Procedimiento : 2019/2978(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0253/2019

Textos presentados :

B9-0253/2019

Debates :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Votaciones :

PV 19/12/2019 - 6.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0111

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0253/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 47k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2978(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík, David Lega</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0251/2019

B9‑0253/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua

(2019/2978(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Nicaragua, en particular las de 18 de diciembre de 2008[1], 26 de noviembre de 2009[2], 16 de febrero de 2017[3], 31 de mayo de 2018[4] y 14 de marzo de 2019[5],

 Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica de 2012,

 Vistos el Documento de Estrategia Nacional y el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020 de la Unión sobre Nicaragua,

 Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Nicaragua, en especial las de 14 de octubre de 2019, en las que se establece un marco para sanciones específicas,

 Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la situación en Nicaragua, en especial las de 20 de noviembre de 2019,

 Vista la declaración, de 19 de noviembre de 2019, de Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

 Visto el informe, de 19 de noviembre de 2019, de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA),

 Vistos los boletines del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos y Civiles y Políticos de 1966,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

 Vistas las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos, de junio de 2004,

 Vista la Constitución de Nicaragua,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que los defensores de los derechos humanos y otras voces críticas frente al historial de derechos humanos del gobierno de Nicaragua son cada vez más objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, campañas de difamación en línea, acoso, vigilancia, agresiones y persecución judicial; que las organizaciones internacionales de derechos humanos informan de que más de 80 000 personas se han visto obligadas a abandonar Nicaragua debido a la crisis actual, mientras que la represión se ha acentuado;

B. Considerando que, según las últimas cifras del MESENI, 328 personas han muerto y se han producido cientos de heridos, más de 150 presos políticos siguen encarcelados de manera arbitraria únicamente por ejercer sus derechos y 144 estudiantes han sido expulsados de las universidades por haber participado en manifestaciones a favor de la democracia, de mayores libertades y del respeto de los derechos humanos; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha informado de que más de 100 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han tenido que abandonar el país;

C. Considerando que el respeto de la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de reunión y expresión son derechos fundamentales y pilares fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho;

D. Considerando que el 14 de noviembre de 2019 ocho familiares de opositores políticos encarcelados, entre otras personas, iniciaron una huelga de hambre en el interior de la iglesia de San Miguel en Masaya, pidiendo la liberación de 130 personas presuntamente detenidas en el contexto de las protestas; que la policía rodeó la iglesia y cortó el suministro de agua y electricidad; que la policía no permitió a nadie entrar en la iglesia ni facilitar ayuda humanitaria o médica;

E. Considerando que esa misma noche un grupo de al menos trece miembros de la oposición fueron detenidos tras haber entregado agua a los rodeados por la policía, incluida Amaya Eva Coppens, una defensora de los derechos humanos nicaragüense y belga que anteriormente había cumplido ocho meses de prisión en relación con las protestas y había sido puesta en libertad el 11 de junio de 2019 en virtud de una ley de amnistía;

F. Considerando que la Fiscalía nicaragüense les acusa injustamente de varios cargos, entre ellos secuestro, tenencia ilícita de armas de fuego y terrorismo, lo que constituye una clara violación de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo; que las condiciones carcelarias en Nicaragua tampoco se atienen a las normas internacionales; que la oposición nicaragüense ha denunciado reiteradamente el uso de la tortura y la violencia sexual en las cárceles;

G. Considerando que el gobierno de Nicaragua intensifica la persecución de las familias de las víctimas de la crisis democrática, institucional y política mediante la intimidación y la vigilancia, con el objetivo de impedir la acción pública y privada en recuerdo de sus seres queridos y en su búsqueda de justicia;

H. Considerando que el gobierno de Nicaragua toma represalias contra quienes se pronuncian sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y acuden a funcionarios y mecanismos internacionales y de las Naciones Unidas;

I. Considerando que el gobierno nicaragüense ha expulsado del país a organizaciones internacionales que buscaban la resolución pacífica del conflicto y la reconciliación nacional; que la represión contra las organizaciones de la sociedad civil se ha intensificado, al verse estas privadas de su estatuto jurídico en un país con un marco institucional deficiente, lo que constituye un doble castigo para las víctimas de la represión;

J. Considerando que se ha impedido que altos funcionarios de algunos Estados miembros entren en Nicaragua en varias ocasiones;

K. Considerando que el gobierno de Nicaragua no muestra interés alguno en reanudar un diálogo creíble e integrador con la Alianza Cívica ni en aplicar plenamente los acuerdos de marzo de 2019;

L. Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación celebrado en 2012 entre la Unión Europea y los países de Centroamérica; que este acuerdo incluye una cláusula democrática, que es un elemento esencial del mismo; que, dadas las circunstancias actuales, debe activarse la cláusula democrática y suspender a Nicaragua del acuerdo;

1. Condena todas las acciones represivas del gobierno de Nicaragua, en particular las muertes provocadas, la restricción generalizada de la libertad de expresión, reunión y manifestación, la ilegalización de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, la expulsión del país de organizaciones internacionales, el cierre y las agresiones contra los medios de comunicación, las limitaciones del derecho de información y la expulsión de estudiantes de las universidades;

2. Insta al gobierno de Nicaragua a que ponga fin a la persistente represión de la disidencia y al actual modelo de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, y a que se abstenga de criminalizar, perseguir y atacar a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, familias de víctimas y otras voces disidentes;

3. Pide la puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluida Amaya Eva Coppens, la retirada de todos los cargos contra ellos y el respeto de sus salvaguardias jurídicas fundamentales; pide que los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho rindan cuentas;

4. Celebra la decisión del Consejo de adoptar un marco para sanciones específicas destinadas a los responsables de violaciones de los derechos humanos, abusos y represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua; pide a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre la lista concreta de personas y entidades que serán sancionadas, entre ellas, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo;

5. Condena la falta de voluntad del gobierno de Nicaragua para reanudar un diálogo interno significativo; pide a las autoridades que reanuden el diálogo con la Alianza Cívica con miras a alcanzar una solución democrática, sostenible y pacífica que permita la plena aplicación de los acuerdos de marzo de 2019; destaca la necesidad de garantizar las libertades políticas y civiles para todos los nicaragüenses, el regreso de los exiliados, el retorno de las organizaciones internacionales y la cooperación con estas, y el establecimiento de un proceso electoral creíble que garantice elecciones inmediatas, justas y transparentes con presencia de observadores internacionales;

6. Pide al VP/AR y a la Delegación de la Unión en Nicaragua que supervisen estrechamente los acontecimientos en el país y que sigan abordando los problemas de derechos humanos que afectan a reclusos, estudiantes, manifestantes, familias de víctimas y periodistas, entre otros, derivados de la situación en el país;

7. Pide que se envíe cuanto antes a Nicaragua una delegación del Parlamento con el fin de reanudar el seguimiento de la situación en el país, e insta a las autoridades nicaragüenses a que permitan la entrada sin restricciones en el país, además del acceso a cualesquiera interlocutores e instalaciones;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

[1] DO C 45 E de 23.2.2010, p. 89.

[2] DO C 285 E de 21.10.2010, p. 74.

[3] DO C 252 de 18.7.2018, p. 189.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0238.

[5] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0219.

Última actualización: 18 de diciembre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad