PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
25.11.2019 - (2019/2938(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0182/2019
B9‑0183/2019
Resolución del Parlamento Europeo sobre las acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia, las injerencias extranjeras y las relaciones UE-Rusia, y en particular su Resolución de 12 de marzo de 2019[1],
– Visto el reciente intercambio de puntos de vista mantenido el 12 de noviembre de 2019 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior[2],
– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el artículo 49 de esta última,
– Vistos los Principios Básicos sobre la Independencia del Poder Judicial refrendados por las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985,
– Vista la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa titulada «Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades»,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el 27 de marzo el Tribunal Regional de Vilna dictó su sentencia en el denominado «caso del 13 de enero», en el que 67 ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos, incluidos antiguos altos cargos de la Unión Soviética, fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su participación en la agresión soviética del 13 de enero de 1991 en Vilna; que los acusados fueron juzgados en rebeldía, excepto dos antiguos oficiales soviéticos, y recibieron condenas de hasta 14 años de prisión; que estas sentencias se encuentran actualmente recurridas;
B. Considerando que las sentencias se refieren a los trágicos sucesos acaecidos tras la declaración de independencia de Lituania del 11 de marzo de 1990 y al empleo por parte de la Unión Soviética de la fuerza militar contra manifestantes independentistas que intentaban defender pacíficamente la sede central de la televisión estatal y la torre de televisión de Vilna; que esta intervención soviética provocó la muerte de 14 manifestantes, así como heridas de diversa consideración a más de 800;
C. Considerando que las autoridades rusas y bielorrusas se negaron a cooperar y a responder a las solicitudes lituanas de asistencia judicial durante la instrucción de la causa;
D. Considerando que, entre julio de 2018 y abril de 2019, la Comisión de Investigación de la Federación de Rusia incoó varios procedimientos penales contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que fueron parte en la instrucción o el enjuiciamiento del asunto del 13 de enero en virtud de los artículos 299 y 305 del Código Penal de la Federación de Rusia, de conformidad con los cuales supone responsabilidad penal «atribuir responsabilidad penal a aquel del que se conoce la inocencia» y «dictar sentencias manifiestamente ilegales»; considerando que existe la posibilidad de que las autoridades rusas intenten solicitar órdenes de detención internacionales contra los funcionarios lituanos acusados;
E. Considerando que la Unión es una comunidad basada en un conjunto de valores comunes clave entre los que figuran la paz, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales y humanos; que estos valores constituyen la base de las relaciones de la Unión con terceros países; que Lituania es un Estado miembro de la Unión Europea y que actúa en plena conformidad con el Derecho internacional al ejercer la jurisdicción penal de conformidad con el principio territorial;
F. Considerando que Rusia incumple el Derecho y los compromisos internacionales con una frecuencia cada vez mayor, y actúa contrariamente a las relaciones de buena vecindad; que la tensión y la confrontación persistentes actualmente entre la Unión y Rusia no benefician a ninguna de las dos partes;
G. Considerando que el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial son básicos para toda sociedad democrática resiliente;
1. Manifiesta su solidaridad con los funcionarios y los jueces lituanos injustamente acusados por las autoridades rusas y apoya los esfuerzos del Gobierno lituano por poner de relieve estos sucesos y limitar el perjuicio y el peligro a que se enfrentan las personas investigadas por las autoridades rusas;
2. Hace hincapié en que el poder judicial debe resolver con imparcialidad, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, todos los asuntos que se sometan a su examen, sin restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas, sean cuales sean la parte o el motivo;
3. Condena las actuaciones de las autoridades rusas como ilegítimas y no conformes con el Estado de Derecho, y considera que se trata de una injerencia en la independencia del poder judicial lituano; pide a las autoridades rusas que retiren estos cargos y se abstengan de presentar órdenes de detención internacionales en relación con este asunto, ya sea a través de Interpol o bilateralmente;
4. Anima a la Unión a que siga reiterando sus llamamientos a Rusia para que derogue o modifique todas las leyes incompatibles con las normas internacionales; pide a Rusia que ponga fin de inmediato a los procesamientos de ciudadanos extranjeros cuando ello vulnere las normas internacionales; subraya la importancia de que la Unión y Rusia cooperen en el ordenamiento basado en normas internacionales;
5. Pide a los Estados miembros que cooperen plenamente a nivel europeo en su política con respecto a Rusia, ya que una mayor coherencia y una mejor coordinación son esenciales para una política de la Unión más eficaz, y que redoblen sus esfuerzos en favor de la resiliencia y trabajen en la búsqueda de soluciones prácticas para apoyar y reforzar los procesos democráticos y un poder judicial independiente; espera que todas las instituciones de la Unión y los Estados miembros planteen este caso en sus contactos con las autoridades rusas;
6. Pide a la VP/AR entrante y al SEAE que velen por que estos casos sean plenamente conocidos por todos los Estados miembros y se planteen en el Consejo de Asuntos Exteriores, así como que dejen a las autoridades rusas absolutamente claro que la Unión Europea se muestra unida y solidaria en relación con este y los demás asuntos relacionados;
7. Pide a los Estados miembros y a los demás signatarios del Estatuto de Interpol que hagan caso omiso de toda orden de detención internacional contra los funcionarios lituanos acusados, y pide a Interpol que haga caso omiso de las solicitudes rusas de estas órdenes de detención;
8. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que se abstengan de transferir cualquier dato personal a Rusia que pueda utilizarse en los procesos penales contra jueces, fiscales e investigadores lituanos;
9. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general del Consejo de Europa, al presidente, al Gobierno y a la Duma de la Federación de Rusia, y a Interpol.