Procedimiento : 2019/2956(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0042/2020

Textos presentados :

B9-0042/2020

Debates :

Votaciones :

PV 15/01/2020 - 10.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0005

<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0042/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 60k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Pacto Verde Europeo</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esther de Lange</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0040/2020

B9‑0042/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo

(2019/2956(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

 Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

 Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019,

 Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París[1],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)[2],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

1. Acoge con gran satisfacción la propuesta de un Pacto Verde Europeo por parte de la Comisión bajo la presidencia de Ursula von der Leyen;

2. Subraya que el Pacto Verde Europeo debe formar parte de una nueva estrategia de crecimiento que beneficie a los ciudadanos y las empresas europeos;

3. Celebra, en particular, el enfoque holístico y la participación de todas las partes interesadas, así como el objetivo indispensable de vincular la política medioambiental y climática con la competitividad en todos los sectores de la economía y una política que sitúe a las personas en primer lugar; subraya la importancia de la coherencia política entre el Pacto Verde Europeo y el marco político existente; considera el Pacto Verde una oportunidad para evaluar la coherencia política actual a nivel de la Unión;

4. Recuerda que todos los sectores tienen que contribuir a lograr una economía neutra en emisiones de carbono y que todas las políticas deben basarse en pruebas y en la ciencia;

5. Acoge con satisfacción, en este sentido, la utilización de evaluaciones de impacto exhaustivas;

6. Respalda el principio de neutralidad climática y reitera que, de acuerdo con un análisis efectuado por la Comisión en noviembre de 2018, cuando se efectúa de modo correcto, la aplicación de la neutralidad climática puede crear empleos y crecimiento adicionales;

7. Subraya que los desafíos mundiales del cambio climático y la degradación medioambiental exigen una respuesta global; destaca la necesidad de ser ambiciosos, pero también de movilizar a otras regiones del mundo para trabajar en la misma dirección;

Aumentar la ambición climática de la Unión para 2030 y 2050

8. Respalda el objetivo de una economía climáticamente neutra para 2050;

9. Destaca que las ambiciones del Pacto Verde necesitan basarse en una evaluación de impacto global por parte de un comité de control reglamentario independiente; destaca que esa evaluación debe adoptar un enfoque por sectores y por regiones; considera, además, que, para los fines de esa evaluación, la Comisión debería estar también obligada a efectuar evaluaciones de retorno de la inversión obligatorias y a tener en cuenta el posible impacto sobre los precios de la energía para las diferentes regiones y sectores al proponer nueva legislación o revisar el marco jurídico en vigor en los ámbitos políticos de la industria, la energía y la investigación;

10. Respalda un objetivo de la Unión de una reducción de al menos el 50 % de los gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con 1990, como propuso la presidenta de la Comisión; observa que este objetivo se basará en una evaluación de impacto sólida con la opción de fijar un objetivo más alto si se cumplen una serie de condiciones, también en el marco de las negociaciones internacionales y tras una evaluación de sus consecuencias económicas, y teniendo en cuenta la necesidad de mantener la competitividad económica y sin excluir a nadie; reconoce que el objetivo del 50 % ya es muy ambicioso, ya que, incluso suponiendo una aplicación estricta de la legislación en vigor y la plena cooperación del Reino Unido en la política climática de la Unión, solo seremos capaces de llegar al 45 %;

11. Subraya la importancia de salvaguardar la competitividad de nuestra industria para que las medidas existentes para evitar la fuga de carbono solo se puedan sustituir si puede aplicarse plenamente un sistema de ajuste en frontera compatible con la OMC, sin distorsiones importantes en otros ámbitos; cree que la política climática y la política industrial de la Unión deben ir de la mano, con el fin de evitar fugas de carbono y de inversiones y proteger el empleo; considera que pueden ser necesarias medidas para garantizar la igualdad de condiciones; afirma su voluntad, en esa situación, de evaluar la introducción de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono conforme con la OMC y que pueda complementar las medidas existentes para evitar la fuga de carbono, sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que este mecanismo debe integrarse en nuestra estrategia industrial, de modo que incentive a la industria a producir productos limpios y competitivos, y evite fugas de carbono, sin poner en peligro las oportunidades comerciales;

Suministrar energía limpia, asequible y segura

12. Hace hincapié en que, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, se necesitan medidas concretas de aplicación y ejecución a escala nacional y de la Unión; considera que, antes de aplicarlas, la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética y la Directiva relativa al fomento del uso de fuentes de energía renovables garantizaría la seguridad jurídica de la inversión;

13. Apoya a la Comisión en su objetivo de incrementar el suministro de energía limpia, asequible y segura; subraya la importancia de las interconexiones transfronterizas para alcanzar un mercado de la energía plenamente integrado y opina que la infraestructura energética europea debe desarrollarse en la misma dirección y al mismo ritmo para apoyar plenamente esta transición energética; considera importante reforzar el uso del gas natural como fuente de energía de transición y la introducción del hidrógeno para el transporte y la industria con el fin de hacer frente a una mayor electrificación de la economía; subraya la necesidad de adoptar un enfoque estratégico para las agrupaciones de energía de la Unión, con el objetivo de utilizar las inversiones más eficaces en energía solar, eólica y otras fuentes de energía sostenibles;

14. Destaca la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado para asegurarse de que la Unión de la Energía no sea solo más limpia, sino también asequible y más segura para los consumidores, los ciudadanos y las empresas europeos; considera que es necesaria una financiación adecuada por parte de la Unión Europea, con el fin de que las facturas de la energía se mantengan asequibles para los consumidores;

15. Subraya el elevado potencial de reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la construcción y acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión a este respecto, en particular la propuesta de reducir los obstáculos reglamentarios nacionales para la renovación; alienta la promoción de la construcción de madera y de los materiales de construcción ecológicos en los edificios públicos;

16. Apoya la idea de medidas basadas en el mercado en el sector de la construcción, sobre la base de una evaluación de impacto adecuada; considera de la mayor importancia tener en cuenta debidamente el impacto competitivo de todas las medidas para las empresas europeas y que se contrarreste la deslocalización de actividades a otros países en respuesta a las diferentes normas medioambientales;

17. Subraya que, con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el Tratado de la Unión Europea (TUE), las decisiones sobre la combinación energética son competencia de los Estados miembros; reconoce el papel que puede desempeñar la energía nuclear como tecnología con bajas emisiones de carbono en la combinación energética nacional, siempre que se adopten disposiciones suficientes sobre las más estrictas normas de seguridad y el desmantelamiento y que se tengan en cuenta las cuestiones transfronterizas;

Movilizar la industria para una economía limpia y circular

18. Respalda plenamente el capítulo sobre industria y el compromiso de la Comisión de presentar una estrategia industrial ya en marzo de 2020; coincide con la Comisión en que las industrias de gran consumo de energía, como la siderúrgica, la química y la del cemento, son indispensables para la economía europea, aunque la modernización y la descarbonización de estas industrias es esencial;

19. Cree que el enfoque de la Comisión con respecto al Pacto Verde debe adaptarse a una política industrial coherente para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa; considera que la Unión Europea necesita un proceso de reindustrialización, modernización de su base industrial, fortalecimiento del mercado interior y la creación de un marco competitivo para la industria, incluida una estrategia eficaz para las pymes, para respaldar las medidas que figuran en el Pacto Verde;

20. Subraya la necesidad de examinar y revisar las normas de contratación pública en la Unión para garantizar una auténtica igualdad de condiciones para las empresas de la Unión, en particular aquellas que producen productos o servicios sostenibles, como en el ámbito del transporte público, que podrían enfrentarse a la competencia desleal de empresas de terceros países que reciban ayudas públicas o disfruten de otras ventajas que socavan la igualdad de condiciones o que podrían no tener un acceso equitativo a la contratación pública en terceros países;

21. Cree que es necesario crear un marco europeo apropiado que estimule la promoción de modelos de negocio ecológicos y aborde los problemas y retos específicos a que se enfrenta la industria en apoyo de la descarbonización de la economía, como son los precios del gas y la electricidad, las tecnologías disponibles (cogeneración, gas, hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, captura y utilización de carbono) y procesos industriales para las emisiones de CO2;

22. Acoge con satisfacción el Plan de Acción de la Unión para la Economía Circular y pide a la Comisión que presente un marco global para estimular a la industria en este sentido;

23. Considera que, para tener éxito, una economía limpia y circular requiere una política industrial integral, también para las pymes; destaca la necesidad de crear valor para los ciudadanos, el medioambiente y la economía; subraya que la estrategia necesitaría incluir la transformación digital y medioambiental y reforzar la competitividad de las empresas europeas; considera que la mejora y el mantenimiento de las capacidades de los trabajadores de la Unión será una ventaja competitiva para su industria;

24. Apoya una declaración firme para promover las tecnologías de vanguardia, incluida la siderurgia limpia, y espera una financiación importante para estas tecnologías; apoya un vínculo fuerte con las tecnologías digitales; destaca que la promoción de tecnologías y la financiación deben estar estrechamente relacionadas con la nueva estrategia para las pymes y sus iniciativas legislativas, con el fin de garantizar un acceso rápido al mercado;

Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente

25. Reconoce que el sector del transporte es fundamental para nuestra economía y que la reducción de emisiones en el transporte constituye un desafío; destaca la necesidad de garantizar que se otorgue la misma importancia a todos los modos de transporte;

26. Considera que el transporte marítimo tiene que contribuir a la transición verde y que la Unión debe ayudarle a abandonar la utilización de fuelóleo pesado; hace hincapié, además, en que la Unión deberá intensificar su trabajo para alcanzar un acuerdo internacional sobre el transporte marítimo e impulsar un mayor nivel de ambición, así como evaluar la inclusión del transporte marítimo interno de la Unión en su régimen de comercio de derechos de emisión;

27. Anima a la Comisión a reforzar y anticipar las disposiciones del Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) y a que respalde la adopción de un objetivo a largo plazo para reducir las emisiones del sector de la aviación;

28. Apoya la idea de medidas basadas en el mercado en el sector del transporte, sobre la base de una evaluación de impacto adecuada; considera de la mayor importancia tener en cuenta debidamente el impacto competitivo de todas las medidas para las empresas europeas, mantener una movilidad asequible y que se contrarreste la deslocalización de actividades a otros países en respuesta a las diferentes normas medioambientales;

29. Alienta la descarbonización de las infraestructuras de transporte y los sistemas de movilidad utilizando nuevas tecnologías y la digitalización; pide a la Comisión que examine tecnologías y servicios emergentes como la movilidad multimodal, eléctrica, autónoma, la aérea de baja altitud y la movilidad según demanda como una piedra angular para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y pide que se utilice la digitalización y se incentiven los vehículos totalmente autónomos, ya que estos ayudarán a reducir drásticamente los gases de efecto invernadero y el CO2, así como el número de heridos y fallecidos en accidentes;

30. Reconoce que el transporte multimodal necesita mejorar, en particular las operaciones de transporte multimodal de mercancías que utilizan el ferrocarril y las vías navegables, incluido el transporte marítimo de corta distancia; pide medidas legislativas para desbloquear el potencial del transporte de larga distancia de mercancías por ferrocarril y pide a la Comisión que refuerce los corredores ferroviarios de transporte de mercancías y que mejore la coordinación, la rendición de cuentas y la flexibilidad por lo que respecta a la capacidad, en estrecha relación con el desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE-T);

31. Destaca que el espacio ferroviario europeo único es un requisito previo para el cambio modal; insta a la Comisión a diseñar una estrategia para finales de 2020, seguida de propuestas legislativas concretas para finales de 2021, con el fin de eliminar todas las formas de proteccionismo y la fragmentación del mercado interior que obstaculizan la competitividad de la Unión;

32. Insta a la Comisión a desarrollar un marco normativo coordinado de la Unión para las vías navegables interiores; pide a la Comisión que apoye activamente una intermodalidad que utilice las vías navegables interiores, especialmente la conexión en red transfronteriza de los sistemas nacionales de vías navegables, que debe mejorarse;

33. Hace hincapié en que, a pesar de las buenas iniciativas europeas, como los sistemas de transporte inteligentes (STI), la investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR), el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), SafeSeaNet y los servicios de información fluvial (SIF), la nueva estrategia de transporte de la Unión debe abordar los retos que plantea el despliegue fragmentado, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (STI cooperativos) y a SESAR, que está obstaculizando la interoperabilidad;

34. Reitera que el Cielo Único Europeo por sí solo tiene la capacidad de reducir las emisiones de la aviación en un 10 % como mínimo, sin grandes costes; pide, por tanto, una hoja de ruta reglamentaria clara para la aviación, basada en soluciones tecnológicas, que tenga en cuenta las infraestructuras y los requisitos para combustibles alternativos y que busque lograr unas operaciones eficientes; pide que se mantenga y aumente la financiación de la Unión para el Cielo Único Europeo, el programa Clean Sky y SESAR, así como para los sistemas de navegación por satélite de la Unión;

35. Pide a la Comisión que presente una estrategia a finales de 2020 para completar la red básica de la RTE-T, que incluya el equipamiento digital necesario, como el sistema ERTMS y la 5G para 2030, seguida de propuestas legislativas que garanticen la ejecución correcta de la estrategia y los compromisos asumidos por los Estados miembros;

36. Pide a los Estados miembros que se comprometan a financiar adecuadamente y a aumentar el ritmo del despliegue de estrategias innovadoras, infraestructuras de recarga y combustibles alternativos, cooperando en cuestiones técnicas para lograr un sistema fluido; pide a la Comisión que prevea cómo pueden introducirse medidas técnicas para producir grandes cantidades de combustibles alternativos más allá de 2030 y distribuirlos en todos los proyectos de nuevas infraestructuras;

37. Pide a la Comisión que aborde las actuales deficiencias tecnológicas y financieras de los combustibles sintéticos presentando opciones para incentivar su producción y comercialización, así como medios adicionales de investigación; destaca la importancia de explorar opciones para utilizar un porcentaje mínimo de combustibles sintéticos que se podría aumentar con el tiempo;

38. Insta a la Comisión a revisar la Directiva relativa a los combustibles alternativos y el Reglamento RTE-T, con vistas a acelerar el despliegue de vehículos y buques sin emisiones y de bajas emisiones;

De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medioambiente

39. Acoge con satisfacción el anuncio de la Estrategia «de la granja a la mesa» en 2020 e insiste en que es necesario incluir a los agricultores y los pescadores en la elaboración de cualquier posible medida; destaca que los agricultores de la Unión desempeñarán un papel esencial al abordar los desafíos del Pacto Verde Europeo; hace hincapié, a este respecto, en la importancia de un nuevo respaldo económico y una política agrícola común (PAC) bien financiada;

40. Destaca que nuestros agricultores deben recibir el presupuesto esencial y todos los instrumentos necesarios para luchar contra el cambio climático y adaptarse a él, en especial para responder mejor a la volatilidad y las crisis; insiste, además en que se les debe permitir organizarse e invertir en la transición a sistemas agrícolas más sostenibles basados en el doble rendimiento, que tendrán una repercusión positiva sobre el medio ambiente y aumentarán la competitividad de la agricultura de la Unión;

41. Señala que la Estrategia «de la granja a la mesa» debe abordar la cuestión de la responsabilidad de los consumidores y que la demanda pública de sistemas alimentarios más sostenibles no se corresponde con la capacidad de la cadena alimentaria para proporcionar precios e ingresos sostenibles a los agricultores;

42. Destaca, además, que la Estrategia «de la granja a la mesa» debe abordar el modo en que la legislación de la Unión en materia de competencia afecta a la sostenibilidad de la cadena alimentaria, como prueba la presión sobre los productores, y cómo no reconoce la importante contribución de los productores primarios al suministro de alimentos de alta calidad y a la entrega de bienes públicos a la sociedad, por la que actualmente la sociedad no remunera suficientemente;

43. Destaca la importancia de estimular el desarrollo y la utilización de tecnologías innovadoras para ayudar a los agricultores a responder a los desafíos climáticos y medioambientales y pide a la Comisión que aclare el marco legislativo de la Unión sobre nuevas técnicas de producción de semillas para garantizar la seguridad jurídica de los agricultores y productores de semillas y asegurar que esas técnicas puedan contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde;

44. Insiste en que los objetivos de reducción de plaguicidas deben someterse a evaluaciones de impacto adecuadas;

45. Subraya que los alimentos humanos y animales importados en la Unión deben estar sujetos a las normas medioambientales de la Unión; apoya el compromiso de reducir el desperdicio de alimentos y de luchar contra el fraude alimentario y destaca la importancia de establecer un marco jurídico para los productos alimenticios importados con el fin de garantizar que cumplan las normas medioambientales de la Unión;

46. Considera que debemos fomentar la transparencia para los consumidores mediante un etiquetado objetivo, no discriminatorio y no engañoso, de modo sostenible, económicamente eficiente y con el fin de estimular el comercio transfronterizo en el mercado interior, en particular desarrollando nuevas herramientas como cadenas de bloques e introduciendo un enfoque paneuropeo que incluya el etiquetado del país de origen de determinados alimentos, sin provocar una fragmentación del mercado interior que obstaculice la cooperación transfronteriza entre productores;

47. Apoya la idea de estimular la producción y el consumo de productos agrícolas europeos que ayuden a llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo, instando a los Estados miembros a aplicar unos tipos de IVA más específicos para frutas y verduras, entre otros productos; manifiesta su preocupación por los graves fallos de la cadena alimentaria, que no consigue remunerar a los agricultores por el suministro a la sociedad de alimentos y bienes públicos de alta calidad, siendo utilizados los alimentos en general como reclamo en el nivel minorista;

Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad

48. Recuerda la importancia transversal del sector forestal y de la gestión forestal sostenible para proporcionar soluciones sostenibles para los desafíos de nuestra época; destaca que la gestión sostenible y activa de los bosques desempeña un papel esencial para alcanzar los objetivos y metas políticos de las políticas climática y energética de la Unión y que, por consiguiente, debe ser uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia Forestal de la Unión en el Pacto Verde Europeo; señala que el sector forestal ya absorbe de forma permanente el 10 % de las emisiones de CO2 de la Unión y constituye así un enorme sumidero de carbono;

49. Apoya firmemente el reconocimiento por la Comisión de que los bosques son esenciales para la mitigación del cambio climático en Europa y que los incentivos a la gestión forestal sostenible sean parte del Pacto Verde; insiste en que los recortes desproporcionados en el segundo pilar de la PAC son inaceptables y no ayudarán a asegurar ese apoyo; insiste en la necesidad de estudiar otros recursos financieros para apoyar la gestión forestal sostenible y la ecologización de las ciudades;

50. Destaca el papel polifacético de los bosques y que sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales contribuyen a la mitigación y a la adaptación al cambio climático y al desarrollo de la bioeconomía, promoviendo así el crecimiento económico, y a la creación de empleo en toda la cadena de valor; insiste, por tanto, en que la Estrategia Forestal de la Unión posterior a 2020 debe ser una parte integrante y fundamental del Pacto Verde Europeo, con el fin de garantizar la coordinación y las sinergias entre las distintas políticas relacionadas con los bosques; recuerda, en este sentido, que los objetivos de la nueva Estrategia Forestal de la Unión deben también incluir una repoblación forestal eficaz y la conservación y restauración de los bosques en Europa, con vistas a aumentar la absorción de CO2 y reducir la incidencia y extensión de los incendios forestales, como subraya la Comunicación de la Comisión;

51. Recuerda que los beneficios de los bosques y de los sectores forestales van mucho más allá de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático; señala que los bosques y el sector forestal contribuyen a las economías nacionales y a la economía de la Unión en su conjunto, al desarrollo rural y al ocio; destaca, por tanto, que la Estrategia Forestal de la Unión no debe estar subordinada a la Estrategia sobre Biodiversidad, sino ser una estrategia holística, sólida e independiente;

52. Recuerda que los suelos del mundo contienen aproximadamente dos veces la cantidad de carbono presente en la atmósfera; reconoce el potencial de captura de carbono de los terrenos de prados, siempre que se tengan en cuenta las circunstancias regionales; apoya la mejora de los pastos para la captura de carbono mediante la gestión del pastoreo, la siembra de especies forrajeras favorables, la aplicación de fertilizantes y el riego, y la restauración de los pastizales degradados y su biodiversidad;

53. Insiste en la necesidad de preservar la biodiversidad y acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar una Estrategia sobre Biodiversidad para marzo de 2020; pide mejoras en la financiación de la conservación de la red Natura 2000 a fin de adaptarse mejor a los efectos del cambio climático, al tiempo que se protegen y conservan las explotaciones familiares; considera importante conceder a los Estados miembros más flexibilidad para alcanzar sus objetivos de biodiversidad, incluida la posibilidad de adaptar sus esfuerzos en este sentido a las mejores prácticas y experiencias de otros Estados miembros;

54. Acoge con satisfacción la puesta en marcha de la iniciativa sobre biodiversidad «Natur’Africa»; recuerda las últimas conclusiones sobre el deterioro de la situación de los bosques en el mundo y señala su importancia sistémica en relación con el clima, la biodiversidad y su condición de hogar de los pueblos indígenas; pide a la Comisión que establezca normas obligatorias para cadenas de suministro sostenibles y que promueva un uso sostenible de la tierra, la reforestación, sistemas de certificación y fuentes alternativas de ingresos para las comunidades locales;

55. Pide que se establezca un control sistemático y normalizado de las especies silvestres;

Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas

56. Apoya la introducción de legislación adicional para garantizar una mejor calidad del aire, aunque insiste en que debe tener un enfoque más amplio abordando, por ejemplo, las fuentes de contaminación en el transporte marítimo y no debe centrarse únicamente en medidas simbólicas como la prohibición de vehículos diésel en las ciudades;

57. Apoya el principio de «una evaluación por sustancia» y reitera que las prohibiciones de productos químicos solo deben introducirse cuando existan alternativas prácticas disponibles y las cargas administrativas sean reducidas, en particular para las pymes;

58. Pide a la Comisión que convierta en un requisito legal la evaluación de la toxicidad crónica de las sustancias químicas;

En pos de la financiación del Pacto Verde Europeo y de una transición justa garantizada

59. Destaca que el Pacto Verde Europeo, como nueva estrategia de crecimiento de la Unión, necesitará el respaldo conjunto del presupuesto de la Unión, la financiación del BEI y otras instituciones financieras, así como de los presupuestos nacionales y tendrá que contar con los medios necesarios para lograr sus objetivos; señala, por tanto, la contribución financiera adicional que exigirá cubrir las importantes inversiones necesarias en este ámbito;

60. Destaca el papel decisivo del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 para los resultados del Pacto Verde Europeo, que deberá incluir una importante integración de la dimensión climática en las políticas y programas del MFP para el siguiente período; considera que el Pacto Verde Europeo confirma la posición del Parlamento sobre el nivel de financiación para el próximo MFP, tal como puso de relieve en la aprobación del informe provisional sobre el MFP y en Resoluciones posteriores; se opone firmemente a todo intento de reducir el nivel de financiación del próximo MFP, ya que perjudicaría la aplicación, la credibilidad y el carácter inclusivo del Pacto Verde Europeo; subraya su posición habitual de que las nuevas iniciativas siempre deben financiarse mediante créditos nuevos y no deben ir en detrimento de otras políticas; considera, por tanto, que la financiación de cualquier propuesta legislativa nueva derivada del Pacto Verde Europeo debe calcularse aparte de las propuestas previas de la Comisión para el próximo MFP; reitera su apoyo a las propuestas de la Comisión para el establecimiento de nuevos recursos propios, lo que corresponde a los objetivos esenciales de la Unión, incluida la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente;

61. Acoge con satisfacción el principio de un Mecanismo para una Transición Justa de 100 000 millones EUR y solicita que se asignen recursos financieros suficientes a este importante proyecto; está convencido de que una financiación sólida de este instrumento será un elemento clave para la creación de un consenso sobre el próximo MFP y para la aplicación con éxito del Pacto Verde Europeo; considera importante garantizar un marco de control adecuado para el seguimiento del uso que los Estados miembros hagan de este mecanismo;

62. Hace hincapié en que el Mecanismo para una Transición Justa debe ser mucho más que un fondo, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas, las pymes, las regiones y las personas; considera que un Fondo de Transición Justa creíble y sólido, basado en el trabajo preparatorio efectuado por la Plataforma para las cuencas mineras en transición de la Unión, tiene que apoyar la transición a una energía limpia, especialmente en todas las regiones productoras de carbón y con altas emisiones de carbono; considera que este fondo debería dedicarse fundamentalmente a todas las regiones en transición productoras de carbón y con altas emisiones de carbono, incluidas las regiones que utilizan turba como combustible; considera que el ritmo de transición en cada una de estas regiones carboneras y la madurez de los proyectos deben ser factores clave para su aprobación; destaca que este fondo exigirá recursos presupuestarios adicionales, mediante nuevos créditos, y una línea presupuestaria separada en el próximo MFP, sin reducir o sustituir otros programas de financiación de la Unión, y que se debe le debe dar prioridad si aparecieran nuevas posibilidades de financiación presupuestaria;

63. Apoya el objetivo de incluir consideraciones medioambientales en los presupuestos nacionales; insiste firmemente en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no debe debilitarse, ya que debemos dejar a las generaciones futuras una deuda medioambiental o financiera insostenible;

64. Subraya que el Pacto Verde debe quedar plenamente reflejado en el próximo MFP; insiste en la necesidad de un aumento sustancial de la financiación para el desarrollo relacionada con el clima durante el próximo ejercicio presupuestario, con atención particular a la seguridad alimentaria, la agricultura inteligente y sostenible, la energía sostenible, la silvicultura y la biodiversidad, el agua y el saneamiento;

65. Destaca que una parte sustancial de la financiación exigida por el Pacto Verde deberá proceder de los presupuestos de los Estados miembros; subraya que esa financiación no puede considerarse una medida transitoria con arreglo a las normas presupuestarias de la Unión; manifiesta su preocupación por que, a menos que exista una política presupuestaria sostenible y la finanzas de los Estados miembros sean creíbles, el futuro modelo de financiación del Pacto Verde podría estar en peligro; pide, por tanto, que la «inversión ecológica» pública se trate con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al igual que cualquier otro gasto público; hace hincapié en que, cualquiera que sea el modelo de financiación elegido, no debe socavar la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión y debe preservar la actual calificación crediticia de triple A del BEI; subraya, no obstante, que las inversiones sostenibles en el marco del Pacto Verde deben ser verdaderamente adicionales y no conducir a la exclusión de la financiación del mercado; destaca, por otra parte, que la financiación del BEI debe dirigirse principalmente a las pymes y a las empresas de mediana capitalización con el fin de incentivar la transición de los procesos de producción hacia una economía más ecológica;

66. Cree que el avance del Pacto Verde requerirá un gran número de proyectos viables en las próximas décadas, con el fin de responder a sus expectativas; considera, por tanto, que deben diseñarse incentivos adecuados, dentro de un marco global de la Unión, para apoyar las iniciativas del sector privado; considera que la suma de estos proyectos, incluidos los proyectos transfronterizos y regionales, debe formar parte de la respuesta; considera necesario ofrecer un amplio servicio de asesoramiento, como el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), con el fin de ayudar al sector privado a ajustarse con éxito a los requisitos reglamentarios;

67. Considera de suma importancia que los incentivos financieros o no financieros establecidos en el Pacto Verde no se vean perjudicados por la sobrecarga de los solicitantes con procedimientos administrativos adicionales; subraya, por el contrario, que la simplificación y la rápida accesibilidad deben ser el principio fundamental de la aplicación del Pacto Verde; considera que los requisitos de capital deben basarse en el riesgo y estar concebidos principalmente para preservar la estabilidad del sector bancario; rechaza, por tanto, la introducción de un factor de apoyo ecológico;

68. Pide, en particular, que la Unión refuerce su financiación para el clima a los países en desarrollo, en particular los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países frágiles, y que dé prioridad a la inversión en la creación de capacidad de resiliencia, la innovación, la adaptación y las tecnologías con bajas emisiones de carbono, así como en unas infraestructuras respetuosas con el clima; considera que son necesarios más esfuerzos en términos de intercambio de conocimiento, creación de capacidades y transferencia de tecnologías a países en desarrollo;

69. Recuerda que la ayuda al desarrollo es indispensable pero insuficiente para ayudar a los países socios a alcanzar sus objetivos climáticos y respaldar su transición a un modelo económico más sostenible; destaca la necesidad de desarrollar métodos de financiación innovadores y de maximizar el papel de las empresas privadas, las instituciones financieras y los bancos de desarrollo en la acción por el clima y la consecución de los ODS, en particular mediante la creación de incentivos adecuados y el fomento de asociaciones público-privadas;

Movilización de la investigación y fomento de la innovación

70. Subraya que el desarrollo y la innovación en el ámbito de la investigación y la tecnología son cruciales para la transición limpia de la sociedad; considera que, en el mundo cambiante de hoy en día, la industria europea, incluidas las pymes, debe efectuar ajustes y adaptaciones para mantenerse en la vanguardia; destaca la necesidad de fomentar la inversión en investigación e innovación;

71. Apoya firmemente el claro compromiso con la investigación y la innovación en el marco del Pacto Verde; recuerda la importancia de garantizar un presupuesto ambicioso para Horizonte Europa y pide al Consejo y a la Comisión que acepten la posición del Parlamento sobre la financiación propuesta para el programa; destaca que otros fondos de la Unión deben destinar una mayor parte del presupuesto a la investigación y la innovación en el ámbito de las tecnologías limpias;

72. Subraya que la actual propuesta de la Comisión se centra principalmente en la reducción de las emisiones de CO2; pide a la Comisión que apoye la investigación, incluida la investigación en las fronteras del conocimiento, y la adopción de tecnologías innovadoras en relación con el desarrollo de capacidades de absorción de CO2 y el desarrollo de tecnologías de emisiones negativas innovadoras, incluidos los avances científicos más recientes en el ámbito de la agricultura resiliente al clima;

73. Subraya la importancia de adoptar tecnologías digitales como la inteligencia artificial, la 5G y la supercomputación a fin de diseñar mejor las políticas en materia de clima y medio ambiente; considera que una inversión adecuada en investigación e innovación digitales será fundamental para aumentar la competitividad mundial de las industrias europeas, contribuyendo al mismo tiempo a alcanzar los objetivos climáticos; espera que el Pacto Verde Europeo defina una estrategia basada en la ciencia y la tecnología, global y ambiciosa para lograr una Europa climáticamente neutra a más tardar en 2050;

74. Considera que el Pacto Verde también constituye una oportunidad para establecer vínculos entre los distintos sectores implicados, que deberían tener beneficios simbióticos; cree, en este sentido, que la bioeconomía nos brinda la oportunidad de crear tales beneficios simbióticos en diferentes sectores y de complementar la economía circular; destaca la necesidad de invertir en investigación e innovación con el fin de encontrar nuevas vías para que nuestra economía sea más sostenible y eficiente, siendo el sector agrícola una parte de la solución;

«No ocasionarás daños»: integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión

75. Acoge con satisfacción la idea de reducir la burocracia que está obstaculizando la inversión en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y pide a los expertos de todos los ámbitos que contribuyan al principio de «una más, una menos» al respecto;

La Unión como líder mundial

76. Acoge con gran satisfacción el capítulo titulado «La Unión como líder mundial», ya que es esencial que la Unión muestre su liderazgo, en la medida que representa el 9 % de las emisiones mundiales y el 6,8 % de la población; subraya, no obstante, que los umbrales peligrosos solo pueden evitarse si otras economías persiguen una política climática ambiciosa y aumentan sus contribuciones determinadas a nivel nacional;

77. Subraya la necesidad de un suministro externo adicional de fuentes de energía renovables y de que la política energética se convierta en un aspecto central de la política exterior y de vecindad de la Unión;

78. Pide que se nombre un embajador de la Unión para la lucha contra el cambio climático que se encargaría, en nombre de la Unión, de colaborar con terceros países y las principales economías mundiales para movilizar su apoyo para lograr un nivel de cero emisiones de aquí a 2050 e incluso liderar el camino hacia unos objetivos más ambiciosos; considera, en este sentido, que el Parlamento Europeo debe dar ejemplo y alcanzar la neutralidad climática para 2050;

79. Pide a la Comisión y al Consejo que preparen la cumbre entre la Unión y China con vistas a alcanzar un acuerdo entre las dos partes sobre iniciativas comunes concertadas;

80. Acoge con satisfacción el compromiso de utilizar la política comercial para facilitar la aplicación del Acuerdo de París y otros objetivos medioambientales importantes; destaca que las políticas relacionadas con el clima, el comercio y la industria deben ir de la mano; subraya que, para crear unas condiciones de competencia equitativas, todas las medidas deben ser siempre conformes a la OMC, basadas en una evaluación de impacto exhaustiva, integradas en una estrategia industrial y sin poner en peligro oportunidades comerciales;

81. Recuerda que el cambio climático socava el progreso del desarrollo y la reducción de la pobreza y puede forzar a millones de personas a vivir en la pobreza extrema para 2030; insiste, por tanto, en que el Pacto Verde y la aplicación de la Agenda 2030 deben estar estrechamente interrelacionados; afirma que los grandes emisores de CO2, incluida la Unión, tienen una obligación moral de ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y a evitar la migración involuntaria inducida por el cambio climático;

82. Señala que la protección del clima y del medio ambiente es una tarea mundial con diferentes responsabilidades; subraya que los mercados internacionales de carbono pueden ayudar a reducir costes y servir para estimular la ambición de otras grandes economías; subraya, por tanto, la enorme importancia de establecer un marco vinculante para mecanismos de desarrollo limpio con arreglo al artículo 6 del Acuerdo de París, que incluya las salvaguardias necesarias para evitar el doble cómputo y garantizar la alta calidad de los proyectos;

83. Considera que la cooperación de la Unión con los países en desarrollo debe integrar estrategias para el clima como una parte esencial, con un enfoque a medida y basado en las necesidades, y debe garantizar la participación de las partes interesadas locales y regionales, incluidos los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, así como adaptarse a los planes y estrategias climáticas nacionales de países socios;

84. Acoge con satisfacción el énfasis puesto en la diplomacia climática e insiste en que para dar resultados, la Unión debe hablar con una sola voz, asegurar la consistencia y la coherencia entre todas sus políticas y en el ciclo político en general, de acuerdo con el principio de coherencia política para el desarrollo sostenible, así como utilizar todos sus instrumentos exteriores pertinentes como palanca para el progreso colectivo; destaca, además, que todas las actividades exteriores de la Unión deben pasar un «control verde»;

85. Destaca que la estrategia global para África y el futuro acuerdo de asociación entre la Unión y los países ACP presentan oportunidades únicas para concretar los aspectos exteriores del Pacto Verde, revisar la colaboración de la Unión con los países en desarrollo en términos de clima y medio ambiente y adaptar las políticas de la Unión a sus compromisos internacionales más recientes;

86. Reitera la importancia de reconciliar el desarrollo sostenible y el crecimiento a largo plazo, y considera que toda asociación con países en desarrollo debe tener en cuenta debidamente el impacto social y económico de la acción por el clima, en particular en términos de creación de empleo y con atención especial a las necesidades de las pymes;

87. Insiste en que la Unión debe adoptar medidas adaptadas a las necesidades de la población local para mantener el crecimiento económico de los países en desarrollo;

88. Hace hincapié en la necesidad de limitar las exportaciones de residuos de la Unión, mejorar la economía circular en todo el mundo e introducir un prohibición mundial de plásticos de un solo uso;

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89. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

 

[1] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.

Última actualización: 14 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad