Procedimiento : 2019/2954(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0240/2019

Textos presentados :

B9-0240/2019

Debates :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Votaciones :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0103

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0240/2019</NoDocSe>
PDF 198kWORD 57k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia</Titre>

<DocRef>(2019/2954(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola, Antonio Tajani</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

<Depute>Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley, Sylwia Spurek</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

<Depute>Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Sabrina Pignedoli</Depute>

</RepeatBlock-By>

ENMIENDAS

B9-0240/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia

(2019/2954(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),– Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vistos los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Visto el dictamen sobre las disposiciones constitucionales y la separación de poderes y la independencia del poder judicial y el cumplimiento de la ley en Malta, adoptado por la Comisión de Venecia en su 117.ª sesión plenaria (Venecia, 14-15 de diciembre de 2018),

 Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 23 de enero de 2019, titulado «Regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión Europea» (COM(2019)0012),

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta[1], y la declaración de prensa conjunta, de 29 de enero de 2014, de la Comisión y las autoridades maltesas sobre el programa de inversores individuales de Malta,

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales[2], y su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales[3],

 Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta[4],

 Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea[5],

 Visto el informe, de 11 de enero de 2018, sobre la visita a Malta, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, de la delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales (PANA),

 Visto el informe, de 16 de noviembre de 2018, sobre la visita a Malta y Eslovaquia, del 17 al 20 de septiembre de 2018, de una delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

 Vistos las audiencias y los intercambios de puntos de vista efectuados por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales desde su creación por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el 4 de junio de 2018,

 Vista la carta del primer ministro de Malta de 13 de marzo de 2019,

 Vista la Resolución 2293 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de junio de 2019, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta y otros países, y garantizar que se conozca toda la verdad,

 Vista la pregunta a la Comisión sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia[6],

 Vista la delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en Malta de los días 3 y 4 de diciembre de 2019,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y que estos valores son universales y comunes a todos los Estados miembros;

B. Considerando que el Estado de Derecho, el respeto de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores y principios consagrados en los Tratados de la Unión y los instrumentos internacionales de derechos humanos son obligaciones que incumben a la Unión y sus Estados miembros y que deben ser observadas; que, con arreglo al artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 7 del TUE, la Unión tiene la facultad de actuar para proteger los valores comunes sobre los que se fundamenta, y que el mecanismo del Estado de Derecho debe aplicarse con la misma fuerza a todos los Estados miembros;

C. Considerando que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea forma parte del Derecho primario de la Unión; que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

D. Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 19, apartado 1, del TFUE, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de la separación de poderes;

E. Considerando que la negativa sistemática de un Estado miembro a respetar los valores fundamentales de la Unión Europea y los Tratados a los que ha accedido libremente afecta a la Unión en su conjunto;

Investigaciones

F. Considerando que la periodista maltesa de investigación sobre la corrupción y bloguera Daphne Caruana Galizia fue asesinada en un atentado con coche bomba el 16 de octubre de 2017;

G. Considerando que las investigaciones del asesinato dirigidas por las autoridades maltesas, con la asistencia de Europol, hasta la fecha han comportado la identificación y acusación de varios sospechosos y un posible cerebro del asesinato, a saber, el propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd., que fue detenido el 20 de noviembre de 2019 en lo que parecía un intento por escapar de Malta en su yate;

H. Considerando que uno de los presuntos cómplices y el presunto cerebro han implicado al anterior jefe del Gabinete del Primer Ministro en la planificación y financiación del asesinato;

I. Considerando que estas revelaciones han dado lugar a numerosas grandes manifestaciones y protestas de la sociedad civil en Malta para exigir justicia, la rendición de cuentas y el respeto del Estado de Derecho;

J. Considerando que el jefe del Gabinete del Primer Ministro recibió información actualizada en reuniones de seguridad por parte de la policía y de los servicios secretos malteses; que dimitió el 26 de noviembre de 2019 tras un interrogatorio policial en relación con el caso de Daphne Caruana Galizia; que, desde entonces, la policía lo ha detenido, interrogado y liberado sin cargos varias veces;

K. Considerando que el ministro de Turismo también dimitió el 26 de noviembre de 2019; que el ministro de Economía suspendió sus funciones ministeriales el mismo día, pero fue reintegrado el 1 de diciembre de 2019;

L. Considerando que el primer ministro maltés ha anunciado que dimitirá tras la celebración de las elecciones a la dirección de su partido, el 12 de enero de 2020, en medio de la creciente agitación política que rodea a la investigación del asesinato;

M. Considerando que el gobierno maltés anunció el 20 de septiembre de 2019 la apertura de una investigación pública independiente del asesinato de Daphne Caruana Galizia; que, a raíz de las críticas de fondo formuladas por la familia Caruana Galizia y por los observadores internacionales, el primer ministro designó a dos nuevos miembros de la comisión de investigación y cambió significativamente el alcance de la misma, de manera que ahora satisface a todas las partes;

N. Considerando que el sospechoso de ser el intermediario en el asesinato obtuvo el indulto presidencial el 25 de noviembre de 2019, a la exclusiva discreción del primer ministro, a cambio de información que conduzca al cerebro, siempre que toda la información quede corroborada por pruebas; que el presunto cerebro, cuyo abogado declaró públicamente que podía facilitar información sobre la trama del asesinato y la corrupción en la que están involucradas personas cercanas al primer ministro, incluido su anterior jefe de Gabinete y el antiguo ministro de Turismo, vio denegada su solicitud de indulto por el primer ministro individualmente una primera vez y por el Consejo de Ministros una segunda vez siguiendo las recomendaciones del comisario de policía y del fiscal general;

O. Considerando que docenas de organizaciones de la sociedad civil, agencias de medios de comunicación, organizaciones estudiantiles y sindicatos y asociaciones profesionales como la patronal maltesa, la Cámara de Comercio e Industria y el Colegio de Abogados han pedido públicamente al primer ministro que dimita con efecto inmediato;

P. Considerando que persisten graves preocupaciones en cuanto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Malta; que este hecho amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, lo que podría dar lugar a una peligrosa interconexión entre grupos de delincuentes y autoridades públicas;

Q. Considerando que, a pesar de los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales, no se ha encontrado ninguna solución para el memorial provisional de La Valeta, pues la legislación y el enfoque del gobierno no han cambiado y empleados de la administración pública eliminan prácticamente a diario los objetos de recuerdo depositados;

Libertad de los medios de comunicación

R. Considerando que la familia de Daphne Caruana Galizia sigue enfrentándose a campañas de odio y a numerosas demandas por difamación, también por parte de componentes del gobierno maltés, y que varios funcionarios gubernamentales, incluido el primer ministro, han indicado que no ven la razón por la que deberían retirarse tales demandas por difamación;

S. Considerando que, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras de 2019, Malta ocupa el puesto 77, tras caer desde el puesto 65 en 2018 y el 47 en 2017[7];

T. Considerando que la calificación del espacio cívico de Malta ha pasado de «abierto» a «restringido» en el monitor de Civicus para 2019; que Civicus describe el entorno para periodistas como cada vez más hostil, en especial para quienes informan sobre la corrupción, y afirma que la impunidad tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia ha creado el espacio para que el Estado intimide y hostigue a los activistas y a quienes defienden la justicia[8];

U. Considerando que los periodistas y, en particular, si bien no exclusivamente, los periodistas de investigación, se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública» (SLAPP por sus siglas en inglés) destinadas simplemente a frustrar su trabajo;

V. Considerando que, tras una conferencia de prensa celebrada en la oficina del primer ministro el 29 de noviembre de 2019, se prohibió temporalmente que los periodistas abandonaran la sala y el edificio; que la falta de seguridad de los periodistas y la reducción del espacio para la sociedad civil provocada por el acoso y la intimidación están deteriorando la labor de supervisión del poder ejecutivo y erosionando el compromiso cívico de la ciudadanía;

Blanqueo de capitales y corrupción

W. Considerando que el informe de la investigación «Egrant» no está disponible para el público; que las conclusiones de que se dispone no confirman las denuncias que vinculan la propiedad de Egrant Inc. con el primer ministro maltés y su esposa; que solamente el primer ministro, el ministro de Justicia, el jefe del Gabinete del Primer Ministro y el responsable de Comunicaciones del primer ministro tienen acceso al informe de investigación completo, sin expurgar, que está pendiente de edición; que no se inició posteriormente ninguna investigación para descubrir al propietario real de Egrant, punto que sigue pendiente de clarificación;

X. Considerando que se están llevando a cabo cinco investigaciones judiciales sobre las denuncias de corrupción, es decir, una investigación del Pilatus Bank, una sobre una cantidad de dinero transferida entre el antiguo jefe del Gabinete del Primer Ministro y el auditor de Nexia BT, una investigación sobre los sobornos entre el antiguo jefe del Gabinete del Primer Ministro y Adrian Hillman del Times of Malta, una sobre 17 Black Ltd. y otras dos empresas, Tillgate y Hearnville, y una investigación sobre Vitals;

Y. Considerando que, entre mayo de 2016 y noviembre de 2019, el jefe de Gabinete del Primer Ministro y el actual ministro de Turismo y antiguo ministro de Energía de Malta fueron los únicos funcionarios gubernamentales de alto rango en ejercicio de todos los Estados miembros de la Unión que figuraban como propietarios reales de una sociedad incluida en los papeles de Panamá;

Z. Considerando que uno de los presuntos cerebros del asesinato es propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd., quien anteriormente fue miembro del consejo de administración de la empresa Electrogas Malta Ltd., que participó en la ejecución del acuerdo a largo plazo para suministrar gas de Azerbaiyán a Malta;

AA. Considerando que, en su informe de 12 de septiembre de 2019, el órgano de lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, pidió a las autoridades maltesas que reforzaran la aplicación práctica de sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidió aplicar su procedimiento de seguimiento reforzado e invitó a Malta a que le informara en diciembre de 2020; que, según el informe, las autoridades policiales no están actualmente en condiciones de perseguir de manera efectiva y oportuna casos complejos de blanqueo de capitales de alto nivel relacionados con delitos financieros, de soborno y de corrupción[9];

AB. Considerando que el órgano de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, concluyó, en su informe de 22 de marzo de 2019, que se está cuestionando la eficacia de las instituciones públicas implicadas en los controles y contrapesos, puesto que el país se ha enfrentado en los últimos años a una oleada de controversias sin precedentes en lo que se refiere a la integridad de altos funcionarios del Estado hasta el más alto nivel[10];

AC. Considerando que, en el informe de 2019 sobre el Semestre Europeo relativo a Malta (SWD(2019)1017), la Comisión mencionó que el marco institucional de lucha contra la corrupción presenta deficiencias, y que existe el riesgo de conflicto de intereses en distintos niveles de gobierno;

AD. Considerando que en un informe de la Comisión de septiembre de 2019 se señala que Malta presenta el mayor porcentaje de evasión fiscal de Europa por un amplio margen, y se revela que los ciudadanos malteses poseen una importante riqueza extraterritorial y colocan sus bienes en el extranjero[11],

AE. Considerando que en un informe emitido por el Banco Central Europeo en el verano de 2019 se señalan graves deficiencias que podrían haber permitido durante años el blanqueo de capitales u otras actividades delictivas en Bank of Valletta, a pesar de las reiteradas advertencias;

AF. Considerando que el GRECO concluyó además que la Comisión Permanente contra la Corrupción difícilmente puede considerarse un organismo especializado que aspire a facilitar la investigación de la corrupción, y que su contribución a los esfuerzos de Malta en materia de lucha contra la corrupción ha sido insignificante[12];

Régimen de ciudadanía y residencia para inversores

AG. Considerando que en 2019 se notificaron al menos cinco casos en los que se acusaba de delitos financieros graves a clientes del «régimen de ciudadanía y residencia para inversores» maltés;

AH. Considerando que un representante de la agencia de pasaportes Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. sugirió, en una entrevista encubierta del programa francés de televisión «Enquête exclusive», que sus relaciones personales con el primer ministro, el ministro de Justicia y la secretaria parlamentaria de Reformas, Ciudadanía y Simplificación de los Procedimientos Administrativos podrían tener efectos beneficiosos en el proceso de solicitud, también para clientes con antecedentes penales; que estas revelaciones plantean serias dudas acerca de la fiabilidad y el control de los programas de ciudadanía y residencia de Malta;

AI. Considerando que, el 8 de noviembre de 2019, el Gobierno maltés publicó un informe de la Oficina del regulador del programa de inversores individuales (IIP, por sus siglas en inglés) en relación con una investigación sobre Chetcuti Cauchi Advocates en su calidad de agente del IIP; que en este informe se afirma, en su resumen ejecutivo, que en el marco del análisis no se ha descubierto ninguna señal de alerta que respalde, total o parcialmente, las supuestas alegaciones[13];

AJ. Considerando que Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. presentó la primera solicitud que fue aceptada en el marco del nuevo programa de inversores individuales de Malta y que se le concedió el estatuto privilegiado de «agente autorizado» en 2016, por cumplir los requisitos de calidad, fiabilidad y volumen establecidos por Identity Malta; que un vídeo promocional de la empresa fue rodado en Auberge de Castille, donde se encuentra la Oficina del Primer Ministro, y que en dicho vídeo aparecía también la secretaria parlamentaria de ciudadanía; que, el 23 de septiembre de 2019, el Gobierno suspendió las licencias de agente de ciudadanía IIP 001 e IIP 124, por haber divulgado la empresa «información engañosa»;

AK. Considerando que la aplicación de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores por los Estados miembros de la Unión conlleva riesgos importantes en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales, socava la confianza mutua y la integridad del espacio Schengen, permite la admisión de nacionales de terceros países únicamente sobre la base de la riqueza acumulada y no en función de conocimientos, capacidades o consideraciones humanitarias útiles, y que constituye la venta efectiva de la ciudadanía de la Unión; que la Comisión ha declarado explícitamente que no respalda los regímenes malteses de ciudadanía y residencia para inversores;

Reforma constitucional

AL. Considerando que la Comisión de Venecia estableció, en su dictamen sobre Malta adoptado en su 117.ª sesión plenaria de los días 14 y 15 de diciembre de 2018[14], una serie de propuestas de reformas constitucionales;

AM. Considerando que Malta ha iniciado un debate acerca de un proceso de reformas constitucionales, bajo la supervisión de su presidente, en el que participan diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil, y que la aplicación de la mayor parte de estas reformas exigirá una mayoría de dos tercios en el Parlamento; que está en curso un proceso de reforma que aborda el controvertido papel constitucional del Fiscal General y el sistema actual de nombramientos judiciales;

AN. Considerando que el Parlamento Europeo y otras muchas instituciones internacionales han expresado reiteradamente su preocupación por la imparcialidad de la aplicación de la ley, la separación de poderes y la independencia del poder judicial en Malta, especialmente por lo que respecta a la politización y a la falta de transparencia en los procesos de selección y nombramiento, como en el caso del puesto de Jefe de la Policía;

AO. Considerando que, el 17 de julio de 2019, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación» (COM (2019)0343), a raíz de varias Resoluciones del Parlamento Europeo de amplio respaldo[15], en la que se propone un mecanismo exhaustivo e independiente para supervisar la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales con una periodicidad anual en todos los Estados miembros;

1. Expresa su profunda preocupación por la integridad y la credibilidad de las investigaciones del asesinato de Daphne Caruana Galizia; observa las percepciones negativas generalizadas de las acciones del Gobierno en este sentido, así como la merma de confianza y credibilidad en las instituciones; subraya que una confianza indiscutible en el proceso de investigación, tanto de los ciudadanos malteses como de la comunidad europea, reviste una importancia fundamental; reconoce los avances en las investigaciones del asesinato de Daphne Caruana Galizia; subraya, no obstante, que el caso sigue abierto, dado que las investigaciones siguen en curso;

2. Destaca que todo riesgo de comprometer las investigaciones, ya sea real o percibido, debe excluirse por todos los medios; destaca asimismo que este riesgo persistirá mientras el primer ministro permanezca en el cargo;

3. Se muestra muy preocupado por el hecho de que muchas otras investigaciones sobre casos relacionados de blanqueo de capitales y corrupción no han avanzado o ni siquiera se han puesto en marcha, especialmente en lo que se refiere al antiguo jefe de Gabinete del Primer Ministro y el antiguo ministro de Turismo; pide a las autoridades maltesas que pongan en marcha y avancen en estas investigaciones;

4. Reitera su llamamiento en favor de la participación plena y continua de Europol en todos los aspectos de la investigación del asesinato y todas las investigaciones conexas; pide que se refuerce la participación de Europol, habida cuenta de los resultados logrados;

5. Lamenta profundamente que los acontecimientos de los últimos años en Malta hayan dado lugar a amenazas graves y persistentes al Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, incluida la libertad de los medios de comunicación, la independencia de la policía y del poder judicial y la libertad de reunión pacífica; lamenta la falta de garantías constitucionales adecuadas con respecto a la separación de poderes;

6. Lamenta que, en los últimos años, la Comisión se haya abstenido de adoptar medidas concretas contra el Gobierno de Malta a pesar de los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo; insta a la nueva Comisión a que entable un diálogo con el Gobierno maltés en el contexto del Marco del Estado de Derecho sin más retrasos injustificados;

7. Toma nota de que el proceso de reforma para abordar el controvertido papel constitucional del Fiscal General y el sistema actual de nombramientos judiciales y progresión profesional, propuesto por la Comisión de Venecia, se encuentra en las últimas fases; insta al Parlamento y al Gobierno de Malta a que apliquen plena y puntualmente todas las recomendaciones restantes de la Comisión de Venecia y el GRECO;

8. Toma conocimiento de los comentarios de la Sra. Jourová, vicepresidenta de la Comisión, en los que afirma que la no realización de reformas judiciales por parte de Malta podría servir de base para la activación de un procedimiento en virtud del artículo 7;

9. Señala que la protección de los periodistas de investigación y los denunciantes de irregularidades reviste un interés vital para la sociedad; pide a las autoridades maltesas que garanticen en todo momento y a toda costa la protección de la seguridad personal y los medios de subsistencia de los periodistas de investigación y los denunciantes de irregularidades y, en consecuencia, de su independencia;

10. Pide a los Emiratos Árabes Unidos que cooperen con las autoridades maltesas y europeas y que garanticen que los fondos bloqueados en las cuentas bancarias de 17 Black sigan estándolo hasta que se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva; pide a la Comisión y a las autoridades maltesas que utilicen todos los instrumentos a su disposición para garantizar la cooperación de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y una asistencia jurídica adecuada en todas las investigaciones;

11. Reitera la necesidad inminente de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como ha propuesto el Parlamento, en forma de pacto interinstitucional para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consistente en un examen anual independiente, basado en pruebas y no discriminatorio, que evalúe, en igualdad de condiciones, el cumplimiento por parte de todos los Estados miembros de la UE de los valores estipulados en el artículo 2 del TUE, con recomendaciones específicas por país (el informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales), que iría seguido de un debate interparlamentario y un ciclo político permanente sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en las instituciones de la UE[16]; pide de nuevo a la Comisión que presente propuestas para evitar las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública»;

12. Pide una vez más al Gobierno de Malta que ponga fin a sus regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, y que encargue una investigación independiente y a escala internacional sobre las repercusiones de esta venta de la ciudadanía y la residencia en las capacidades de ejecución de las autoridades maltesas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, en otras modalidades de delincuencia transfronteriza y en la integridad del espacio Schengen; pide a la Comisión que siga supervisando y evaluando todos los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores existentes y que tome las medidas adecuadas, tal como se propone en Resoluciones anteriores; pide al Consejo que someta a debate la cuestión[17];

13. Pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos y procedimientos a su disposición para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (especialmente en cuanto a la investigación y ejecución en la lucha contra el blanqueo de capitales y la independencia de las autoridades competentes), supervisión bancaria, independencia judicial, contratación pública y planificación y desarrollo urbano; pide a las autoridades maltesas que cumplan todas las recomendaciones del MONEYVAL;

14. Lamenta que, a pesar de los reiterados llamamientos, el Gobierno no haya avanzado en la búsqueda de una solución para el monumento improvisado en petición de justicia para Daphne Caruana Galizia; pide al primer ministro que ponga fin de inmediato a la destrucción casi diaria del monumento improvisado en La Valeta;

15. Recuerda de nuevo a su presidente que hace ya tiempo que debería haberse atendido su petición de crear un premio europeo de periodismo de investigación Daphne Caruana Galizia que distinga anualmente trabajos destacados de periodismo de investigación en Europa;

16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al presidente de la República de Malta.

 

[1] DO C 482 de 23.12.2016, p. 117.

[2] DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0456.

[4] DO C 356 de 4.10.2018, p. 29.

[5] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.

[6] Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000015/2019 a la Comisión – B8-0017/2019.

[7] https://rsf.org/es/malta

[8] Monitor Civicus, «People Power Under Attack 2019».

[9] Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report, julio de 2019.

[10] GRECO, Quinta ronda de evaluación — Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad — Informe de evaluación — Malta, 3 de abril de 2019.

[11] Comisión Europea, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion by Individuals, septiembre de 2019.

[12] GRECO, Quinta ronda de evaluación — Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad — Informe de evaluación — Malta, 3 de abril de 2019.

[13] Office of the Regulator of the Individual Investor Programme, Analysis of IIP Applications presented by Chetcuti Cauchi Advocates, 8 de noviembre de 2019.

[14] Malta - Dictamen sobre las disposiciones constitucionales y la separación de poderes, adoptado por la Comisión de Venecia en su 117.ª sesión plenaria (Venecia, 14-15 de diciembre de 2018).

[15] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DO C 215 de 19.6.2018, p. 162); Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales P8_TA(2018)0456.

[16] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DO C 215 de 19.6.2018, p. 162); Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales P8_TA(2018)0456.

[17] Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales, (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0240); Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0328); Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta (Textos Aprobados, P7_TA(2014)0038).

Última actualización: 18 de diciembre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad