Procedimiento : 2019/2956(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0045/2020

Textos presentados :

B9-0045/2020

Debates :

Votaciones :

PV 15/01/2020 - 10.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0005

<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0045/2020</NoDocSe>
PDF 230kWORD 64k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Pacto Verde Europeo</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Iratxe García Pérez, Miriam Dalli</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0040/2020

B9‑0045/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo

(2019/2956(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),

 Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

 Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) relativo al calentamiento global de 1,5 °C, su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis, así como su informe especial sobre el cambio climático y la tierra y su informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

 Visto el informe de evaluación mundial sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de 31 de mayo de 2019,

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[1],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y apoya su objetivo de transformar la Unión Europea en una economía más sostenible y una sociedad más justa y próspera, eliminando progresivamente los combustibles fósiles lo antes posible y alcanzando la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050;

2. Hace especial hincapié en que el Pacto Verde y el modelo que presenta para nuestras sociedades deben basarse en tres pilares interrelacionados y que se refuerzan mutuamente: un pilar ecológico para alcanzar los objetivos climáticos, la conservación de la naturaleza y un entorno saludable; un pilar rojo para garantizar una fuerte dimensión social del Pacto Verde; y un pilar financiero, en el que se deben facilitar recursos financieros suficientes para alcanzar estos objetivos;

3. Hace hincapié en que Europa necesita urgentemente un nuevo modelo económico sostenible que combine progreso social y medioambiental, reduzca las desigualdades y mejore el bienestar de todos, sin que ninguna persona o lugar se quede atrás;

4. Recuerda y reafirma los objetivos del Acuerdo de París, el CDB y los ODS, así como el pilar europeo de derechos sociales; reitera que el Pacto Verde Europeo debe situar a Europa en la senda del crecimiento sostenible a largo plazo, la prosperidad y el bienestar, garantizando que nuestras políticas medioambiental, económica y social se desarrollen para garantizar una transición justa y allanar el camino hacia un cambio social, industrial y económico positivo y sostenible, creando y manteniendo empleos de alta calidad, reduciendo las desigualdades sociales, reduciendo los desequilibrios entre Estados miembros y las disparidades en sus niveles de desarrollo económico, y eliminando las disparidades geográficas así como las disparidades entre sexos y entre generaciones;

5. Recuerda que la emergencia climática y medioambiental constituye uno de los retos más importantes para la humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto esté en su mano por combatirla; subraya el papel de la Unión Europea como líder mundial en la acción climática, especialmente a la luz de la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París, así como del fracaso de las negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) celebrada en Madrid;

6. Reitera que los ODS deben guiar esta transformación de modo que la Unión Europea deje atrás un modelo económico que fomenta los residuos y el agotamiento de los recursos, y que, en su lugar, promueva un modelo de desarrollo humano que sea compatible con un planeta sano; subraya, a este respecto, que el Pacto Verde Europeo debe impulsar una nueva revolución industrial que reúna los derechos sociales más firmes, la integridad medioambiental, la cohesión regional, la sostenibilidad y unas industrias con perspectivas de futuro que sean competitivas a nivel mundial, en beneficio de muchos y no de unos pocos;

7. Reitera que la transición a una economía climáticamente neutra y a una sociedad sostenible debe llevarse a cabo en conjunción con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, a fin de crear una Europa que sitúe en su centro la cohesión social, donde los salarios, las condiciones laborales y los derechos sociales se mejoren y no se erosionen, y donde se compita a escala mundial sobre la base de los conocimientos, la sostenibilidad y la innovación, y no sobre la base de unos salarios más bajos, unos derechos reducidos y unas condiciones laborales más precarias; pide que todas las iniciativas adoptadas en el marco del Pacto Verde europeo sean plenamente compatibles con el pilar europeo de derechos sociales, medidas con indicadores medioambientales y sociales exhaustivos;

Un mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050

8. Pide una ambiciosa Ley del Clima europea con un objetivo jurídicamente vinculante de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050 a más tardar, con un objetivo intermedio de al menos el 55 % para 2030, y fijando un objetivo para 2040; pide a la Comisión que presente todas las propuestas legislativas y no legislativas necesarias en los próximos dos años, de forma que todos los sectores contribuyan a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones; pide al Consejo que adopte el objetivo de 2030 en consonancia con el Acuerdo de París antes de junio de 2020; espera que los debates sobre todas las cuestiones pendientes del Código normativo del Acuerdo de París, incluido su artículo 6, se concluyan en la COP26 en Glasgow;

9. Considera que, para que estos objetivos tengan un efecto significativo en el precio del carbono, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) debe revisarse en consecuencia, en particular aumentando el factor de reducción lineal y reduciendo la asignación gratuita de derechos de emisión para reflejar el progreso técnico;

10. Considera que la fiscalidad también tiene un papel importante en la consecución de los nuevos objetivos; pide, en particular, a la Comisión y al Consejo que revisen la Directiva sobre la fiscalidad de la energía[2] y pongan fin a las exenciones fiscales aplicables al queroseno y a los combustibles marítimos; pide a la Comisión que vele por que esta revisión evite la ampliación de las desigualdades y los costes adicionales para los sectores más pobres de la sociedad;

11. Reitera que todos los instrumentos pertinentes de la política climática deben revisarse y armonizarse lo antes posible, con el aumento de la ambición climática de la Unión con objeto de lograr reducciones adicionales de las emisiones de gases de efecto invernadero;

12. Pide la rápida adopción de un mecanismo de ajuste del carbono en frontera que sea ambicioso y compatible con la OMC a fin de mejorar la acción mundial contra el cambio climático y de crear unas condiciones de competencia equitativas para las industrias europeas, garantizando al mismo tiempo el reparto de cargas entre las principales economías mundiales y teniendo en cuenta el impacto de dichas medidas en los países en desarrollo; acoge con satisfacción el parecer de la Comisión de que este mecanismo sería una alternativa a las medidas en relación con la fuga de carbono contempladas actualmente en el RCDE UE; pide a la Comisión que garantice la coherencia de todos los mecanismos de protección frente a las fugas de carbono con el fin de evitar una protección doble, ineficaz o insuficiente;

13. Pide una nueva estrategia de la Unión para la adaptación al cambio climático que sea más ambiciosa y responda adecuadamente a la emergencia climática mundial; señala que la actual estrategia de la Unión en materia de adaptación al cambio climático ha contribuido a que los poderes decisorios centren sus esfuerzos en la necesidad de prepararse para los riesgos climáticos, y ha contribuido a garantizar que las políticas y los presupuestos de la Unión incluyan consideraciones relativas al cambio climático; recuerda, no obstante, que es preciso que en la Unión y sus Estados miembros se redoblen los esfuerzos en relación con la resistencia al cambio climático, el refuerzo de la resiliencia, la prevención y la preparación;

14. Subraya que el Pacto europeo por el Clima debe reunir a los ciudadanos, las regiones, las comunidades locales, la sociedad civil, los sindicatos y la industria como agentes de la transición hacia la neutralidad climática, sobre la base de un diálogo genuino y de un proceso participativo, también en el diseño y la aplicación de las políticas, en el que todas las partes interesadas tengan voz, ya sea a escala local, regional o nacional; considera que es importante cooperar con las partes interesadas de los sectores de gran consumo de energía y los interlocutores sociales pertinentes, en particular los trabajadores, las ONG y el mundo académico, a la hora de establecer pactos sectoriales específicos en materia climática que puedan contribuir a encontrar soluciones sostenibles en la transición hacia economías neutras en carbono;

15. Reitera que es esencial garantizar que los ciudadanos de la Unión tengan un acceso real a la justicia, tal como garantiza el Convenio de Aarhus, al permitir que los ciudadanos impugnen la legalidad de las decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión con efectos en el medio ambiente, ante los tribunales de la Unión; considera, por tanto, que debe revisarse el Reglamento de Aarhus y corregirse el incumplimiento del Convenio por parte de la Unión;

Refuerzo de la dimensión social del Pacto Verde

16. Subraya que el Pacto Verde Europeo debe contribuir activamente a la consecución de los ODS en consonancia con los objetivos de la Unión Europea, incluido el bienestar de las personas, el desarrollo sostenible, la igualdad entre mujeres y hombres así como la solidaridad intergeneracional; subraya que el Pacto Verde debe ser un pacto para los ciudadanos, que garantice una transición justa, así como un uso sostenible y una distribución justa de los recursos;

17. Pide, en este contexto, un Pacto de Desarrollo Sostenible que sitúe los objetivos sociales y medioambientales al mismo nivel que los objetivos económicos; considera que el nuevo Pacto debe complementar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, resolviendo de este modo sus importantes contradicciones en términos de justicia social y medioambiental;

18. Subraya la necesidad de reformar el proceso del Semestre Europeo y convertirlo en un Semestre Europeo de la Sostenibilidad, coordinando las políticas económicas, sociales y medioambientales para alcanzar los ODS; señala que esta reforma debe contar con unos indicadores medioambientales, sociales y económicos en pie de igualdad;

19. Es consciente de que la transición hacia la neutralidad en carbono supondrá unos cambios sustanciales en la producción, el consumo y los modelos de trabajo en Europa; pide, por tanto, un plan de acción global para aplicar los principios del pilar europeo de derechos sociales a escala de la Unión, incluida la aplicación de una garantía infantil europea, unos salarios dignos, el refuerzo de la negociación colectiva, una iniciativa para la vivienda asequible, la lucha contra la pobreza energética y la introducción de una directiva sobre unas condiciones de trabajo dignas y un marco jurídico para los derechos laborales digitales, como el derecho a la desconexión; insta a los Estados miembros, al mismo tiempo, a que apliquen el pilar europeo de derechos sociales a escala nacional a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas, la protección social y la inclusión en un mundo en rápida transformación;

20. Pide que la responsabilidad social de las empresas sea obligatoria para mejorar la sostenibilidad de la acción de las empresas; destaca la necesidad de reforzar significativamente la democracia en el lugar de trabajo para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una participación adecuada de los trabajadores en los procesos de reestructuración; hace hincapié en que la aplicación del Pacto Verde Europeo debe implicar a los interlocutores sociales y a la sociedad civil para lograr la neutralidad en carbono de manera justa, inclusiva y socialmente sostenible;

Suministro de energía limpia, asequible y segura

21. Recuerda que el principio de «la eficiencia energética primero» es fundamental para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones procedentes de la producción de energía, al tiempo que proporciona empleo local en las renovaciones con fines de eficiencia energética y reduce la factura energética de los ciudadanos; Pide una revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética[3] y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios[4] y que se refuerce su aplicación, prestando especial atención a los ciudadanos vulnerables;

22. Recuerda que la Estrategia Europea de Seguridad Energética debe estar plenamente en consonancia con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, garantizando al mismo tiempo la seguridad del suministro; pide a la Comisión que aborde los riesgos relacionados con las interrupciones del suministro y que reduzca el uso de combustibles caros importados, la exposición a las perturbaciones de los precios y los aumentos sistémicos de precios; pide asimismo a la Comisión que adapte la estrategia para tener en cuenta la creciente necesidad de electricidad derivada de los esfuerzos de descarbonización, como la electrificación de los procesos industriales y el transporte, así como del aumento del consumo de energía relacionado con el despliegue del internet de las cosas;

23. Hace hincapié en que el futuro sistema energético de la Unión debe basarse en fuentes de energía renovables con una rápida eliminación progresiva de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros, empezando por la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles de aquí a 2020; subraya el hecho de que, para alcanzar los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión, es preciso que todos los sectores incrementen su consumo de energías renovables;

24. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de abordar la pobreza energética presentando orientaciones para los Estados miembros en 2020; pide acciones específicas en estrecha cooperación con los Estados miembros y el intercambio de mejores prácticas con el objetivo de reducir la pobreza energética, apoyando al mismo tiempo la igualdad de acceso a los instrumentos de financiación para las renovaciones con fines de eficiencia energética;

25. Toma nota de la intención de la Comisión de proponer una nueva iniciativa en materia de renovación y promover una oleada de renovaciones de edificios públicos y privados; acoge con satisfacción, en particular, la insistencia en la renovación de la vivienda social para ayudar a los hogares afectados por la pobreza energética, así como en la renovación de escuelas y hospitales; pide la igualdad de acceso a los instrumentos de financiación para las renovaciones con fines de eficiencia energética;

26. Expresa sus reservas en cuanto a la posible inclusión de las emisiones de los edificios en el RCDE UE; hace hincapié en que, en cualquier caso, la posible inclusión de las emisiones de los edificios en el RCDE UE no debe desplazar la carga de la descarbonización hacia nuestros ciudadanos;

27. Pide a la Comisión que revise con carácter de urgencia el marco regulador de las infraestructuras energéticas, incluido el Reglamento RTE-E[5], con miras al objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050; destaca que el Reglamento RTE-E debe revisarse antes de la finalización del nuevo MFP 2021-2027; destaca la importancia de completar el mercado europeo de energías renovables y de aumentar la eficiencia mediante el refuerzo de las interconexiones;

Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular

28. Acoge con satisfacción el énfasis de la Comisión en la economía circular y espera con interés el nuevo plan de acción para la economía circular; subraya la necesidad de un enfoque global y de acciones para transformar la economía europea en un modelo verdaderamente sostenible y circular, con una circularidad integrada en todos los sectores políticos;

29. Está de acuerdo en que es necesaria una acción rápida, en particular en los sectores que requieren más recursos, incluidos los textiles y la construcción; pide que se presenten propuestas ambiciosas para seguir abordando el uso de plásticos y microplásticos, incluidos los microplásticos no intencionales y los envases de plástico; apoya el enfoque del diseño circular y el establecimiento de unos requisitos mínimos para evitar la comercialización en la Unión de productos perjudiciales para el medio ambiente, pero hace hincapié en que estos requisitos deben ser sólidos y estar en consonancia con las ambiciones de la Unión en materia de clima y medio ambiente; pide a la Comisión que garantice ciclos de materiales no tóxicos intensificando la sustitución de las sustancias extremadamente preocupantes, facilitando la circularidad y minimizando los efectos de las sustancias químicas en la salud humana y el medio ambiente;

30. Destaca la importancia de respetar la jerarquía de residuos; pide unos objetivos ambiciosos en materia de prevención y reutilización de los residuos, incluidos los relativos a la reducción a la mitad de los residuos alimentarios de aquí a 2030; apoya la intención de la Comisión de poner fin a las exportaciones de residuos desde la Unión Europea;

31. Acoge con satisfacción la intención de presentar una nueva propuesta legislativa para garantizar una cadena de valor de las baterías segura, circular y sostenible para todas las baterías; subraya la necesidad de crear una agrupación sólida de baterías y almacenamiento en Europa, dado que el almacenamiento de energía tiene un gran potencial a la hora de reducir las emisiones en el transporte marítimo y por carretera, así como en los sistemas eléctricos y la calefacción; hace hincapié en que el uso de energía relacionada con la producción y el uso de baterías debe estar en consonancia con los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y de un mayor recurso a las fuentes de energía renovables;

32. Pide a la Comisión que establezca un marco jurídico para impulsar el consumo sostenible, en particular con vistas a aumentar la vida útil de los productos, introduciendo un derecho de reparación para los consumidores y prohibiendo la obsolescencia programada de los productos; destaca asimismo que los consumidores deben tener acceso a informaciones fiables y claras sobre la huella ambiental y social de los productos;

33. Insta a la Comisión a que proponga una nueva estrategia industrial europea para la industria climáticamente neutra, manteniendo y desarrollando al mismo tiempo la competitividad internacional y evitando la deslocalización de las industrias europeas; destaca que esta estrategia debe centrarse en el desarrollo y la creación de cadenas de valor para productos, procesos y modelos empresariales económicamente viables y sostenibles, que supongan una transformación real de la producción industrial, con el fin de lograr la neutralidad climática y la circularidad, impulsando las inversiones públicas y privadas;

34. Considera que la estrategia industrial debe integrar, tal como se propone, las transformaciones ecológicas y digitales, teniendo debidamente en cuenta la transición energética y las repercusiones sobre la mano de obra, así como el reciclaje profesional y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores; pide a la Comisión que examine atentamente la dimensión regional de esta estrategia y la denominada estrategia de «especialización inteligente» seguida hasta la fecha; insiste en que la estrategia debe incluir un diálogo social renovado y reforzado, con una participación plena de los trabajadores en el diseño y la definición de la estrategia;

35. Pide a la Comisión que fomente y aumente la sensibilización sobre nuevos modelos de negocio sostenibles basados en el cambio de comportamientos para el alquiler y la puesta en común de bienes y servicios, manteniéndolos al mismo tiempo a un nivel asequible y garantizando un elevado nivel de protección de los consumidores y los trabajadores; destaca el potencial de la contratación pública ecológica y social en la transición hacia una economía sostenible; acoge con satisfacción, en este sentido, los compromisos de la Comisión de proponer más legislación y orientación sobre la contratación pública ecológica, pero hace hincapié en la importancia de aplicar plenamente los criterios sociales y de innovación;

Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente

36. Considera fundamental lograr una amplia transición del sector del transporte hacia una movilidad sostenible sin emisiones al tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores y sus condiciones sociales y se garantiza una movilidad asequible para todos; hace hincapié en que debe respetarse el principio de «quien contamina paga», especialmente en acciones como la tarificación vial;

37. Pide a la Comisión que elabore una estrategia holística a largo plazo para el transporte que permita a la Unión alcanzar sus objetivos en materia climática garantizando al mismo tiempo un mercado interior que funcione correctamente; insiste en que se requieren más medidas para abordar las emisiones procedentes del transporte, en particular en los sectores aéreo y marítimo; apoya, en este sentido, la reducción de los derechos de emisión gratuitos para las compañías aéreas en el RCDE UE; pide asimismo una rápida inclusión del sector marítimo en el RCDE, acompañada de propuestas ambiciosas para la ecologización de los puertos; hace hincapié en que cualquier acción, o falta de acción, adoptada a nivel mundial no debe obstaculizar la capacidad de la Unión para emprender acciones más ambiciosas por iniciativa propia; reconoce el potencial que tienen los carburantes de aviación sostenibles a la hora de reducir las emisiones de la aviación y pide medidas legislativas para apoyar el uso de soluciones existentes y futuras;

38. Insiste, asimismo, en que las normas relativas al combustible deben contribuir a una transición que no pueda regirse exclusivamente por un sistema basado en el mercado; insta, por tanto, a la Comisión a que proponga otras medidas, incluida la mejora de la calidad de los combustibles en el transporte marítimo, mediante la prohibición del uso de fuelóleos pesados en las aguas de la Unión y la prohibición del vertido de residuos de depuración en aguas abiertas;

39. Se opone firmemente a la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión para que cubra el transporte por carretera; considera que debe reforzarse la legislación específica sobre normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, al igual que las normas sobre emisiones de CO2 para camiones, que no se mencionaron en la Comunicación de la Comisión; acoge con satisfacción, asimismo, la intención de revisar las normas para las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de los vehículos; hace hincapié en la necesidad urgente de unas normas Euro 7 rigurosas para los turismos, las furgonetas y los vehículos pesados a fin de reducir el impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana y el medio ambiente;

40. Pide a la Comisión que presente unos objetivos vinculantes y exigibles para allanar el camino hacia la electrificación del transporte por carretera; hace hincapié en que cualquier iniciativa que aumente la producción y el despliegue de combustibles alternativos sostenibles no debe basarse en el uso de biocombustibles no sostenibles y no debe contribuir al efecto de dependencia de carbono;

41. Destaca la necesidad de revisar urgentemente la Directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos[6] y la necesidad de unos objetivos vinculantes para los Estados miembros; considera fundamental que se garanticen inversiones suficientes en el desarrollo de infraestructuras adecuadas para la movilidad sin emisiones, incluidas las plataformas intermodales; destaca el papel del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en el apoyo a la transición hacia una movilidad inteligente, sostenible y segura en la Unión;

42. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para mejorar la conectividad de la red ferroviaria europea, en particular las conexiones internacionales, con el fin de que el transporte de viajeros por ferrocarril resulte más atractivo para los viajes de media y larga distancia; pide, además, que se mejore la capacidad de los ferrocarriles y de las vías navegables interiores para el transporte de mercancías;

De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

43. Pide a la Comisión que utilice la estrategia agrícola de la granja a la mesa para construir una visión verdaderamente a largo plazo del sistema alimentario europeo sostenible y competitivo, capaz de garantizar el acceso a unos productos sanos y de alta calidad mediante objetivos agrícolas vinculantes en materia de biodiversidad, clima, contaminación atmosférica, contaminación del agua, uso de los plaguicidas y degradación del suelo, al tiempo que se abordan cuestiones de sostenibilidad en torno al consumo, la salud y el comercio y se salvaguarda un elevado nivel de salud y bienestar de los animales, y se promueve simultáneamente la reciprocidad de las normas de producción de la Unión con todos los socios comerciales;

44. Subraya la importancia de los agricultores y pescadores europeos en la gestión de la transición hacia un sistema alimentario justo, sano y respetuoso del medio ambiente, garantizando al mismo tiempo la subsistencia y la renta justa de los agricultores y pescadores;

45. Recuerda que, si bien la agricultura es responsable de alrededor del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, tiene potencial para ayudar a la Unión a reducir sus emisiones mediante una buena gestión del suelo, la agrosilvicultura, la protección de la biodiversidad y otras técnicas de gestión de las tierras; reconoce que la agricultura tiene potencial para reducir las emisiones anuales en un volumen aproximado de 3,9 gigatoneladas de equivalentes de CO2 de aquí a 2050 (alrededor del 8 % de las emisiones mundiales actuales de gases de efecto invernadero);

46. Subraya que la política agrícola común (PAC) y la estrategia agrícola (de la granja a la mesa) deben definirse conjuntamente a escala europea, complementarse entre sí y proteger un justo equilibrio entre la producción, la salud de los consumidores y el medio ambiente, y deben recibir unos recursos adecuados para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario;

47. Aboga por una PAC sostenible y eficiente que anime activamente a los agricultores a ofrecer más beneficios medioambientales y climáticos, en particular mediante normas comunes reforzadas y requisitos obligatorios, especialmente para los regímenes ecológicos, que proporcionen una amplia gama de herramientas para los agricultores que se adapten a condiciones naturales específicas con el fin de utilizar los recursos esenciales y los insumos en la producción de alimentos, mejorar la biodiversidad y los suelos, aumentar la captura de carbono, proteger los hábitats sensibles, contribuir a la economía circular, reducir los residuos en el ciclo de producción y eliminar las subvenciones que dañen el clima;

48. Reitera que reducir el uso de plaguicidas es uno de los objetivos altamente prioritarios para la agricultura sostenible, con el fin de detener la contaminación generalizada de los recursos alimentarios, del suelo y del agua y el declive de la biodiversidad, así como los efectos negativos para la salud humana; pide, por tanto, a la Comisión que introduzca un objetivo obligatorio a corto, medio y largo plazo en toda Europa para reducir la frecuencia del uso de plaguicidas;

49. Subraya que, con el fin de garantizar una alimentación suficiente de gran calidad y nutritiva para una población en crecimiento, así como para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, se requieren inversiones en innovación, técnicas agrícolas inteligentes y métodos de producción agroecológicos, como la captura de metano procedente del estiércol y la utilización de fertilizantes de forma más eficiente, con el objetivo de lograr un sistema agrícola de la Unión neutro en carbono;

50. Destaca que, del 30 % del presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para 2021-2027 reservado a la acción por el clima, debe utilizarse un mínimo del 25 % para la protección marítima; reconoce el potencial del sector pesquero para contribuir a una alimentación más saludable y respetuosa con el clima; hace especial hincapié en la necesidad de que el sector esté en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente, clima y sostenibilidad, en los que se garantiza la protección de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad de las poblaciones de peces; hace hincapié en la importancia de garantizar un apoyo adecuado a los pescadores europeos en su transición hacia actividades pesqueras sostenibles;

51. Pide que se revise el Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor[7] con miras a introducir un sistema de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase a escala de la Unión, a fin de evitar la fragmentación del mercado único y de proporcionar un etiquetado nutricional de un vistazo para todos los productos que sea objetivo, transparente y respetuoso del consumidor, y que tenga en cuenta la investigación de los consumidores; pide que se mejore el etiquetado obligatorio del país de origen y que se facilite una información clara sobre la huella ambiental de los alimentos, a fin de que los consumidores puedan tomar decisiones más respetuosas con el medio ambiente; pide, asimismo, un etiquetado relativo al método de producción; recuerda la importancia de un etiquetado transparente y respetuoso del consumidor que figure directamente en las etiquetas de los alimentos, cree que los medios digitales para proporcionar información pueden completar, pero no sustituir, la información en la etiqueta;

52. Pide a la Comisión que siga abordando las normas de calidad dual de los alimentos en el mercado interior para garantizar que todos los europeos tengan acceso a la misma calidad de alimentos; destaca el papel fundamental de la educación y la sensibilización en la promoción del consumo de alimentos saludables y sostenibles;

Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad

53. Acoge con satisfacción los compromisos de presentar una nueva estrategia en materia de biodiversidad para 2030 antes de la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica; destaca que la Unión Europea debe impulsar un acuerdo ambicioso sobre el marco para el período posterior a 2020 en materia de biodiversidad, con un objetivo y unas metas claros; considera fundamental detener y revertir la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030 tanto en la Unión Europea como en todo el mundo;

54. Lamenta profundamente el hecho de que la Unión Europea no esté cumpliendo sus compromisos existentes en materia de biodiversidad establecidos en las Metas de Aichi o la actual estrategia en materia de biodiversidad; subraya que la estrategia de la Unión en materia biodiversidad para 2030 debe contener unas metas jurídicamente vinculantes para la Unión y sus Estados miembros e ir acompañada de recursos e instrumentos suficientes para garantizar que se cumplan estas metas y que se mejoren significativamente el estado de la biodiversidad y el medio ambiente;

55. Destaca la importancia de aumentar las zonas protegidas y mejorar su conectividad y gestión en tierra y en el mar; toma nota de los planes de la Comisión de identificar medidas para mejorar y reparar los ecosistemas dañados, así como de proponer un plan de restauración de la naturaleza; subraya la importancia de incluir todos los ecosistemas en el marco de dicho plan y de establecer unos instrumentos y unas metas jurídicamente vinculantes para la restauración;

56. Recuerda que los bosques son indispensables para nuestro planeta y biodiversidad; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de preparar una nueva estrategia forestal y hacer frente a la deforestación mundial; pide una nueva estrategia forestal ambiciosa y medidas de forestación que se basen en la sostenibilidad y que protejan y restauren la biodiversidad, además de mitigar el cambio climático; destaca, además, la necesidad de poner en marcha acciones y medidas para evitar los incendios forestales;

57. Hace hincapié en que son necesarias unas medidas reglamentarias enérgicas adoptadas sobre la base de la diligencia debida para garantizar que ningún producto que entre en el mercado de la Unión contribuya a la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el deterioro del medio ambiente o las violaciones de los derechos humanos en cualquier fase de la cadena de suministro; opina que la acción de la Unión contra la deforestación debe abordar sus principales causantes, entre ellos el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno y el cacao; pide a la Comisión que elimine gradualmente, tan pronto como sea posible, todos los biocarburantes con riesgo elevado de CIUT (cambio indirecto del uso de la tierra) utilizados en la Unión;

58. Hace hincapié en que el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente debe reflejar la ambición presentada en el Pacto Verde Europeo y estar plenamente en consonancia con la aplicación de los ODS y avanzar en la misma;

Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas

59. Señala que el Plan de Acción «Contaminación Cero» para el aire, el agua y el suelo debe constituir una estrategia global y transversal para proteger la salud de los ciudadanos frente al deterioro y la contaminación del medio ambiente; destaca que esta estrategia debe alejarse de la reducción de la contaminación para centrarse en la prevención de la contaminación y, en última instancia, la contaminación neta cero, así como abordar la contaminación procedente de una amplia gama de actividades humanas, por ejemplo de origen industrial, nacional, turística, agrícola y en materia de transportes;

60. Reitera que la Unión Europea debe armonizar plenamente las normas de calidad del aire con el consenso científico internacional más reciente y las recomendaciones de la OMS; considera que deben reforzarse los objetivos establecidos en la Directiva sobre techos nacionales de emisión[8] mediante el establecimiento de objetivos de reducción para las emisiones de metano, carbono negro y mercurio, a fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente; reitera que, mientras tanto, debe aplicarse plenamente la legislación horizontal vigente en materia de calidad del aire;

61. Subraya que la revisión de la Directiva sobre las emisiones industriales[9] debe hacer hincapié en la prevención de la contaminación, la coherencia con las políticas relativas a la economía circular y la descarbonización; señala, a este respecto, que es necesario reformular las normas sobre emisiones industriales para dar prioridad a la producción de energía limpia, a la calidad y al suministro de agua, a la gestión de los recursos y a la sustitución de sustancias químicas preocupantes; reitera que es necesario abordar las fuentes de contaminación aún no abordadas a escala de la Unión, como las emisiones contaminantes de los buques en los puertos y los aviones en los aeropuertos;

62. Espera que la nueva estrategia sobre productos químicos para la sostenibilidad proporcione un marco general a largo plazo para una política en materia de sustancias químicas que aborde horizontalmente varios actos legislativos y políticas pertinentes, en particular la identificación, el control y la eliminación progresiva de las sustancias químicas preocupantes, en particular las sustancias químicas que son alteradores endocrinos, sustancias que son carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR), sustancias químicas persistentes, neurotóxicas e inmunotóxicas en todos los productos de consumo, especialmente cuando existen alternativas más seguras, garantizando al mismo tiempo un entorno no tóxico para las generaciones actuales y futuras, especialmente para las poblaciones vulnerables;

63. Hace hincapié en que la adopción de los criterios horizontales para la identificación de los alteradores endocrinos en todos los sectores y la reducción efectiva de la exposición general de las personas y del medio ambiente a los alteradores endocrinos reviste una importancia clave; pide a la Comisión, por tanto, que revise la legislación de la Unión sobre los juguetes y los productos cosméticos para tratar los alteradores endocrinos de la misma manera que las CMR, y que revise la legislación sobre los materiales en contacto con alimentos para sustituir a los alteradores endocrinos que siguen utilizándose; señala, por otra parte, que el nuevo marco general sobre los alteradores endocrinos debe garantizar que se tengan en cuenta los efectos de mezcla y las exposiciones combinadas;

64. Pide a la Comisión que adopte medidas legislativas claras para abordar la cuestión de los productos farmacéuticos en el medio ambiente, tanto como resultado del proceso de fabricación como del uso y la eliminación de los medicamentos;

En pos de la financiación del Pacto Verde Europeo y de una transición justa garantizada

65. Subraya que las nuevas iniciativas deben financiarse con nuevos fondos adicionales; considera que solo un plan de financiación global basado en un conjunto coherente de propuestas destinadas a impulsar las inversiones públicas y privadas en todos los niveles (europeo, nacional, regional y local) proporcionaría la inversión adicional necesaria para aplicar el Pacto Verde Europeo; cree firmemente que el principio de una transición justa e inclusiva debe estar en el centro mismo de este plan a fin de abordar los problemas medioambientales, sociales y económicos de manera coherente e integrada; considera que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible debe contribuir a financiar la transición hacia una economía neutra en carbono, ayudando al mismo tiempo a los trabajadores, a las comunidades y a las autoridades locales y abordando las crecientes desigualdades entre personas y lugares;

66. Destaca que se necesitan anualmente 260 000 millones EUR de inversión pública y privada adicional para alcanzar los objetivos acordados en materia de clima y energía para 2030 y que esta cifra es, según la propia Comisión, una estimación conservadora; destaca que el Tribunal de Cuentas estima que se necesitarán anualmente inversiones por un valor total de 1,115 billones de euros para alcanzar los objetivos acordados actualmente en materia de clima y energía para 2030, y considera, por tanto, que el objetivo de la Comisión debe revisarse al alza;

67. Pide una revisión del marco fiscal europeo actual para garantizar una financiación adecuada del Pacto Verde Europeo; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de colaborar con los Estados miembros en la ecologización de los presupuestos nacionales, pero teme que esto no cubra las expectativas y las necesidades de los ciudadanos y los territorios europeos; pide la revisión de la actual cláusula de inversión en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la introducción de una regla de oro en el marco fiscal europeo para excluir del cálculo de los déficits públicos de los Estados miembros las inversiones públicas destinadas a mitigar o adaptarse al cambio climático de una manera justa e inclusiva;

68. Celebra la adopción por parte del Consejo de Administración del BEI, el 14 de noviembre de 2019, de una nueva política de préstamos energéticos como contribución positiva a la consecución del Pacto Verde Europeo; pide que se siga revisando la política de inversiones del BEI a fin de proporcionar una financiación específica para las iniciativas del Pacto Verde con carácter prioritario, teniendo en cuenta la adicionalidad que puede aportar la financiación del BEI en combinación con otras fuentes; destaca que la coordinación con otros instrumentos de financiación es fundamental, dado que el Grupo BEI no puede financiar por sí solo todas las iniciativas del Pacto Verde Europeo; pide una revisión del marco de gobernanza del BEI para reforzar su rendición de cuentas democrática;

69. Destaca que debe abordarse el actual desequilibrio del mercado entre la escasa oferta y la elevada demanda de productos financieros sostenibles; acoge con satisfacción, a este respecto, el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo sobre la taxonomía, para garantizar que las inversiones sostenibles sean verdaderamente sostenibles y para fomentar la inversión privada en estas actividades; insiste en que no se puede esperar que el sector privado, por sí solo, alcance la masa crítica necesaria y que es preciso que el sector público incremente su protagonismo en los mercados financieros sostenibles;

70. Considera que la revisión prevista de las normas sobre ayudas estatales debe tener por objeto reforzar y simplificar la capacidad de inversión en soluciones sostenibles y herramientas concretas para las autoridades nacionales, regionales y locales cuyo papel será fundamental para una aplicación eficaz e innovadora del Pacto Verde Europeo; advierte, no obstante, de que esta revisión no debe utilizarse para debilitar el sólido conjunto de normas de competencia de la Unión, sino para permitir una acción legítima en la aplicación del Pacto Verde y una transición justa;

71. Prevé una revisión progresiva del Semestre Europeo que integre los ODS, a fin de hacer del proceso del Semestre Europeo un potente motor del cambio hacia el bienestar sostenible para todos en Europa; pide, por tanto, un enfoque más holístico para medir el impacto de las políticas en la consecución de los ODS más allá del PIB, en particular desplazando la atención hacia el bienestar de las personas; pide, además, la integración de los objetivos e indicadores de bienestar en todo el ciclo del Semestre Europeo, a saber, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (IMA), el Informe Conjunto sobre el Empleo y las recomendaciones específicas por país (REP);

72. Acoge con gran satisfacción el compromiso de la Comisión con el Mecanismo para una Transición Justa tras los reiterados llamamientos del Parlamento en favor de un mecanismo de este tipo para garantizar que nadie se quede rezagado; destaca la importancia de una transición justa hacia una economía climáticamente neutra y la necesidad de un enfoque anticipatorio y participativo que garantice que todas las partes de la sociedad se beneficien de la transición y que apoye a las regiones, en particular las regiones mineras y las regiones, comunidades y fuerzas laborales con un uso intensivo de carbono en todos los sectores más afectados por la descarbonización, en particular fomentando el desarrollo de nuevos proyectos y tecnologías para estas comunidades; reconoce que los fondos de compensación por sí solos no garantizan una transición justa y que una estrategia global de la Unión basada en un verdadero diálogo con las personas y comunidades afectadas, de cara al desarrollo y la modernización de estas regiones y a la reconversión de los lugares, la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad, y medidas sociales, incluido el reciclaje profesional y la mejora de las competencias, debe constituir el núcleo de toda política de transición; insiste en que el Mecanismo para una Transición Justa debe financiarse a través de nuevos fondos adicionales, ser complementario y no ir en detrimento de otras políticas a largo plazo de la Unión;

73. Reafirma su firme apoyo al principio de integración de la dimensión climática en el MFP, que debe ir más allá de los niveles de porcentaje de gasto previstos, tal como establecen el informe provisional del MFP y la Comisión; destaca asimismo la importancia de integrar la dimensión climática y social en la toma de decisiones sobre todos los principales programas del MFP y a lo largo de todo el ciclo político; pide además, en este contexto, una metodología más transparente, rigurosa y completa que incluya indicadores de rendimiento reformados para definir y rastrear el gasto relevante para el clima y la biodiversidad, la prevención del apoyo financiero a medidas perjudiciales y el seguimiento de las repercusiones a medio y largo plazo de la integración de la dimensión climática para la mitigación y la adaptación al cambio climático;

74. Recuerda la importancia de introducir nuevos recursos propios para el presupuesto de la Unión Europea, generados mediante la aplicación de iniciativas de la Unión para la protección del medio ambiente, tal como ha subrayado el Parlamento en diversas ocasiones, sin comprometer el principio de universalidad presupuestaria; acoge con satisfacción, como punto de partida de las negociaciones, la propuesta de la Comisión de 2018 para la introducción de recursos propios basados en los ingresos procedentes de las subastas del RCDE UE y en un impuesto sobre los envases de plástico no reciclados; considera que todo nuevo mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono debe contribuir a la financiación del presupuesto de la Unión;

75. Pide una asignación financiera ambiciosa para la política de cohesión que se centre claramente en los retos medioambientales, y de la que al menos un 30 % se asigne al objetivo político de una economía más verde y con bajas emisiones de carbono, en transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono y una Europa resiliente; subraya la necesidad de aplicar plenamente los conceptos de crecimiento sostenible y de reducción del impacto del cambio climático en la política de cohesión durante el período posterior a 2020, incluido el objetivo de no utilizar los fondos de cohesión para inversiones relacionadas con la producción, la transformación, el transporte, la distribución, el almacenamiento o la combustión de combustibles fósiles; recuerda la importancia de las inversiones públicas en la política de cohesión;

Movilización de la investigación y fomento de la innovación

76. Hace hincapié en la necesidad de mantener un presupuesto ambicioso para Horizonte Europa de 120 000 millones EUR a precios corrientes, a fin de abordar los importantes retos de innovación para una transición digital e industrial hacia la neutralidad climática, teniendo en cuenta que al menos el 35 % del presupuesto de Horizonte Europa debe contribuir a los objetivos climáticos; pide a la Comisión que aproveche al máximo las oportunidades que ofrece el entorno de innovación más amplio basado en la ciencia y el conocimiento, dado que algunas de las nuevas tecnologías facilitadoras esenciales, como el aprendizaje automático, la tecnología de registros distribuidos, las tecnologías de baja emisión de carbono y respetuosas de la economía circular, la «baja tecnología», las redes 5G y la informática cuántica, son fundamentales para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050;

77. Pide una financiación adecuada de la investigación y una mayor colaboración interdisciplinaria en relación con la sustitución de productos químicos preocupantes —incluidos los utilizados en materiales, procesos o tecnologías— y el desarrollo de unas alternativas más seguras sobre la base de sus peligros, rendimiento y viabilidad económica, a fin de evitar que se sustituya un producto químico tóxico por otro igualmente preocupante o más preocupante aún; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten asociaciones transparentes entre el sector público y el privado para apoyar la investigación en alternativas más seguras y para el suministro de asistencia técnica a las pymes, en particular en materia de viabilidad técnica de alternativas;

78. Subraya la importancia de la complementariedad y las sinergias entre los fondos y otros instrumentos de la Unión, así como la importancia de reforzar la investigación y la innovación y la transferencia tecnológica de resultados en los ámbitos de la mitigación del cambio climático, la adaptación, la protección y la restauración de la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la circularidad, así como de las tecnologías con bajas emisiones de carbono y de emisión cero, así como la recogida de datos para apoyar la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo; hace hincapié en que las actuales tecnologías innovadoras respetuosas con el clima y el medio ambiente deben ser objeto de apoyo de cara a su aptitud para el mercado, en particular en los ámbitos de la expansión, el desarrollo de infraestructuras y los sistemas de fijación de precios;

79. Insiste en la importancia de apoyar la implantación en el mercado, que es un factor clave para transformar el importante capital de conocimiento de la Unión en innovaciones;

80. Destaca, además, la importancia de crear un entorno que apoye la investigación y la innovación, así como un ecosistema de investigación e innovación que fomente el desarrollo de tecnologías de vanguardia y posibilite el ensayo de tecnologías y productos, por ejemplo a través de zonas de ensayo o laboratorios de ensayo menos regulados, una mayor aceptación del fracaso en la investigación y la innovación y un apoyo financiero racionalizado;

«No ocasionarás daños»: integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión

81. Insiste en un enfoque conjunto para la aplicación del Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto en las políticas internas como en las externas; destaca la importancia de utilizar soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan tanto a la protección de la biodiversidad como a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo; subraya que el principio de cautela debe guiar las acciones de la Unión en todos los ámbitos políticos junto con el principio de «no ocasionar daños», con la máxima atención al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, en particular en términos de desarrollo, comercio, agricultura, energía y clima;

82. Recalca la necesidad de integrar la ambición en materia medioambiental y de cambio climático en todas las políticas de la Unión, incluida la política comercial; pide a la Comisión que vele por que todos los acuerdos futuros de comercio e inversión suscritos por la Unión sean plenamente compatibles con el Acuerdo de París y los ODS y que las disposiciones medioambientales y climáticas sean jurídicamente vinculantes y aplicables; pide a la Comisión que lleve a cabo y publique una evaluación exhaustiva de la coherencia de los acuerdos vigentes y futuros con el Acuerdo de París;

83. Pide a la Comisión que cumpla el escenario 1 del documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», tal como solicitó el Parlamento en su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[10], que exige, entre otras cosas, que se integre el principio de «la sostenibilidad en primer lugar» el Programa de mejora de la legislación de la Unión y de sus Estados miembros;

84. Subraya que los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la Unión deben incluir compromisos de cada una de las partes para la ratificación y aplicación de los ocho convenios fundamentales y los cuatro convenios prioritarios de la OIT, así como de los acuerdos multilaterales internacionales en materia de medio ambiente, proporcionando una hoja de ruta para la ratificación antes de que concluyan las negociaciones; hace hincapié en que los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible deben incluir medidas disuasorias efectivas en caso de incumplimiento grave y demostrado de los compromisos medioambientales, incluidas sanciones comerciales, y deben estar cubiertos por los mecanismos generales de solución de conflictos, en pie de igualdad con las demás partes del acuerdo;

85. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de promover cadenas de suministro sostenibles con el fin de aumentar los beneficios de la economía circular a escala nacional y mundial; subraya que esto solo puede lograrse mediante unas obligaciones de diligencia debida obligatorias en consonancia con las líneas directrices de la OCDE que respeten plenamente las normas medioambientales, sociales y de seguridad, así como mediante la plena aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; espera que la Comisión presente una iniciativa legislativa sobre la diligencia debida que incluya la introducción de un sistema obligatorio, transparente y operativo de trazabilidad social y medioambiental a lo largo de toda la cadena de producción;

La Unión Europea como líder mundial

86. Apoya firmemente la continuación y el refuerzo adicional del alcance político sobre la base de la «diplomacia por el Pacto Verde», lo que resulta esencial para impulsar la movilización por el clima y la protección medioambiental en los países socios e influir en la opinión pública mundial; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden la diplomacia climática y medioambiental de la Unión de manera holística estableciendo vínculos entre el cambio climático, la protección de la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la agricultura, la resolución de conflictos, la migración y las preocupaciones humanitarias con el fin de facilitar la transición mundial hacia la neutralidad neta en emisiones, la resiliencia frente al cambio climático, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y del agua;

87. Destaca que todos los instrumentos de política exterior deben estar plenamente en consonancia con los objetivos climáticos, de biodiversidad y medioambientales de la Unión Europea; recuerda la posición del Parlamento de que, en el próximo período de programación financiera, las acciones en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) deben aportar al menos el 16 % de su dotación financiera global para objetivos climáticos, y las acciones en el marco del Reglamento por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) deben aportar el 45 % de su dotación financiera global a los objetivos climáticos, la gestión y la protección medioambientales, la biodiversidad y la lucha contra la desertización, con un 30 % de la dotación financiera total del IVDCI dedicado a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo;

88. Reitera la necesidad de abordar las dramáticas consecuencias del cambio climático para el desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID); pide, por tanto, que se dediquen más inversiones a las infraestructuras resilientes en los países en desarrollo a fin de responder a la intensificación de los desastres naturales;

89. Destaca que, según el GIECC, la sabiduría indígena y tradicional es un recurso fundamental en la prevención del cambio climático, en particular debido al hecho de que los territorios de los pueblos indígenas albergan en torno al 80 % de la biodiversidad que queda en el mundo; subraya la necesidad de abordar la interdependencia del clima, el medio ambiente, las dimensiones económica y social y, en particular, los efectos directos que tiene el cambio climático en las comunidades indígenas y la grave amenaza existencial a la que se enfrentan muchas de ellas, incluidas las comunidades no contactadas;

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90. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.

[2] DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

[3] DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.

[4] DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.

[5] DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.

[6] DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.

[7] DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

[8] DO L 344 de 17.12.2016, p. 1.

[9] DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.

[10] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0220.

Última actualización: 14 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad