Procedimiento : 2019/2730(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0009/2019

Textos presentados :

B9-0009/2019

Debates :

Votaciones :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0009/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Javi López, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0006/2019

B9‑0009/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

(2019/2730(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela[1]; 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela[2]; 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela[3]; 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela[4]; 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela[5]; 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela[6]; 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela[7]; 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil[8]; 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela[9]; 31 de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela[10]; y 28 de marzo de 2019, sobre la situación de emergencia en Venezuela[11],

 Visto el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, de 5 de julio de 2019,

 Vistas las declaraciones más recientes de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 4 y 30 de abril y de 18 de junio de 2019,

 Vista la declaración sobre la reunión conjunta del Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela, de 3 de junio de 2019,

 Vista la Declaración del Grupo de Lima, de 3 de mayo de 2019,

 Vista la Decisión (PESC) 2018/1656 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela[12], por la que se prorrogan hasta el 14 de noviembre de 2019 las medidas restrictivas específicas actualmente en vigor,

 Vista la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, de 4 de septiembre de 2018,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

 Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

 Vista la Constitución de Venezuela,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la crisis humanitaria en Venezuela continúa agravándose y que la situación de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho sigue deteriorándose; que siete millones de personas necesitan ayuda urgente en estos momentos; que el 94 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza; que el 62 % vive en condiciones de pobreza extrema; que el 70 % de los niños no están escolarizados; que 5 000 personas abandonan el país cada día; así como que se estima que a finales de año habrá 5,2 millones de migrantes venezolanos;

B. Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) «existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela»; que también se ha reconocido que, durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial;

C. Considerando que este contexto ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos, entre las que figuran la persecución por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, el uso de la tortura, detenciones arbitrarias y amenazas y violencia contra las comunidades indígenas; que el Gobierno reconoció que en 2018 se registraron 5 287 fallecimientos por «resistencia a la autoridad» y que entre enero y mayo de 2019 se registraron otras 1 569 muertes de esta naturaleza; que de la información analizada por la ACNUDH se desprende que muchas de estas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales;

D. Considerando que la economía de Venezuela, en particular su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusieran sanciones sectoriales; que las sanciones económicas más recientes agravan los efectos de la crisis económica y de la situación humanitaria; que el Gobierno ha aceptado el nombramiento de un coordinador humanitario de las Naciones Unidas, lo que equivale a la aceptación de que existe una crisis humanitaria;

E. Considerando que la situación humanitaria se ha deteriorado dramáticamente como consecuencia de cortes prolongados del suministro eléctrico debidos a la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas, la asignación desacertada de recursos, la corrupción y unas inversiones muy insuficientes; que esta situación ha provocado el colapso de servicios públicos como el transporte público y el acceso a la electricidad, el agua y el gas natural; que los programas sociales, incluida la distribución de alimentos y el acceso a la atención médica, se han utilizado como instrumento de control social y aplicado de modo discriminatorio, basado en consideraciones de naturaleza política y que afecta de forma desproporcionada a las mujeres; que los derechos económicos y sociales de numerosos pueblos indígenas se han visto afectados de manera desproporcionada por la situación humanitaria, en particular debido al cierre de las fronteras de Venezuela en febrero de 2019, lo que ha tenido graves consecuencias para grupos indígenas como los wayús o los pemón, cuyos territorios tradicionales atraviesan la frontera;

F. Considerando que la Unión ha movilizado 117,6 millones EUR en concepto de ayuda de emergencia y ayuda al desarrollo como respuesta a la crisis y que colabora con grupos de población vulnerables tanto en Venezuela (60 % de la financiación) como en los países vecinos (40 % de la financiación); que, hasta la fecha, la ayuda recogida por las Naciones Unidas para su Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes no representa más que cerca del 22 % del total solicitado (159 millones USD de un total estimado de 738 millones USD);

G. Considerando que la Unión sigue convencida de que una solución política democrática pacífica es la única salida sostenible a la crisis venezolana, así como que participa en actividades de sensibilización en Venezuela y con todas las partes pertinentes en el marco del Grupo Internacional de Contacto y de su asesor especial; que, tras dos rondas de conversaciones en Oslo, las conversaciones entre el Gobierno de facto y la oposición se reanudaron en Barbados el 8 de julio; que la Unión ha reiterado su apoyo al proceso de facilitación auspiciado por Noruega con el fin de alcanzar una solución política y democrática a la crisis que debería conducir a la celebración de elecciones libres y justas con la presencia de observadores internacionales;

H. Considerando que el capitán de las fuerzas armadas Rafael Acosta Arévalo falleció el 29 de junio de 2019 mientras se encontraba detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas; que la Unión considera que este acto constituye un claro ejemplo del carácter arbitrario del sistema judicial del país, así como de la falta de garantías y derechos que sufren los detenidos;

1. Expresa su solidaridad y pleno apoyo al pueblo de Venezuela, que está sufriendo las consecuencias de una grave crisis política y humanitaria;

2. Recuerda su posición expresada anteriormente en cuanto al rechazo categórico de cualquier propuesta o intento de resolución de la crisis que pudiera implicar el uso de la violencia o una intervención militar; reitera que una solución pacífica, democrática e integradora es la única vía sostenible para salir del actual estancamiento político y de la grave crisis social y humanitaria que ha generado;

3. Apoya el proceso de facilitación en curso auspiciado por Noruega y acoge con satisfacción el acuerdo de ambas partes de entablar un diálogo permanente para alcanzar la paz; destaca que para que un proceso de facilitación tenga éxito deben adoptarse, como mínimo, las medidas de fomento de la confianza siguientes: la liberación de los presos políticos y el levantamiento de la prohibición impuesta a los políticos de la oposición de presentarse como candidatos a un cargo público; el reconocimiento y el respeto del papel constitucional de la Asamblea Nacional; la composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la elaboración de un censo electoral nacional actualizado; la eliminación de los obstáculos a la participación en igualdad de condiciones en las elecciones garantizando que todos los actores políticos puedan presentar su candidatura en igualdad de condiciones, así como la necesidad de reconocer al ganador de las elecciones en condiciones de igualdad, equidad y en presencia de observadores internacionales;

4. Pide a las autoridades venezolanas que garanticen que la ayuda humanitaria se distribuya a toda la población sin sesgos políticos; recuerda que las autoridades venezolanas deben proteger a todos los ciudadanos sobre la base del pleno respeto de sus derechos humanos y que deben cumplir sus compromisos internacionales en relación con el respeto de Estado de Derecho y de las libertades fundamentales; insiste, en este contexto, en que deben establecerse controles en relación con todas las milicias o grupos paramilitares y que debe procederse a su desarme en el plazo más breve posible;

5. Reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, el único órgano democrático legítimo de Venezuela, cuyas competencias deben restablecerse y respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros; condena la suspensión de la inmunidad parlamentaria de veintidós parlamentarios y el encarcelamiento de otros dos;

6. Elogia el esfuerzo desplegado por los Gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, conocido como «Proceso de Quito»; acoge con satisfacción la Hoja de Ruta del Capítulo de Buenos Aires, compuesta por acciones específicas relacionadas con cuestiones como la trata de seres humanos, la prestación de asistencia sanitaria y el reconocimiento de las cualificaciones académicas; pide a la Unión que aliente y apoye estas iniciativas para garantizar una respuesta impulsada por América Latina;

7. Recuerda que debe ponerse fin a toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos sus dirigentes, y que las autoridades deben garantizar su protección y adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;

8. Pide a las autoridades venezolanas que abran una investigación completa e independiente sobre la muerte del capitán de las fuerzas armadas Rafael Acosta Arévalo;

9. Recuerda sus propias propuestas relativas al envío de una delegación oficial del Parlamento Europeo en misión de información al país en caso de que las condiciones lo permitan; recuerda su voluntad de supervisar el futuro proceso electoral;

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

[1] DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

[2] DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

[3] DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

[4] DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

[5] DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

[6] DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.

[7] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[8] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[9] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[11] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0327.

[12] DO L 276 de 7.11.2018, p. 10.

Última actualización: 17 de julio de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad