PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
25.11.2019 - (2019/2938(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė
en nombre del Grupo S&D
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0182/2019
B9‑0185/2019
Resolución del Parlamento Europeo sobre las acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y sobre las relaciones entre la Unión y Rusia,
– Vistos los intercambios de puntos de vista mantenidos el 12 de noviembre de 2019 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior con el ministro de Justicia de Lituania,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el 27 de marzo de 2019 el Tribunal Regional de Vilna dictó su sentencia en el denominado «caso del 13 de enero», en el que Dmitri Yázov, exministro de Defensa de la Unión Soviética, Vladímir Usjópchik, excomandante de la guarnición de Vilna, Mijaíl Golovatov, excomandante de las fuerzas especiales del KGB, y 64 ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su participación en el ataque soviético del 13 de enero de 1991 en Vilna; que estas sentencias se encuentran actualmente recurridas;
B. Considerando que todos los autores del ataque fueron juzgados en rebeldía, a excepción de dos, Yuri Mel y Guennadi Ivanov, exoficiales del ejército soviético, y que los acusados fueron sentenciados a penas de hasta 14 años de prisión; que las sentencias dictadas en la primavera de 2019 se refieren a los trágicos sucesos ocurridos tras la declaración de independencia de Lituania el 11 de marzo de 1990, así como a los intentos soviéticos por revocarla, que comenzaron con un bloqueo económico en otoño de 1990 y desembocaron en la brutal agresión para derrocar al Gobierno de Lituania en enero de 1991;
C. Considerando que 14 civiles perdieron la vida a raíz de estos sucesos y que más de 800 personas resultaron heridas mientras intentaban defender pacíficamente la torre de la televisión de Vilna; que las hostilidades de las fuerzas armadas soviéticas no cesaron hasta la intentona golpista de agosto de 1991 en Moscú;
D. Considerando que el esfuerzo de Lituania por investigar y llevar a los sospechosos a juicio fue un proceso largo y se vio obstruido por la negativa de las autoridades rusas y bielorrusas a cooperar, al no tramitar o denegar las solicitudes de asistencia judicial presentadas por Lituania, y que la última respuesta parcial a una de estas solicitudes se remonta a 2008;
E. Considerando que la reacción inicial de la Federación de Rusia a la sentencia del tribunal fue negativa, y que la Duma Estatal Rusa alegó que el juicio tenía «motivaciones políticas» y era un intento de «reescribir la historia», y que el ministro de Asuntos Exteriores ruso anunció que «no quedaría sin consecuencias»;
F. Considerando que, entre julio de 2018 y abril de 2019, la Comisión de Investigación de la Federación de Rusia incoó varios procedimientos penales contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que fueron parte en la instrucción o la sentencia del denominado «caso del 13 de enero» en virtud de los artículos 299 y 305 del Código Penal de la Federación de Rusia, de conformidad con los cuales supone responsabilidad penal «atribuir conscientemente responsabilidad penal a un inocente» y «dictar un juez (o jueces) una sentencia, decisión o acto jurídico de otro tipo a sabiendas de su injusticia»;
G. Considerando que existe la posibilidad de que la Federación de Rusia intente solicitar órdenes de detención internacionales contra los funcionarios lituanos que participaron en este proceso;
H. Considerando que el Estado de Derecho es uno de los valores comunes en los que se fundamenta la Unión; que la Comisión, junto con el Parlamento y el Consejo, es responsable con arreglo a los Tratados de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de la Unión y de velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión, así como de sus valores y principios;
I. Considerando que estos principios incluyen la legalidad, que implica un procedimiento legislativo transparente, responsable, democrático y pluralista, la seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, la independencia e imparcialidad de los tribunales, un control judicial efectivo (incluido el pleno respeto de los derechos fundamentales), así como la igualdad ante la ley;
1. Condena las acciones penales incoadas por las autoridades rusas contra los funcionarios lituanos que participaron en el denominado «caso del 13 de enero»; condena las acciones realizadas por las autoridades rusas por su carácter ilegítimo y por su flagrante vulneración del Estado de Derecho;
2. Manifiesta su solidaridad con los funcionarios lituanos y los jueces lituanos procesados por Rusia en relación con este asunto, así como con los esfuerzos del Gobierno lituano por sacar estos sucesos a la luz y limitar el perjuicio y el peligro a que se enfrentan aquellas personas acusadas injustamente por las autoridades rusas;
3. Pide a las autoridades rusas que retiren estos cargos y se abstengan de presentar órdenes de detención internacionales en relación con este asunto, ya sea a través de Interpol o bilateralmente; pide asimismo a las autoridades rusas que dejen de obstruir la instrucción de este asunto y que colaboren plenamente con las autoridades lituanas para resolverlo y sancionar a los autores;
4. Pide a los presidentes del Consejo y de la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que sigan supervisando de cerca estos asuntos, que planteen estas cuestiones en los diferentes contactos y reuniones con Rusia, que informen al Parlamento de las comunicaciones mantenidas con las autoridades rusas y que dejen a las autoridades rusas absolutamente claro que la Unión Europea se muestra unida y solidaria en relación con este y demás asuntos relacionados; insta a los Estados miembros a que planteen este asunto en todos sus contactos con las autoridades rusas;
5. Pide a los Estados miembros y demás signatarios del Estatuto de la OIPC-Interpol que hagan caso omiso de toda orden de detención internacional contra los funcionarios lituanos acusados; pide a Interpol que haga caso omiso de toda solicitud presentada por la Federación de Rusia para la obtención de una orden de estas características;
6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al secretario general del Consejo de Europa, al presidente, el Gobierno y la Duma Estatal de la Federación de Rusia, a Europol y a Interpol.