Procedimiento : 2019/2580(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0181/2019

Textos presentados :

B8-0181/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0181/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 52k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos </Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0177/2019

B8‑0181/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

(2019/2580(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones presentadas de conformidad con el artículo 135, en las que se pedía la imposición de sanciones selectivas contra las personas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas las de 19 de enero de 2017 sobre la situación en Burundi[1], de 25 de octubre de 2018 sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí en Estambul[2], y de 14 de febrero de 2019 sobre la situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev[3],

 Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países[4],

 Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto[5],

 Visto el estudio titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level», publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores el 26 de abril de 2018[6],

 Vista la Decisión (PESC) 2018/900 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por la que se modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas contra Myanmar/Birmania[7],

 Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de febrero de 2012, sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando sus líderes defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE[8],

 Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos[9],

 Vistas las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 de enero de 2014, sobre el rechazo de la impunidad para los asesinos de Serguéi Magnitski, y de 22 de enero de 2019 sobre Serguéi Magnitski y la lucha contra la impunidad mediante sanciones específicas,

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los protocolos al mismo,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que las acciones de la Unión se guiarán por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»,

B. Considerando que la Unión Europea se comprometió a aplicar sistemáticamente las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de la las Naciones Unidas de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y que, al mismo tiempo, impone sanciones autónomas en ausencia de un mandato del Consejo de Seguridad cuando este no está facultado para actuar o no puede hacerlo por falta de acuerdo entre sus miembros;

C. Considerando que las sanciones de la Unión Europea se han convertido en parte integrante del conjunto de instrumentos de relaciones exteriores de la Unión; que, a lo largo de las últimas dos décadas, las sanciones se han convertido en parte integrante del conjunto de instrumentos de relaciones exteriores de la Unión, y que actualmente están en vigor más de cuarenta medidas restrictivas diferentes contra 34 países; y que se estima que dos tercios de las sanciones específicas de la Unión por país se han impuesto en apoyo de objetivos en materia de derechos humanos y democracia;

D. Considerando que las sanciones de la Unión en vigor se dirigen tanto contra agentes estatales como contra agentes no estatales, como el Estado Islámico y Al-Qaeda;

E. Considerando que se ha criticado a la Unión por aplicar su política de sanciones de manera incoherente en terceros países con historiales similares de violaciones de los derechos humanos;

F. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un régimen general de la Unión en materia de sanciones para cuestiones de derechos humanos;

G. Considerando que el Gobierno neerlandés inició un debate entre los Estados miembros de la Unión Europea en noviembre de 2018 sobre la oportunidad política de un régimen de sanciones específicas en materia de derechos humanos a escala de la Unión; y que prosiguen en el Consejo los debates preliminares en el seno de un grupo de trabajo;

H. Considerando que el uso de sanciones selectivas parece preferible y más eficaz que el uso de sanciones generales, ya que evita las consecuencias negativas y los costes humanitarios para una población más amplia, afecta directamente a los responsables y actúa como elemento disuasorio;

1. Condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo; pide que se establezca un régimen general de la Unión en materia de sanciones para cuestiones de derechos humanos de carácter flexible y con capacidad de respuesta, que se dirija a todas las personas de una jerarquía determinada responsables de graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo;

2. Considera que el régimen debe poder dirigirse a personas tanto de la categoría de agentes estatales como de la de agentes no estatales;

3. Destaca que este mecanismo reforzará la política exterior de la Unión y reforzará su actual conjunto de instrumentos para los derechos humanos a la hora de abordar y prevenir las violaciones de los derechos humanos; reitera su llamamiento al Consejo para que prosiga sin demora sus trabajos sobre este asunto;

4. Pide que dicho régimen sea exhaustivo y que actúe de manera coherente con las políticas existentes en materia de derechos humanos y otras medidas restrictivas, y las complemente;

5. Resalta la necesidad de que todos los Estados miembros interpreten de forma coherente la aplicación de sanciones; considera que la no adopción de medidas adecuadas en situaciones marcadas por violaciones persistentes de los derechos humanos socavaría la estrategia en materia de derechos humanos, la política de sanciones y la credibilidad de la Unión Europea; está convencido de que un régimen general unificado de la Unión en materia de sanciones para cuestiones de derechos humanos atenuará las actuales disparidades dentro de la política de sanciones de la Unión, fomentará la transparencia y reforzará el papel de la Unión como actor a favor de los derechos humanos a escala mundial;

6. Subraya que las graves violaciones de los derechos humanos deben constituir una base subyacente para la aplicación de sanciones selectivas individuales; pide al Consejo y a la Comisión que identifiquen y definan claramente las graves violaciones de los derechos humanos a la hora de definir el ámbito de aplicación del régimen, incluidas las violaciones transfronterizas y las relativas a daños medioambientales voluntarios e irreversibles a gran escala; destaca, a este respecto, los tratados sobre derechos humanos requeridos para beneficiarse del SPG+, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los principales convenios de Ginebra;

7. Subraya que las sanciones selectivas deben incluir la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos en relación con los autores de graves violaciones de los derechos humanos, así como en relación con cualquier persona que haya participado en las mismas como instigadora, incitadora, colaboradora o cómplice, y sus familiares directos, en caso necesario;

8. Subraya que los criterios que permiten establecer listas negras para la imposición de sanciones selectivas deben ser jurídicamente sólidos, claros y transparentes y basarse en pruebas bien documentadas y convincentes, en hechos probados y en información verificada procedente de fuentes transparentes, fiables e independientes; subraya además que los derechos a un proceso justo, y a la revisión y el recurso judiciales de todos los afectados deben estar protegidos al máximo; pide la inclusión sistemática de unos parámetros de referencia claros y específicos y de una metodología para el levantamiento de las sanciones y la supresión de nombres de las listas;

9. Subraya que las sanciones selectivas deben tener como objetivo lograr unos resultados efectivos y duraderos; pide a la Comisión que lleve a cabo periódicamente evaluaciones y revisiones de impacto una vez que se aplique el régimen, así como que supervise de cerca la publicación de las listas y las supresiones de nombres de las listas; insiste en que el Parlamento ejerza un estrecho control a este respecto;

10. Pide a la Comisión que dedique recursos y conocimientos especializados adecuados para hacer cumplir y supervisar este régimen una vez entre en funcionamiento, así como que preste especial atención a la publicación de las listas, tanto en la Unión como en los países afectados;

11. Apoya los esfuerzos de los activistas de la sociedad civil por establecer un régimen de este tipo y fomenta el debate sobre la propuesta relativa a la creación de un posible comité consultivo independiente a escala de la Unión;

12. Señala que varios Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos Estonia, Letonia, Lituania, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, han adoptado instrumentos para que sus gobiernos puedan imponer sanciones selectivas en caso de que se hayan producido graves violaciones de los derechos humanos;

13. Pide que se considere la posibilidad de ampliar el mandato del Defensor del Pueblo Europeo para incluir el régimen general de la Unión en materia de sanciones para cuestiones de derechos humanos;

14. Subraya la necesidad de una cooperación multilateral y de una acción coordinada con las Naciones Unidas para evitar que se eludan las sanciones y maximizar la aplicación del régimen en consonancia con el Derecho internacional;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general del Consejo de Europa.

[1] DO C 242 de 10.7.2018, p. 10.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0434.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0115.

[4] DO C 337 de 20.9.2018, p. 82.

[5] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.

[6] Estudio – «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas contra particulares por violaciones graves de los derechos humanos – impacto, tendencias y perspectivas a nivel de la UE), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Exteriores, Departamento Temático de Relaciones Exteriores, 26 de abril de 2018.

[7] DO L 160I de 25.6.2018, p. 9.

[8] DO C 239 E de 20.8.2013, p. 11.

[9] DO C 295 E de 4.12.2009, p. 49.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad