, de abril de 2018, titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas impuestas a personas físicas por violaciones graves de los derechos humanos — Repercusiones, tendencias y perspectivas a nivel de la Unión),

 Vista la propuesta de 14 de noviembre de 2018 de crear una Comisión europea para la prohibición de entrada por motivos de derechos humanos,

 Vista la propuesta del Gobierno neerlandés de establecer un régimen de sanciones en materia de derechos humanos a nivel europeo,

 Visto el título V, capítulo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), relativo a la adopción de sanciones en el marco de la PESC,

 Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo a la adopción de sanciones contra terceros países y contra personas, grupos o entidades no estatales,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que las sanciones son una herramienta esencial de la PESC; que, a lo largo de las últimas dos décadas, las sanciones se han convertido en parte integrante del conjunto de instrumentos de las relaciones exteriores de la Unión, y que actualmente están en vigor más de cuarenta medidas restrictivas diferentes contra 34 países; que se estima que dos tercios de las sanciones específicas por país impuestas por la Unión tenían por objeto apoyar objetivos en materia de derechos humanos y democracia;

B. Considerando que las sanciones pretenden propiciar cambios en la política o el comportamiento de aquellos a los que van dirigidas, con vistas a fomentar los objetivos de la PESC; que uno de los principales objetivos de la PESC es el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

C. Considerando que las sanciones están concebidas para reducir al mínimo las consecuencias adversas para quienes no son responsables de las políticas o de las acciones que han dado lugar a su adopción, en particular la población civil local y las actividades legítimas en el país afectado o con él;

D. Considerando que todas las sanciones adoptadas por la Unión cumplen plenamente las obligaciones derivadas del Derecho internacional, incluidas las relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales; que las sanciones deben revisarse periódicamente, a fin de garantizar que contribuyen a la consecución de sus objetivos declarados;

E. Considerando que, además de las sanciones específicas por país, destinadas a lograr cambios en el comportamiento de los Estados, la Unión ha introducido recientemente medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas y ataques cibernéticos, así como medidas específicas de lucha contra el terrorismo;

F. Considerando que Estonia, Letonia, Lituania, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos han adoptado «leyes Magnitsky» que permiten a sus Gobiernos imponer sanciones selectivas, como la prohibición de expedición de visados y la congelación de activos, contra los autores y los beneficiarios de violaciones graves de los derechos humanos; que el Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca en la Unión un régimen de sanciones «Magnitsky» en materia de derechos humanos;

G. Considerando que las «leyes Magnitski» en vigor no se limitan a personas de determinados países, o a personas cuya implicación en delitos concretos ha sido constatada, sino que abarcan a todos y cada uno de los autores de violaciones graves de los derechos humanos que gozan de impunidad;

H. Considerando que algunas autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley no han exigido responsabilidades a los autores de delitos; que, en esos casos, una «ley Magnitski» de la Unión que previera sanciones selectivas y se administrase adecuadamente sería sumamente eficaz;

I. Considerando que el Gobierno neerlandés abrió un debate entre los Estados miembros de la Unión Europea en noviembre de 2018 sobre la conveniencia política de un régimen de sanciones selectivas en materia de derechos humanos a escala de la Unión; que prosiguen en el Consejo los debates preliminares en el seno de un grupo de trabajo;

1. Condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo; insta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que elaboren una propuesta legislativa de «ley Magnitski» de la Unión antes de acabar la presente legislatura que permita la imposición de prohibiciones de visado y sanciones selectivas, como el bloqueo de bienes e intereses dentro de la jurisdicción de la Unión a funcionarios concretos o personas que ejercen funciones públicas y agentes y entidades estatales y no estatales que sean responsables de violaciones graves de los derechos humanos;

2. Considera que la persecución, las atrocidades y los crímenes internacionales contra las minorías religiosas y étnicas constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; subraya que deben ser llevados ante la justicia quienes, por motivos étnicos o religiosos y de forma deliberada, conspiran para la comisión de tales atrocidades, las planifican, instigan a su comisión, las cometen o intentan cometerlas, son cómplices de ellas o las apoyan;

3. Destaca la importancia de contar con una lista de sanciones inmediatas a fin de asegurar la aplicación eficaz de una «ley Magnitski» europea; pide al Consejo que prosiga sin demora sus trabajos sobre esta cuestión; subraya la importancia del papel del Parlamento en el control de ese futuro régimen, en particular en la definición de los criterios de inclusión en las listas correspondientes y la modificación de dichas listas;

4. Cree firmemente que ese régimen sería un valioso instrumento que se añadiría a los que la Unión ya posee en materia de derechos humanos y política exterior, y reforzaría el papel de la Unión como actor en favor de los derechos humanos a escala mundial, en particular en su lucha contra la impunidad y su apoyo a las víctimas de abusos y a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo;

5. Destaca que el régimen debe permitir la adopción de medidas restrictivas, en especial la inmovilización de activos y la prohibición de entrada en la Unión, contra toda persona o entidad que sea responsable de graves violaciones y abusos de derechos humanos, participe o ayude en su comisión, los financie o contribuya a su planificación, organización o comisión; insta, en este sentido, a que se elabore una definición clara del alcance de las violaciones con el fin de corregir la situación actual;

6. Insiste en que las decisiones de incluir a personas o entidades en las listas o para suprimirlas de ellas deben apoyarse en criterios claros, precisos y basados en pruebas y en un vínculo directo con el delito cometido, con el fin de garantizar un control jurisdiccional estricto;

7. Resalta la necesidad de que todos los Estados miembros interpreten de forma única y coherente la aplicación de sanciones; pide a los Estados miembros que colaboren entre sí para identificar a las personas que deben ser objeto de las sanciones, también mediante la utilización de los mecanismos pertinentes de la Unión y mediante el intercambio de información sobre las personas incluidas en las listas de sanciones, y los motivos para concluir razonablemente que son responsables de violaciones graves de los derechos humanos; subraya que los tratantes de personas que obtienen provecho de los flujos migratorios deben ser sancionados en virtud de ese régimen;

8. Acoge con satisfacción la propuesta del presidente de la Comisión de abandonar la unanimidad en la toma de decisiones del Consejo en ámbitos específicos de la PESC, incluidas las cuestiones relativas a los derechos humanos; considera que ese proceso de toma de decisiones podría aplicarse al nuevo régimen de sanciones;

9. Pide a todos los Estados miembros que garanticen el pleno cumplimiento de las decisiones del Consejo relativas a medidas restrictivas contra personas y entidades y, en particular la inmovilización de los activos de las personas que figuran en las listas y las restricciones a la entrada en sus respectivos territorios como resultado de violaciones de los derechos humanos;

10. Recalca en que el enjuiciamiento penal de los autores de violaciones graves de los derechos humanos ante tribunales nacionales o internacionales debe seguir siendo el objetivo principal de todos los esfuerzos por combatir la impunidad asumidos por la Unión y sus Estados miembros; pide al Consejo que incluya las violaciones transfronterizas en el ámbito de ese régimen;

11. Pide a la Comisión que dedique recursos y conocimientos especializados adecuados para hacer cumplir y supervisar ese régimen una vez entre en funcionamiento, así como que preste especial atención a la publicación de las listas, tanto en la Unión como en los países afectados;

12. Apoya los esfuerzos de los activistas de la sociedad civil por establecer un régimen de este tipo y anima a que se debata la propuesta de crear un eventual comité consultivo independiente a nivel de la Unión;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general del Consejo de Europa.

 

[1] DO C 408 de 30.11.2017, p. 43.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0115.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0157.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.

[5] DO C 337 de 20.9.2018, p. 82.

[6] DO C 35 de 31.1.2018, p. 77.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad