Procedimiento : 2019/2730(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0008/2019

Textos presentados :

B9-0008/2019

Debates :

Votaciones :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0008/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0006/2019

B9‑0008/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

(2019/2730(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, y en particular las de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela, de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil, de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela, de 31 de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela, y de 28 de marzo de 2019, sobre la situación de emergencia en Venezuela,

 Visto el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de 4 de julio de 2019,

 Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Venezuela, de los días 10 de enero de 2019, 26 de enero de 2019, 24 de febrero de 2019 y 28 de marzo de 2019,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los venezolanos están haciendo frente a diversas violaciones interrelacionadas y en vías de agravamiento de sus derechos económicos y sociales: su poder adquisitivo en franca disminución supone que no puedan cubrir sus necesidades básicas; que la mala asignación de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas y el grave déficit de inversiones han desembocado en el colapso de servicios públicos como la atención sanitaria, el transporte y el acceso a electricidad, agua y gas natural; y que la penuria y los altos precios de los alimentos hacen difícil el acceso de los venezolanos a la comida, por lo que hay hambre;

B. Considerando que, del 19 al 21 de junio de 2019, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela, y tras su visita presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) con recomendaciones al Gobierno de Venezuela para poner fin y remediar las graves violaciones de los derechos humanos;

C. Considerando que el número de personas que se han visto forzadas a abandonar Venezuela se ha incrementado acusadamente desde 2018, pasando de cuatro millones el 6 de junio de 2019; que la migración forzosa de venezolanos superará los cinco millones de personas antes de finales de 2019, lo que representa la segunda crisis migratoria y de refugiados más importante del mundo;

D. Considerando que el Gobierno de facto de Venezuela ha erosionado el Estado de Derecho, ha desmantelado instituciones democráticas y ha tomado medidas para neutralizar, reprimir y criminalizar a oponentes políticos y a quienes lo critican; que el régimen practica la tortura como instrumento sistémico para fines de intimidación y disuasión;

E. Considerando que durante el último año y medio casi 7 000 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente en Venezuela en el transcurso de operaciones de seguridad llevadas a cabo por fuerzas del Gobierno de facto; que a las familias de esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante las protestas se las sigue privando del ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y reparación;

F. Considerando que veintidós diputados, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria; que dos diputados se encuentran retenidos y dieciséis han buscado protección en embajadas, han abandonado el país o se hallan escondidos;

G. Considerando que el diálogo de mediación iniciado el 16 de mayo de 2018 entre el presidente de facto Nicolás Maduro y las fuerzas de la oposición, dirigidas por Juan Guaidó y moderado por Noruega no permitió dar una solución a la crisis; que, el 8 de julio de 2019, se reanudó el diálogo en Barbados, aunque el Gobierno de facto no cumplió los requisitos necesarios para un diálogo en mejores condiciones;

H. Considerando que, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, elegido legítima y democráticamente presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución venezolana;

I. Considerando que las fuerzas oficiales y bandas paramilitares actúan con crueldad cada vez mayor, como muestran las torturas hasta la muerte infligidas al capitán Rafael Acosta o la pérdida de los dos ojos sufrida por Rufo Velandria, de dieciséis años de edad, que recibió un disparo en el rostro cuando protestaba junto a su madre por la falta de gas para cocinar;

1. Reitera su gran inquietud a la vista de la grave situación de emergencia en Venezuela, que está poniendo en serio peligro la vida de los ciudadanos del país;

2. Condena la represión feroz y la violencia, que han causado muertos y heridos; expresa su solidaridad con el pueblo de Venezuela;

3. Hace hincapié en la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de las fuerzas armadas al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y la reinstauración del Estado de Derecho en Venezuela;

4. Denuncia los abusos perpetrados por funcionarios de policía y la brutal represión practicada por las fuerzas de seguridad; solicita el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente, bajo un Gobierno de transición respaldado por la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante operaciones de seguridad, de modo que se garantice que los responsables rindan cuentas de sus actos y que se proporcione a los familiares de las víctimas reparación y protección frente a la intimidación y las represalias;

5. Condena las violaciones del derecho a la alimentación y a la atención médica; pide urgentemente que se asegure la disponibilidad y accesibilidad a alimentos, medicamentos y servicios sanitarios, con una atención especial a los servicios maternoinfantiles;

6. Destaca la necesidad de que cesen todos los actos de persecución y represión selectiva por razones políticas, sean condenados públicamente y sean castigados; solicita la liberación de todas las personas privadas de su libertad de forma arbitraria;

7. Pone de relieve la intensificación de la grave crisis migratoria en toda la región y elogia a los países vecinos por los esfuerzos realizados y la solidaridad mostrada; pide a la Comisión que siga cooperando con dichos países no solo prestando asistencia humanitaria, sino también aportando más recursos a través de la política de desarrollo de la Unión Europea;

8. Propone que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre un Gobierno provisional que pueda sentar las condiciones necesarias para unas elecciones justas, de modo que pueda mantenerse un diálogo fructífero y puedan celebrarse elecciones libres, lo que ha sido imposible bajo el Gobierno de Maduro;

9. Insiste en que el único objetivo del diálogo debe ser llegar a una solución pacífica que ponga fin a la dictadura, resuelva la crisis actual y ponga fin al sufrimiento del pueblo venezolano;

10. Pide que se creen unas condiciones que conduzcan a unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, bajo un Gobierno de transición y con arreglo a un calendario fijo, así como en condiciones justas para todos los actores, con transparencia y con la presencia de observadores internacionales fiables;

11. Pide al Consejo que imponga sanciones adicionales dirigidas contra los activos en el extranjero de las autoridades estatales ilegítimas y las personas responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión; considera que las autoridades de la Unión deben restringir los movimientos de esas personas y los de sus parientes más cercanos, inmovilizar sus activos y suspender sus visados;

12. Pide a la VP/AR que dirija la política de la Unión sobre la situación en Venezuela, en cooperación con el Grupo de Contacto constituido por los países democráticos de la región representados por el Grupo de Lima;

13. Expresa su inquietud ante el hecho de que fuerzas policiales y el servicio de inteligencia militar de Cuba sean el elemento estratégico que ha hecho posible que persista el régimen ilegal de Maduro, lo que constituye una masiva injerencia extranjera política y militar en Venezuela;

14. Expresa su inquietud ante el apoyo de Rusia al régimen de Venezuela y, en particular, ante el envío de expertos y asesores técnicos y militares; condena esta injerencia ilegal en los asuntos internos de Venezuela;

15. Respalda plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los delitos y actos de represión generalizados perpetrados por el régimen venezolano; insta a la Unión Europea a que se sume a la iniciativa de los Estados parte en la CPI de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por el Gobierno de facto de Maduro con miras a que los responsables rindan cuentas de dichos actos;

16. Apoya la iniciativa de establecer una comisión de investigación junto con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a fin de determinar las responsabilidades individuales por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela;

17. Insta al Gobierno de facto de Venezuela a que aplique rápidamente las recomendaciones enumeradas en el informe de la ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela;

18. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

Última actualización: 17 de julio de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad