Procedimiento : 2019/2833(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0113/2019

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B9-0113/2019

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PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

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PV 10/10/2019 - 8.11
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Textos aprobados :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0113/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 55k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0113/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos

(2019/2833(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos los artículos 311, 312 y 323 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020[1] y su modificación posterior mediante el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017[2],

 Vistos los artículos 106 bis y 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios[3],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 ha demostrado ser inadecuado a la hora de abordar las necesidades concretas de los ciudadanos y los retos a los que se enfrentan los Estados miembros; que las actuales políticas neoliberales de austeridad han ahondado las desigualdades sociales tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos, exacerbado la recesión en algunos Estados miembros, aumentado el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, socavado la función social del Estado, debilitado los derechos de los ciudadanos y los trabajadores y derivado en un aumento del desempleo y una contracción del gasto público en ámbitos estructurales vitales; que la desregulación del mercado laboral y los sistemas de tributación regresiva han profundizado la brecha de renta y riqueza;

B. Considerando que las crisis climáticas y medioambientales, sumadas a la pérdida de biodiversidad característica de la sexta extinción masiva de especies, constituyen una amenaza para la estabilidad, la salud y las condiciones de vida de las sociedades en todo el mundo, así como para el bienestar de los animales; que no se han aplicado adecuadamente los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático de 2015 (COP 21), reiterados en la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019;

C. Considerando que se necesita con urgencia un proceso de integración diferente que propicie el progreso social y democrático, brinde soluciones justas y pacíficas a los desafíos internacionales, promueva el diálogo cultural a escala mundial y esté cimentado en la cooperación en pie de igualdad entre países soberanos;

D. Considerando que cada vez son más las personas concienciadas que reclaman un mayor número de medidas para fomentar un crecimiento sostenible, de calidad y equilibrado socialmente, la creación de empleo, la solidaridad, la prosperidad para todo el mundo, una justa distribución de la riqueza, la seguridad del empleo y la protección social, la prestación de servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, el bienestar medioambiental y viviendas, energía, telecomunicaciones, infraestructuras y servicios en general asequibles, en particular para las personas más vulnerables;

1. Toma nota de que el principio de unanimidad se aplica a las decisiones sobre el MFP en el Consejo; recuerda los principios de codecisión y de funcionamiento democrático normal de las instituciones por lo que se refiere al procedimiento de adopción del MFP; se opone, por tanto, a la lógica de «marcos de negociación» aplicada por el Consejo, puesto que socava las prerrogativas que el Tratado confiere al Parlamento como colegislador;

2. Destaca que el próximo MFP debe satisfacer las necesidades reales, las exigencias y las aspiraciones de los pueblos de Europa; hace hincapié en que debe basarse en una nueva estrategia —un nuevo plan de inversión socioecológica a escala de la Unión— dirigida a las estrategias de desarrollo de los Estados, que haga frente a los actuales desafíos internos y externos y emprenda una transición de emergencia hacia una Europa sostenible desde un punto de vista medioambiental y más justa y progresista en lo social; insiste en que es necesario un aumento sustancial del presupuesto de la Unión, con el objetivo de reforzar la solidaridad y preservar y mejorar su función redistributiva, garantizando así la aplicación del principio de cohesión social, económica y territorial y de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, tanto dentro como fuera de la Unión, así como la financiación y las medidas específicas necesarias para las regiones ultraperiféricas de la Unión;

3. Pide que la asignación transparente de los fondos de la Unión y los instrumentos financieros especiales garanticen el uso responsable de dichos instrumentos y su compromiso con este plan de inversión pública socioecológica; sugiere que la mitigación del cambio climático se integre en todo el presupuesto de la Unión garantizando la plena resistencia al cambio climático de las líneas presupuestarias del MFP; insta a que la financiación para una transición justa de las regiones carboníferas en la Unión se destine únicamente a proyectos dedicados a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles;

4. Reclama un sistema de ingresos de la Unión basado en unos auténticos recursos propios, financiados mediante impuestos al sector financiero, como el impuesto sobre las transacciones financieras, además del estudio de otros impuestos sobre las grandes multinacionales y las industrias más contaminantes, como un impuesto sobre el carbono y el plástico en frontera; pide una base imponible común del impuesto sobre sociedades con el objetivo de lograr un sistema financiero autónomo y más justo, transparente, sencillo y equitativo; insiste en la necesidad urgente de reforzar las autoridades de lucha contra la evasión y el fraude fiscales, así como la cooperación entre ellas, y la creación de una autoridad europea que apoye su lucha transnacional; respalda el establecimiento de una lista negra consolidada de la Unión que recoja los paraísos fiscales existentes en su seno; propone la introducción de un mecanismo que obligue a las empresas que reciben subvenciones de la Unión a reembolsar a los Estados miembros si la empresa beneficiaria decide trasladarse fuera de la Unión tras haber recibido la subvención;

5. Recuerda su posición de que los fondos europeos que sustentan el objetivo de cohesión territorial, social y económica no pueden sacrificarse en aras de los nuevos objetivos de la Unión; recuerda que la cohesión constituye una política de solidaridad a gran escala de la Unión; aboga por un aumento significativo del presupuesto para las políticas regionales, puesto que el importe actual de los recursos asignados a la cohesión ha resultado insuficiente; sugiere que las nuevas políticas de la Unión no se financien con cargo a los fondos de la política de cohesión; destaca que debe rechazarse toda condicionalidad macroeconómica o política en la ejecución de los fondos de la Unión;

6. Insta al desarrollo de un modelo socioeconómico cuyo principal objetivo sea el fin de las desigualdades entre las personas y el logro de un nivel de vida elevado para los trabajadores y las personas en general; destaca, en particular, la necesidad de aumentar sustancialmente la financiación de los programas que fomentan el empleo con derechos y la inclusión social de los jóvenes; se opone a todo intento de suprimir el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas;

7. Insiste en que deben reforzarse los programas específicos de fomento de la investigación, la educación, la movilidad (a saber, la gratuidad del transporte público), la innovación y el progreso tecnológico, apoyando así la transición hacia un modelo de producción sostenible, la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, así como la promoción de un cambio progresista a nivel social y económico;

8. Insiste en que, para estar preparado para la era digital, el presupuesto de la Unión debe brindar un apoyo adecuado a la alfabetización digital para todos, la soberanía de los datos y una oferta digital variada para los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la máxima protección de los datos personales;

9. Hace hincapié en que el Brexit no debe implicar una reducción del presupuesto para las políticas medioambientales, sociales y de cohesión; destaca la importancia de las negociaciones sobre el próximo MFP e insta a que se limiten en la medida de lo posible las repercusiones presupuestarias del Brexit en las líneas presupuestarias fundamentales de la Unión, como la política de cohesión;

10. Subraya la importante contribución que la Unión ha realizado a la paz y la reconciliación en Irlanda, en particular mediante su respaldo al Acuerdo del Viernes Santo en todas sus partes, y acoge con satisfacción todos los compromisos anteriores de la Comisión y del Parlamento para mantener los fondos europeos esenciales para Irlanda, tanto en el norte como en el sur, tras el Brexit; pide a la Comisión que se prepare para el escenario de una Irlanda unificada;

11. Destaca la necesidad de aplicar estrategias eficaces de prevención, adaptación y mitigación en materia de cambio climático en toda la Unión con el objetivo de proteger las tierras agrícolas a largo plazo; hace hincapié en la necesidad de una política agrícola común (PAC) que conceda prioridad a los pequeños agricultores, la agricultura local y las cooperativas, que sitúe los precios remuneradores en el centro de la PAC y que establezca instrumentos para la regulación de los mercados y la producción; reconoce el derecho de cada país a producir alimentos y a garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias; reclama que se siga apoyando la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, el bienestar de los animales y las medidas relativas a la biodiversidad; pide una revisión de la actual política agrícola orientada a las exportaciones y de la práctica de la ganadería intensiva;

12. Pide que se salvaguarde la biodiversidad de los entornos marinos; destaca que la política pesquera debe tener en cuenta las dimensiones medioambiental, económica y social de la pesca, con el fin de aplicar prácticas de gestión sostenible, que podrían incluir autolimitaciones y la creación de zonas vedadas a la pesca en aguas donde las poblaciones de peces y la biodiversidad estén amenazadas; pide la creación de un programa de apoyo a la pesca a pequeña escala, costera y artesanal, el segmento más sostenible del sector, que representa la gran mayoría de los puestos de trabajo; considera que las medidas de conservación, como por ejemplo los planes de reconstitución de las poblaciones o la creación de zonas vedadas a la pesca en aguas donde las poblaciones de peces y la biodiversidad estén amenazadas, deben financiarse adecuadamente con cargo al presupuesto de la Unión, de forma que se compense el impacto en la renta de los pescadores a pequeña escala; propone una relación más complementaria entre los acuerdos pesqueros y la política de desarrollo que garantice que estos acuerdos contribuyan al desarrollo de los sectores pesqueros de los países terceros;

13. Destaca la necesidad fundamental de crear una línea presupuestaria para el turismo sostenible, habida cuenta de la importancia del sector para la economía de la Unión, con vistas a hacer frente a los retos comunes, tales como el impacto del cambio climático y otras crisis provocadas por la humanidad en general, mediante un mecanismo de gestión de crisis de destinos y de mejora de la competitividad del sector a través de, entre otras cosas, la promoción de Europa como destino turístico;

14. Hace hincapié en que la financiación de la Unión para la acogida e integración de migrantes y solicitantes de asilo debe incrementarse sustancialmente; insiste en que debe ponerse fin de inmediato a las actuales prioridades de externalización del control fronterizo, así como al grave aumento de costosas medidas de seguridad —entre ellas la detención administrativa y los sistemas informáticos de gran escala—, que no han demostrado su eficacia y a menudo vulneran los derechos de los migrantes y refugiados; pide que la Unión que se comprometa política y financieramente a la apertura de cauces seguros y legales para los migrantes y solicitantes de asilo, garantizando al mismo tiempo un programa proactivo de búsqueda y salvamento; pide que los fondos de desarrollo de la Unión y la ayuda humanitaria no estén vinculados a la capacidad o voluntad de los países socios de cooperar en materia de control migratorio, por ejemplo, mediante cláusulas de readmisión u obligaciones de gestión de la migración; insiste en que los proyectos que no se ajusten a las obligaciones de la Unión y de los Estados miembros de respetar los derechos fundamentales deben suprimirse; pide que se establezcan asociaciones efectivas con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, de manera que se garantice que se les consulta para preparar, planificar, controlar, ejecutar y evaluar la financiación tanto a escala nacional como de la Unión; lamenta que una parte sustancial de los fondos se destine a sistemas informáticos a gran escala, e insiste en que la Unión no debe seguir financiando capacidades de supervisión, tampoco a través de proyectos piloto;

15. Insta a que, hasta la derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no se apliquen las normas de la Unión en materia de déficit en él establecidas al conjunto de inversiones públicas en el ámbito de la sanidad, la educación, la vivienda y otros servicios sociales, el transporte y las comunicaciones, el medio ambiente, la protección de las zonas rurales, remotas y más deprimidas, la cultura y la acogida e integración de los migrantes y solicitantes de asilo;

16. Subraya la importancia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para responder a las grandes catástrofes naturales y toma nota del incremento propuesto de los créditos de compromiso y de pago para el FSUE; pide a la Comisión un nuevo incremento en este fondo, y que adapte las normas de manera que pueda movilizarse con mayor flexibilidad y adecuarse más fácilmente a situaciones puntuales, a fin de poder cubrir una mayor gama de catástrofes con efectos importantes y reducir el tiempo entre la catástrofe y la disponibilidad de los fondos;

17. Pide que se redoblen los esfuerzos para fomentar la paz, en particular a través de un aumento de las medidas de apoyo a la erradicación de la pobreza, la ayuda humanitaria y un desarrollo económico y social equitativo y sostenible; insiste en que la cooperación exterior debe basarse en el principio de la solidaridad internacional, el multilateralismo y el respeto de la soberanía de los países terceros; reitera la importancia de la política de desarrollo de la Unión para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS; pide, por tanto, un aumento de los fondos para los países en desarrollo y un Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) ambicioso y con una financiación adecuada;

18. Destaca la necesidad de incrementar el control democrático, la trazabilidad de los fondos y el gasto, además del control parlamentario de la acción exterior de la Unión; insiste, a este respecto, en que debe garantizarse una financiación adecuada del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas;

19. Pide la desmilitarización de las políticas de la Unión, un compromiso con el desarme nuclear, y que se ponga fin a las intervenciones militares exteriores; rechaza firmemente la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa;

20. Recuerda el compromiso con el buen funcionamiento de las instituciones de la Unión y el principio del multilingüismo; se opone a que se realicen recortes adicionales en materia de recursos humanos que pudieran obstaculizar la competencia legislativa de cada institución, y expresa su preocupación por la política actual de recursos humanos, habida cuenta del aumento de los retos y la carga de trabajo de las instituciones de la Unión;

21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a las demás instituciones y organismos interesados.

 

[1] DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.

[2] DO L 163 de 24.6.2017, p. 1.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0226.

Última actualización: 7 de octubre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad