Procedimiento : 2019/2993(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0276/2019

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B9-0276/2019

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PV 18/12/2019 - 22
CRE 18/12/2019 - 22

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PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
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Textos aprobados :


<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0276/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 50k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento</TitreRecueil>


<Titre>sobre la violenta represión de las recientes protestas en Irán</Titre>

<DocRef>(2019/2993(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Cornelia Ernst, Manuel Bompard</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0276/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la violenta represión de las recientes protestas en Irán

(2019/2993(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán, y especialmente la de 19 de septiembre de 2019 sobre Irán, en particular la situación de los defensores de los derechos de la mujer y de los nacionales de la Unión con doble nacionalidad encarcelados[1], la de 14 de marzo de 2019 sobre Irán, en especial el caso de los defensores de los derechos humanos[2], la de 13 de diciembre de 2018 sobre Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé[3], la de 31 de mayo de 2018 sobre la situación de las personas encarceladas en Irán que poseen la doble nacionalidad iraní y de un Estado miembro de la UE[4], la de 3 de abril de 2014 sobre la estrategia de la Unión Europea respecto de Irán[5], la de 8 de octubre de 2015 sobre la pena de muerte[6], y de 25 de octubre de 2016 sobre la estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear[7],

 Vista la declaración, de 8 de diciembre de 2019, realizada en nombre de la Unión por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell Fontelles, sobre las recientes protestas en Irán,

 Vista la declaración del portavoz acerca de lo ocurrido en Irán, de 21 de noviembre de 2019,

 Vistas las directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura y sobre la libertad de expresión dentro y fuera de internet,

 Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

 Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas, de 30 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

 Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 8 de febrero de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que los Estados Unidos reintrodujeron las sanciones económicas a Irán tras el abandono del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) por parte del presidente Donald Trump en mayo de 2018; que el presidente Trump afirma que desea aplicar la «máxima presión» al Gobierno iraní para «obligarlo a renegociar el acuerdo»; que en mayo de 2019 el Gobierno de los Estados Unidos puso fin a las exenciones de las sanciones secundarias impuestas por los Estados Unidos a los principales importadores de petróleo iraní, impidiendo a los países terceros comprar petróleo iraní; que el presidente Trump declaró que objeto de la decisión era «reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán, privando al régimen de su principal fuente de ingresos»; que el 14 de febrero de 2019 el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró a CBS News que «las cosas van a peor para el pueblo iraní [con las sanciones estadounidenses], y estamos convencidos de provocarán un levantamiento del pueblo iraní para cambiar la política del régimen»; que Brian Hook, actual supervisor de la política estadounidense para Irán, ha admitido que «consideramos que los derechos humanos son un problema importante en lo que respecta a las relaciones de los Estados Unidos con China, Rusia, Corea del Norte e Irán» porque «presionar a estos regímenes en la cuestión de los derechos humanos es una forma de imponer costes, aplicar una contrapresión y recuperar la iniciativa desde el punto de vista estratégico»; que en diciembre de 2019 los Estados Unidos impusieron sanciones a la mayor compañía naviera y a la mayor aerolínea de Irán por supuestamente ayudar a Teherán a desarrollar misiles balísticos, lo que contraviene las sanciones de las Naciones Unidas;

B. Considerando que el restablecimiento de las sanciones estadounidenses en 2018, en particular las impuestas a los sectores de la energía, finanzas y transporte marítimo, afectan en particular a las exportaciones de petróleo, que constituyen la principal fuente de ingresos en divisas del país; que, como resultado de las sanciones, el producto interior bruto de Irán (PIB) se contrajo un 4,8 % en 2018 y se prevé que disminuya en otro 9,5 % en 2019, según el Fondo Monetario Internacional (FMI);

C. Considerando que los Estados Unidos limitaron el acceso de Irán a los mercados financieros mundiales añadiendo a una veintena de instituciones iraníes a la lista SDGT (personas o entidades especialmente identificados como terroristas internacionales) y añadiendo al menos a 37 bancos estatales y privados iraníes, y a la petrolera estatal iraní a la lista de personas físicas y jurídicas bloqueadas (SDN) sometidas a sanciones; que cualquier empresa que efectúe transacciones con personas incluidas en la SDN puede ser llevada a juicio en los Estados Unidos, lo que crearía un riesgo significativo para las empresas, los bancos y las instituciones financieras mundiales que son esenciales para facilitar la importación de productos en Irán, incluidos medicamentos y equipos médicos esenciales;

D. Considerando que las reservas de divisas de Irán se han reducido a 86.000 millones de dólares, un 20 % por debajo de su nivel de 2013; que, además, según el supervisor Brian Hook, Irán tiene actualmente acceso a apenas un 10 % de estas reservas debido a las restricciones en su sector financiero;

E. Considerando que la moneda iraní ha perdido el 50 % de su valor frente al dólar estadounidense desde que los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear; que la caída del rial se atribuye a los problemas económicos de Irán y a una elevada demanda de divisas por parte de los iraníes, que han visto disminuir drásticamente el valor de sus ahorros y de su poder adquisitivo;

F. Considerando que el presidente Rohani consiguió reducir la inflación al 9 % en 2017; que según el FMI la inflación se disparó hasta el 30,5 % en 2018 y que para 2019 prevé que alcance el 35,7 %; que según el Banco Mundial la inflación en Irán ha sido especialmente elevada para los alimentos —con un incremento interanual del 116 % en abril de 2019 en el caso de los productos cárnicos—, y que la población rural se ha visto afectada de forma desproporcionada; que según el Centro Estadístico de Irán el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual para los hogares se situaba en un 42 % a finales de octubre de 2019; que los precios de los alimentos y las bebidas crecieron un 61 % interanual;

G. Considerando que las sanciones estadounidenses contra los bancos iraníes han reducido drásticamente la capacidad de Irán para financiar las importaciones humanitarias, lo que supone una grave amenaza al derecho de los iraníes a la salud y al acceso a medicamentos esenciales, además de contribuir casi con toda certeza a carencias documentadas, que van desde la falta de fármacos esenciales para los pacientes con epilepsia a las limitaciones en los tratamientos de quimioterapia para los enfermos de cáncer; que las personas más afectadas por estas sanciones son los iraníes con enfermedades o afecciones raras que requieren tratamientos especializados y que no pueden adquirir medicamentos o suministros antes accesibles, incluidas los pacientes de leucemia, de epidermólisis ampollar o de epilepsia, y las personas aquejadas de lesiones oculares crónicas derivadas de la exposición a armas químicas durante la guerra entre Irán e Irak;

H. Considerando que la Unión ha reafirmado su compromiso con el PAIC, en particular con respecto a las disposiciones sobre comercio e inversiones extranjeras, y ha adoptado medidas para proteger su comercio y sus intereses económicos legítimos; que una de las medidas más notables ha sido el instrumento en apoyo de los intercambios comerciales (INSTEX), una entidad instrumental especial europea diseñada con el objetivo específico de mantener el comercio con Irán; que todas estas medidas fracasaron debido a la interdependencia asimétrica de Europa con la economía estadounidense, al tamaño de los mercados estadounidenses y al papel internacional del dólar estadounidense; que la Unión debe empezar urgentemente a desarrollar su autonomía estratégica en ámbitos como el comercio y los sistemas bancarios;

I. Considerando que, en julio de 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán mostró «su preocupación por el hecho de que las sanciones y las restricciones bancarias afecten indebidamente a la seguridad alimentaria y la disponibilidad y distribución de los medicamentos, los equipos y los suministros farmacéuticos, pero también por su posible efecto negativo en las Naciones Unidas y en otro tipo de operaciones y programas en el país3»;

J. Considerando que en 2019 la tasa de desempleo en Irán alcanzó al 16,8 %, frente al 14,5 % de 2018;

K. Considerando que, en noviembre de 2019, el Gobierno iraní anunció inesperadamente su intención de recortar las subvenciones a la gasolina en un 50 % y que los conductores de automóviles privados solo podían comprar 60 litros al mes; que, de este modo, el Gobierno iraní se atuvo a lo aconsejado por el FMI en sus consultas de 2018 en virtud del artículo IV; que el aumento de los precios de la gasolina se suma a la dramática situación económica y social resultado de las sanciones estadounidenses;

L. Considerando que el 15 de noviembre de 2019 estallaron protestas en más de 100 localidades de Irán después de anunciarse que el precio del combustible aumentaría un 50 %; que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), existen informaciones contradictorias sobre si había o no personas armadas entre los manifestantes;

M. que, según informes de las Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas con uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos, porras y, en algunos casos, munición real contra manifestantes desarmados que no suponían una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves; que, según diversas informaciones, en los disparos contra los manifestantes participaron miembros de la milicia Basij y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG);

N. Considerando que, según fuentes de las Naciones Unidas, durante los cinco días de manifestaciones, en las que según fuentes oficiales gubernamentales participaron entre 120 000 y 200 000 personas, al menos 208 de ellas resultaron muertas, incluidas 13 mujeres y 12 niños; que algunas informaciones —no confirmadas hasta la fecha por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)— apuntan a un número de víctimas mortales que duplicaría el indicado;

O. que, según la OACDH, diversas informaciones denuncian que en las prisiones se está denegando la atención médica a las personas que resultaron heridas durante la represión;

P. Considerando que desde que estallaron las protestas masivas el 15 de noviembre de 2019 al menos 7 000 personas habrían sido detenidas en 28 de las 31 provincias de Irán; Considerando que el ACNUDH ha expresado su profunda preocupación por el trato físico dispensado a estas personas, por las violaciones de su derecho a un juicio justo y por la posibilidad de que un número significativo de ellas sean acusadas de delitos castigados con la pena capital, amén de por las condiciones en que permanecen recluidas; que, según diversas informaciones, las fuerzas de seguridad siguen llevando a cabo batidas en todo el país para detener a personas en sus hogares y lugares de trabajo;

Q. Considerando que la OACDH ha denunciado la intimidación de periodistas que tratan de informar sobre la situación tanto dentro como fuera del país, con familiares de periodistas iraníes de canales de noticias radicados fuera de Irán contactados y amenazados con represalias por parte de agentes de inteligencia iraníes;

R. Considerando que, según la OACDH, muchos de los manifestantes detenidos no tuvieron acceso a la asistencia letrada; que diversas informaciones hablan de grave hacinamiento y condiciones penosas en los centros de internamiento, que en algunas ciudades incluyen cuarteles militares, centros deportivos y escuelas, además de los centros de reclusión oficiales;

S. Considerando que el 16 de noviembre de 2019 las autoridades iraníes decretaron un cierre casi total de las comunicaciones por internet, bloqueando a su vez casi todos los medios de comunicación en línea para los residentes y sirviéndose de este modo del control de internet como medio de contención de los conflictos; que el bloqueo de las comunicaciones por internet constituye una violación del derecho a la libertad de expresión;

1. Lamenta profundamente la pérdida de vidas de tantos inocentes y expresa su profunda solidaridad con las familias de los fallecidos o heridos;

2. Condena con la máxima firmeza la represión contra los manifestantes, que ejercían su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica; insta al Gobierno iraní a que respete estos derechos y a que ejerza la máxima contención en la gestión de las protestas, de conformidad con las normas internacionales; insta a las autoridades iraníes a que garanticen la plena aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte; insiste en que no puede haber nunca excusa para el uso excesivo de la fuerza contra civiles;

3. Pide a las autoridades iraníes que lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todas las violaciones cometidas, incluidos las matanzas de manifestantes las denuncias de muertes y malos tratos en los centros de internamiento, e insiste en que los responsables deben rendir cuentas de sus actos;

4. Insta a las autoridades iraníes a que liberen inmediatamente a todos los manifestantes privados de su libertad arbitrariamente, y a que garanticen su derecho a un juicio justo, incluido el acceso a un abogado de su elección durante la fase de instrucción;

5. Insta al Gobierno de Irán a que respete el derecho de los iraníes a ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas y a que, amén de investigar las violaciones que ya se han producido, restrinja severamente el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, conforme a lo previsto en las normas internacionales pertinentes;

6. Condena todas las medidas que, de forma intencionada, prevengan o perturben el acceso o a la información en línea o la difusión de la misma, lo que supone una violación del derecho internacional en materia de derechos humanos, y pide a Irán que se abstenga de adoptar medidas de esta índole;

7. Condena la decisión adoptada el 8 de mayo de 2018 por los Estados Unidos de retirarse del PAIC, imponer sanciones severas a Irán y aplicar una estrategia de cambio de régimen para Irán;

8. Destaca el impacto negativo que las sanciones han tenido en la situación económica y social de Irán, que afecta principalmente a los iraníes y a su disfrute de sus derechos económicos y sociales; pide a la UE que inicie un sólido diálogo internacional sobre sanciones, vistos los desastrosos efectos de estas para las personas afectadas;

9. Recuerda que los derechos humanos son universales e indivisibles, y denuncia la instrumentalización de los derechos humanos con fines geopolíticos o económicos; rechaza cualquier acción internacional que vulnere los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas en cualquiera de sus aspectos;

10. Reitera que el respeto de los derechos humanos es un componente fundamental en el desarrollo de las relaciones entre la UE e Irán; pide que se envíe una delegación del Parlamento a Teherán para transmitir la inquietud por los recientes acontecimientos y debatir sobre las cuestiones que preocupan a ambas partes;

11. Pide que se inicien esfuerzos para lograr, a escala de toda la región, la reconciliación y el diálogo, el control del armamento y el desarme;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Irán, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

 

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0019.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0204.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0525.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0231.

[5] DO C 408 de 30.11.2017, p. 39.

[6] DO C 349 de 17.10.2017, p. 41.

[7] DO C 215 de 19.6.2018, p. 86.

Última actualización: 18 de diciembre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad