Procedimiento : 2019/2582(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0203/2019

Textos presentados :

B8-0203/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.15
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0217

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0203/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 67k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el cambio climático: la visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra</Titre>

<DocRef>(2019/2582(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Lynn Boylan, Younous Omarjee, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie‑Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0195/2019

B8‑0203/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio climático: la visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra

(2019/2582(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM (2018)0773),

 Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

 Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en la CMNUCC y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

 Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes (COP24) en la CMNUCC, el 14.º periodo de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte del primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrada en Katowice (Polonia), del 2 al 14 de diciembre de 2018,

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) celebrada en Katowice (Polonia)[1],

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2018,

 Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Global Warming of 1.5 ºC» (Calentamiento global de 1,5 ºC), su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis,

 Visto el noveno informe sobre la disparidad en las emisiones publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobado el 27 de noviembre de 2018,

 Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),

 Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

 

A. Considerando que la COP24 celebrada en Katowice dio lugar a la aprobación del Código normativo de Katowice, que aporta claridad jurídica a la hora de aplicar el Acuerdo de París;

1. Destaca que los ciudadanos europeos ya se están enfrentando a los efectos directos del cambio climático; subraya que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas medias anuales causadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en la Unión ascendieron a unos 12 800 millones de euros entre 2010 y 2016, y que, de no tomarse medidas adicionales, el daño climático en la Unión podría ascender, como mínimo, a 190 000 millones de euros en 2080, lo que supone una pérdida neta de bienestar del 1,8 % de su PIB actual; hace hincapié en que, de cumplirse la hipótesis de emisiones elevadas, los costes anuales causados por las inundaciones en la Unión podrían ascender a un billón de euros para 2100, y que las catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos podrían afectar aproximadamente a dos tercios de los ciudadanos europeos para 2100, frente al 5 % actual; hace hincapié asimismo en que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 50 % de las zonas pobladas de la Unión se verán afectadas por una grave escasez de agua de aquí a 2030;

2. Recuerda los resultados del Eurobarómetro de noviembre de 2018, según los cuales el 93 % de los europeos considera que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana y que el 85 % coincide en que la lucha contra el cambio climático y un uso más eficiente de la energía pueden generar crecimiento económico y empleo en Europa; señala que el cambio climático es una cuestión de alta prioridad para los ciudadanos europeos;

3. Subraya que el Informe Especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC representa la evaluación científica más completa y actualizada de las vías para lograr la mitigación en consonancia con el Acuerdo de París;

4. Hace hincapié en que, según el Informe Especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC, limitar el calentamiento global a 1,5 ºC con un rebasamiento nulo o limitado implica alcanzar a más tardar en 2067 un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero, así como reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año en todo el mundo; subraya, en vista de dichas conclusiones, que, en calidad de líder mundial y con objeto de tener una oportunidad segura de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC para 2100, la Unión debe esforzarse por lograr un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero lo antes posible y para 2050 a más tardar;

5. Manifiesta su preocupación por el informe de las Naciones Unidas sobre la disparidad en las emisiones en 2018, en el que se concluye que las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales sobrepasan con creces el límite del calentamiento del Acuerdo de París de muy por debajo de 2 ºC, y se estima que se llegará en cambio a un calentamiento de 3,2 ºC[2] para 2100; recalca la urgencia de que todas las Partes aumenten notablemente su ambición en materia de lucha contra el cambio climático de aquí a 2020;

6. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», en la que se ponen de relieve las oportunidades que para los ciudadanos y la economía europeos aporta la transformación hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero con la participación de las instituciones de la Unión, los Parlamentos nacionales, el sector empresarial y social y las organizaciones no gubernamentales, así como la ciudadanía; respalda el objetivo de un nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050, e insta a los Estados miembros a que hagan lo mismo en la cumbre especial de la Unión que se celebrará en Sibiu en mayo de 2019;

Vías para la estrategia europea de cero emisiones para mediados de siglo

7. Pide que la Unión Europea incluya la lucha contra el calentamiento global entre sus valores fundamentales;

8. Observa que la estrategia de emisiones cero de la Unión presenta ocho vías con vistas a la transformación económica, tecnológica y social necesaria para que la Unión cumpla el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; observa que solo dos de dichas vías permitirían a la Unión alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 a más tardar; pone de relieve que para ello se requiere una acción rápida y esfuerzos considerables a todos los niveles, desde el local y regional al nacional y europeo, y la participación de todos los agentes no pertenecientes al sector público; reconoce que las contribuciones determinadas a nivel regional y las contribuciones determinadas a nivel local podrían constituir importantes herramientas a la hora de reducir la disparidad de las emisiones; recuerda la obligación de los Estados miembros de adoptar estrategias nacionales a largo plazo, según lo establecido en el Reglamento relativo a la gobernanza[3]; pide, por tanto, a los Estados miembros que establezcan objetivos y políticas claros, a corto y largo plazo, coherentes con los objetivos del Acuerdo de París, y que presten apoyo a las inversiones en las vías para lograr un nivel de cero emisiones netas;

9. Señala con preocupación que la dependencia de la Unión de la importación de energía se sitúa actualmente en un 55 %, y que en este momento está importando un 90 % de su petróleo y un 70 % de su gas; subraya que, de cumplirse una hipótesis de cero emisiones netas, la dependencia se reduciría a un 20 % de aquí a 2050, lo que tendría efectos positivos en la balanza comercial y la posición geopolítica de la Unión; observa que el ahorro acumulado de los costes derivados de la importación de combustible fósil entre 2031 y 2050 rondaría los dos o tres billones de euros, que podrían destinarse a otras prioridades para los ciudadanos europeos;

10. Pone de relieve que la reducción de la contaminación atmosférica en una hipótesis de cero emisiones netas reduciría las muertes prematuras ocasionadas por partículas finas en más de un 40 %; señala que, de cumplirse dicha hipótesis, los costes de los daños ocasionados a la salud se reducirían en unos 200 000 millones de euros anuales;

11. Acoge con satisfacción la inclusión de dos vías destinadas a alcanzar el nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, así como el apoyo de la Comisión a las mismas, y considera que este objetivo para mediados de siglo es el único compatible con los compromisos de la Unión en el marco del Acuerdo de París; lamenta que en la estrategia no se considerara ninguna vía para lograr un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero antes de 2050;

12. Hace hincapié en que el cambio climático y la biodiversidad están intrínsecamente interconectados; expresa su profunda preocupación por la incapacidad en todo el mundo para detener la pérdida de biodiversidad; destaca que la biodiversidad tiene un valor intrínseco esencial y es esencial para nuestra existencia;

Aspectos sociales del cambio climático y una transición justa

13. Celebra que la Comisión afirme que es posible alcanzar el nivel de cero emisiones netas sin pérdida de empleo neto, y observa de manera positiva la detallada evaluación de la transición de las industrias de gran consumo de energía; destaca que, si se gestiona bien, con el apoyo adecuado para las regiones, los sectores y las personas más vulnerables, una transición justa hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero tiene el potencial de lograr un aumento neto del empleo en la Unión —en el conjunto de la economía, el empleo aumentaría en 2,1 millones de puestos de trabajo para 2050 de cumplirse una hipótesis de cero emisiones netas, frente a un aumento del empleo de 1,3 millones de puestos de trabajo de cumplirse una hipótesis de reducción de las emisiones en un 80 %—; considera, por tanto, que la Comisión debe llevar a cabo un balance de competencias renovado en el marco del Panorama de cualificaciones de la UE con datos regionales sobre las capacidades necesarias para lograr una Europa climáticamente neutra a fin de apoyar a las regiones, los sectores y las personas más vulnerables a fin de actualizar y mejorar sus capacidades con vistas a un empleo de calidad, preparado para el futuro, en las mismas regiones;

14. Considera que la transición climática europea debe ser ecológica, económica y socialmente sostenible; subraya que, a fin de garantizar la aceptación política por parte de todos los ciudadanos, es importante tener en cuenta los efectos distributivos de las políticas relativas al clima y la descarbonización, en particular para las personas con ingresos bajos; considera, por tanto, que, en todas las políticas climáticas nacionales y de la Unión, deben tenerse plenamente en cuenta las repercusiones sociales con miras a garantizar la transformación social y ecológica en Europa; subraya, a este respecto, que deberán diseñarse estrategias a medida y con financiación suficiente a todos los niveles, sobre la base de unos procesos inclusivos y en estrecha colaboración con las autoridades públicas locales y regionales, los sindicatos, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, y el sector privado, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad de todos los ciudadanos europeos durante dicha transición;

15. Recuerda que aproximadamente entre 50 y 125 millones de ciudadanos europeos corren el riesgo de sufrir pobreza energética[4]; destaca que la transición energética puede afectar de forma desproporcionada a las personas con ingresos bajos y aumentar aún más la pobreza energética; reconoce que la política energética debe incorporar una dimensión social y garantizar que no se deja a nadie atrás; pide a los Estados miembros que emprendan acciones prospectivas para velar por una transición energética justa y el acceso a la energía para todos los ciudadanos de la Unión;

16. Considera que los jóvenes tienen una conciencia social y ambiental cada vez mayor, lo que tiene la capacidad de transformar nuestras sociedades con vistas a un futuro resistente al clima, y que la educación de los jóvenes constituye uno de los instrumentos más eficaces para combatir el cambio climático; subraya la necesidad de implicar activamente a las generaciones más jóvenes en la creación de relaciones internacionales, interculturales e intergeneracionales que sustenten el cambio cultural que respaldará los esfuerzos globales en pos de un futuro más sostenible;

17. Celebra el hecho de que los ciudadanos en toda Europa sean cada vez más activos al manifestarse a favor de la justicia climática, en particular mediante huelgas escolares; acoge con satisfacción la exigencia de una mayor ambición manifestada por estos activistas, y considera que los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como la Unión, deben prestar atención a dichas exigencias;

Objetivos intermedios

18. Destaca que, para alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 de la forma más rentable, es necesario aumentar el nivel de ambición para 2030 y adaptarlo a las hipótesis de cero emisiones netas para 2050; considera sumamente importante que la Unión envíe un mensaje claro, a más tardar durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en septiembre de 2019, acerca de su inclinación a revisar su contribución al Acuerdo de París;

19. Apoya la actualización de las contribuciones determinadas en el nivel nacional de la Unión con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero de al menos el 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990; pide, por tanto, a los líderes de la Unión que apoyen una mayor ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional durante la cumbre especial de la Unión que se celebrará en Sibiu en mayo de 2019, con vistas a la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en septiembre de 2019;

20. Considera, por tanto, que la Comisión debe presentar, a más tardar durante las revisiones del período 2022-2024 del paquete de medidas sobre el clima para 2030 y del resto de legislación pertinente, propuestas legislativas que eleven el nivel de ambición para ajustarlo a las contribuciones determinadas en el nivel nacional actualizadas y al objetivo de cero emisiones netas; opina que un nivel de ambición insuficiente para 2030 limitaría las opciones futuras y quizás también la disponibilidad de determinadas opciones de descarbonización rentable; considera que estas revisiones constituyen un hito importante a la hora de garantizar los compromisos de la Unión en materia de lucha contra el cambio climático;

21. Considera que, para seguir garantizando una mayor estabilidad de los mercados, también será beneficioso que la Unión establezca un objetivo adicional de reducción de las emisiones para 2040 que pueda aportar más estabilidad y garantizar el cumplimiento del objetivo a largo plazo para 2050;

Contribuciones sectoriales

22. Destaca la importancia de adoptar un enfoque integrado y multisectorial con objeto de favorecer los esfuerzos de descarbonización en todo el sistema energético y otros sectores asociados, y de obtener beneficios de la mayor eficiencia; reconoce que la integración de sistemas energéticos puede ofrecer una mayor flexibilidad, mejor eficiencia del sistema, un mayor consumo de energía renovable en todos los vectores energéticos y, en último término, una transición energética rentable;

23. Destaca que el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión Europea no ha conseguido reducir las emisiones desde su introducción en 2005 y ha retrasado los debates sobre una acción seria por el clima a escala de la Unión; considera que el mercado de carbono constituye un sistema deficiente que no puede concretarse mediante revisiones, y que las fuerzas del mercado no pueden detener el cambio climático; insta a la Comisión y a los Estados miembros a abandonar el RCDE de la UE por una regulación directa de la industria de combustibles fósiles y de los mayores contaminantes;

24. Destaca la importancia de la innovación y anima a innovar en una amplia gama de tecnologías con el objetivo de descarbonizar la economía, tales como el transporte de cero emisiones, la economía circular y la bioeconomía; insta a suprimir el apoyo a las energías fósiles y a dedicar la financiación a actividades económicas, con especial atención a los sectores de las microempresas y las pymes, que impliquen la investigación y el diseño de tecnología limpia y la producción (local) de energías renovables, así como a la producción local de alimentos sostenibles separada de la agricultura intensiva;

25. Recuerda que el 71 % de toda la energía se utiliza solo para calefacción y que, por tanto, los hogares eficientes desde el punto de vista energético se convertirán en la norma en una Unión climáticamente neutra, lo cual reportará una mejora de la salud y comodidad a todos los europeos;

26. Destaca el papel fundamental de las fuentes de energía renovables en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, puesto que la energía es responsable actualmente del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa;

27. Considera que la evolución y las soluciones tecnológicas, la eficiencia energética tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda y las energías renovables sostenibles en los sectores del transporte, los edificios, la calefacción y la refrigeración y la electricidad, así como los principios de la economía circular, serán fundamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

28. Aboga por un sistema energético altamente eficiente y basado en las energías renovables; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias a este respecto, ya que tendrán efectos indirectos en todos los sectores económicos; insta a que se declare vinculante la Directiva relativa a la eficiencia energética, de modo que puedan alcanzarse sus objetivos de forma eficaz; destaca que todas las vías suponen una descarbonización total del sector eléctrico en 2050 a más tardar, lo que representa una reducción drástica de los combustibles fósiles y un fuerte aumento de las energías renovables;

29. Destaca que el principio de «primero, la eficiencia energética» debe tenerse en cuenta en toda la cadena energética, incluida la generación, la transmisión, la distribución y el uso final de la energía, y que la eficiencia energética debe considerarse cada vez que se adopten decisiones importantes de planificación o financiación de sistemas energéticos;

30. Subraya que la Directiva sobre el diseño ecológico[5] ha contribuido de forma significativa a los objetivos climáticos de la Unión al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 320 millones de toneladas equivalentes de CO2 anuales, y que se calcula que para 2020 los consumidores de la Unión ahorrarán un total de hasta 112 000 millones de euros, o unos 490 euros anuales por unidad familiar, como consecuencia de dicha Directiva; pide que se regulen más productos dentro del ámbito de la Directiva sobre el diseño ecológico, incluidas las tabletas y los teléfonos inteligentes, así como que se mantengan actualizadas las normas vigentes con objeto de reflejar los avances tecnológicos;

31. Señala que la estrategia confirma que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector del transporte siguen en aumento, y que las políticas actuales no bastarán para descarbonizar el sector del transporte de aquí a 2050; subraya la importancia de garantizar una transición modal del transporte aéreo al transporte por ferrocarril, y hacia el transporte público y la movilidad compartida; observa que el transporte por carretera contribuye a aproximadamente un quinto del total de emisiones de CO2 de la Unión; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas decisivas para permitir el acceso de los consumidores a vehículos de cero y bajas emisiones en todos los Estados miembros, evitando al mismo tiempo una mayor aceptación de los vehículos más viejos y contaminantes en los Estados miembros de renta baja; subraya asimismo el papel de las tecnologías inteligentes, como las infraestructuras de carga inteligente, para establecer sinergias entre la electrificación del transporte y el despliegue de las fuentes de energía renovables;

32. Deplora que las subvenciones establecidas por algunos Estados miembros bajo la rúbrica «prima de conversión» hagan en realidad más ventajosa para los consumidores la adquisición de vehículos diésel y de gasolina en más de un 90 % y pide a los Estados miembros en cuestión que modifiquen esas primas para llegar al objetivo de adquisición efectiva de al menos un 50 % de vehículos eléctricos o de cero emisiones;

33. Subraya que para lograr la neutralidad climática en la economía de la Unión en su conjunto, deben aportar su contribución todos los sectores, incluidas la aviación y la navegación internacionales; observa que el análisis de la Comisión refleja que los objetivos y medidas globales actuales previstos respectivamente por la Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional, incluso si se aplicaran íntegramente, no lograrían las reducciones necesarias de las emisiones, y que son necesarias significativas actuaciones adicionales coherentes con el objetivo de cero emisiones netas en todos los sectores de la economía; recalca la necesidad de invertir en tecnologías y combustibles de emisión cero y de baja emisión de carbono en dichos sectores; pide a la Comisión que lleve a la práctica el principio de «quien contamina paga» en estos sectores, en particular con respecto al impuesto sobre el queroseno y los precios de los billetes de avión; recuerda que se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero de la navegación internacional aumenten hasta en un 250 % de aquí a 2050; celebra que el sector de la navegación internacional se haya fijado un objetivo de reducción absoluta de las emisiones de gases de efecto invernadero; observa con preocupación la ausencia de avances en la traducción de este objetivo en acciones concretas, como declarar el Mar Mediterráneo zona de control de emisiones de dióxido de azufre para transatlánticos y grandes compañías de transporte marítimo, como ya ocurre en el mar del Norte y el Canal de la Mancha;

34. Destaca que el sector agrícola, en particular la industria ganadera, que supone aproximadamente el 10 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión, es el mayor emisor de metano y tiene un efecto muy negativo en la biodiversidad en todo el mundo; expresa su profunda preocupación por que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura han aumentado en los últimos años y ahora suponen hasta un 60 % de las emisiones mundiales de metano actuales; hace hincapié en que la reducción de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero potente, aunque de vida corta, es una estrategia indispensable para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC;

35. Recuerda que el metano es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años 28 veces superior al del CO2[6], y que las reducciones de las emisiones de metano pueden desempeñar un importante papel en la reducción de las concentraciones de ozono troposférico y su impacto negativo en la calidad del aire y la salud humana; acoge favorablemente la intención de la Comisión de reducir las emisiones de metano en los sectores afectados, lo que podría traducirse en una reducción adicional de las concentraciones de ozono en la Unión, así como la de promover la reducción de las emisiones de metano en el ámbito internacional;

36. Señala que el sector europeo de la construcción es actualmente responsable del 40 % del consumo final de energía y del 36 % de las emisiones de CO2[7]; pide que se aproveche su potencial de ahorro energético y que se reduzca la huella de carbono, en consonancia con el objetivo de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios[8] de lograr un parque inmobiliario descarbonizado y muy eficiente desde el punto de vista energético a más tardar en 2050; recalca que un consumo de energía más eficiente en los edificios alberga un potencial considerable para la reducción adicional de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa; considera, además, que el logro de unos edificios de bajo uso energético, plenamente abastecidos de energía renovable, es una condición indispensable del Acuerdo de París y de una agenda de la Unión para el crecimiento, el empleo local y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de toda Europa;

37. Reitera su llamamiento a la Comisión para que explore lo antes posible opciones para llevar a cabo políticas que aborden rápidamente las emisiones de metano como parte de un plan estratégico de la Unión para el metano, y para que presente propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo a tal efecto; subraya que la agricultura será una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en 2050 debido, en particular, a las emisiones de metano y óxido nitroso; subraya el potencial del sector agrario para afrontar los retos del cambio climático, por ejemplo reduciendo del número de cabezas de ganado y mediante innovaciones ecológicas y tecnológicas, así como mediante la captura de carbono en los suelos;

38. Destaca la responsabilidad de las políticas de la Unión sobre la política agrícola común a lo largo de los años, que han producido un aumento de la concentración de la producción, de los niveles de agricultura intensiva y del maltrato animal, con la utilización de grandes dosis de productos químicos (plaguicidas y fertilizantes), ampliando así las asimetrías regionales y la dependencia de la Unión de los productos agrícolas del exterior; pide que una auténtica tradición de la biodiversidad sea el punto de partida para que cada país pueda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con la transición a una economía neutra desde el punto de vista climático, en lugar de propinar un duro golpe al medio ambiente que provoque más contaminación del suelo, del agua y del aire, en particular en Europa, y que se restablezca una política agrícola sostenible en todos los Estados miembros;

39. Lamenta que no se haya incluido en la estrategia de la Comisión la posibilidad de reforzar la acción de la Unión relativa a los gases fluorados de efecto invernadero; recalca que impedir el comercio ilegal de hidrofluorocarburo (HFC) por medio de la adopción de un sistema de licencias de HFC, prohibir su uso en los sectores que ya no los necesiten, asignar cuotas de HFC por medio de un sistema de subasta, y aplicar plenamente el Reglamento sobre los gases fluorados[9] prohibiendo todos los usos innecesarios del SF6 constituyen claras oportunidades de ayudar a la Unión a cumplir sus objetivos en virtud del Acuerdo de París;

40. Expresa su preocupación por la discrepancia entre las ambiciones de libre comercio y de acción por el clima y el impacto negativo que los futuros acuerdos comerciales, como el ATCI, el CETA y el ACS, tendrán en los ODS; pide, por tanto, a la Comisión, que incluya disposiciones vinculantes sobre derechos humanos y los ODS en todas sus políticas comerciales y que respete de forma efectiva el espacio de política soberana democrática de los Gobiernos para regular y adoptar decisiones en favor de su población;

41. Pide que, dentro del respeto pleno de las competencias nacionales, se aplique un marco jurídico europeo más amplio en virtud del cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda pronunciarse sobre delitos contra el clima y el medio ambiente;

42. Destaca la necesidad de una prácticas de gestión forestal sostenibles que mantengan un equilibrio entre los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible, a saber, el ecológico, el económico y el sociocultural, con el fin de apoyar medidas de gestión con efectos significativos de almacenamiento y retención de carbono, como el uso de la madera como material de construcción tanto en ciudades como en zonas rurales, como sustituta de los combustibles fósiles y como herramienta para una mejor retención del agua;

43. Reconoce el potencial significativo, pero en última instancia limitado, de la forestación en Europa; opina, por tanto, que las iniciativas en materia de forestación deben complementarse con iniciativas e incentivos concretos destinados a mejorar el potencial de captura, garantizando y mejorando al mismo tiempo la salud de las tierras forestales existentes, con objeto de obtener beneficios para el clima, para la bioeconomía sostenible y para la biodiversidad; apoya, por tanto, la forestación de terrenos agrícolas abandonados y de rendimiento marginal, la agrosilvicultura y la minimización de la conversión de zonas forestales en otro tipo de tierras, así como la protección y la recuperación de zonas boscosas y humedales como medios naturales de absorción de carbono;

44. Señala que las acciones y políticas de la Unión también tienen repercusiones sobre los sumideros naturales, la tierra y los bosques situados fuera de Europa, y que la estrategia de cero emisiones netas de la Unión debe evitar que las acciones de esta tengan efectos nocivos sobre el clima en terceros países; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a este respecto, que propugnen unas normas internacionales sólidas en el marco del Código normativo del Acuerdo de París, especialmente en lo que se refiere al artículo 6 del Acuerdo de París, para evitar lagunas en la contabilidad así como el doble cómputo de medidas de forestación que podría debilitar los esfuerzos mundiales por el clima;

45. Pide la introducción de un impuesto disuasorio sobre el papel para minimizar su utilización a todos los niveles, especialmente en la publicidad y en el exceso de embalaje, y una prohibición del corte de madera destinada a papel y muebles al margen de los cultivos forestales; insta a desarrollar prácticas alternativas, posibles gracias al alto nivel de desarrollo del soporte digital en nuestras sociedades contemporáneas;

46. Señala la urgente necesidad de reducir la huella de las pautas de consumo y producción de la Unión, no solo dentro sino también fuera de ella, donde la producción de piensos y biocombustibles, en particular, ejerce una enorme presión sobre el clima y los ecosistemas con elevadas reservas de carbono, como los bosques tropicales y las turberas; pide un apoyo firme a las transiciones en materia de proteínas y energía, que pueden reducir significativamente la huella europea; celebra los beneficios adicionales para la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud humana y el bienestar animal que aportará el éxito de estas transiciones;

47. Pone de relieve el papel de los productos de madera recolectada de larga vida y su papel en el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) hasta 2030; recalca que el futuro marco debe tener en cuenta la contribución de estos productos, también en las categorías de suelo agrícola, y no solo de terrenos forestados y de bosque gestionado;

48. Recalca la importancia de agilizar modelos agrarios que apoyen sistemas agrícolas resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos y a la infestación por plaga, y que aporte mejoras en la captura de carbono en el suelo, la retención de agua y la agrobiodiversidad;

Financiación e investigación

49. Considera que el marco financiero plurianual 2021-2027 debe ser evaluado antes de su adopción a la luz del objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra de aquí a 2050, y que debe establecerse una prueba normalizada para garantizar que los gastos con cargo al presupuesto de la Unión sean resilientes al cambio climático; subraya que debe incorporarse enteramente la integración de la dimensión climática al contenido de investigación e innovación, así como aplicarse en todas las fases del ciclo de investigación como uno de los principios de la financiación de la Unión;

50. Destaca la importancia de crear un fondo de transición justa, especialmente para las regiones más afectadas por la descarbonización, en particular las regiones mineras, teniendo en cuenta los aspectos sociales de la financiación actual de la lucha contra el cambio climático;

51. Pide al BCE, como institución de la Unión y por eso mismo vinculado por el Acuerdo de París, que aumente de forma ambiciosa los préstamos concedidos para apoyar el desarrollo sostenible y la transición ecológica, y que aspire a un aumento sustancial de estos préstamos de un año para otro, a expensas de los préstamos a los sectores de los combustibles fósiles;

52. Lamenta que las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles aún sigan aumentando y asciendan a unos 55 000 millones de euros al año; pide a la Unión y a los Estados miembros[10] que procedan inmediatamente a la eliminación gradual de todas las subvenciones europeas y nacionales a los combustibles fósiles, que pongan fin a las nuevas autorizaciones de prospección o explotación para el petróleo o el gas, y que pongan fin a la explotación de las concesiones existentes para 2030;

El papel de los consumidores y la economía circular

53. Toma nota de que, a pesar de que las estadísticas de la FAO indican una disminución del consumo total de carne y productos animales per cápita en la UE-28 desde la década de 1990, la producción total de carne ha aumentado durante el mismo período, debido a la expansión de los mercados extranjeros, que generan aún más emisiones de carbono, así como a la agenda comercial de la Unión; señala que la capacidad limitada de la Unión para producir productos cárnicos y animales significa que sus políticas comerciales deben fomentar cadenas de suministro cortas para estos productos;

54. Pide que se adopten medidas adicionales para apoyar esta tendencia, en particular en forma de reforma fiscal, a fin de hacer más atractivas las opciones de alimentos saludables y respetuosas con el medio ambiente, apoyar la innovación en alimentos sostenibles, llevar a cabo campañas públicas de información sobre el impacto climático de los alimentos y poner fin a la ayuda financiera para la comercialización de proteínas animales;

55. Pide que se aplique un tipo reducido de IVA a los restauradores que utilicen productos procedentes de circuitos de suministro cortos y alimentos y productos ecológicos;

56. Hace hincapié en la importancia de que la Unión logre, no solo la sustitución de la energía, sino también la sustitución de productos y materiales, es decir, la sustitución de productos y materiales de origen fósil o cuya producción causa altas emisiones de carbono por productos procedentes de recursos renovables;

La Unión en la acción mundial por el clima

57. Subraya la importancia de aumentar las iniciativas y el diálogo en los foros internacionales pertinentes, y de una diplomacia climática eficaz, con el objetivo de estimular decisiones políticas similares que aumenten el nivel de ambición de otras regiones y terceros países en materia de lucha contra el cambio climático; pide a la Unión que aumente su propia financiación en materia de lucha contra el cambio climático y que trabaje activamente para animar a los Estados miembros a aumentar su ayuda financiera en favor del clima (preferiblemente en forma de ayuda al desarrollo en vez de préstamos) en terceros países, la cual debe sumarse a la ayuda exterior al desarrollo en lugar de contabilizarse por partida doble como ayuda financiera al desarrollo y como ayuda financiera a la lucha contra el cambio climático;

58. Lamenta que muchas otras grandes economías todavía no estén trabajando en estrategias para 2050 y que casi no haya debate alguno en otras grandes economías sobre el aumento de las contribuciones determinadas a nivel nacional para ajustarlas al objetivo global en virtud del Acuerdo de París; pide, por tanto, al Consejo y a la Comisión que intensifiquen la diplomacia climática y adopten otras medidas adecuadas para alentar a otras grandes economías a cumplir con los marcos y las acciones comunes en los formatos de las Naciones Unidas, de modo que podamos lograr juntos los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París;

59. Hace hincapié en que la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas de septiembre de 2019 es el momento ideal para que los líderes anuncien una mayor ambición en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional; opina que la Unión debe adoptar con suficiente antelación una posición sobre la actualización de estas contribuciones, a fin de llegar a la Cumbre bien preparada y en estrecha cooperación con una coalición internacional de las Partes para apoyar una mayor ambición en cuanto al clima;

 

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60. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

[1] Textos aprobados, P8_TA(2018)0430.

[2] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «The Emissions Gap Report 2018» (Informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018), p. 10.

[3] Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

[4] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_STU(2015)563472_EN.pdf

[5] Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).

[6] Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F., Global trends of methane emissions and their impacts on ozone concentrations (Tendencias globales de las emisiones de metano y su impacto en las concentraciones de ozono), EUR 29394 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018, ISBN 978-92-79-96550-0, DOI: 10.2760/820175, JRC113210.

[7] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

[8] Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO L 156 de 19.6.2018, p. 75).

[9] Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006 (DO L 150 de 20.5.2014, p. 195).

[10] Precios y costes de la energía en Europa, COM(2019)0001, p. 10.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad