Procedimiento : 2019/2891(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0168/2019

Textos presentados :

B9-0168/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 46k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil, Maximilian Krah</Depute>

<Commission>{ID}en nombre del Grupo ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0168/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia

(2019/2891(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

 Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular su artículo 9, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

 Vistos los artículos 2, 67, 83 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vista la inexistencia de legislación pertinente en Polonia,

 Vistos los «Estándares de educación sexual en Europa» de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa[1],

 Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines[2],

 Vista la declaración de la Comisión, de 21 de octubre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los derechos de la persona, aunque se presenten como derechos individuales, tienen una dimensión social fundamental, cuya expresión esencial y fundamental es la familia;

B. Considerando que la Comisión declaró durante el debate del Parlamento de 21 de octubre de 2019 que en la actualidad no existe legislación en vigor que criminalice la educación sexual en Polonia, y que la política educativa es una competencia exclusiva de los Estados miembros, por lo que son los únicos responsables del contenido de la enseñanza y de la organización de sus respectivos sistemas educativos;

C. Considerando que una educación sexual integral implica la polémica aplicación del denominado «enfoque basado en los derechos» a la educación sexual, lo que va mucho más allá de la mera enseñanza dirigida a niños y adolescentes en materia de relaciones sexuales y reproducción humana;

D. Considerando que no existen documentos vinculantes de las Naciones Unidas o tratados que mencionen o establezcan un derecho a una educación sexual integral;

E. Considerando que no existe una única definición universal de «educación sexual integral» y de sus implicaciones;

F. Considerando que el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución, que el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y que toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros;

G. Considerando que el artículo 67 del TFUE dispone que la Unión respetará los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la única institución facultada para juzgar posibles violaciones de los Tratados por parte de los Estados miembros;

H. Considerando que, desde una edad temprana, los menores están ampliamente expuestos a contenidos pornográficos, en particular en internet, tanto en sus hogares como en la escuela;

I. Considerando que la sexualización tanto de niños como de niñas en los medios de comunicación es un fenómeno que afecta al desarrollo emocional y a la vida sexual tanto de las mujeres como de los hombres y contribuye a perpetuar los estereotipos de género y la violencia sexual;

J. Considerando que la educación es una de las mejores maneras de transmitir valores como la paz, la comprensión de la dignidad humana y la justicia mediante métodos de educación formal, no formal e informal tanto en el seno de la familia como en los centros educativos públicos, y que los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos;

1. Recuerda la posición del Parlamento recogida en su histórica Resolución sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines[3], que establece que es competencia de los Estados miembros formular y aplicar la educación sexual en los centros escolares;

2. Recuerda que no existe legislación en materia de «criminalización de la educación sexual» actualmente en vigor en Polonia;

3. Defiende que los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos y que, en particular, la educación sexual es un derecho básico de los padres, y que siempre debe impartirse bajo su estrecha supervisión, tanto en el seno del hogar como en los centros educativos de su elección y sujetos a su control;

4. Considera que el derecho primordial de los padres de educar a sus hijos debe respetarse en toda cooperación entre padres, profesores y autoridades escolares, en particular mediante formas de participación diseñadas para dar voz a los padres en la gestión de los centros educativos y en la formulación y aplicación de las políticas educativas;

5. Considera que la labor de madres y padres en el hogar debe ser reconocida y respetada por su valor para la familia y la sociedad;

6. Recuerda que el interés superior del niño debe ser el principio rector por el que se guíen los responsables de la educación y la crianza de las niñas y los niños;

7. Recuerda a los Estados miembros que los padres deben recibir el apoyo y la ayuda necesarios para el adecuado desempeño de su función educativa;

8. Destaca que la función y la supervisión de los padres y de la familia es especialmente necesario ya que los jóvenes están expuestos a contenidos pornográficos y degradantes desde una edad temprana, especialmente a través de internet; hace hincapié, por tanto, en que la educación sexual debe ser parte del desarrollo natural de la dimensión afectiva de los jóvenes, y en la importancia de tomar todas las medidas necesarias para fomentar las relaciones de respeto mutuo con personas del sexo opuesto; anima a los Estados miembros a poner en marcha campañas destinadas a los padres y los adultos que trabajan con jóvenes, con objeto de incrementar su sensibilización con respecto a los efectos perjudiciales de la pornografía en los adolescentes;

9. Condena la inadecuada recomendación de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, en cooperación con la Oficina Federal de Educación Sanitaria alemana (BZgA), que propone la masturbación durante la primera infancia hasta los cuatro años de edad; pide, de manera más general, una mayor prudencia y una visión más crítica en relación con los estudios de género, que sirven de base para publicaciones de este tipo; manifiesta su preocupación por las recientes informaciones que apuntan a una manipulación de estos estudios con fines políticos;

10. Admite que las exenciones por motivos de orden público salvaguardan el derecho de los Estados miembros a proteger sus valores fundamentales según se expresan en su Derecho de familia sustantivo y legislación en materia educativa y les blindan frente a la importación de conceptos jurídicos ajenos que pueden no existir o ser incluso ilegales en el ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros, lo que daría lugar a la coexistencia paralela de ordenamientos jurídicos de la Unión y nacionales, con el riesgo de que ocurra un efecto de arrastre y de discriminación inversa;

11. Recuerda, con arreglo al principio de la «doctrina de orden público», que los padres o tutores legales de un niño tienen libertad para asegurarse de que este recibe una educación conforme a sus propias convicciones, y que no se puede obligar al niño a recibir educación sexual en contra de la voluntad de sus padres o tutores legales, y que el principio rector es el interés superior del menor, que garantiza su salud y bienestar plenos tanto a nivel físico como psicológico;

12. Pide, por lo tanto, a los órganos, agencias e instituciones de la Unión Europea que respeten la legislación de la Unión y se abstengan de toda intervención en este ámbito que suponga una reinterpretación de la base jurídica actual;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de la República de Polonia, al Consejo y a la Comisión.

 

[1] https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Standards_for_sexuality_education_Spanish.pdf.

[2] DO C 468 de 15.12.2016, p. 66.

[3] DO C 468 de 15.12.2016, p. 66.

Última actualización: 11 de noviembre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad