Procedimiento : 2019/2956(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0041/2020

Textos presentados :

B9-0041/2020

Debates :

Votaciones :

PV 15/01/2020 - 10.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :


<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 62k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Pacto Verde Europeo</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexandr Vondra, Anna Zalewska</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0041/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo

(2019/2956(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640) y su anexo,

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019,

 Vistos el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C, su quinto Informe de evaluación (AR5) y el Informe de síntesis correspondiente, así como su Informe especial sobre el cambio climático y la tierra, y su Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

 Vista la gigantesca amenaza en cuestión de pérdida de diversidad biológica expuesta en el Informe de evaluación global del estado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de 31 de mayo de 2019,

 Vistos el Acuerdo de París (Decisión 1/CP.21) de la 21.ª Conferencia de las Partes (CP.21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CP/RP11), celebrada en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

 Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP24), el 14.º período de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrados en Katowice (Polonia), del 2 al 14 de diciembre de 2018, y la 25.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP25), que se celebrará en Madrid (España), y el 15.º período de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP15) y el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA2), celebrados en Madrid (España) del 2 al 15 de diciembre de 2019,

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Vista la Declaración de Silesia para la Solidaridad y la Reconversión Justa, adoptada al comienzo de la COP24,

 Visto el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) de 4 de diciembre de 2019 titulado «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente europeo — Estado y perspectivas 2020: el conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible),

 Visto el informe científico independiente del Grupo de consejeros científicos principales de la Comisión Europea, de 24 de septiembre de 2019, titulado «Scientific Advice to European Policy in a Complex World» (El asesoramiento científico a la política europea en un mundo complejo) (Scientific Opinion No.7, Sep. 7),

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el artículo 15, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea establece que «el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales»;

B. Considerando que en octubre de 2014 los Estados miembros acordaron por unanimidad los objetivos de la Unión Europea para el clima y la energía de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 40 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990, de garantizar una cuota de al menos el 32 % de energías renovables, y de mejorar la eficiencia energética al menos en un 32,5 %;

C. Considerando que la Comisión presentó el Pacto Verde Europeo el 11 de diciembre de 2019 y estableció las metas y los objetivos políticos principales de la Unión antes de que el Consejo Europeo hubiera llegado a un consenso sobre el objetivo de la neutralidad climática;

D. Considerando que es fundamental que la Unión actúe de manera unificada y consensuada al tratar de lograr sus objetivos climáticos, teniendo plenamente en cuenta las inquietudes de los Estados miembros de renta más baja, que siguen dependiendo de los combustibles fósiles;

E. Considerando que el Pacto Verde Europeo establece objetivos y una hoja de ruta para que la Unión sea la primera región que alcance la neutralidad climática para 2050, lo que es más ambicioso que el calendario de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecido en el Acuerdo de París;

F. Considerando que la AEMA estima que los compromisos de reducción para 2030 contraídos ya por los Estados miembros de la Unión lograrán una reducción de emisiones del 36 %, inferior por lo tanto al objetivo del 40 %; que la salida del Reino Unido de la Unión reducirá este porcentaje a menos del 34 %; que, en estas circunstancias, alcanzar una reducción del 50 % o más parece muy improbable y exigirá un nivel de inversiones sin precedentes;

G. Considerando que para alcanzar la neutralidad climática será necesario diversificar y transformar sustancialmente la economía, además de introducir cambios significativos en los modelos de negocio y la formulación de políticas a nivel nacional; que estos cambios crearán nuevas oportunidades, pero también darán lugar a desafíos socioeconómicos serios en muchas regiones y sectores industriales;

H. Considerando que estos efectos se repartirán de manera desigual por la Unión, lo que dará lugar a beneficiados y perjudicados; que ello justifica la necesidad de un Fondo de Transición Justa robusto y amplio y un mecanismo de apoyo para garantizar que «nadie se quede rezagado»;

I. Considerando que los resultados de la COP25 demuestran que sigue habiendo muchos retos que deben abordarse a nivel global antes de que el Acuerdo de París pueda dar lugar a una reducción global sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero; que la Unión sigue necesitando proteger sus industrias contra la competencia desleal de regiones con compromisos climáticos menos estrictos;

J. Considerando que los Estados miembros conservan su derecho «a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético» (artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y se congratula de su objetivo de hacer de la Unión Europea una economía más sostenible; reconoce que la comunicación recoge un estimulante conjunto de iniciativas para facilitar la transición hacia una economía hipocarbónica, a la vez que se asume el compromiso de trabajar constructivamente en pro de un mejor estado del medio ambiente y para preservar el empleo, la competitividad nacional y el bienestar de la población;

2. Expresa su preocupación ante el hecho de que la decisión de la Comisión de presentar un plan tan ambicioso y de tan amplio alcance con un calendario tan breve sitúa la oportunidad política por encima de la solidez de la evaluación de impacto; observa que el calendario legislativo propuesto podría afectar adversamente a la credibilidad y el valor de la elaboración de políticas europea basada en pruebas y a la generación de los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos fijados;

3. Subraya la inquietud acerca de la posibilidad de que la amplitud política del Pacto Verde Europeo, que aspira a abordar conjuntamente retos económicos, sociales y medioambientales y tiene consecuencias de gran alcance en muchos sectores, contribuya al desbordamiento de las competencias, socavando los principios de la Unión de subsidiariedad y proporcionalidad y la cláusula de flexibilidad (artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), en detrimento de la autoridad decisoria de los Estados miembros;

4. Considera que el desarrollo solamente puede considerarse sostenible cuando en la elaboración de políticas públicas se concede la misma prioridad a la sociedad, el medio ambiente y la economía;

5. Considera que la transición hipocarbónica tiene potencial para crear nuevos empleos en sectores emergentes y utilizando tecnologías emergentes, pero también puede suponer costes sociales y pérdidas de puestos de trabajo en los sectores convencionales de la industria y la energía, que con frecuencia afectarán desproporcionadamente a los trabajadores más experimentados; considera que la transformación hipocarbónica debe ser aceptable socialmente y garantizar el acceso a un empleo digno en las economías que siguen dependiendo de los combustibles fósiles;

6. Denuncia cualquier decisión de la Comisión que pretenda revocar actos legislativos adoptados recientemente y que aún han de aplicarse plenamente, ya que ello socavaría la seguridad jurídica y de regulación del acervo medioambiental;

7. Pide a la Comisión que emplee plenamente el principio de innovación en la preparación de legislación en el marco del Pacto Verde Europeo; señala que ello garantizará que las nuevas propuestas apoyen la innovación y faciliten un entorno legislativo más favorable a la innovación;

8. Acoge muy favorablemente el compromiso de la Comisión de aplicar el principio de «una más, una menos», en virtud del cual cada propuesta legislativa que cree nuevas cargas deberá retirar una carga equivalente que pese sobre personas y empresas al nivel de la Unión en el mismo ámbito político;

9. Destaca que las decisiones políticas sobre medidas legislativas deben emprenderse de manera coordinada, y expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que, en ausencia de consenso político, determinadas propuestas del paquete pueda verse sujetas a incrementos de su ambición y amenacen la consecución de los objetivos generales del Pacto Verde Europeo; subraya la necesidad de una coordinación efectiva de todas las medidas pertinentes, a fin de garantizar que actúen de concierto de cara a la realización de los objetivos principales y que cuando se apliquen, no entren en conflicto con otras metas legislativas;

10. Advierte de que, si bien encuestas como la encuesta sobre el clima del Eurobarómetro muestran el apoyo general o no especificado a acciones en favor del clima, a menudo no se especifican con claridad los costes o los cambios que supone para el estilo de vida de las personas llevar a efecto estas acciones; considera, por tanto, que el apoyo popular podría ser tibio y que cuando se vean expuestos sin apoyo en el periodo de transición a cambios de la magnitud del Pacto Verde Europeo, las posiciones de muchos ciudadanos de la Unión podrían cambiar; subraya la importancia de garantizar el apoyo popular a todas las acciones expuestas en el Pacto Verde Europeo, sobre la base de análisis precisos y honestos de sus impactos probables y los costes esperados;

11. Reconoce su responsabilidad institucional de reducir su huella de carbono; propone adoptar sus propias medidas para reducir las emisiones, entre otras, la sustitución de su flota de vehículos por vehículos de cero emisiones, y exhorta a los todos los Estados miembros a que se pongan de acuerdo sobre una sola sede para el Parlamento Europeo;

Un mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050

12. Observa que la Unión ha adoptado recientemente leyes para llevar a la práctica el objetivo de reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero acordado por unanimidad por el Consejo Europeo en 2014, y que aún se encuentra en el proceso de implementar la legislación pertinente; expresa, por consiguiente, sus serias dudas de la viabilidad política y económica del propósito de la Comisión de elevar el objetivo de reducción de 2030 transcurridos menos de seis años;

13. Recuerda el análisis de la Comisión Juncker, que concluyó que la plena aplicación de las leyes vigentes relativas al clima daría lugar a una reducción del 45 % para 2030 sin necesidad de cambios formales del objetivo; expresa, no obstante, su profunda preocupación ante la evaluación contradictoria de la AEMA según la cual las políticas climáticas de la Unión solamente darán lugar a una reducción de emisiones del 36 % en 2030, porcentaje que podría incluso bajar al 34 % a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión;

14. Se opone a todo incremento inmediato de la actual contribución determinada a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París, ya que la Unión aún debe aplicar leyes basadas en el actual objetivo vinculante para reducir las emisiones al menos en un 40 % para 2030 en relación con los niveles de 1990 (por ejemplo, la fase IV (2021-2030) del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), el Reglamento de reparto del esfuerzo, etc.); observa que toda propuesta de elevar los objetivos de reducción de emisiones de la Unión debe basarse en una evaluación de impacto exhaustiva que analice todos los riesgos conexos y alinearse con el ciclo del Acuerdo de París de planificación, aplicación y revisión de los progresos de las contribuciones de las partes determinadas a nivel nacional;

15. Pide a la Comisión Von der Leyen que tome en consideración las conclusiones de la anterior Comisión, que declinó elevar el objetivo de reducción de la Unión para 2030, y reconsidere su enfoque, en vista de la preocupación de que este significativo aumento se base en elementos no fiables y dé lugar a graves problemas económicos y sociales en muchas regiones, exponiendo a las industrias de la Unión a la competencia de regiones con normas medioambientales significativamente menos exigentes;

16. Cree que el plan de aumentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión al menos al 50 % e incluso hasta el 55 % necesitará inversiones financieras sin precedentes y cambios en los modelos económicos que beneficiarán a los Estados miembros de más renta, quizás a expensas de los Estados miembros más pobres, que siguen dependiendo en gran medida de la financiación de la política de cohesión;

17. Apoya las metas y los objetivos del Acuerdo de París, incluido el de alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad de este siglo; opina que todas las partes en el Acuerdo de París deben esforzarse por alcanzar este objetivo cuanto antes;

18. Subraya su preocupación ante el hecho de que la Comisión se haya comprometido ya a alcanzar la neutralidad climática para 2050 sin llevar a cabo una evaluación de impacto exhaustiva, sin un plan detallado para financiarla (incluidas las disposiciones para una transición justa) y sin esperar a que el Consejo de Europa cumpla su función de fijar el rumbo político de la Unión a largo plazo, como prevé el artículo 15 del TUE;

19. Considera que la Unión solamente podrá alcanzar objetivos a largo plazo, como la neutralidad climática, si actúa de manera consensuada; opina, por lo tanto, que deben tenerse en cuenta las preocupaciones de todos los Estados miembros y sus regiones, entidades locales, industrias y sociedad civil;

20. Toma nota de la intención de la Comisión de proponer un mecanismo de ajuste del carbono en frontera; destaca que este es solo un instrumento posible de entre varias medidas potenciales que podrían introducirse para atajar las fugas de carbono, pero su impacto debe evaluarse escrupulosamente; destaca, por consiguiente, que la propuesta de un impuesto sobre el carbono en frontera, que debe ser el último recurso si resulta inviable un acuerdo internacional, debe ser plenamente compatible con la OMC y debe estar acompañada de una evaluación de impacto exhaustiva, con varias opciones políticas, también evaluadas a fondo, dedicadas a los efectos en sectores y productos potencialmente afectados, la competitividad de la Unión e implicaciones y repercusiones comerciales más amplias;

21. Observa que si la Unión alcanza su objetivo de convertirse en el primer continente neutro en cuanto al carbono antes de 2050, ello solamente tendrá un efecto marginal en las emisiones globales (aproximadamente, el 9 %); considera, por lo tanto, que es imperativo que todas las demás economías importantes hagan honor a sus compromisos en virtud del Acuerdo de París a fin de alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad de este siglo; opina que la Unión debe conceder prioridad a una buena labor legislativa, cumplir los compromisos existentes en el marco del Acuerdo de París y acrecentar su influencia diplomática para profundizar en la cooperación con terceros países, aumentado con ello la ambición globalmente;

Suministro de energía limpia, asequible y segura

22. Destaca que para lograr los objetivos de clima y energía para 2030 y 2050 no debe socavarse el derecho de cada Estado miembro a determinar su combinación energética y debe respetarse el principio de neutralidad tecnológica;

23. Considera que la energía nuclear puede contribuir a la consecución de los objetivos climáticos dado que no emite gases de efecto invernadero, y también puede garantizar una cuota importante de la producción de electricidad en la Unión; considera, no obstante, que, debido a los residuos que genera, esta energía requiere una estrategia a medio y largo plazo que tenga presentes los avances tecnológicos (láser, fusión, etc.) destinados a mejorar la sostenibilidad de todo el sector; insta a la Comisión, a este respecto, a que tome en consideración el papel indispensable de la energía nuclear como solución hipocarbónica cuando prepare legislación derivada en el marco para facilitar las inversiones sostenibles;

24. Destaca que el gas natural también es una fuente de energía fundamental si Europa quiere lograr sus ambiciosos objetivos climáticos; recuerda su importante función como «combustible de transición» que reduce significativamente las emisiones de partículas y CO2 y actúa como un elemento que hace posible el despliegue a gran escala de fuentes renovables mucho más allá de 2030; expresa su preocupación ante la decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de dejar de financiar proyectos de gas desprovistos de medidas de atenuación;

25. Expresa su apoyo a la cuarta lista de proyectos de interés común, que recoge varios proyectos de gas fundamentales para desarrollar una red de gas bien conectada y resiliente ante perturbaciones para la Unión y su vecindad;

26. Subraya que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), reducir las emisiones de metano de las actividades del sector del gas es una de las cinco oportunidades globales principales para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de cumplir el ambicioso objetivo de 2 °C, y la mitad de estas emisiones podría evitarse o reducirse con un coste neto igual a cero; recuerda que el sector del gas ha hecho progresos significativos para limitar las emisiones de metano en Europa, que se han reducido en un 61 % con respecto a los niveles de 1990, mientras que el consumo de gas ha aumentado en un 25 %;

27. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de preparar directrices para prestar asistencia a los Estados miembros a la hora de hacer frente a la pobreza energética, problema serio en toda Europa que afecta particularmente a los Estados miembros del este y del sur; llama la atención sobre la existencia de distintas causas de la pobreza energética que varían en Europa, como los precios de la energía, la pérdida de ingresos de los hogares o las viviendas ineficientes en su consumo de energía, y que los expertos difieren significativamente en cuanto al modo de abordar el problema; recuerda que, según las estimaciones, serían necesarios entre 55 000 y 110 000 millones de euros en inversiones para resolver el problema de la ineficiencia energética solo en los hogares de bajos ingresos;

28. Destaca que la calefacción de distrito sigue recibiendo asignaciones gratuitas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), pues proporciona calefacción asequible a los ciudadanos, reduce la contaminación de fuentes de calor menos eficientes y produce energía de manera eficiente a través de la cogeneración;

Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular

29. Observa que en algunas industrias, las emisiones de gases de efecto invernadero son una parte inevitable de los procesos de producción y que actualmente no hay tecnologías de emisiones cero que sean viables económicamente; destaca que las industrias de gran consumo de energía son una parte crucial de la economía de la Unión, que representan más de seis millones de empleos directos y dan origen a numerosas cadenas de valor;

30. Pide, por consiguiente, una estrategia industrial de la Unión nueva e integrada para las industrias de gran consumo de energía, a fin de completar la transición hacia una economía hipocarbónica en la Unión; recuerda la función que desempeñará la política pública para impulsar la innovación industrial mediante la modernización y la racionalización, y dar lugar a una reducción de los costes de capital de los proyectos hipocarbónicos y a la creación de nuevos productos hipocarbónicos; está de acuerdo con la Comisión en que las industrias de gran consumo de energía, como la producción de acero, son indispensables, e insta a la Comisión a adoptar un enfoque estratégico coherente para gestionarlas, a fin de garantizar el crecimiento y el empleo en todo el sector;

31. Insta a la Comisión a que, tan pronto como sea posible, presente una propuesta basada en la propuesta de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de restricción de las utilizaciones intencionadas de microplásticos en productos comercializados en el mercado de la Unión, a fin de evitar o reducir su liberación en el medio ambiente;

32. Considera que podría ser beneficioso facilitar y alentar la reparación de productos para ampliar su ciclo vital y para alimentar mercados secundarios de reparación de productos y el suministro de piezas; toma nota de los esfuerzos positivos hechos recientemente en el sector del automóvil en apoyo de un sector de reparaciones independiente y dinámico, y considera que este modelo podría reproducirse en sectores en los que los productos se prestan a la reparación;

33. Considera que la economía circular puede ser fundamental para el éxito de la política climática debido a las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero del consumo de materiales en las distintas fases de la cadena de valor de una economía lineal (por ejemplo, extracción, producción, transporte, uso y eliminación de materiales); se congratula, por consiguiente, de que la Comisión vaya a presentar un nuevo plan de acción con una iniciativa sobre productos sostenibles y una especial atención a los sectores que hacen un uso intensivo de recursos, como el sector textil o los de la construcción, la electrónica y los plásticos; espera que este plan de acción sea de una importancia crucial para el desarrollo de nuevas políticas que promueven los modelos circulares de producción y consumo en toda la cadena de valor;

34. Considera que la obsolescencia programada es muy perjudicial para los consumidores y entra en conflicto con las expectativas de productos más duraderos y más eficientes; recuerda que en actos legislativos adoptados recientemente en materia de consumo se han tratado expresamente la durabilidad de los productos y los periodos de soporte, en particular en el caso de los bienes digitales; pide a la Comisión que evalúe el impacto de estas nuevas medidas y que proponga otras obligaciones donde se demuestre que son necesarias;

35. Subraya que los nuevos modelos de negocio que están emergiendo en la economía colaborativa tienen potencial para apoyar opciones económicas más ecológicas, como facilitar a los particulares el acceso a productos que pueden alquilar o compartir con otros, de manera que ya no necesitarán adquirirlos en propiedad; considera asimismo que el crecimiento de los servicios digitales ha permitido que los consumidores actúen con más discernimiento, en particular por lo que se refiere a las repercusiones en el medio ambiente; considera que deben alentarse tales servicios y eliminarse los obstáculos de la regulación nacional para hacer posible que se presten en todos los Estados miembros;

36. Hace hincapié en los posibles beneficios del etiquetado ecológico, que puede permitir un acceso fácil y sencillo a información de regulación, en particular la relativa al cumplimiento de los requisitos o las normas aplicables a los productos, datos sobre la composición y acceso a orientación para reparaciones y final del ciclo de vida, y pide a la Comisión que introduzca un etiquetado ecológico para los productos que se presten a ello, en particular los sometidos a regulación; considera que puede ahorrarse eliminando la necesidad de manuales de instrucciones en soporte papel y demás documentación de acompañamiento de los productos;

37. Considera que el Reglamento sobre los productos de construcción ha sido un apoyo para el desarrollo en la Unión de un mercado común de productos de construcción, pero persisten algunas dificultades; señala que a causa de retrasos y fallos en la normalización ha resultado obstaculizada la introducción de requisitos armonizados, y pide a la Comisión que actúe al respecto antes de tomar otras medidas; subraya que el Reglamento sobre los productos de construcción puede servir de apoyo a las opciones más sostenibles cuando se aplique efectivamente; recuerda que, al contrario de lo que se preveía, el Reglamento sobre los productos de construcción ha incrementado los costes de cumplimiento y ha resultado especialmente difícil de respetar para pequeñas y medianas empresas; insta a la Comisión a que tenga presentes las dificultades de aplicación cuando considere la posibilidad de revisar en profundidad el Reglamento sobre los productos de construcción y las obligaciones que de él se derivan;

Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente

38. Expresa su preocupación ante el hecho de que el acuerdo provisional recientemente alcanzado sobre el paquete de movilidad I, en particular el requisito de que los vehículos pesados vuelvan al Estado miembro de establecimiento cada ocho semanas, es contradictorio con el propósito de las propuestas legislativas iniciales de la Comisión de reducir los efectos medioambientales adversos y con los objetivos climáticos fijados por la Comisión en el nuevo Pacto Verde Europeo, en particular con el objetivo de alcanzar una Unión neutra en el plano climático en 2050, ya que esta obligación daría lugar a un notable incremento de los trayectos de vacío de camiones por las carreteras de la Unión y, junto con las restricciones impuestas a las operaciones de cabotaje, darán lugar a un incremento sustancial de las emisiones de CO2, la contaminación y la congestión causadas por el sector del transporte; recuerda que la obligación de retorno del vehículo no formaba parte de las propuestas de la Comisión y no ha sido objeto de evaluación de impacto, por lo que insta a la Comisión a tomar medidas de inmediato, en particular la realización de una evaluación de impacto completa, para evitar este requisito, a fin de resolver estas incongruencias y contradicciones con toda la legislación y las políticas de la Unión en la materia;

39. Expresa sus reservas hacia el enfoque de «talla única» en relación con la tasa por utilización de las carreteras por los vehículos pesados (Directiva relativa al distintivo europeo) y la ambición de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de dicha Directiva con vistas a hacer más coherente la tasa por utilización de las infraestructuras en todo el sector del transporte por carretera, e insiste en que los Estados miembros deben conservar su derecho de adaptar a su medida sus políticas de tarificación vial y la posibilidad de seguir ofreciendo permisos de duración limitada;

40. Subraya la importancia de aumentar la cuota de los modos de transporte de bajas emisiones, como la navegación fluvial, el transporte marítimo y el ferrocarril, y subraya la necesidad de aumentar la capacidad de los ferrocarriles y las vías navegables interiores y ofrecer accesos adecuados de «último tramo» y conexiones ferroviarias adecuadas, con infraestructura ferroviaria de interconexión en terminales de vías navegables interiores y con nudos de transporte en las zonas de influencia de los puertos para atraer a los usuarios; destaca que el transporte combinado debe convertirse en un instrumento funcional eficaz y práctico del mercado único europeo de transporte de mercancías, que apoye las operaciones de transporte multimodal de mercancías;

41. Se opone a las tentativas de extender el RCDE UE al transporte por carretera, pues este sector ya dispone de normas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incluirlo en el RCDE UE podría dar lugar a normativas excesivas y onerosas y a una carga económica potencialmente elevada para los consumidores;

42. Expresa su inquietud ante los planes de la Comisión de reconsiderar la exención fiscal de los combustibles de la aviación, que puede entrar en conflicto con los términos del artículo 24 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944 (el Convenio de Chicago), que establece el marco jurídico para la aviación civil internacional; señala que la exención de las líneas aéreas de los impuestos nacionales y los aranceles aduaneros por lo que se refiere a una serie de bienes relacionados con la aviación, como componentes, pertrechos y combustible, es un elemento tipo de los acuerdos sobre servicios aéreos entre países; destaca que sin un acuerdo global sobre la imposición del combustible de aviación, es muy probable que los intentos de imponer derechos a los vuelos internacionales (a nivel nacional o de la Unión) fomenten la práctica de sobrerrepostar (tankering), consistente en que, para evitar los impuestos, las líneas aéreas cargarían la mayor cantidad de combustible posible siempre que aterrizaran fuera de la Unión; considera que si se ha de introducir un impuesto sobre el combustible de aviación, debe hacerse a nivel mundial y reflejar el tamaño y la eficiencia de los aviones;

De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medioambiente

43. Pone de relieve la contribución fundamental del sector agrícola de la Unión para la seguridad alimentaria, el mantenimiento de las zonas rurales de la Unión y la prestación de servicios medioambientales; subraya que debe salvaguardarse la sostenibilidad económica, ecológica y social de la nueva política agrícola común y la Estrategia «De la granja a la mesa», con la modernización y el acceso a la investigación y la innovación como objetivo transversal; destaca la necesidad de un enfoque ascendente con participación de agricultores de todas las generaciones y especial atención a los jóvenes agricultores, una compensación económica adecuada e incentivos para las soluciones beneficiosas para todas las partes, y que tenga en cuenta las circunstancias locales;

44. Pide a la Comisión que vele por el acceso de los agricultores de la Unión a los mejores instrumentos disponibles, como nuevas técnicas de selección vegetal y agricultura de precisión; expresa su inquietud ante la lentitud con que se están haciendo accesibles los instrumentos, y pide a la Comisión que dé prioridad a la evaluación de técnicas y productos nuevos, con el apoyo de asesoramiento científico, y que actualice la legislación siempre que sea necesario para que los agricultores obtengan acceso a estos instrumentos;

45. Pide igualdad de condiciones en el sector agrícola y pide a la Comisión que examine cuidadosamente la coherencia de las propuestas del Pacto Verde Europeo con las políticas comerciales, a fin de que la viabilidad del sector agrícola europeo no se vea socavada por la competencia desleal derivada de la desigualdad de normas de producción;

46. Destaca la necesidad de que todos los niveles de la cadena alimentaria así como el consumidor contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios reduciendo los residuos y maximizando la cantidad producto utilizado como alimento o pienso; pide a la Comisión que mantenga sus esfuerzos para mejorar la posición de negociación del productor primario y garantizar que los costes adicionales asociados con iniciativas de sostenibilidad puedan amortizarse cuando se comercialicen los productos;

47. Subraya que el recurso a reducciones arbitrarias de los productos fitosanitarios no es beneficioso para la salud de los polinizadores en el sector agrícola; observa que, en el marco de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas (Directiva 2009/128/CE), los Estados miembros ya han ensayado y abandonado objetivos de reducción en sus planes de acción nacionales (por ejemplo, Dinamarca), ya que este enfoque no refleja la complejidad de la gestión de plagas y enfermedades en las cambiantes condiciones locales mediante la gestión integrada de plagas;

48. Subraya la importancia del enfoque basado en la ciencia a la hora de autorizar sustancias activas, de la transparencia y de la comunicación eficaz del riesgo para garantizar la aceptabilidad de las decisiones de gestión del riesgo y la confianza del consumidor;

49. Pide a la Comisión que mejore su labor de comunicación exterior a fin de informar al público de manera adecuada y fácilmente comprensible sobre la necesidad de los productos fitosanitarios para producir alimentos seguros y asequibles, acompañando esta información de cualquier efecto que se haya probado sobre la salud humana y el medio ambiente; señala que también debe incluirse una explicación de la diferencia entre peligro y riesgo, riesgos aceptables y usos seguros establecidos, así como contextualizar los peligros y riesgos del uso de productos fitosanitarios en relación con otras sustancias y productos químicos domésticos; recomienda que esta información sea de fácil acceso y que se informe a los usuarios de posibles medidas de mitigación del riesgo;

50. Destaca el potencial de los productos pesqueros sostenibles para contribuir a una estrategia de alimentación sostenible «de la granja a la mesa»; pide un enfoque de tolerancia cero con respecto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; destaca la necesidad de mejorar el procedimiento de control y el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea por las importaciones de productos de la pesca y la acuicultura;

Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad

51. Señala con preocupación que, tal como se indica en el informe de evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la IPBES, la naturaleza se está deteriorando a escala mundial a un ritmo sin precedentes y que el ritmo de extinción se está acelerando; se congratula, por lo tanto, de la intención de la Comisión de presentar una ambiciosa Estrategia sobre la Biodiversidad en marzo de 2020 —que estará seguida por una acción específica en 2021—, en la que se establecerá la posición de la Unión para desempeñar un papel de liderazgo en la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB COP 15) que se celebrará en octubre de 2020 en Kunming (China), con objetivos globales de protección de la biodiversidad y nuevos objetivos mensurables para abordar las causas primarias de la pérdida de biodiversidad en la Unión;

52. Observa que la contaminación, la expansión urbana, el sellado del suelo y la destrucción de hábitats son otras de las principales causas de aniquilación de la biodiversidad; recuerda que en el informe de evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la IPBES se señala que desde 1992 se ha duplicado la superficie ocupada por las zonas urbanas; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de la función de las zonas urbanas y las ciudades en la preservación de la diversidad para utilizarla en programas como la agenda urbana para la Unión Europea, para prestar asistencia en el desarrollo de políticas de protección de la biodiversidad;

53. Pide a la Comisión que proponga un conjunto completo de medidas basadas en la diligencia debida para reducir la huella del consumo de la Unión en la tierra, incluidas medidas legislativas, que garanticen cadenas de suministro sostenibles y libres de deforestación para los productos comercializados en la Unión, así como un plan de acción de la Unión sobre el aceite de palma;

54. Subraya que los servicios prestados por los bosques y la agrosilvicultura, que son beneficiosos para el clima y la biodiversidad, son competencia de los Estados miembros; toma nota de la importancia de aprovechar la experiencia de los propietarios forestales para promover la gestión sostenible y el uso eficiente de materias primas;

55. Apoya el desarrollo de la economía azul, pues contribuye al crecimiento económico general, en particular en las regiones costeras e insulares;

56. Destaca la importancia de utilizar parte de la financiación disponible para mitigar los impactos y los riesgos de la inestabilidad hidrológica, la actividad sísmica, la erosión costera y la estabilidad del litoral, que han aumentado su prevalencia en las dos últimas décadas;

Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas

57. Espera el resultado del control de la adecuación de la Comisión relativo a los alteradores endocrinos, que contribuirá a evaluar de modo más general si la legislación de la Unión sobre sustancias químicas está cumpliendo su objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo al mínimo la exposición a estas sustancias; señala que si bien los criterios empleados para identificar alteradores endocrinos ya están establecidos en la legislación sobre productos fitosanitarios y biocidas, es necesaria una actitud de prudencia en el desarrollo y la aplicación de criterios armonizados en otros ámbitos, pues hay que englobar legislación que prohíbe el uso de alteradores endocrinos, legislación que los autoriza con arreglo a requisitos estrictos y legislación que no hace referencia expresa a los alteradores endocrinos, pero los regula mediante disposiciones generales;

58. Subraya que la transición hacia una economía circular exigirá, siempre que sea posible, la eliminación de las sustancias que son motivo de inquietud, a fin de garantizar el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, que facilitarán el reciclaje y serán fundamentales para establecer un mercado de materias primas secundarias que funcione;

59. Insta a la Comisión a que parta del enfoque estratégico aplicado en la Directiva Marco sobre el agua a los riesgos que plantean los medicamentos y prepare una propuesta legislativa para hacer frente a la liberación de medicamentos en el medio ambiente, ya sea a consecuencia del proceso de fabricación o de su uso y eliminación;

Financiación del Pacto Verde Europeo y una transición justa garantizada

60. Espera que en el próximo periodo de programación los recursos presupuestarios estén a la altura de los planes esbozados en el Pacto Verde Europeo; reitera la necesidad de mantener en el centro de atención el valor añadido europeo como principio rector; rechaza los recortes de la política de cohesión, que socavarán el principal instrumento de inversión de la Unión para financiar el empleo y el crecimiento, crear convergencia territorial y hacer avanzar el desarrollo al nivel regional;

61. Insiste en que se fijen objetivos claros centrados en un número más reducido de indicadores de rendimiento de gran calidad, que definan y rastreen el gasto relacionado con la acción climática y con la lucha contra la pérdida de biodiversidad;

62. Expresa su preocupación de que los flujos de ingresos propuestos para ecologizar el lado de los ingresos del presupuesto de la Unión puedan dar lugar a desequilibrios; apoya el sistema actual de contribuciones nacionales y destaca que la contribución de la renta nacional bruta (RNB) es el recurso propio más justo, ya que se basa en la capacidad económica de cada Estado miembro; reitera que la fiscalidad es una competencia soberana de los Estados miembros;

63. Reconoce el papel fundamental de las entidades financieras de la Unión para hacer posible la transición ecológica; toma nota, a este respecto, de que el BEI ha duplicado su objetivo climático para 2025 del 25 % al 50 %; lamenta una vez más, no obstante, que la nueva política de inversión del BEI limite el apoyo al gas, que sigue siendo una fuente de energía capacitadora clave para los Estados miembros dependientes de los combustibles fósiles;

64. Insta a la Comisión a que evalúe cuidadosamente los posibles inconvenientes de facilitar inversiones selectivas, con disposiciones que relajan los requisitos de capital a fin de destinar más fondos a activos ecológicos; pide a la Comisión que adopte un enfoque más estructurado y coherente para limitar el riesgo de activos varados;

65. Reitera que durante la transición energética debe proporcionarse un apoyo financiero adecuado a las cuencas mineras y las regiones de gran consumo de carbón; destaca que no todas las regiones parten del mismo punto en su transición hacia una economía neutral desde el punto de vista climático, no todas cuentan con las mismas herramientas y no todas sufrirán las consecuencias del mismo modo; subraya, así pues, que es fundamental que se lleve a cabo una transición que tenga en cuenta las particularidades de las regiones, las poblaciones y los sectores más vulnerables; acoge con satisfacción la decisión del BEI de prestar hasta un 75 % del valor de los proyectos relacionados con la transición justa a los Estados miembros más pobres;

66. Pide a la Comisión que garantice que el nuevo Fondo de Transición Justa consista en recursos adicionales, además de los asignados a los fondos de la política de cohesión; considera que las inversiones para una transición justa deben excluirse cuando se examinen los déficits nacionales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, permitiendo que las autoridades públicas inviertan en servicios e infraestructura;

67. Pide a la Comisión que garantice la cohesión económica, social y territorial de las transiciones, dedicando una atención particular a las regiones más desfavorecidas, las zonas afectadas por la transición industrial (principalmente, las cuencas mineras y las zonas dependientes de industrias de gran consumo de carbón, como la producción de acero), las zonas de población escasa y los territorios de medio ambiente vulnerable;

Movilización de la investigación y fomento de la innovación

68. Destaca el papel que deben desempeñar la investigación y la innovación en la transición hacia la economía hipocarbónica; subraya que la investigación y la innovación, en particular la investigación de frontera, pueden apoyar a todos los sectores de la economía, y que el despliegue de nuevas tecnologías, incluso si no está directamente relacionado con impactos medioambientales, puede tener efectos colaterales positivos que contribuyan a la transición;

69. Hace hincapié en la necesidad de que las políticas de investigación e innovación amplíen el acceso y promuevan la disponibilidad de suministros de energía neutros para el clima a precios competitivos a nivel global; subraya, a este respecto, la importancia que tienen las demostraciones a escala industrial de tecnologías de vanguardia, en particular el «carbón limpio», y la necesidad de impulsar el desarrollo y la aceptación por el mercado de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen proyectos piloto a gran escala con el fin de demostrar la viabilidad de una tecnología limpia en un marco temporal de cinco a diez años, y que posteriormente fomenten su despliegue a gran escala;

70. Subraya el papel fundamental de Horizonte Europa como factor que posibilita la innovación y la investigación en la Unión y el potencial del programa para contribuir a la introducción de nuevas tecnologías en el mercado; considera importante que se profundice esta capacidad y se utilice también para apoyar la transición hacia una economía hipocarbónica; pide a la Comisión que siga reforzando la colaboración entre la investigación pública y los actores del mercado industrial, para seguir impulsando la aplicación práctica de técnicas innovadoras y fomentar el rápido despliegue de nuevas tecnologías;

71. Subraya la necesidad de coordinación entre Horizonte Europa y otros programas de la Unión de manera que se eviten solapamientos; también considera importante que en el plan estratégico de Horizonte Europa haya un grado elevado de coordinación interna y acciones complementarias con asociaciones, misiones y comunidades de conocimiento e innovación para aprovechar los beneficios y las eficiencias del trabajo colaborativo;

72. Reitera la necesidad de que el plan estratégico de Horizonte Europa atienda también a estrategias y tecnologías de bajas emisiones con el objetivo de revitalizar zonas intensivas en carbón y carbono en transición;

73. Llama la atención sobre el papel clave del Fondo de Innovación y el Fondo de Modernización en el seno del RCDE UE, y pide un aumento del número de derechos asignados a ellos, si hay disponibilidades;

«No ocasionarás daños»: integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión

74. Considera que la contratación pública puede ser un motor importante, y señala que la Comisión examinará vías para facilitar la contratación pública ecológica; considera que los criterios sostenibles tienen un papel que desempeñar en la adopción de decisiones en materia de contratación pública, en particular cuando apoyen el uso eficiente de dinero de los contribuyentes a más largo plazo;

75. Señala que la propuesta pendiente de la Comisión de 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente debe alinearse con el Pacto Verde Europeo y facilitar la realización de los ODS a fin de alcanzar resultados y de garantizar una acción previsible y coordinada para las políticas europeas de medio ambiente y cambio climático;

76. Recuerda el importante papel que tiene el principio de precaución para el desarrollo de las políticas de la Unión; toma nota de que el enfoque de la Comisión de su aplicación ha demostrado ser adecuado, y cree, por consiguiente, que no es necesario revisarlo para garantizar que las medidas del Pacto Verde Europeo sean coherentes con este principio;

La UE como líder mundial

77. Señala que, para realizar los objetivos del Acuerdo de París, la Unión debe colaborar con otros signatarios, ya que por sí sola no será capaz de hacer frente eficazmente a los desafíos del deterioro del medio ambiente y el cambio climático; subraya que la Unión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, debe ponerse en contacto con terceros países, especialmente con las economías del G-20, que representan aproximadamente el 80 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero;

78. Apoya las propuestas de agenda ecológica para los Balcanes occidentales; considera que, como parte del proceso de ampliación en sentido amplio, esto contribuirá a capacitar a los países de preadhesión para aplicar el acervo en los ámbitos de energía, clima, agricultura, transporte y medio ambiente;

79. Destaca la importancia de la Estrategia Conjunta África-UE, especialmente a la luz del enorme potencial de este continente para salvaguardar la biodiversidad y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; opina que toda estrategia debe mejorar la salud y el bienestar de las sociedades locales;

80. Insiste en que se mantenga un diálogo estratégico con China, particularmente en apoyo de los preparativos de la Cumbre UE-China que se celebrará este año en Leipzig y de la CBD COP15; destaca, no obstante, el papel nocivo adoptado por China durante las negociaciones de la COP25 en Madrid, especialmente en lo relativo a la transparencia de los compromisos de reducción en el marco del Acuerdo de París;

81. Reconoce que los desafíos globales del clima y el medio ambiente pueden llegar a ser causa de conflictos, dando lugar a inseguridad alimentaria y flujos migratorios que podrían afectar también a la Unión y sus Estados miembros; opina, por lo tanto, que el Pacto Verde Europeo también debe englobar la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea;

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82. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

 

Última actualización: 14 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad