Procedimiento : 2019/2730(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0011/2019

Textos presentados :

B9-0011/2019

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PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
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Textos aprobados :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0011/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 51k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry, Sira Rego</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0011/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

(2019/2730(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Carta de las Naciones Unidas de 1945, y en particular su capítulo 1, artículo 1, apartado 2, en el que se declara el propósito de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,

 Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,

 Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Vista la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

 Visto el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que contiene el compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas de mantener la igualdad soberana de todos los Estados y respetar su integridad territorial y su independencia política,

 Visto el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/41/18),

 Visto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el 14 de julio de 2019 una Resolución, presentada por la República Bolivariana de Venezuela durante su presidencia del Movimiento de Países No Alineados, en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito de los derechos humanos con la intención de contrarrestar las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales, que de hecho son sanciones,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Venezuela ha sufrido diversos intentos de golpe de Estado, con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país; que este acto carece de base constitucional o jurídica alguna al no cumplirse las premisas de los artículos constitucionales invocados;

B. Considerando que los Estados Unidos, algunos Estados miembros de la Unión y el Grupo de Lima reconocieron unilateralmente a Juan Guaidó como presidente interino, en contravención del Derecho internacional; que la injerencia externa, incluida en particular la amenaza de intervención de los Estados Unidos, ha agravado la situación;

C. Considerando que la Unión ha formulado varias declaraciones con la intención de interferir e influir en la situación interna de Venezuela; que la injerencia externa, la desestabilización, las campañas de desinformación, la manipulación de la opinión pública y la violencia promovida por algunos sectores de la oposición contra la soberanía, la independencia, la paz y la estabilidad democrática del país y contra el pueblo venezolano han sido denunciadas en numerosas ocasiones;

D. Considerando que la situación económica y social en Venezuela se ha deteriorado enormemente como consecuencia del aumento de las sanciones económicas y financieras de los Estados Unidos y de la Unión, que han dado lugar a hiperinflación, escasez de suministros, aumento de la pobreza y carestía de medicamentos y de material médico;

E. Considerando que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al Derecho internacional vigente; que las Naciones Unidas, y en particular su relator especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, lo han subrayado en repetidas ocasiones; que las sanciones pueden provocar perturbaciones en cualquier Estado y, cuando perjudican a la economía, pueden tener un impacto devastador en los ciudadanos de los países en desarrollo;

F. Considerando que el diálogo es la base para la resolución pacífica de los conflictos y situaciones internas en todos los países; que los Estados miembros deben fomentar un diálogo constructivo con el Gobierno venezolano, con el fin de encontrar soluciones a los problemas concretos que existen actualmente en Venezuela; que el Gobierno venezolano y la oposición han acordado recientemente entablar un diálogo de paz permanente, como resultado de las conversaciones de Barbados facilitadas por Noruega;

1. Condena firmemente los intentos de golpe de Estado en Venezuela, la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como presidente interino del país y el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de los Estados Unidos, algunos Estados miembros de la Unión y el llamado Grupo de Lima, en contravención del Derecho internacional; destaca que el reconocimiento internacional de cualquier nuevo Gobierno basado en una autoproclamación y un golpe de Estado socava gravemente la democracia y el Estado de Derecho y conlleva el riesgo de desestabilizar aún más la situación política en Venezuela y en la región; opina que la estabilidad política y social de Venezuela es un factor decisivo para salvaguardar la paz en toda la región;

2. Lamenta profundamente que el Consejo Europeo y los Estados miembros no hayan condenado el intento de golpe de Estado; rechaza el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela;

3. Pide encarecidamente a los Estados Unidos y a los Estados miembros de la Unión que mantengan su compromiso con el respeto del Derecho internacional, en particular el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la obligación de abstenerse del uso o la amenaza de uso de la fuerza;

4. Apoya los esfuerzos de las fuerzas democráticas, del Gobierno, de la oposición y del pueblo venezolano para encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos y para fomentar la consolidación del diálogo nacional en Venezuela, con vistas a la mejora de las condiciones de vida y del desarrollo económico y social de Venezuela;

5. Subraya que las sanciones impuestas a Venezuela han causado y siguen causando cada vez más un grave perjuicio a la vida y la salud humanas, que según estimaciones supone más de 40 000 víctimas mortales entre 2017 y 2018; opina que esas sanciones se ajustan a la definición de castigo colectivo de la población civil conforme a los convenios internacionales de Ginebra y La Haya, lo que las hace ilegales en virtud del Derecho y los tratados internacionales; pide el levantamiento urgente de todas las sanciones económicas y financieras contra Venezuela, que han contribuido en gran medida al deterioro de la economía del país y de la situación social de sus ciudadanos;

6. Reconoce la crisis social y económica a la que está haciendo frente Venezuela y destaca la importancia de la estabilidad política para su recuperación; denuncia la instrumentalización de esta crisis por aquellos que buscan aumentar la injerencia extranjera y llevan a cabo una campaña a favor de la intervención en el país; recuerda que las actividades y la ayuda internacional solo deben ponerse en marcha con el consentimiento del Gobierno de Venezuela, tal como prevé la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las naciones Unidas, de 19 de diciembre de 1991;

7. Recuerda que solo el pueblo de cada país puede decidir su trayectoria de desarrollo social;

8. Rechaza toda actuación internacional que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que incluyen el respeto sin restricciones de la no intervención en materias que son esencialmente competencia interna de los Estados, en cualquier país o en cualquier continente o región del mundo, teniendo en cuenta que estos principios también están consagrados en los Tratados de la Unión;

9. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Venezuela, y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

Última actualización: 16 de julio de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad