Propuesta de resolución - B9-0224/2019Propuesta de resolución
B9-0224/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género

25.11.2019 - (2019/2855(RSP))

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno

Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa, Zdzisław Krasnodębski
en nombre del Grupo ECR

Procedimiento : 2019/2855(RSP)
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B9-0224/2019
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B9-0224/2019
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B9‑0224/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género

(2019/2855(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vistos los artículos 21, 23, 24 y 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, y en particular los que se refieren a los derechos de las mujeres, como, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece el principio de no devolución, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

 Visto el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979,

 Vistas las Directrices de la Unión, de 8 de diciembre de 2008, sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

 Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos[1],

 Vistos la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección[2], y el Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil[3],

 Vistas la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas[4], y la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil[5],

 Vista la Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal[6],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor fundamental de la Unión y que está consagrado en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B. Considerando que la violencia contra las mujeres continúa existiendo dentro de la Unión; que las mujeres aún sufren acoso en línea, violaciones y violencia sexual;

C. Considerando que la violencia contra mujeres y hombres no debe descartarse como un asunto privado, ya que de hecho es un delito que debe castigarse como tal, lo que sucede en todos los Estados miembros, que conservan la competencia para identificar y enjuiciar esos delitos;

D. Considerando que no se acabará con la violencia contra las mujeres y los hombres mediante intervenciones individuales, sino que una combinación de medidas infraestructurales, jurídicas, judiciales, policiales, culturales, educativas, sociales, sanitarias y de otros servicios relacionados puede contribuir considerablemente a sensibilizar a la población y reducir esta violencia y sus consecuencias;

1. Recuerda que los Estados miembros están obligados por el artículo 2 del TUE y por la Carta de los Derechos Fundamentales a garantizar, proteger y promover la igualdad de género;

2. Condena firmemente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y se solidariza con todos los que sufren violencia doméstica; manifiesta su preocupación, no obstante, por que los incidentes de violencia contra hombres perpetrados por el cónyuge o pareja se denuncian poco y la policía y los servicios judiciales no prestan la debida atención a las víctimas de sexo masculino;

3. Señala que la violencia contra las mujeres y los hombres puede incluir maltrato físico, maltrato emocional, aislamiento, amenazas, abuso sexual, abuso económico, intimidación, la utilización manipuladora de los hijos o mascotas y otras formas de extorsión; destaca que, en el caso de las mujeres embarazadas, la violencia doméstica tiene un efecto negativo en la salud de la madre y del hijo;

5. Recuerda que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y pide, por tanto, a los Estados miembros que trabajen juntos para compartir las mejores prácticas e intercambiar modos eficaces para prevenir la violencia y proteger a los hombres y las mujeres de la violencia de género;

6. Señala que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, lo que pone de relieve la voluntad política de los Estados miembros para acabar con la violencia contra las mujeres; tiene conocimiento de que 21 Estados miembros han ratificado el Convenio; destaca que cada Estado miembro tiene el derecho soberano de ratificar y aplicar el Convenio y sus disposiciones;

7. Toma nota de que la Decisión (UE) 2017/865 del Consejo estipula que: «El Convenio debe firmarse en nombre de la Unión en lo que respecta a asuntos que son de competencia de la Unión, en la medida en que aquel pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. Lo anterior se aplica, en particular, a determinadas disposiciones del Convenio relativas a la cooperación judicial en materia penal y a sus disposiciones en materia de asilo y de no devolución. Los Estados miembros conservan su competencia en la medida en que el Convenio no afecte a normas comunes o altere el alcance de las mismas»;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

 

Última actualización: 27 de noviembre de 2019
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