Procedimiento : 2019/2580(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0180/2019

Textos presentados :

B8-0180/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0180/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 55k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{ALDE}en nombre del Grupo ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0177/2019

B8‑0180/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

(2019/2580(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones en las que pide un mecanismo a escala de la Unión para imponer sanciones selectivas contra personas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos, incluida su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski[1],

 Visto el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea (TUE) relativo a la adopción de sanciones en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC),

 Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre la adopción de sanciones contra terceros países y personas, grupos o entidades no estatales,

 Vista la declaración del presidente Jean-Claude Juncker con ocasión del discurso sobre el estado de la Unión el 12 de septiembre de 2018, en la que proponía que los Estados miembros hicieran uso de las normas de la Unión existentes para pasar de la unanimidad al voto por mayoría cualificada en determinados ámbitos de la PESC de la Unión, como la respuesta colectiva a las violaciones de los derechos humanos y la aplicación de sanciones efectivas,

 Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de diciembre de 2018, después del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea,

 Vista la Resolución, de 22 de enero de 2019, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Serguéi Magnitski y más allá – luchar contra la impunidad mediante sanciones selectivas,

 Visto el estudio titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level», publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores el 26 de abril de 2018[2],

 Vista la propuesta de 14 de noviembre de 2018 de una Comisión europea para la prohibición de entrada por motivos de derechos humanos,

 Vista la reunión celebrada el 20 de noviembre de 2018 en los Países Bajos sobre el régimen de sanciones de la Unión en favor de los derechos humanos en el mundo,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, a lo largo de las dos últimas décadas, las sanciones de la Unión Europea (también conocidas como medidas restrictivas) se han convertido en una parte integrante del conjunto de instrumentos de relaciones exteriores de la Unión, con más de cuarenta medidas restrictivas diferentes actualmente en vigor contra 34 países; que se estima que dos tercios de las sanciones específicas de la Unión por país se han impuesto en apoyo de objetivos en materia de derechos humanos y democracia;

B. Considerando que, además de las sanciones específicas por país, destinadas a lograr cambios en el comportamiento de los Estados, la Unión ha introducido recientemente medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas y ataques cibernéticos, así como medidas específicas de lucha contra el terrorismo;

C. Considerando que las sanciones de la Unión en vigor se dirigen contra agentes estatales y no estatales, como terroristas y grupos terroristas;

D. Considerando que en los últimos meses ha habido numerosos casos en los que empresas europeas o incluso Estados miembros de la Unión han contravenido las sanciones de la Unión Europea; que entre esas infracciones cabe citar la visita a Italia del funcionario de seguridad sirio sancionado Alí Mamluk, las empresas belgas que transportan componentes de gas venenoso a Siria, las empresas neerlandesas que prestan asistencia en la construcción del controvertido puente de Kerch, las hélices de fabricación alemana que terminan en drones militares rusos, y la empresa neerlandesa Damen, que suministra patrulleras a la guardia costera libia;

E. Considerando que estos ejemplos ilustran la necesidad de aclarar en mayor medida el ámbito y el alcance de las sanciones actualmente en vigor, así como el grado en que los países y las empresas son responsables de garantizar que la utilización o el destino finales de sus bienes y servicios no estén siendo objeto de sanciones;

F. Considerando que las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión son responsables de la aplicación de las sanciones, mientras que estas medidas se deciden a nivel europeo; que el aumento de la cooperación y el intercambio de información entre estas autoridades, así como un mecanismo de aplicación europeo, son esenciales de cara a garantizar una aplicación e interpretación uniformes de las medidas restrictivas de la Unión en vigor y que las empresas europeas puedan operar en igualdad de condiciones;

G. Considerando que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones el establecimiento de un régimen mundial de sanciones para las violaciones de los derechos humanos que garantice la coherencia y la eficacia de la inmovilización de activos individuales, la prohibición de visados y otras sanciones impuestas a personas y entidades por los Estados miembros y a escala de la Unión;

H. Considerando que, cuando se introduce un régimen de sanciones, debe respetarse un proceso transparente de inclusión de sancionados en la lista, revisión de la misma y eliminación de entradas;

I. Considerando que en algunos países, entre los que se incluyen los Estados Unidos, Canadá, Estonia, Lituania y el Reino Unido, se han adoptado legislaciones de tipo «Magnitski» basadas en regímenes de sanciones específicos en materia de derechos humanos;

J. Considerando que una serie de activistas de la sociedad civil han contribuido activamente a la introducción de tales regímenes, en particular, el empresario de origen estadounidense William Browder, tras la muerte de su abogado, Serguéi Magnitski, mientras se encontraba detenido en Rusia;

K. Considerando que el Gobierno neerlandés inició un debate entre los Estados miembros de la Unión Europea en noviembre de 2018 sobre la oportunidad política de un régimen de sanciones específicas en materia de derechos humanos a escala de la Unión; que los debates preliminares prosiguen en el Consejo a nivel de grupo de trabajo;

1. Condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo; pide al Consejo que establezca con rapidez un régimen de sanciones autónomo, flexible y reactivo a escala de la Unión que permita perseguir a toda persona, agente estatal o no estatal u otra entidad responsable de graves violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción sistémica o que haya participado en ellos; cree firmemente que este régimen es una parte esencial de los actuales instrumentos de la Unión en materia de derechos humanos y política exterior, y que reforzaría el papel de la Unión Europea como agente mundial en favor de los derechos humanos, en particular en su lucha contra la impunidad y su apoyo a las víctimas de abusos y a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo;

2. Toma nota de la Ley Global Magnitski, promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en 2016, basada en la Ley sobre la responsabilidad del Estado de Derecho Serguéi Magnitski, de 2012, que tenía por objeto sancionar a las personas responsables de la muerte del activista contra la corrupción y abogado Serguéi Magnitski durante su detención preventiva en una cárcel rusa después de haber sufrido condiciones inhumanas, negligencia deliberada y torturas;

3. Subraya que un régimen de sanciones de la Unión para las violaciones de los derechos humanos debería basarse en la Resolución del Parlamento, de 2 de abril de 2014, en la que pedía al Consejo que estableciera una lista común de la Unión Europea de funcionarios responsables de la muerte de Serguéi Magnitski, del encubrimiento judicial posterior y del acoso a su familia; hace hincapié en la necesidad de un régimen de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos que permita sancionar a las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y de que incluya de forma explícita y simbólica el nombre de Serguéi Magnitski; acoge con satisfacción la promulgación al otro lado del Atlántico de una legislación similar dirigida a los violadores de los derechos humanos en todo el mundo; destaca la necesidad de la cooperación transatlántica a la hora de exigir responsabilidades a los violadores de los derechos humanos; alienta a otras democracias a que desarrollen sistemas similares;

4. Resalta que ese régimen debe permitir la imposición de medidas restrictivas, en especial la inmovilización de activos y la prohibición de entrada en la Unión, contra toda persona o entidad responsable de graves violaciones de los derechos humanos, abusos y actos de corrupción sistémica, o que participe o ayude en ellos, los financie o contribuya a su planificación, organización o comisión; hace hincapié en la necesidad de definir claramente el ámbito de las violaciones, que podría abarcar la participación de actos de tortura, las desapariciones forzadas, la trata de seres humanos, el encarcelamiento por motivos políticos y los actos de corrupción, entre otros hechos, así como de establecer vías jurídicas adecuadas mediante las que se pueda cuestionar una lista;

5. Está convencido de que este nuevo régimen influirá en el comportamiento de las personas y entidades concernidas, así como de su efecto disuasorio; subraya, en este sentido, la necesidad de que todos los Estados miembros de la Unión interpreten, expliquen y hagan cumplir la aplicación de sanciones de forma coherente; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que incrementen su cooperación y su intercambio de información y a que diseñen un mecanismo europeo de supervisión y aplicación en la forma de un organismo independiente, como un órgano jurisdiccional o tribunal sancionador, como solución a la situación actual en la que se siguen contraviniendo las sanciones, socavando así la credibilidad de la política exterior de la Unión;

6. Celebra la propuesta del presidente de la Comisión de ir más allá de la unanimidad en la toma de decisiones del Consejo en ámbitos de la PESC e insta al Consejo a adoptar este nuevo instrumento de sanciones de modo que la imposición de sanciones en materia de derechos humanos pueda adoptarse por mayoría cualificada en el Consejo;

7. Apoya los debates preliminares en el Consejo sobre la creación de dicho instrumento de sanciones; insta a la alta representante y a sus servicios a que adopten un enfoque constructivo y proactivo para llevar estos debates a una conclusión satisfactoria, y espera que informe al Parlamento Europeo; subraya la importancia de la función de control del Parlamento sobre este futuro régimen, en particular en lo que se refiere al alcance y la definición de los criterios de inclusión en la lista, así como las posibilidades de recurso judicial;

8. Pide a todos los Estados miembros que garanticen que tanto sus autoridades como las empresas registradas en sus territorios cumplen plenamente las decisiones del Consejo relativas a las medidas restrictivas contra personas y entidades y, en particular la inmovilización de activos de las personas que figuran en la lista y las restricciones a la admisión en sus respectivos territorios como resultado de violaciones de los derechos humanos; manifiesta su preocupación por los recientes informes de incumplimientos de estas decisiones y recuerda a los Estados miembros su obligación en virtud del Derecho internacional de velar por la detención y privación de libertad de quienes se encuentren en su territorio y sean sospechosos de haber cometido delitos que conlleven atrocidades;

9. Pide un uso más coherente de las sanciones en el marco de las relaciones exteriores de la Unión, incluido un mayor grado de transparencia en el seno del Consejo y de la Comisión en el proceso conducente a la adopción de sanciones, en aras de garantizar una mayor credibilidad de las sanciones impuestas;

10. Insiste en la importancia de que el futuro régimen de sanciones en materia de derechos humanos de la Unión sea coherente y complementario con las políticas de la Unión vigentes y con las medidas restrictivas horizontales y específicas por país ya existentes; reitera, a este respecto, que este nuevo régimen de sanciones no debe sustituir al ámbito de aplicación en materia de los derechos humanos de las medidas específicas por país en vigor; considera, además, que cualquier futuro régimen debe ser plenamente complementario y coherente con el marco internacional vigente en materia de sanciones, especialmente en relación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

11. Advierte de que la legitimidad política de este régimen dependerá en gran medida de la capacidad del Consejo de adoptar listas basándose estrictamente en derechos;

12. Subraya la necesidad de que este régimen sea jurídicamente sólido y cumpla plenamente las normas más exigentes en materia de protección y respeto de los derechos procesales de las personas o entidades afectadas; insiste, a este respecto, en que las decisiones para incluir o eliminar a personas o entidades de lista deben fundarse en criterios claros y específicos vinculados directamente con el delito cometido, a fin de garantizar una revisión judicial exhaustiva;

13. Hace hincapié en que el enjuiciamiento penal de los autores de violaciones graves de los derechos humanos a través de jurisdicciones nacionales o internacionales debe seguir siendo el objetivo principal de todos los esfuerzos de la Unión Europea y de los Estados miembros para combatir la impunidad; reitera, a este respecto, el principio de la jurisdicción universal; pide al Consejo que incluya las violaciones transfronterizas dentro del ámbito de este régimen;

14. Pide a la Comisión que dedique recursos y conocimientos especializados adecuados para hacer cumplir y supervisar este régimen una vez en funcionamiento, así como que preste especial atención a la publicación de las listas, tanto en la Unión como en los países afectados;

15. Rinde tributo a los esfuerzos de los activistas de la sociedad civil en favor de la introducción de sanciones contra los autores individuales; recomienda la creación de un comité consultivo a escala de la Unión, compuesto por expertos y representantes de la sociedad civil, que contribuya a los debates en curso en el Consejo sobre un futuro régimen de sanciones en materia de derechos humanos;

16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general del Consejo de Europa.

 

[1] DO C 408 de 30.11.2017, p. 43.

[2] Estudio – «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas contra particulares por violaciones graves de los derechos humanos – impacto, tendencias y perspectivas a nivel de la UE), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Exteriores, Departamento Temático de Relaciones Exteriores, 26 de abril de 2018.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad