Procedimiento : 2019/2730(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0007/2019

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B9-0007/2019

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PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
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Textos aprobados :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0007/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger‑Fofana, Viola Von Cramon‑Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0007/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

(2019/2730(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Venezuela, de los días 10 de enero de 2019, 26 de enero de 2019, 24 de febrero de 2019 y 7 de mayo de 2019, así como el nombramiento, el 28 de mayo de 2019, de Enrique Iglesias como asesor especial para Venezuela,

 Visto el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, de 5 de julio de 2019,

 Vistas las palabras dirigidas por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Gobierno de Venezuela durante su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 5 de julio de 2019,

 Visto el proceso de diálogo reinstaurado recientemente entre el Gobierno venezolano y la oposición, que se está desarrollando en Barbados por iniciativa de Noruega,

 Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de octubre de 2018,

 Visto el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

 Vista sus Resoluciones anteriores sobre Venezuela, y en particular las de 8 de febrero de 2018[1], 3 de mayo de 2018[2], 5 de julio de 2018[3], 25 de octubre de 2018[4], 31 de enero de 2019[5] y 28 de marzo de 2019[6],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, basado en visitas sobre el terreno y conversaciones con centenares de testigos, víctimas y partes interesadas, revela el deterioro de la situación de los derechos económicos y humanos en Venezuela y atribuye a las fuerzas civiles y militares la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a los críticos del Gobierno, de la violencia sexual y de género durante los períodos de detención, y del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;

B. Considerando que el acceso limitado o inexistente a la distribución de alimentos, agua y servicios sanitarios agrava una situación ya de por sí catastrófica y afecta especialmente a las mujeres;

C. Considerando que la minería y la explotación de petróleo, especialmente en regiones remotas y con una gran biodiversidad, destrozan los medios de subsistencia de minorías como las comunidades indígenas y de color, que sufren graves actos de violencia y el desplazamiento por las fuerzas militares, bandas de delincuencia organizada y grupos armados en caso de oponerse a tales actividades y reclamar sus derechos;

D. Considerando que es necesario investigar de forma exhaustiva la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, tras presuntas torturas, y llevar ante la justicia a los responsables;

E. Considerando que existe una necesidad imperiosa de superar y encontrar una solución negociada para la situación actual de malestar social, dificultades económicas y éxodo de millones de venezolanos, grave escasez de alimentos, carencia de medicamentos y falta de servicios médicos adecuados, e insuficiente protección de los derechos humanos, inseguridad y violencia en las calles, todo ello como consecuencia de la mala gestión política y del comportamiento autocrático del Gobierno de Maduro;

F. Considerando que el derecho a manifestarse de forma pacífica es un derecho humano fundamental, pero que cualquier llamamiento a la protesta ha de gestionarse de forma cuidadosa con el fin de evitar un recrudecimiento de la violencia o de las provocaciones a la luz de las tensiones actuales;

G. Considerando que las posibles soluciones de este conflicto profundo y múltiple deben hallarse en el marco del Estado de Derecho, ser conformes con las normas internacionales, y respetar plenamente la democracia y los derechos humanos;

H. Considerando que el reconocimiento internacional de cualquier nuevo gobierno formado sobre la base de una autoproclamación amenaza seriamente con agravar una situación ya incendiaria, incluso con una guerra civil, y podría generar efectos colaterales fuera de Venezuela, dado el riesgo de que aumente el número de migrantes que huyen a países vecinos;

I. Considerando que el papel de la Unión Europea debe consistir en seguir ofreciendo una mediación entre todos los actores implicados en el conflicto dentro del país, un papel que puede desempeñar de forma útil dados los estrechos vínculos existentes entre varios Estados miembros de la Unión y Venezuela;

1. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación que se describe en el reciente informe de las Naciones Unidas, y recomienda encarecidamente que se apliquen plenamente todas las recomendaciones que contiene dicho informe con el fin de encontrar una salida a una crisis cada vez más profunda;

2. Manifiesta su consternación por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo tras haber sido detenido y presuntamente torturado por miembros de la contrainsurgencia venezolana, y pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente y transparente para determinar las causas de su muerte y las responsabilidades al respecto, de modo que las instituciones judiciales puedan imponer las sanciones pertinentes;

3. Reitera su llamamiento para que se ponga fin a la impunidad por delitos cometidos en el contexto de protestas pacíficas; pide, a este respecto, que se realicen investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre esos delitos y violaciones, y que se lleve ante la justicia a los autores de todos ellos; hace hincapié en el derecho a la indemnización, al recurso y a la no repetición, así como en la necesidad de poner en libertad a todas las personas detenidas de manera arbitraria;

4. Pide al ejército y a las fuerzas de seguridad que se ciñan estrictamente a su mandato, de modo que el ejército pueda desempeñar un papel constructivo en consonancia con su deber constitucional; condena la creación y las acciones de las fuerzas paramilitares, independientemente de quién esté al mando de las mismas, y pide su desmantelamiento inmediato, que todos sus crímenes sean investigados rápidamente y que se lleve a sus autores ante la justicia, de conformidad con las normas internacionales;

5. Insiste en que no deben emprenderse megaproyectos destinados a encontrar fuentes de ingresos económicos para superar la crisis económica que sean perjudiciales para el medio ambiente, el clima y los medios de subsistencia de las comunidades que viven en la zona afectada; solicita la protección incondicional de los pueblos indígenas y de color asentados en zonas remotas que defienden el medio ambiente frente a actividades como la explotación de minas de oro en la zona del Arco Minero del Orinoco en Venezuela;

6. Hace hincapié en que cualquier solución definitiva a la crisis pasa por la reconstrucción de la democracia en Venezuela en todas sus dimensiones; reitera que la violencia no restablecerá la paz sino que desestabilizará aún más el país;

7. Alerta contra cualquier repetición de la violencia denunciada; insiste en la necesidad de que las autoridades venezolanas respeten la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica; pide a todos los actores implicados que renuncien al uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, que está clara e inequívocamente prohibido en virtud del Derecho internacional;

8. Reitera su preocupación por la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales de mayo de 2018; destaca la importancia de la autodeterminación del pueblo venezolano y de la manifestación genuina de su voluntad democrática; pide a los líderes políticos que se abstengan de todo llamamiento o acción que pueda avivar los disturbios y la inestabilidad política;

9. Comparte la opinión expresada por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 5 de julio de 2019, en el sentido de que la unión y el diálogo constituyen la única forma de salir de esta crisis;

10. Deposita grandes esperanzas, en este sentido, en el proceso de diálogo reinstaurado recientemente entre el Gobierno venezolano y la oposición en la isla de Barbados, por invitación de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y con la mediación de Noruega; acoge con satisfacción las declaraciones del líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien tras una conversación privada con el mediador de la Unión Europea, Enrique Iglesias, afirmó que se daban las condiciones para hallar una solución para la crisis nacional;

11. Pide a los interlocutores de la Unión Europea que sigan adelante con sus acciones de mediación y respalda tales acciones, que constituyen una forma de poner fin a la crisis sin provocar una mayor violencia; subraya el importante papel que deben desempeñar las Naciones Unidas y un marco internacional en este contexto;

12. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que las recientes acciones por parte de agentes venezolanos y extranjeros alienten una mayor polarización, también a nivel internacional, y amenacen con convertir el conflicto venezolano en un campo de batalla por procuración entre potencias internacionales, como los Estados Unidos, Rusia y China, decididas a reivindicar el control sobre las reservas petrolíferas venezolanas; alerta ante el riesgo de que la violencia y los disturbios en Venezuela se extiendan a países vecinos y de que esta situación pueda conducir en último término a una guerra en la región; insta a todos los agentes a que excluyan de forma explícita cualquier resolución de la crisis no pacífica y militar, incluida una guerra de baja intensidad;

13. Insiste en que debe evitarse todo doble rasero con respecto a terceros países y en que la Unión Europea y sus Estados miembros deben ser coherentes en sus posiciones frente a terceros países; recuerda la importancia de contar con una respuesta unificada que permita que la posición de la Unión sea fuerte y más creíble;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

[1] DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[5] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[6] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0327.

Última actualización: 17 de julio de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad