Procedimiento : 2019/2956(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0040/2020

Textos presentados :

B9-0040/2020

Debates :

Votaciones :

PV 15/01/2020 - 10.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0005

<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2020</NoDocSe>
PDF 236kWORD 78k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Pacto Verde Europeo</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0040/2020

B9‑0040/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo

(2019/2956(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el principio de cautela consagrado en el artículo 191 del TFUE,

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad[1],

 Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

 Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

 Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB),

 Vistos los datos científicos más recientes y completos sobre los efectos nocivos del cambio climático facilitados en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Global Warming of 1.5 °C» (Calentamiento global de 1,5 °C), su quinto informe de evaluación (AR5) y su informe de síntesis al respecto, su informe especial sobre el cambio climático y la tierra y su informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

 Vista la grave amenaza de pérdida de diversidad biológica descrita en el resumen para responsables políticos del informe de evaluación global de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, de 29 de mayo de 2019, de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas,

 Vista la 25.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP25), celebrada en Madrid (España) del 2 al 15 de diciembre de 2019,

 Vistos la 26.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC, que se celebrará en diciembre de 2020, y el hecho de que todas las Partes en la CMNUCC deben aumentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París,

 Vista la 15.ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), que se celebrará en Kunming (China) en octubre de 2020, en la que las Partes deben decidir el marco mundial posterior a 2020 para detener la pérdida de biodiversidad,

 Visto el décimo informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de noviembre de 2019 (Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019),

 Visto el primer informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la producción de combustibles fósiles de diciembre de 2019 (Informe sobre la Brecha de Producción 2019),

 Visto el informe titulado «El medio ambiente en Europa - Estado y perspectivas 2020» de la Agencia Europea de Medio Ambiente,

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Visto que se han cruzado cuatro de los nueve límites del planeta definidos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo para medir un espacio de actuación seguro para la humanidad y el estado general del sistema Tierra,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

 Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París[2],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)[3],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[4],

 Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019 sobre el cambio climático,

 Vistas las conclusiones y recomendaciones del Comité de Cumplimiento en relación con el asunto ACCC/C/2008/32 (parte II) sobre el cumplimiento por parte de la Unión Europea, adoptadas por el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus el 17 de marzo de 2017,

 Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DRM)[5],

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre la gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030[6],

 Visto el Reglamento (UE) nº 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas[7],

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común[8]

 Vista la Declaración Ministerial de Malta MedFish4Ever, de 30 de marzo de 2017,

 Vista la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental 2019 (COM(2019)0149),

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la evidencia científica de un peligro grave e inminente para el bienestar humano en el planeta como resultado de los daños ambientales causados por la actividad humana ha sido reconocida oficialmente por los gobiernos a nivel internacional, al menos desde la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992;

B. Considerando que Los límites del crecimiento, un informe de 1972 sobre la simulación informática de un crecimiento exponencial de la población y de la economía con un suministro finito de recursos, ha demostrado ser una advertencia científicamente rigurosa, pero lamentablemente fue ignorado por los responsables políticos durante las últimas décadas;

C. Considerando que el Informe Stern publicado en 2006 concluyó que los beneficios de una acción rápida y enérgica contra el cambio climático son muy superiores a los costes de no actuar; que, teniendo en cuenta que, sin ninguna acción, los costes globales del cambio climático serán equivalentes a una pérdida de al menos el 5 % del producto interior bruto (PIB) mundial cada año, ahora y para siempre;

D. Considerando que los últimos informes científicos de, entre otros, el FIECC, la IPBES y la AEMA dejan claro que las políticas adoptadas hasta la fecha distan mucho de evitar un rebasamiento catastrófico de la capacidad del planeta para sostener la prosperidad humana, en particular con la superación de los 1,5 °C de calentamiento global, la disminución de la biodiversidad, la perturbación de los flujos biogeoquímicos y, por lo tanto, el riesgo de colapso ecológico;

E. Considerando que estos informes, entre otros, también ponen de manifiesto que no solo existen medidas políticas y tecnologías eficaces para evitar el rebasamiento sino que son viables desde el punto de vista social y económico y que los responsables políticos deben garantizar su aplicación en la próxima década;

F. Considerando que, según la encuesta especial del Eurobarómetro publicada en abril de 2019 y la encuesta del Eurobarómetro de otoño de 2019, el cambio climático es una preocupación creciente para los ciudadanos de la Unión, ya que el 93 % de los ciudadanos de la Unión considera que el cambio climático es un problema grave;

G. Considerando que el Parlamento ha instado a la nueva Comisión a que vele por que todas sus propuestas se ajusten plenamente al objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C y a detener la pérdida de biodiversidad;

H. Considerando que la transición hacia un modelo socioeconómico sostenible e integrador presenta beneficios sociales, ambientales y económicos y evita futuros costes sociales, ambientales y económicos que superan considerablemente la inversión financiera necesaria para la transición;

I. Considerando que la Unión aprobó un importe de 5 billones EUR para rescatar a los bancos durante la crisis financiera y que el BCE movilizó 2,4 billones EUR de 2015 a 2019 para su programa de expansión cuantitativa;

J. Considerando que la literatura científica ha demostrado que una transición hacia una dieta más vegetal relajaría la presión sobre el suelo, reduciría las emisiones procedentes del sector agrícola y ayudaría a restaurar los ecosistemas;

K. Considerando que garantizar una transición justa consiste en distribuir los beneficios sin discriminación, llegar activamente a los excluidos socialmente, en particular para erradicar las desigualdades inaceptables que persisten en la Unión, a la vez que se aplica estrictamente el principio de «quien contamina paga (y no se le paga)» en la imputación de costes;

L. Considerando que el principio de cautela, consagrado en el TFUE, debe sustentar todas las medidas adoptadas en el contexto del Pacto Verde Europeo con el fin de contribuir a la protección de la salud y el medio ambiente;

M. Considerando que la Unión es responsable de aproximadamente el 10 % de las emisiones mundiales y que, por lo tanto, debe utilizar todos los medios a su alcance para asumir una posición de liderazgo internacional para aumentar el nivel de ambición de sus socios internacionales, en particular los Estados Unidos, China, la India, Rusia, Japón y Brasil;

N. Considerando que una transición justa también conlleva el derecho de las personas a un pleno acceso a la justicia y a su íntegra aplicación en relación con las obligaciones en materia de clima y medio ambiente de la Unión, sus Estados miembros y el sector privado;

O. Considerando que el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus declaró que la Unión incumple el artículo 9, apartados 3 y 4, del Convenio por lo que se refiere al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ya que ni el Reglamento sobre el Convenio de Aarhus ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplican o cumplen las obligaciones derivadas de dichos apartados, lo que hace que la revisión del Reglamento sea una obligación con arreglo al Convenio y no una opción que se deriva de la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo;

P. Considerando que, el 20 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo de los Países Bajos reconoció que el cambio climático viola los derechos humanos, en particular los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que los Estados miembros están obligados a actuar con independencia de la acción de los socios internacionales; que todos los Estados miembros son signatarios del Convenio y que el Tratado de Lisboa prevé la adhesión de la Unión al Convenio;

Q. Considerando que la Comisión inició un ejercicio de evaluación y «control de adecuación» para evaluar hasta qué punto las normas de la Unión contribuyen a luchar contra los delitos ambientales y aumentar la protección del medio ambiente, con vistas a una posible revisión de esas normas sobre los delitos ambientales; que esto debe llevarse a cabo en consonancia con las ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo;

Un plan de acción coherente e integral para abordar la emergencia climática y ambiental

1. Reitera, tras su declaración de una emergencia climática y ambiental, que es fundamental una acción inmediata y ambiciosa para limitar el calentamiento global a 1,5 °C y evitar la pérdida masiva de biodiversidad; acoge con satisfacción, en este sentido, la publicación de la Comunicación de la Comisión titulada «El Pacto Verde Europeo»; considera que la Unión debe adoptar un plan de acción transformador, integral, integrador, no discriminatorio y coherente para garantizar una transición socialmente justa, en todas las regiones y los diferentes sectores de la economía, para garantizar la prosperidad de todos dentro de los límites del planeta;

2. Hace hincapié en que debe otorgarse a todas las personas que viven en Europa el derecho fundamental a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible y a un clima estable sin discriminación, y que este derecho debe ser plenamente ejecutable a través del sistema judicial a escala nacional y de la Unión;

3. Subraya que el Pacto Verde Europeo es un proyecto transformador que requiere un cambio fundamental en la creación de valor en nuestras economías, reintegrando nuestro modelo económico en nuestra economía social de mercado; señala que, si bien la desigualdad de ingresos en la Unión entre los grupos de renta alta y baja incluso ha aumentado desde la crisis, la cuota de ingresos del 20 % en el extremo inferior ha disminuido desde 2008 hasta solo el 7,7 % de la renta nacional total; observa que el porcentaje de inversiones (privadas y públicas) en la Unión con respecto al PIB sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis, y se está perdiendo la oportunidad de destinar los niveles de ahorro persistentemente elevados a un uso productivo; señala que nuestra economía está muy financierizada, lo que da lugar a un cortoplacismo insostenible en la economía real; observa que existe un riesgo elevado de que las inversiones en combustibles fósiles se conviertan en activos obsoletos, con consecuencias potencialmente perjudiciales para los mercados financieros, los inversores y las entidades financieras;

4. Pide un Pacto Verde Europeo que aborde la situación actual de déficit de inversión y desigualdad, aprovechando el persistente contexto de bajos tipos de interés para la inversión pública y privada con vistas a la ecologización de nuestra economía, la reducción de la desigualdad y la provisión de bienes públicos fundamentales en el futuro; pide una transformación del sector financiero para reconectarlo a la economía real, al tiempo que se limita la inestabilidad financiera sistémica, en particular abordando el riesgo de activos obsoletos; reconoce que nuestras economías, al llevar a cabo una transformación radical y disruptiva, se enfrentarán a pérdidas de empleo en algunos sectores a los que el Pacto Verde Europeo puede y debe dar soluciones audaces, proporcionando nuevos empleos de calidad, seguridad social y perspectivas para las regiones más afectadas;

5. Subraya que, aunque la Unión y sus Estados miembros han logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 % entre 1990 y 2018, preservando al mismo tiempo el crecimiento económico, la huella ecológica de Europa sigue siendo considerable, como ha confirmado la Agencia Europea de Medio Ambiente; destaca que el estudio sugiere que se necesitarían 2,8 Tierras para sostener la demanda mundial de recursos naturales que requieren la producción y el consumo europeos; hace hincapié, por tanto, en que la ambición del Pacto Verde Europeo no solo debe ser reducir significativamente las emisiones internas de gases de efecto invernadero de la Unión, sino también abordar las emisiones importadas y la huella mundial total de la Unión;

6. Lamenta profundamente la definición actual del Pacto Verde Europeo de la Comisión como una «nueva estrategia de crecimiento» cuando su objetivo principal, por el contrario, debe proporcionar una prosperidad compartida dentro de los límites del planeta; insiste en que la Comisión deje claro que el aumento del valor añadido económico, tal como se ha definido tradicionalmente, está estrechamente subordinado a la eficacia en la consecución de los objetivos climáticos y otros objetivos ambientales a la hora de elegir entre opciones políticas en el marco del Pacto Verde Europeo; pide, por tanto, a la Comisión que elabore alternativas al PIB como medio para medir la prosperidad y el bienestar en la Unión y sus Estados miembros;

7. Considera que el Pacto Verde Europeo es una oportunidad única para revitalizar nuestra democracia europea hacia un modelo de gobernanza económica y pública más equitativo, integrador, cooperativo, transparente y responsable; pide a la Comisión que aproveche esta oportunidad para alcanzar estos objetivos en su enfoque para la transformación ecológica;

8. Cree firmemente que la ambición ambiental del Pacto Verde Europeo debe guiar todo el trabajo de la nueva Comisión, en particular garantizando que todas las nuevas propuestas legislativas y no legislativas, así como la legislación pertinente existente, sean coherentes con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C, para detener la pérdida de biodiversidad y respetar los límites del planeta;

9. Cree firmemente que el Pacto Verde Europeo debe promover un enfoque integrado y reunir a todos los sectores con el fin de ponerlos en la misma senda hacia el mismo objetivo; considera que la integración de las diferentes políticas en una visión holística es el verdadero valor añadido del Pacto Verde Europeo y, por tanto, debe reforzarse; pide a la Comisión que diseñe y aplique el Pacto Verde Europeo como marco general con una estructura de gobernanza adecuada y estrategias detalladas, integradas y transformadoras por sector para establecer la forma en que cada sector contribuirá a los objetivos y metas del Pacto Verde Europeo, acompañado de una estimación de las necesidades de financiación pertinentes;

10. Pide que la agenda transformadora del Pacto Verde Europeo se sitúe en el centro de un Semestre Europeo renovado a fin de garantizar, mediante medidas vinculantes, que las políticas socioeconómicas, macroeconómicas y presupuestarias de todos los Estados miembros contribuyan y sean plenamente coherentes con los objetivos y metas del Pacto Verde Europeo;

11. Insiste en que una transición justa, para no dejar realmente a nadie atrás, no puede limitarse a mitigar determinadas repercusiones económicas en las empresas, sino que, de forma imperativa, debe abordar las desigualdades económicas, regionales, geográficas, de edad, de género y de otro tipo en la Unión garantizando que los beneficios —incluidos los nuevos puestos de trabajo en los sectores ecológicos, las facturas energéticas más bajas, el aire y el agua— se distribuyan de forma que reduzcan esas desigualdades y que los costes sean asumidos principalmente por aquellos que más se han beneficiado históricamente de las actividades responsables de la emergencia climática;

12. Lamenta la falta de perspectiva, acciones y objetivos de género en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo e insta a la Comisión a que incluya la integración de la perspectiva de género y medidas en materia de clima y medio ambiente con perspectiva de género a todos los niveles; pide a la Comisión que cumpla el compromiso adquirido por la presidenta Von der Leyen de promover la igualdad de género en todas las políticas y las propuestas del vicepresidente Timmermans de seguir un «enfoque de doble vía en materia de género y cambio climático» y «adoptar medidas para corregir las cuestiones de género y clima en todos los aspectos de la política europea de desarrollo»; recuerda que, para alcanzar los objetivos climáticos a largo plazo, es fundamental una participación significativa y equitativa de las mujeres en los órganos de toma de decisiones y en la política y la acción climática a escala de la Unión, nacional y local;

Un mayor nivel de ambición climática de la Unión para 2030 y 2050

13. Acoge con satisfacción el reconocimiento de que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión no están en consonancia con el compromiso de la Unión de respetar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen urgentemente la acción por el clima; pide a la Comisión que presente, a más tardar en marzo de 2020, una ley europea sobre el clima ambiciosa que establezca un presupuesto de carbono para la Unión y consagre en el Derecho de la Unión, sobre la base de la responsabilidad de la Unión de actuar con arreglo a la evidencia científica más reciente siguiendo vías compatibles con el objetivo de mantener el calentamiento del planeta por debajo de 1,5 °C, un objetivo más amplio para todos los sectores de la economía de al menos un 65 % de reducción de las emisiones internas de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990, así como el objetivo de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en la Unión para 2040;

14. Pide a la Comisión que revise y armonice, tan pronto como sea posible, y a más tardar en junio de 2021, todos los instrumentos políticos de la Unión relacionados con el clima y la energía con este aumento de la ambición en materia climática a medio y largo plazo, y que colme con carácter urgente cualquier laguna o incoherencia que exista en las políticas actuales de la Unión o en sus compromisos internacionales, en particular en lo que se refiere al tratamiento de los biocombustibles y de la biomasa forestal en el marco de la Directiva sobre fuentes de energía renovables y el RCDE UE, y que presente, a más tardar en junio de 2020, un plan estratégico de la Unión para el metano que incluya objetivos de reducción gradual específicos, instrumentos y opciones políticas para abordar rápidamente y reducir drásticamente las emisiones de metano en todos los sectores pertinentes, a saber, la agricultura, los residuos y la energía;

15. Lamenta que la Comisión no haya previsto específicamente en el Pacto Verde Europeo ningún plan para revisar los Reglamentos sobre los gases fluorados; pide a la Comisión que aproveche la oportunidad de la revisión del Reglamento sobre los gases fluorados para abordar las deficiencias conocidas que ponen en peligro las ambiciones de la Unión en materia de clima, como el comercio ilegal de hidrofluorocarburos (HFC) y las medidas insuficientes contra el uso del hexafluoruro de azufre (SF6);

16. Acoge con satisfacción el objetivo de garantizar una tarificación eficaz del carbono en todos los sectores económicos y pide a la Comisión que lleve a cabo una reforma ambiciosa del RCDE UE para lograr la neutralidad climática antes de 2040, en particular mediante un aumento sustancial del factor de reducción lineal, poniendo fin a todos los derechos de emisión gratuitos, introduciendo un precio mínimo y efectivo del carbono y ampliando el RCDE UE al transporte marítimo; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de introducir un mecanismo de ajuste del carbono en frontera para garantizar unas condiciones de competencia equitativas en el comercio internacional; considera que la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía debe poner fin a la exención fiscal injusta y perjudicial para el medio ambiente que se aplica actualmente a los combustibles del transporte aéreo y marítimo y garantizar una tarificación eficaz y justa del carbono a todos los sectores no cubiertos por el RCDE UE; hace hincapié en que estas medidas deben concebirse con cautela para no aumentar las desigualdades y anima encarecidamente a que se asignen ingresos fiscales adicionales para la reducción de las desigualdades, absorbiendo los costes para las personas más afectadas por la transición y garantizando que nadie se quede rezagado en la transición hacia un continente climáticamente neutro;

17. Considera que todas las medidas existentes relacionadas con la fuga de carbono deben sustituirse por políticas e instrumentos que internalicen todos los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero; acoge con satisfacción, en este sentido, la propuesta de creación de un mecanismo de ajuste del carbono en frontera compatible con la OMC y que sea una alternativa, y no un complemento, a las medidas ya existentes, pero lamenta profundamente que su introducción se supedite a la persistencia de diferencias en términos de ambición entre la Unión y sus socios a escala internacional;

18. Subraya que las soluciones basadas en la naturaleza puede ayudar a la Unión y a sus Estados miembros a alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en materia de biodiversidad; insiste en que las soluciones basadas en la naturaleza se deben sumar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en origen; expresa su preocupación por las tendencias negativas en materia de protección, conservación y mejora de la naturaleza y la biodiversidad europeas recogidas en el Informe sobre el estado de medio ambiente de 2020; pide, en este contexto, que se ponga en marcha una estrategia de «soluciones naturales al cambio climático», que incluya un marco jurídico para preservar el buen estado ecológico de los ecosistemas, aplicar una política de degradación cero y restaurar los ecosistemas degradados, en particular protegiendo plenamente al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos y gestionando de forma sostenible las demás zonas;

19. Pide a la Comisión que continúe sus trabajos sobre la estrategia a largo plazo para incluir una nueva hipótesis de trabajo basada en una economía altamente eficiente desde el punto de vista energético y de los recursos y totalmente basada en energías renovables y que dependa de soluciones basadas en los ecosistemas y no de las tecnologías de eliminación de carbono que entrañarían riesgos significativos para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, con vistas a su presentación a la CMNUCC antes de 2020, de conformidad con el Acuerdo de París;

20. Acoge con satisfacción el anuncio de la puesta en marcha de un Pacto Europeo por el Clima a más tardar en marzo de 2020 para colaborar con los agentes públicos y no estatales en la acción por el clima; reconoce el papel destacado de las entidades regionales y locales en la concretización de las ambiciones en materia de clima; pide al vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo que asocie plenamente a las entidades regionales y locales, así como a los representantes de la sociedad civil, en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del Pacto Verde Europeo; pide que se refuerce el enfoque de gobernanza a varios niveles y que los agentes locales y regionales sean reconocidos como los niveles de gobierno más adecuados para realizar un cambio decisivo hacia una economía sin emisiones de carbono;

21. Reitera su llamamiento en favor de una revisión del Reglamento de Aarhus, de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental y de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal a fin de garantizar la aplicación del principio de que «quien contamina paga» en todos los Estados miembros y a escala de la Unión, en particular mediante normas claras en materia de responsabilidad de las empresas por daños al medio ambiente y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de la contaminación y de los delitos contra el medio ambiente;

22. Considera que se registra un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria de combustibles fósiles y las políticas requeridas en el marco del Pacto Verde Europeo; insiste, por tanto, en que los responsables políticos y sus representantes a escala de la Unión o de los Estados miembros, al tratar con el sector de los combustibles fósiles o con quienes trabajan para promover sus intereses, deben ser plenamente responsables y transparentes; insiste, además, en que se apliquen medidas que garanticen que el sector de los combustibles fósiles y los que trabajan para promover sus intereses operen y actúen con plena responsabilidad y transparencia; pide a la Comisión que retome las negociaciones sobre un registro interinstitucional de transparencia mejorado y que cuenten con una participación significativa del Consejo de la Unión y todas las representaciones permanentes;

23. Acoge con satisfacción el anuncio de que la Comisión alcanzará la neutralidad climática antes de 2030; recuerda que el Parlamento Europeo es neutro en términos de carbono desde 2016, principalmente a través de sus políticas medioambiental y EMAS, el recurso a las compensaciones y a los certificados de electricidad verde; considera que el Parlamento debe intensificar su acción por el clima poniendo en marcha políticas para ser climáticamente neutro a más tardar en 2030; encarga a la Mesa del Parlamento Europeo que debata y apruebe, antes de finales de 2020, una hoja de ruta para alcanzar dicho objetivo;

Suministro de energía limpia, asequible y segura

24. Acoge con satisfacción la aspiración de la Comisión de descarbonizar el sistema energético de modo que la Unión pueda alcanzar un nivel cero de emisiones netas a más tardar en 2050 y, preferiblemente, antes de 2040; acoge con satisfacción, además, la prioridad otorgada a la eficiencia energética; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen el principio de «primero, la eficiencia energética» en todos los sectores y políticas; lamenta que la Comisión no aborde el efecto de rebote consecuencia de las medidas de eficiencia energética, si bien se ha demostrado empíricamente que este efecto anula un porcentaje significativo de los resultados positivos iniciales; pide a la Comisión que lo aborde adecuadamente al de diseñar políticas y medidas futuras;

25. Considera que el Pacto Verde Europeo es un impulso importante y de carácter único para crear una perspectiva de cara a un sistema energético eficiente en materia energética basado por completo en las energías renovables que pueda responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión; insta a la Comisión a que desarrolle con urgencia otra hipótesis de trabajo que garantice el 100 % de energías renovables y que sea compatible con el objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2040;

26. Pide a la Comisión que revise toda la legislación pertinente en materia de energía a más tardar en junio de 2021 a fin de alcanzar un objetivo vinculante en materia de eficiencia energética antes de 2030 de al menos un 45 % y un objetivo vinculante para 2030 en materia de energías renovables de al menos el 40 % como medida necesaria para convertirse en una economía eficiencia desde el punto de vista energético basada en un 100 % en energías renovables y respetar el objetivo relativo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 65 % antes de 2030; insiste en que la Comisión fije objetivos vinculantes para cada Estado miembro tanto en materia de eficiencia energética como en relación con las energías renovables antes de 2030 y que vele por que toda la legislación pertinente sea clara, aplicable y libre de lagunas;

27. Pide que desaparezcan de inmediato las subvenciones directas e indirectas a los combustibles nucleares y a los combustibles fósiles a escala de la Unión y pide a los Estados miembros que introduzcan los mismos requisitos a escala nacional y subnacional; exige a los Estados miembros, así como a los fondos de pensiones públicos y privados, que se abstengan totalmente de invertir en combustibles fósiles; pide que se elimine gradualmente la energía nuclear y la producción de energía con lignito, carbón, turba y esquisto bituminoso como muy tarde en 2030 y que se prohíba el uso de combustibles fósiles antes de 2040, al tiempo que se garantiza una transición justa e integradora;

28. Subraya que los países socios deben estar plenamente integrados en las políticas del «Pacto Verde» y que, además, deben poder recibir financiación, en particular para la investigación y la transición justa. Señala la necesaria transición energética en los países de los Balcanes Occidentales en relación con la producción de energía a partir del carbón y el lignito para la electricidad y la calefacción domésticas así como para las importaciones de electricidad a la Unión;

29. Insiste en que la Unión debe conceder la prioridad a la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza energética y la justicia social; apoya la inclusión de un objetivo de reducción de la pobreza energética y la adopción de una definición armonizada de pobreza energética;

30. Pide a la Comisión que diseñe el mercado del gas en consonancia con el principio de «primero, la eficiencia energética» y con el objetivo de eliminar progresivamente los combustibles fósiles a fin de alcanzar la neutralidad climática antes de 2040; considera que la cuarta lista de proyectos de interés común presenta un riesgo de retención de carbono y, por tanto, pondría en peligro el objetivo de lograr la neutralidad climática antes de 2040; considera que el papel del gas renovable es limitado y pide, por tanto, una restricción de su uso en los sectores de difícil descarbonización, garantizando al mismo tiempo que el gas renovable se limite al biogás o al hidrógeno renovable producido a partir de energías renovables en un 100 %, derivado de procesos eficientes desde el punto de vista energético y limitado a las materias primas sostenibles disponibles;

31. Recuerda que la energía nuclear es una tecnología insegura, no sostenible y no rentable y, por tanto, reconoce que la energía nuclear no es una solución para el clima y pide a la Unión, a los Estados miembros y al BEI que dejen de financiar esta tecnología y reorienten los recursos disponibles hacia las inversiones en fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y el desarrollo de redes inteligentes; reconoce que la energía nuclear es intrínsecamente incompatible con una combinación de energías renovables debido al carácter inflexible de su suministro y porque perjudica el desarrollo de soluciones sostenibles; recuerda que ningún país del mundo dispone de un depósito geológico profundo para la eliminación a largo plazo de los residuos nucleares, que provocan daños importantes y a largo plazo al medio ambiente; propone la revisión del Tratado Euratom para consagrar los principios relativos a la seguridad, en particular en relación con el desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento de residuos radiactivos, así como la obligación de un seguro de responsabilidad civil;

Uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación de edificios

32. Acoge con satisfacción la iniciativa propuesta para impulsar una ola de renovación en Europa así como las medidas para facilitar el acceso a los fondos destinados a la renovación de edificios; insiste firmemente en que dicha iniciativa debe incluir una atención especial a la vivienda social y la vivienda de alquiler;

33. Subraya que todos los ciudadanos europeos necesitan un lugar seguro, sano y seguro que puedan llamar «hogar»; lamenta que las medidas no legislativas y las iniciativas ambiciosas no hayan tenido éxito en el pasado y que las legislaciones actuales no aborden adecuadamente los retos;

34. Pide que se adopten medidas legislativas y se realicen las inversiones que resultan necesarias para aumentar el porcentaje anual de renovación de edificios hasta el 3 % y garantizar que el parque inmobiliario existente se renueve hasta alcanzar la norma de edificio de consumo de energía casi nulo (EECN); rechaza la idea de ampliar el RCDE UE a las emisiones de los edificios ya que eximiría a la administración pública de su responsabilidad y podría dar lugar a un aumento de la factura energética para los inquilinos y los propietarios de viviendas;

35. Destaca el papel de las comunidades ciudadanas de energía y de la integración sectorial en una economía sostenible; pide que las políticas inmobiliarias tengan carácter global e inclusivo a fin de combinar los servicios sociales, la industria, la movilidad y las funciones energéticas de los hogares, los lugares de trabajo y los edificios públicos en beneficio de los ciudadanos europeos;

36. Subraya que las iniciativas existentes, como la iniciativa «Financiación inteligente para edificios inteligentes», requieren presupuestos más elevados y que todavía no han desplegado todo su potencial; pide instrumentos financieros específicos para nuevos modelos empresariales, como empresas de servicios energéticos, una combinación de servicios de asesoramiento gratuitos sobre la renovación de edificios y un mecanismo de Asistencia Energética Local europea (ELENA) ampliado y debidamente financiado con el fin de identificar y agrupar proyectos de renovación a pequeña escala en proyectos financiables, así como la introducción de nuevos servicios de asesoramiento gratuitos y equipos de eficiencia energética dirigidos a los ciudadanos;

Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular

37. Acoge con satisfacción el compromiso de alcanzar una economía climáticamente neutra y circular, por lo que pide a la Comisión que vele por que todas las acciones destinadas a lograr una economía climáticamente neutra y circular estén en plena consonancia con el objetivo cero en materia de contaminación en relación con un entorno libre de sustancias tóxicas con vistas a alcanzar ciclos de materiales no tóxicos;

38. Pide el establecimiento de objetivos vinculantes a escala de la Unión para reducir el consumo de materias primas primarias y aumentar la eficiencia en relación con los recursos a fin de lograr una economía circular sostenible y limpia a más tardar en 2050;

39. Pide la internalización de los costes externos mediante una imposición adecuada de los recursos y subraya la necesidad de respetar la necesidad de mantener el consumo de recursos en el marco de los límites del planeta en las políticas macroeconómicas y contables;

40. Acoge con satisfacción que en marzo de 2020 la Comisión adopte una estrategia industrial de la Unión para abordar el doble desafío de la transformación ecológica y digital, pero subraya que la estrategia industrial debe estar en consonancia con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2040 y que la renovación de la industria europea debe centrarse en la utilización eficiente de la energía y de los recursos y en un enfoque basado en el ciclo de vida y la economía circular limpia si se propone mantener su competitividad y convertirse en un líder mundial en la producción ecológica; pide la elaboración de un informe periódico de seguimiento centrado en la competitividad y la resistencia a la crisis de la industria medioambiental, las pymes y las empresas emergentes;

41. Pide que la política industrial de la Unión dirija las inversiones hacia la creatividad, las capacidades, la innovación, las tecnologías y soluciones sostenibles y que promueva la modernización de la base industrial europea a través de una política de valores que tenga en cuenta toda la cadena d que incluya a todos los sectores y agentes industriales, incluidas las pymes, y en todas las regiones de la Unión; subraya que la estrategia debe sustentarse en un marco reglamentario a largo plazo que incluya objetivos e indicadores claros y la medición de los progresos y que se base en procesos inclusivos y transparentes que garanticen la coherencia de dicha política;

42. Acoge con satisfacción que la Comisión adopte un nuevo plan de acción para la economía circular, que incluya una política de «productos sostenibles», que dé prioridad a la reducción y la reutilización de materiales antes de reciclarlos para guiar la transición de todos los sectores; hace hincapié en el papel de los sistemas de varios ciclos, en particular en relación con los envases industriales y los recipientes alimentarios, como las botellas de agua, y pide un sistema de depósito a escala de la Unión;

43. Pide que se adopten medidas decisivas contra las liberaciones intencionales y no intencionadas de microplásticos y que se adopten medidas adicionales contra los plásticos desechables; apoya la intención de la Comisión de revisar las normas relativas a los traslados de residuos con el fin de detener las exportaciones de residuos fuera de la Unión;

44. Pide a la Comisión que revise la legislación sobre diseño ecológico a fin de que incluya más elementos que los relativos a la eficiencia energética y abarque medidas para disponer de un etiquetado claro de las posibilidades de reciclado y reparación de los productos; pide, asimismo, a la Comisión que presente, a más tardar en marzo de 2020, el plan de trabajo sobre diseño ecológico y etiquetado energético 2020-2024 y que adopte las medidas relativas a cada grupo específico de productos tan pronto como estén listas;

45. Insiste en que la Comisión incluya los productos textiles en su estrategia industrial y que ofrezca incentivos para el reciclaje de productos textiles en la Unión;

46. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de situar la sostenibilidad en el centro del sector digital; insiste, en este contexto, en la necesidad de mejorar la eficiencia energética y el rendimiento de la economía circular del propio sector digital, desde las redes de banda ancha hasta los centros de datos y los dispositivos TIC; pide, en este sentido, que se adopte una estrategia de la Unión en materia de tecnologías informáticas verdes que incluya normas de eficiencia energética concretas para los centros de datos y una directiva de diseño informático ecológico que establezca normas y objetivos vinculantes en materia de eficiencia energética, el ahorro de recursos, el reciclado y la reparabilidad de los dispositivos informáticos, defina el «derecho a reparar» las terminales digitales, defina los requisitos en materia de normas de eficiencia de las plataformas de vídeo, como la desactivación por defecto de la reproducción automática, la inserción de un botón visible de audio exclusivamente o de parámetros por defecto para la resolución en vídeo de los servicios de emisión en continuo y de los servicios de vídeo a la carta, y que cree un grupo de reflexión europeo sobre las mejores prácticas digitales, con el objetivo de recabar ejemplos de mejores prácticas para el uso sostenible de la digitalización y ponerlos a disposición de las empresas y las administraciones;

47. Recuerda que unas cadenas de suministro sostenibles y justas mediante el recurso sistemático a criterios de adjudicación sostenibles en la contratación pública son un instrumento clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde europeo; pide a la Comisión que examine minuciosamente qué ajustes legislativos y no legislativos del marco de contratación pública existente son necesarios para garantizar la plena coherencia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, en particular que sean climáticamente neutros antes de 2040, y que presente un plan de acción concreto en este ámbito que incluya objetivos específicos mensurables y un seguimiento de los progresos realizados por cada Estado miembro a este respecto;

Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente

48. Destaca que el transporte es el único sector en el que las emisiones han aumentado desde 1990 y acoge con satisfacción el claro reconocimiento de que todos los modos de transporte (transporte por carretera, ferroviario, aéreo y por vías navegables) tendrán que contribuir plenamente a la descarbonización del sector del transporte, en consonancia con el objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra; apoya firmemente el objetivo de internalizar todos los costes que el sector del transporte supone para el medio ambiente y la salud, que en la actualidad ascienden a unos 1 000 millones de euros anuales, y que se reflejan en el reciente estudio sobre las externalidades y la internalización de los costes encargado por la Comisión;

49. Considera que la orientación general en relación con los proyectos y las políticas de transporte debe basarse en una comprensión global de todos los costes externos a corto y a largo plazo; pide, por tanto, una estrategia global para la plena internalización de estos costes a través de medidas que incorporen los principios de «quien contamina, paga» y del «usuario-pagador», así como el enfoque «de pozo a rueda»; considera que estas medidas deben garantizar un cierto grado de la igualdad de condiciones entre todos los modos de transporte e incluir, entre otras cosas, una tasa de utilización de todas las carreteras, el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles, como el del transporte aéreo y marítimo, la posible interconexión entre las infraestructuras ferroviarias de los Estados miembros y la accesibilidad de los precios del transporte de bajas emisiones, así como la no aplicación del IVA a los billetes de avión y la revisión de las directrices sobre ayudas estatales para poner fin a las inversiones relativas a la ampliación de los aeropuertos;

50. Lamenta profundamente que la dimensión social de una política de transportes integradora, no discriminatoria y plenamente accesible esté ausente de las propuestas de la Comisión dadas las malas condiciones de trabajo para muchos trabajadores del sector del transporte y a la luz del envejecimiento y la desigualdad en la sociedad; destaca que, además de los costes medioambientales y sanitarios, unas condiciones de trabajo deficientes para los trabajadores reducen artificialmente el coste de los viajes y permiten que prosperen modelos comerciales insostenibles desde el punto de vista social y medioambiental;

51. Acoge con satisfacción el énfasis en el aumento de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que forman parte de la solución para reducir las emisiones del transporte por carretera; pide, no obstante, que se elabore un plan de movilidad urbana más exhaustivo para reducir la congestión y mejorar la calidad de vida en las ciudades, en particular con el objetivo de reducir el espacio disponible para los vehículos individuales y sustituirlo por espacio destinado a la movilidad pública, activa y la micromovilidad; lamenta la ausencia de una estrategia de movilidad para las zonas rurales, que normalmente están más aisladas y requerirán inversiones significativas en materia de transporte público para garantizar su conectividad reduciendo al mismo tiempo las emisiones;

52. Insta encarecidamente a la Comisión a que apoye a los Estados miembros dispuestos a prohibir las ventas de nuevos vehículos equipados con motores de combustión después de una determinada fecha, y considera necesario establecer una prohibición a escala de la UE de los motores de combustión convencionales en los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos a más tardar en 2030, a fin de cumplir el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2040 evitando al mismo tiempo la fragmentación del mercado único; recuerda su rechazo de la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE al transporte por carretera y pide que se refuercen las normas en materia de CO2 para turismos, furgonetas y vehículos pesados;

53. Recuerda las cifras de la AEMA según las cuales alrededor de 412.000 muertes prematuras en 2016 se debieron a la contaminación atmosférica; pide, en este sentido, la retroadaptación obligatoria de todos los vehículos diésel en la UE que no cumplan las normas de la UE y la creación de una agencia de la UE para pruebas de emisiones, así como la adopción de normas EURO 7 para las emisiones de los vehículos que reflejen todas las emisiones, incluidas las de los neumáticos y los frenos; pide una financiación de la UE para las tecnologías e infraestructuras de teledetección;

54. Pide un compromiso renovado para una acción decidida en materia de seguridad vial con un objetivo de «visión cero» para 2030, y un compromiso de reducir los límites de velocidad, de mejorar el cumplimiento de las normas de tráfico y los centros urbanos libres de coches priorizando la movilidad activa, reduciendo la necesidad de viajar y priorizando la transferencia modal hacia unos modos de transporte más seguros y más limpios;

55. Destaca que la finalización del Cielo Único Europeo puede suponer algunas mejoras de la eficiencia, pero también generar un aumento general del tráfico aéreo y, por tanto, no contribuirá a una reducción significativa de las emisiones de la aviación necesarias para alcanzar la neutralidad climática para 2040; subraya, en este sentido, la importancia de garantizar una transferencia modal del transporte aéreo al ferroviario, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que diseñen políticas, inversiones e incentivos para garantizar que los viajes por ferrocarril en Europa de hasta 1.000 km, en la medida de lo posible, sean más atractivos para las personas que el transporte aéreo o por carretera; pide una moratoria de los nuevos acuerdos de aviación destinados a aumentar la capacidad de la aviación y abrir nuevas rutas, ya que ello va en contra de los objetivos del Pacto Verde;

56. Lamenta que la Comisión no tenga aún la intención de eliminar, sino solo reducir, las asignaciones gratuitas para las actividades de aviación en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE;

57. Destaca que la financiación del transporte de la UE, incluidos todos los fondos pertinentes de la UE (MCE, Fondos EIE, InvestEU, etc.), así como la política de préstamos al transporte del BEI, deben adaptarse para garantizar la descarbonización del sector del transporte, dando prioridad a un cambio modal sostenible, aumentando la financiación de las conexiones ferroviarias incompletas transfronterizas y de la RTE-T, y promoviendo al mismo tiempo el transporte público asequible y accesible, el transporte combinado, la movilidad activa y la movilidad como servicio; recuerda que la inversión en infraestructuras como las autopistas, las zonas de aparcamiento y los aeropuertos suele provocar una demanda inducida y aumentar las emisiones, por lo que contraviene los objetivos del Pacto Verde Europeo; considera que la próxima revisión de la RTE-T es fundamental para corregir el marco actual y centrarse en un cambio modal y unos objetivos vinculantes para el cambio del transporte por carretera al ferroviario y a las vías navegables; considera que una mayor articulación de la financiación del transporte urbano con planes de movilidad urbana sostenible es esencial para impulsar la transformación de la movilidad urbana;

58. Pide a la Comisión que adopte propuestas legislativas para eliminar las emisiones contaminantes del transporte marítimo (emisiones de NOx, SOx y partículas) y gravar el uso de combustibles fósiles en el transporte marítimo, así como hacer obligatorio el uso de la electricidad en puerto e introducir normas de eficiencia ambiciosas para los buques que hacen escala en puertos de la Unión; pide a la Comisión que establezca objetivos de navegación parcial a vela, de energía eólica y solar de a bordo y de navegación lenta, que son muy beneficiosos para el ahorro de combustible; insta a la Comisión a que vele por que todos los buques pedidos para las aguas de la UE sean capaces de cero emisiones y poco tiempo después de cero emisiones;

De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medioambiente

59. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de garantizar que los alimentos europeos se conviertan en un referente mundial para la sostenibilidad, y señala que esto requiere que toda la cadena alimentaria, de la granja a la mesa —esto es, con todos los insumos, incluidas las importaciones de piensos, no suponga un perjuicio para el clima y el medio ambiente; lamenta, no obstante, que la Comisión no aprovechara esta oportunidad para revisar su propuesta sobre la futura Política Agrícola Común para alcanzar estos objetivos;

60. Acoge con satisfacción que la Comisión se haya comprometido a garantizar que, desde el principio, los planes estratégicos nacionales para la agricultura reflejen un mayor nivel de ambición para reducir notablemente el uso de plaguicidas químicos y su riesgo, así como el uso de abonos y antibióticos. recuerda la necesidad de pasar a sistemas agroecológicos elevados de gran biodiversidad mediante soluciones basadas en los ecosistemas, como por ejemplo la gestión integrada de plagas, la rotación de cultivos con leguminosas y otras prácticas agrícolas ecológicas;

61. Considera que una reforma de gran alcance de la Política Agrícola Común es esencial para la coherencia con los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad:

i. Los pagos deben efectuarse exclusivamente para la mitigación del cambio climático, la recuperación de la biodiversidad, el bienestar de los animales y, en particular, la reducción del uso de plaguicidas; la Comisión solo autorizará pagos asociados para el ganado con baja densidad;

ii. Los pagos directos deben limitarse a un máximo de 50.000 euros por explotación y por año (excluidos los costes de empleo), destinándose el producto de la limitación a pagos redistributivos por las primeras hectáreas, y evitando así que las subvenciones fluyan de forma desproporcionada hacia los actores de mayor envergadura;

iii. El 50 % de las dotaciones nacionales del FEAGA debe asignarse a los regímenes ecológicos, que cumplen criterios ambiciosos coherentes con los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad, para los agricultores que pasan a adoptar prácticas sostenibles, en particular la agroecología. La Comisión comprobará el nivel de ambición y eficacia de los regímenes ecológicos de los Estados miembros, y seguirá de cerca los resultados de su aplicación;

iv. Un FEADER bien financiado debe dirigirse a apoyar a los agricultores y a las comunidades rurales para reestructurar en lo fundamental las economías locales y regionales hacia sistemas sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, basados en particular en la evitación del desperdicio alimentario, el acortamiento de las cadenas de suministro, la protección de la naturaleza y la promoción del empleo en las zonas rurales;

62. Pide a la Comisión que siga las peticiones formuladas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas, incluida la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que los Estados miembros evalúen adecuadamente las formulaciones de plaguicidas de conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-616/17;

63. Pide a la Comisión que proponga legislación con un compromiso vinculante a escala de la UE para reducir drásticamente el uso de plaguicidas sintéticos en un 50 % para 2025, con contribuciones nacionales vinculantes, con vistas a su gradual eliminación en quince años; pide que se prohíba la exportación de plaguicidas de la UE que estén prohibidos en la UE; pide que se limite estrictamente la autorización de emergencia de plaguicidas a situaciones de emergencia real con normas detalladas de notificación y explicaciones completas y detalladas, y que se hagan públicas dichas notificaciones;

64. Pide a la Comisión que aplique finalmente un plan europeo integral de proteínas vegetales con el objetivo de reducir la importación de productos que contribuyen a la deforestación;

65. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la plena adopción de las directrices de la EFSA sobre las abejas de 2013 con carácter urgente, e insta entretanto a los Estados miembros a que alineen sus evaluaciones de plaguicidas en consonancia; pide asimismo a la Comisión que actúe con arreglo a la posición del Parlamento en el sentido de que deben prohibirse todos los plaguicidas neonicotinoides;

66. Considera que es importante establecer normas más estrictas en la legislación para el bienestar de los animales e iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que sistemáticamente incumplen la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de bienestar animal, sean en materia de transporte de animales o de agricultura; con el fin de reducir considerablemente el transporte de animales, la Comisión también debe apoyar a los pequeños mataderos locales y prohibir la exportación de animales vivos fuera de la UE;

67. Insta a la Comisión a que adopte lo antes posible una Directiva sobre el suelo con el objetivo de atajar la degradación de los suelos que provoca la pérdida de suelos, tierras y capacidad de sumidero de carbono;

68. Destaca la urgente necesidad de acabar con la sobreexplotación de los recursos biológicos marinos para garantizar la productividad de la pesca, proteger la biodiversidad marina y mantener la resistencia de los océanos a los efectos del cambio climático; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente los requisitos de la política pesquera común en relación con la pesca sostenible con y la minimización y, en la medida de lo posible, eliminación de los efectos perjudiciales de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos;

69. Pide a la Comisión que siga estudiando cómo fomentar una transición hacia una pesca sostenible, de bajo impacto y respetuosa con el medio ambiente en todas las cuencas marítimas europeas;

70. Hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas legislativas urgentes en lo que respecta a los materiales en contacto con alimentos y a los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos; insta a la Comisión a que prohíba los aditivos alimentarios innecesarios y potencialmente peligrosos;

71. Pide a la Comisión que revise el etiquetado para aumentar la transparencia de todas las sustancias presentes en los alimentos y mejorar el etiquetado nutricional (Nutriscore), el etiquetado sobre el país de origen y el etiquetado sobre el bienestar animal; insta a la Comisión a que introduzca finalmente los perfiles nutricionales en el contexto de la Directiva relativa a las propiedades saludables;

72. Pide que no se concedan nuevas autorizaciones de OMG (tanto para importación como para cultivo), ya que el procedimiento de autorización no tiene debidamente en cuenta los riesgos para la salud y los efectos sobre la biodiversidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la plena y rápida aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los nuevos OMG (las denominadas «nuevas técnicas de cría») y que los nuevos OMG no estén liberalizados; destaca que todo procedimiento de autorización debe ser plenamente democrático; subraya la importancia de la biodiversidad natural tanto para la adaptación al cambio climático como para la mitigación del mismo;

Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad

73. Acoge con satisfacción el anuncio de la Estrategia sobre Biodiversidad 2030, que se publicará en marzo de 2020; considera que una estrategia ambiciosa es fundamental para que la Unión lidere el camino hacia la COP15 en Kunming y adopte un acuerdo jurídicamente vinculante para proteger y recuperar la biodiversidad mundial; destaca que la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad debe abordar todas las causas principales de la pérdida de biodiversidad en la UE, en particular las prácticas agrícolas, silvícolas y pesqueras no sostenibles, y fijar objetivos vinculantes para la Unión y sus Estados miembros para proteger al menos el 30 % del territorio terrestre y marítimo de la Unión y recuperar al menos el 30 % de los ecosistemas degradados de aquí a 2030, promoviendo al mismo tiempo su interconectividad y garantizando una financiación suficiente y una gestión eficaz;

74. Destaca la necesidad de esfuerzos en materia de conservación de los océanos y las costas, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, para proteger y recuperar los ecosistemas marinos y costeros, tal como se apunta en el informe especial del IPCC sobre los océanos y la criosfera, reduciendo al mínimo los efectos de la pesca y la acuicultura y las industrias extractivas sobre los ecosistemas marinos, así como minimizando las emisiones de contaminantes marinos y del transporte marítimo; considera que la política pesquera común debe tener como objetivo acabar con la sobrepesca y recuperar las poblaciones por encima de los niveles que puedan generar el rendimiento máximo sostenible, e insta a los Estados miembros a que apliquen este principio en el reparto de las cuotas pesqueras;

75. Acoge con satisfacción el compromiso de los países ribereños del Mediterráneo de desarrollar una gobernanza global, mejorar la recogida de datos y la evaluación científica, establecer un marco de gestión de la pesca basado en los ecosistemas, desarrollar una cultura del cumplimiento y erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, apoyar la pesca y la acuicultura sostenibles a pequeña escala y lograr mayor solidaridad y coordinación;

76. Anima encarecidamente a la Comisión a que intensifique su acción para proteger y recuperar los bosques en la Unión y en todo el mundo; reitera su petición de que se bloquee el acceso a los mercados de la UE de los productos de la deforestación y se introduzcan disposiciones de diligencia debida obligatoria en las empresas que comercializan en el mercado de la Unión productos susceptibles de provocar deforestación, como, por ejemplo, la soja, el aceite de palma, el eucalipto, la carne de vacuno, el cuero y el cacao; pide a la Comisión que deje de autorizar la soja modificada genéticamente, cuya importación impulsa la deforestación a gran escala en países como Brasil y Argentina; destaca el papel de los pueblos indígenas y las comunidades silvícolas, cada vez más amenazados como guardianes de los ecosistemas forestales;

77. Destaca las actuales incoherencias entre los objetivos de la Unión en materia de biodiversidad y su política de bioenergía; pide, por tanto, a la Comisión que adopte criterios más sólidos en materia de sostenibilidad para la bioenergía, a fin de garantizar que su contribución no perjudique a la biodiversidad ni a los ecosistemas;

78. Señala que la nueva reforestación no puede compensar la pérdida de bosques antiguos, ni en términos de sumidero de carbono ni de biodiversidad; advierte frente a la sustitución de los bosques biodiversos por plantaciones pobres en especies, e insiste en que el concepto erróneo de «compensación de la biodiversidad» no debe utilizarse como instrumento de políticas; pide una estrategia europea para el recuperar las zonas silvestres de Europa y reconstruir los bosques paneuropeos;

79. Hace hincapié en la importancia de aumentar tanto la cobertura como la eficacia de las redes de zonas protegidas a fin de mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo, y de permitir la recuperación de la biodiversidad afectada por los distintos factores de estrés; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aúnen esfuerzos para acordar un ambicioso objetivo global de zonas protegidas a escala mundial para conseguir un espacio terrestre y marítimo conectado y gestionado con eficacia que cubra como mínimo un 30 % para 2030; anima a la Unión y a los Estados miembros a que completen el Cinturón Verde Europeo como proyecto piloto y una parte significativa de la Infraestructura Verde Europea;

80. Pide a la Comisión que establezca criterios vinculantes para garantizar la correcta gestión de los hábitat de fauna y flora silvestres y de los espacios Natura 2000, que prohíban las actividades nocivas y el uso de plaguicidas en zonas protegidas, y que refuercen el seguimiento y las inspecciones por parte de autoridades independientes; pide a la Comisión que refuerce la Directiva sobre responsabilidad medioambiental en consonancia con las recomendaciones del Parlamento Europeo formuladas en su Resolución de 26 de octubre de 2017; pide a la Comisión que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no respeten la legislación en materia de protección de la naturaleza;

81. Subraya el hecho de que a menudo las amenazas a la biodiversidad pueden derivarse de diversas infraestructuras previstas, como por ejemplo de transporte, generación y distribución de energía, instalaciones de gestión de residuos o actividades mineras; recuerda que el impacto medioambiental de tales proyectos debe evaluarse adecuadamente en la fase más temprana de planificación, junto con los efectos sobre las actividades socioeconómicas existentes, como por ejemplo la agricultura; recuerda que el objetivo subyacente y el espíritu de la legislación pertinente de la UE es evitar en la mayor medida posible daños significativos a hábitats y especies mediante la mejor alternativa posible, que también puede ser la no realización del proyecto; insta a la Comisión a que cumpla con su papel de guardiana de los tratados también en este ámbito, superando su actual comunicación sobre «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» y revisando como es debido los casos de posibles infracciones de la legislación medioambiental de la UE denunciados por ciudadanos y organizaciones;

82. Destaca la importancia de acordar un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, a más tardar a finales de 2020, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre un tratado mundial ambicioso en el inminente cuarto Comité Intergubernamental, previsto para marzo de 2020 en Nueva York;

83. Pide que se conceda un estatuto jurídico a los ecosistemas terrestres y marinos y que la Comisión y los Estados miembros promuevan un estatuto internacional de los bienes comunes mundiales en la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), que tendrá lugar en Kunming;

84. Recuerda los límites del planeta con respecto a la Agenda para el Crecimiento Azul, que solo debe desarrollarse dentro de los límites ecológicos;

Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas

85. Acoge con satisfacción la aspiración a contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas y el reconocimiento de que ello requiere más medidas a fin de prevenir la contaminación, así como medidas de limpieza y reparación; espera que la Comisión armonice la próxima estrategia industrial y el plan de acción para la economía circular con su ambición de contaminación cero;

86. Pide a la Comisión que aplique correctamente el Reglamento REACH en consonancia con la sentencia en el asunto T-837/16 (Suecia/Comisión);

87. Pide que se tomen medidas para colmar todas las lagunas reglamentarias de la legislación de la Unión en materia de sustancias químicas y que se garantice la coherencia en todos los sectores, a fin de acelerar la sustitución de sustancias químicas tóxicas con alternativas no tóxicas, utilizando en la medida de lo posible un enfoque de grupo, a fin de cumplir con los cuatro elementos de la estrategia pendiente en materia de medio ambiente sin tóxicos, en particular en lo relativo a los alteradores endocrinos y los nanomateriales, y que se tomen medidas contra las sustancias químicas muy persistentes;

88. Pide una acción global contra todos los contaminantes pertinentes para restablecer las funciones naturales de las aguas subterráneas, costeras, marinas y de superficie;

89. Insta a la Comisión a que revise la Directiva sobre la calidad del aire a fin de ajustar los valores objetivo a las últimas recomendaciones de la OMS e introducir un valor a corto plazo para las PM2,5;

90. Aboga por una revisión de la Directiva Seveso con el fin de garantizar la salud del medio ambiente, aplicar una estrategia de contaminación cero y de toxicidad cero a todas las actividades industriales y revisar la Directiva Offshore para prohibir las prospecciones en el mar;

Financiación del Pacto Verde Europeo y una transición justa garantizada

En pos de unas finanzas e inversiones ecológicas y una transición justa garantizada

91. Acoge con satisfacción el reconocimiento de la considerable necesidad de financiación para alcanzar los objetivos establecidos en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo y la necesidad de un plan de inversiones; acoge asimismo con satisfacción el reconocimiento en la Comunicación de que la sostenibilidad debe integrarse aún más en el marco de gobernanza empresarial y en un marco de inversión sostenible para garantizar que el sector privado contribuya efectivamente a los objetivos del Pacto Verde y no los obstaculice;

92. Acoge con satisfacción las recientes declaraciones de la recientemente nombrada presidenta del BCE en el sentido de que la institución, tanto en su función monetaria como en la de supervisión bancaria, debe contribuir a la lucha contra el cambio climático, en particular mediante compras de bonos ad hoc en el marco de sus programas y garantizando una evaluación prudente de los riesgos climáticos y otros riesgos ambientales en el sistema bancario; señala que corresponde al SEBC apoyar las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que incluyen un elevado nivel de protección y la mejora de la calidad del medio ambiente así como de la protección y justicia sociales; insta a la Comisión a que colabore con el BCE a este respecto con el fin de garantizar la coherencia de la acción prometida en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo;

93. Lamenta profundamente que las estimaciones de la Comisión consignadas en la Comunicación no aborden los gastos necesarios para la adaptación al cambio climático o para otros desafíos medioambientales, como la biodiversidad, ni tampoco la inversión pública necesaria para abordar los costes sociales de la transición o los costes de la inacción;

94. Espera que la Comisión presente un plan de financiación claro en el que se fije la asignación de inversiones y que movilice anualmente fondos muy por encima del nivel del 2 % del PIB de la Unión, a fin de garantizar que todos los ámbitos que requieran inversiones para la transición dispongan de los recursos necesarios para descarbonizar y proteger la biodiversidad sin dejar a nadie atrás en los distintos ámbitos de acción, incluidos el transporte sostenible, las energías renovables, el ahorro energético y la eficiencia en el uso de recursos, y la restauración de los sumideros de carbono y la biodiversidad, así como los costes sociales de la transición;

95. Considera que, a fin de garantizar la exhaustividad y la coherencia de la financiación necesaria para alcanzar los objetivos establecidos en la Comunicación, un plan de financiación adecuado debe definir qué fuentes de financiación, públicas y privadas, se movilizarán, a escala local, nacional y de la Unión, en qué acciones se gastarán y de qué manera se espera que los gastos contribuyan a lograr los objetivos;

96. Insiste en que es fundamental para la coherencia de las políticas que todas las inversiones de la Unión sean resilientes al cambio climático y a la biodiversidad, y que el conjunto del presupuesto de la Unión sea compatible al 100 % con los objetivos del Acuerdo de París, y pide transformar urgentemente el BEI en un verdadero banco climático;

97. Lamenta que la Comisión mantenga un 25 % del objetivo de gasto climático en el MFP, lo que es incoherente con los objetivos establecidos en la Comunicación; insiste no solo en que al menos el 50 % del MFP debe dedicarse a la acción por el clima, sino también en que el resto debe ser compatible con el clima y la biodiversidad; insiste en que exista una obligación jurídica de que la planificación de todos los gastos en el marco del nuevo MFP se sometan a una revisión en profundidad respecto al clima, con un instrumento introducido específicamente en materia de resiliencia frente al cambio climático propuesto por la Comisión y el Parlamento Europeo;

98. Insiste además en que el presupuesto de la Unión debe ser plenamente coherente con sus compromisos internacionales y sus objetivos, y no debe seguir financiando, directa ni indirectamente, infraestructuras de demanda o suministro de combustibles fósiles, ya sea en la Unión o fuera de su territorio;

99. Considera que debe fomentarse la coherencia eliminando todas las subvenciones perjudiciales, también mediante las ayudas estatales y las subvenciones indirectas tales como las exenciones fiscales, que contribuyen a la continuación de prácticas perniciosas, socavan los esfuerzos en materia de clima y biodiversidad, y consumen recursos valiosos que son necesarios para una transición justa hacia una economía neutra desde el punto de vista climático y rica en biodiversidad;

100. Opina firmemente que también los ingresos del presupuesto de la Unión, y no solo los gastos, deben ser plenamente compatibles con los objetivos fijados en la Comunicación; hace hincapié en que la reforma de los recursos propios debe comportar una mejor armonización con las políticas y prioridades de la Unión;

101. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión en materia de recursos propios, en especial, el impuesto sobre el plástico y el recurso propio basado en el RCDE; destaca la necesidad de considerar urgentemente nuevos impuestos para aumentar los recursos propios de la Unión y reducir la dependencia de las contribuciones nacionales;

102. Resalta la necesidad de desplazar la imposición fiscal, con arreglo al principio de quien contamina paga, más allá del mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono a fin de integrar los impuestos ambientales en el nivel europeo, por ejemplo, sobre los combustibles fósiles, los vuelos y los plásticos, cuyos ingresos deberían destinarse a cumplir los objetivos ambientales del Pacto Verde Europeo; reconoce los beneficios de unos impuestos armonizados en el nivel europeo que sustituyan a los impuestos nacionales y reduzcan las cargas administrativas para las empresas y los consumidores;

103. Insiste en la necesidad de basarse en los éxitos de la iniciativa de finanzas sostenibles para garantizar la plena transparencia sobre el grado de sostenibilidad del sistema financiero de la Unión, confeccionar listas negras de las inversiones más perjudiciales, presentar una etiqueta verde para los productos financieros y reorientar los flujos de inversión hacia la transición ecológica de la economía;

104. Espera con interés la ampliación del ámbito de aplicación de la taxonomía de la Unión a fin de abarcar actividades perjudiciales para el medio ambiente; pide la rápida adopción de la norma de la Unión sobre bonos verdes y la diligente integración de los factores ASG en el marco prudencial de los bancos y otros intermediarios financieros, así como la integración de los riesgos ambientales en los marcos de las pruebas de resistencia;

Ecologización de los presupuestos nacionales y emisión de las señales de precios correctas

105. Celebra que la Comisión reconozca que los presupuestos nacionales desempeñan un papel fundamental en la transición y que su papel se ve seriamente afectado por el marco de gobernanza económica vigente y el tratamiento de las inversiones que fomentan los objetivos del Pacto Verde Europeo dentro de las normas presupuestarias de la Unión;

106. Insiste en que es fundamental adoptar un enfoque coherente a fin de satisfacer las considerables necesidades de inversión en el nivel nacional necesarias para lograr las ambiciones definidas en la Comunicación con miras a garantizar que se revisen las normas presupuestarias de la Unión y el proceso del Semestre Europeo;

 velar por que los objetivos en materia de acción por el clima, medio ambiente y social sean tratados como igualmente importantes y vinculantes que los objetivos de deuda y déficit en la evaluación de los presupuestos de los Estados miembros;

 eliminar los obstáculos a la inversión necesaria para la acción por el clima ampliando el importe del gasto de inversión a lo largo del ciclo de vida de la formación bruta de capital relativa a las inversiones públicas que cumplan los requisitos de inversión sostenible en el marco del Reglamento por el que se establece una taxonomía;

107. Insiste asimismo en que la coherencia exige una revisión de las normas sobre ayudas estatales (en especial, el Reglamento general de exención por categorías y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y la energía) para que sean plenamente coherentes con los objetivos ambientales y en materia de reducción de gases de efecto invernadero, y para que desincentiven claramente las subvenciones a los combustibles fósiles, incluida la ayuda encubierta concedida a estos, por ejemplo, las ayudas al cierre para minas de carbón y la compensación de los activos obsoletos, o las ampliaciones de aeropuertos;

108. Considera necesario fijar un proceso de auditoría que permita comprobar la coherencia de las decisiones en materia de ayudas estatales con el objetivo de una Unión con cero emisiones netas en 2040;

Activación de la enseñanza y la formación

109. Celebra la propuesta de un marco europeo de competencias para contribuir a desarrollar y evaluar los conocimientos, las capacidades y las actitudes respecto al cambio climático y el desarrollo sostenible, además de la iniciativa propuesta de movilizar 3 000 millones de euros en inversiones en infraestructuras escolares sostenibles;

110. Considera que es coherente con los objetivos de la Comunicación fomentar la «movilidad verde» en el programa Erasmus+ 2021-2027;

Garantizar una transición justa

111. Acoge con satisfacción que la Comunicación reconozca la necesidad de un programa de transición justa e integradora; lamenta la falta de propuestas en la Comunicación para hacer frente a las desigualdades sociales y económicas más allá de la recualificación y el empleo en nuevos sectores económicos;

112. Lamenta profundamente que las necesidades de inversión presentadas en la Comunicación no tengan en cuenta los costes sociales de la transición ni los costes de adaptación al cambio climático, que es necesario afrontar para garantizar una transición justa;

113. Pide a la Comisión que respalde el Mecanismo para una Transición Justa con políticas sociales robustas, especialmente en lo que respecta a la erradicación de la pobreza y a la seguridad social; pide a la Comisión que presente, como parte del programa para una transición justa, una directiva marco europea para una renta mínima, pues la erradicación de la pobreza capacita a las personas para adaptarse al cambio; pide a la Comisión que evalúe a fondo los efectos distributivos de los instrumentos, nuevos y existentes, de la política climática y que garantice que sus políticas son lo más progresistas posibles desde el punto de vista distributivo a fin de minimizar los posibles efectos sociales adversos;

114. Insiste en que los fondos procedentes del Mecanismo para una Transición Justa solo deben facilitarse cuando se haya legislado en los Estados miembros un plan eficaz y vinculante de eliminación progresiva de los combustibles fósiles y no se malgasten fondos para proporcionar beneficios principalmente a grandes empresas de la industria minera del carbón, en especial subvencionando sus obligaciones empresariales tales como la limpieza de sus instalaciones y del agua, y, en su lugar, los principales beneficiarios sean las personas normales;

115. Insiste en que, para ser coherente con los objetivos de la Comunicación, una parte clave de una transición justa debe ser un programa importante destinado a la ecologización del parque de viviendas y a la construcción de nuevas viviendas sociales, con un gasto energético casi nulo; señala que ello no solo contribuiría de manera significativa a la acción por el clima y a la asequibilidad, sino que también crearía empleos ecológicos a largo plazo, reduciría el endeudamiento de los hogares y abordaría problemas relacionados con la salud;

116. Insiste en un proceso realmente transparente para acceder a los fondos destinados a garantizar una transición justa, de manera que puedan ser objeto de un estrecho seguimiento que garantice la eficiencia, la coherencia y la inclusión;

117. Insiste en que las zonas rurales deben tener las mismas oportunidades que las zonas urbanas, a fin de garantizar una transición justa en toda la sociedad;

118. Manifiesta su total desacuerdo con la propuesta de la Comisión de basarse principalmente en instrumentos financieros, incluido InvestEU, para financiar la transición justa;

119. Aboga por una reforma de las políticas de la Unión en materia de fusiones que tenga en cuenta las repercusiones sociales y ambientales de las posibles concentraciones;

120. Pide a la Comisión que efectúe sistemáticamente evaluaciones de impacto de género y asigne fondos específicos para la igualdad de género en las acciones y políticas climáticas pertinentes del Pacto Verde Europeo;

Movilización de la investigación y fomento de la innovación

121. Celebra que la Comisión haga énfasis en la necesidad de trabajar en todos los sectores y disciplinas, además de aplicar un enfoque sistémico al programa de la Unión en materia de I+D; lamenta que el gasto climático en I+D de la Unión no sea proporcional a la magnitud de la emergencia climática y ambiental; hace hincapié en la necesidad de aumentar el gasto de la Unión en I+D en el marco de Horizonte Europa hasta al menos el 50 % (desde el 35 % actual) para tecnologías, productos y empresas innovadores responsables, y soluciones no tecnológicas, poniendo fin a las inversiones públicas en actividades de I+D relacionadas con los combustibles fósiles; destaca la necesidad de una integración sistemática de la dimensión climática y de la resiliencia al cambio climático en todos los programas de I+D de la Unión;

122. Considera fundamental que el Pacto Verde fomente cambios sistémicos y no soluciones tecnológicas en la fase final que mantengan un sistema insostenible y la dependencia de los insumos; advierte contra el denominado «principio de innovación» que invoca la industria para fomentar la innovación de cualquier tipo a cualquier coste; señala que a menudo existen técnicas y soluciones más sencillas, baratas y eficaces, adecuadas a la escala, tales como la agroecología, que ayudan a abordar la crisis climática y de la biodiversidad; pide a la Comisión que apoye únicamente la innovación destinada al bien público, participativa y sostenible, que no cause daños y respete el principio de cautela;

123. Aboga por fomentar proyectos industriales clave destinados a reducir las emisiones y el uso de recursos, y un uso más selectivo de los «proyectos importantes de interés común europeo» para los proyectos resilientes al cambio climático con un valor añadido real con miras a lograr una economía de cero emisiones netas;

124. Lamenta que la futura estrategia para las pymes no forme parte del Pacto Verde Europeo; reitera que las pymes son la columna vertebral de la economía europea; hace hincapié en la necesidad de vincular estrechamente la estrategia industrial y de las pymes, así como el objetivo de alcanzar la neutralidad desde el punto de vista climático a más tardar en 2040; pide poner en marcha un ambicioso programa de ecoinnovación/«Unicornios verdes», con medidas y fondos específicos para brindar apoyo a las pymes y a las empresas emergentes en los sectores del clima y la economía circular, incluida una ventanilla única para información y asesoramiento, por ejemplo sobre financiación, funcionamiento en el mercado interior, aprovechamiento de la sostenibilidad y eficiencia de los recursos mediante el diseño y como parte integrante de sus planes empresariales y operativos;

125. Subraya que la innovación debe estimularse en las tecnologías importantes para la transición hacia economías sostenibles, por ejemplo, las células fotovoltaicas y las baterías destinadas a aumentar su eficiencia energética y en el uso de recursos, así como su capacidad de reciclado;

«No ocasionarás daños»: integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión

126. Celebra el compromiso de la Comunicación con el principio de que todas las acciones y políticas de la Unión deben converger para lograr una transición satisfactoria y justa hacia un futuro sostenible; señala que este requisito mínimo no solo optimiza la eficacia de la acción sino que evita malgastar recursos públicos;

127. Acoge con satisfacción que la Comisión adapte todas las futuras iniciativas políticas a los objetivos del Pacto Verde, pero subraya la necesidad de evaluar también la coherencia de la legislación vigente con los objetivos fijados en la Comunicación y de tener en cuenta el coste de la inacción;

128. Celebra el compromiso de la Comisión de intensificar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento y la aplicación efectivos de la legislación y las políticas; pide a la Comisión que actúe con rapidez cuando se vulnera la legislación de la Unión, en especial para subsanar las lagunas detectadas en la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental 2019, y acelerar los procesos de infracción de la legislación ambiental;

129. Acoge con satisfacción que, en la exposición de motivos de todas las propuestas legislativas y actos delegados, se incluya una sección específica para explicar de qué manera respeta cada iniciativa el principio de «no ocasionarás daños»; pide que esto incluya también los actos de ejecución y las medidas sujetas al procedimiento de reglamentación con control;

130. Subraya el papel esencial del principio de cautela como motor de la innovación beneficiosa y de una sólida elaboración de legislación, y que ello ha contribuido a la introducción de nuevos productos, más seguros, en el mercado y ha fomentado las innovaciones que promueven la sostenibilidad ambiental, social y económica;

131. Insiste en que solo deben recibir apoyo público las innovaciones que contribuyan a la solución sostenible de los grandes retos socioeconómicos y ecológicos y que, al mismo tiempo, protejan los derechos de los consumidores;

La Unión como líder mundial

132. Celebra la intención de la Comisión de garantizar que el respeto del Acuerdo de París sea un elemento esencial para todos los acuerdos comerciales futuros y que todos los productos químicos, materiales, alimentos y otros productos que se comercializan en el mercado europeo cumplan plenamente las normas y normativas de la Unión pertinentes; observa, en este sentido, que el respeto de los principios y objetivos del Acuerdo de París debe ser una condición para cualquier ayuda presupuestaria a terceros países y todos los acuerdos de asociación;

133. Celebra que la Comisión reconozca que los retos mundiales en materia de clima y medio ambiente constituyen un importante multiplicador de las amenazas y una fuente de inestabilidad; señala, a este respecto, que las preocupaciones en materia de seguridad climática y la voluntad de aplicar la gobernanza ambiental mundial deben integrarse en todas las acciones de política exterior de la Unión y que esta debe desarrollar capacidades para supervisar los riesgos relacionados con el cambio climático, que deben incluir sensibilidad ante los conflictos, políticas de prevención de crisis y un enfoque anticipatorio de las dimensiones geopolíticas de la descarbonización, contrarrestando sus efectos mediante estrategias de compromiso a largo plazo;

134. Subraya que todos los fondos de la Unión para la adaptación al cambio climático deben contener garantías en materia de derechos humanos; apoya asimismo la inclusión de salvaguardas en materia de derechos humanos e igualdad de género en todos los mecanismos previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París, así como la creación de un mecanismo de reclamación para las comunidades afectadas por la aplicación de los mecanismos del artículo 6;

135. Lamenta que, en la carta de mandato del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, no se mencione en absoluto la importancia de una acción exterior coherente con los objetivos del Pacto Verde Europeo; espera que se corrija con un mandato claro para utilizar toda la influencia de que dispone la Unión en sus relaciones con los socios mundiales a fin de garantizar la máxima ambición en materia de clima y biodiversidad; pide el fin de las importaciones de gas de esquisto procedentes de terceros países;

136. Señala que un programa comercial mundial, basado en el consumo excesivo de recursos naturales muy superior a los límites de nuestro planeta, provoca la destrucción de hábitats en terceros países y promueve la sustitución de la producción sostenible por una producción insostenible de monocultivos que depende de las sustancias químicas, prácticas de dumping y la exportación e importación simultáneas, totalmente injustificables, de las mismas mercancías y materias primas; pide a la Comisión que revise a fondo la política comercial de la Unión con el fin de garantizar su plena coherencia con las ambiciones determinadas en la Comunicación;

137. Recalca que fortalecer la transparencia, la sostenibilidad y la rendición de cuentas en las cadenas de valor mundiales es una condición básica y necesaria para que el comercio fomente un desarrollo sostenible; pide a la Comisión que, para lograrlo, proponga rápidamente un marco jurídico de la Unión que introduzca la diligencia debida obligatoria para las empresas de la Unión a lo largo de sus cadenas de suministro;

138. Pide a la Comisión que revise también todos los acuerdos comerciales vigentes para incorporar a estos acuerdos bilaterales los Objetivos de Desarrollo Sostenible, unas disposiciones ambiciosas en materia de clima y medio ambiente, además de normas sociales y laborales, incentivando así a los socios para que adopten estrategias climáticas en consonancia con el Acuerdo de París;

139. Pide a la Comisión que garantice que el cumplimiento del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las ambiciosas disposiciones en materia de medio ambiente y clima constituyan un requisito obligatorio, aplicado rigurosamente, en todos los capítulos de los acuerdos comerciales y de inversión, vigentes y nuevos; considera que el puesto de alto responsable de la aplicación de la política comercial, de reciente creación, debe estar en condiciones de garantizar que el cumplimiento se aplica efectivamente, también por parte de los agentes económicos europeos en el extranjero y de sus subcontratistas, y que pueden suspenderse los acuerdos comerciales en caso de incumplimiento;

140. Considera que el Acuerdo entre la Unión y Mercosur, y en particular sus disposiciones en los capítulos sobre acceso al mercado, normas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, materias primas y energía, contradice los objetivos del Pacto Verde Europeo y que, por lo tanto, dicho acuerdo debe renegociarse por completo y tener plenamente en cuenta las condiciones para frenar el cambio climático y proteger el medio ambiente y la biodiversidad;

141. Pide a la Comisión que, en sus esfuerzos por fomentar el liderazgo mundial de la Unión en las negociaciones internacionales sobre el clima y la biodiversidad, diseñe un plan de acción concreto para cumplir los compromisos del renovado Plan de Acción en materia de Género, de cinco años, que se acordó en la COP25 (Programa de Trabajo de Lima mejorado), que promueva la igualdad de género en el proceso de la CMNUCC y que designe un punto de referencia permanente de la Unión en materia de género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, a fin de aplicar y supervisar la acción por el clima responsable en materia de género en la Unión y en todo el mundo;

142. Insiste en que no debe haber mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados ni otro trato privilegiado similar para los inversores en ningún nuevo acuerdo comercial y de inversión; pide a la Unión y a los Estados miembros que abandonen el Tratado sobre la Carta de la Energía, que permite al sector de los combustibles fósiles presentar demandas por la pérdida de ingresos;

143. Destaca que la Unión tiene un papel que desempeñar a la hora de garantizar una transición justa y ordenada en todo el mundo, especialmente en las regiones que dependen en gran medida de la producción de combustibles fósiles y cuya inestabilidad política podría tener graves consecuencias mundiales;

144. Resalta la necesidad de hacer avanzar la transformación ecológica mediante la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo también en el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión, y en particular con sus socios de Eurasia en consonancia con la estrategia de la UE de conexión, de 2018, que menciona la conectividad sostenible como primer principio;

145. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que persigan una gestión internacional de la pesca coherente con los requisitos de la política pesquera común y la preservación de un océano mundial sano, productivo y resiliente; destaca, en particular, la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros sigan los mejores dictámenes científicos disponibles a fin de fijar las posibilidades de pesca que presentan una muy alta probabilidad de mantener o recuperar poblaciones de peces por encima de niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible lo antes posible;

146. Estima que, para la coherencia con el Pacto Verde Europeo, es fundamental poner fin a la exportación de emisiones a través de la importación de productos (incluidos los productos agrícolas) producidos con normas inferiores a las de la Unión, así como la exportación de residuos de todo tipo;

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147. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

 

[1] DO L 23 de 27.1.2010, p. 35.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.

[3] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.

[4] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.

[5] DO C 346 de 27.9.2018, p. 184.

[6] DO C 458 de 19.12.2018, p. 9.

[7] DO L 198 de 25.7.2019, p. 105.

[8] DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.

Última actualización: 14 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad