Procedimiento : 2020/2519(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0080/2020

Textos presentados :

B9-0080/2020

Debates :

CRE 29/01/2020 - 23

Votaciones :

Textos aprobados :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0080/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 48k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la Ley india de nacionalidad (modificación) de 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Marcel Kolaja, Henrike Hahn, Anna Cavazzini, Klaus Buchner, Alice Kuhnke, Katrin Langensiepen, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0077/2020

B9‑0080/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Ley india de nacionalidad (modificación) de 2019

(2020/2519(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre la India,

 Vista la declaración de los expertos de las Naciones Unidas, de 3 de julio de 2019, sobre el riesgo de apatridia para millones de personas y de inestabilidad en Assam (India),

 Vista la Asociación Estratégica UE-India puesta en marcha en 2004,

 Vistas las directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura y sobre la libertad de expresión,

 Vistas las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

 Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la nueva Ley india de nacionalidad (modificación) de 2019 (en lo sucesivo, «Ley modificativa») pretende acelerar la concesión de la nacionalidad a los hindúes, sijes, budistas, jainistas, parsis y cristianos que huyen de las persecuciones en Afganistán, Bangladés y Pakistán, y que residan en el país desde antes de 2014, pero que no ofrece la misma protección a los musulmanes; que, por lo tanto, dicha Ley tendrá un efecto discriminatorio en cuanto al acceso a la nacionalidad por parte de determinados grupos religiosos, en particular los musulmanes;

B. Considerando que la Ley modificativa no hace referencia a los otros países fronterizos con la India, en particular Bután, Myanmar/Birmania, Nepal y Sri Lanka, por lo que excluye a minorías como los tamiles de Sri Lanka, que constituyen actualmente el grupo de refugiados más numeroso en la India, o los rohinyá de Myanmar/Birmania que, según las Naciones Unidas, son la minoría más perseguida del mundo;

C. Considerando que la nueva Ley será revisada por el Tribunal Supremo de la India; que el Gobierno de Kerala, en su petición al Tribunal Supremo, calificó la Ley modificativa como una violación del carácter laico de la Constitución de la India y acusó al Gobierno de dividir a la nación utilizando la religión como criterio;

D. Considerando que la adopción de la Ley modificativa ha generado una serie de protestas masivas en contra su aplicación, que han sido respondidas con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía india, con el resultado, al parecer, de 27 fallecidos, 175 heridos y miles de detenidos; que las autoridades también han recurrido al toque de queda y restringido el transporte público al objeto de evitar protestas pacíficas;

E. Considerando que las autoridades indias practicaron un cierre casi total de las comunicaciones por internet en diversos estados del país lo que, a su vez, llevó al bloqueo de casi todos los medios de comunicación en línea para los residentes en el interior de la India y de todo flujo de información relacionada con las protestas; que las autoridades indias también han restringido el acceso a internet en muchas zonas del noreste y de Uttar Pradesh, donde reside una gran parte de los indios de religión musulmana; que el bloqueo de las comunicaciones por internet es una violación del derecho fundamental de acceso a la información;

F. Considerando que, el 20 de diciembre de 2019, el Ministerio de Información y Radiodifusión de la India emitió una declaración en la que advertía a las cadenas de televisión que se abstuvieran de mostrar contenidos que promoviesen actitudes en contra de la nación;

G. Considerando que, desde su llegada al poder, el partido Bharatiya Janata ha seguido una agenda de fuerte nacionalismo hindú con consecuencias devastadoras para la minoría musulmana; que durante los últimos años los mensajes que describen a los ciudadanos musulmanes de la India como terroristas o como una comunidad que desea exterminar a los hindúes se han multiplicado en el país; que el Gobierno de la India se ha mantenido en silencio ante muchos de los delitos motivados por el odio contra los musulmanes; que, según el Pew Research Center, los musulmanes son el segundo grupo religioso más perseguido del mundo;

H. Considerando que la Ley modificativa se adoptó en medio de una ofensiva del Gobierno en favor de un proceso de verificación de la nacionalidad en todo el país, el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC por sus siglas en inglés); que las declaraciones gubernamentales indican que dicho proceso tiene por objeto despojar a los musulmanes de sus derechos de nacionalidad, al tiempo que protege los de los hindúes y otros no musulmanes; que en el NRC solo figuran como nacionales quienes pueden demostrar que ellos o sus antepasados entraron en la India antes del 24 de marzo de 1971; que el resultado ha sido convertir en apátridas a casi dos millones de personas en Assam, quienes ahora pueden ser enviadas a centros de internamiento o ser expulsadas; que estos procesos pueden exacerbar el clima de xenofobia y espolear, al mismo tiempo, la intolerancia religiosa y la discriminación en el país;

I. Considerando que la Ley modificativa, unida al proceso de verificación de la nacionalidad llevado a cabo en todo el país, planteará a 200 millones de musulmanes de la India el dilema de demostrar la nacionalidad india o convertirse en apátrida;

J. Considerando que el Gobierno de la India habría deportado a refugiados musulmanes rohinyá a Myanmar/Birmania, lo que violaría el principio de no devolución; que miembros del Gobierno indio, al más alto nivel, han alegado que los rohinyás están vinculados a actividades inapropiadas e ilegales, lo que estigmatiza aún más a esta comunidad;

K. Considerando que bajo el mandato del actual Gobierno ha aumentado la represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, también mediante el encarcelamiento —acusadas de sedición, difamación o terrorismo— de personas que ejercen una crítica pacífica; que las autoridades indias llevaron a cabo varios allanamientos en 2018 y 2019 en hogares de activistas y académicos que se habían manifestado de forma crítica contra el Gobierno y franca respecto a los derechos humanos;

1. Manifiesta su profunda preocupación por la adopción de la Ley modificativa, que tiene un carácter discriminatorio; insta a las autoridades indias a que modifiquen inmediatamente las disposiciones de dicha Ley a fin de que se ajuste a las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide a las autoridades indias que garanticen que todos los planes relativos a la verificación de la nacionalidad cumplen las normas internacionales en materia de derechos humanos; expresa su profunda preocupación por que la Ley modificativa vigente, junto con una actualización del NRC, puedan causar una de las mayores crisis de apátridas del mundo; advierte del incremento del nacionalismo que ha impulsado el Gobierno de Narendra Modi y que ha provocado, inter alia, un agravamiento de la intolerancia religiosa y la estigmatización de los musulmanes;

2. Condena en los términos más firmes la represión de los manifestantes; insta a las autoridades indias a que respeten los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y que actúen con la máxima contención en su respuesta a las protestas, de acuerdo con las normas internacionales pertinentes; insiste en que las autoridades indias deben acatar plenamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la India es parte;

3. Pide a las autoridades indias que liberen inmediata e incondicionalmente a los manifestantes y defensores de los derechos humanos que se encuentran detenidos; les insta, además, a que velen por que se realice una investigación rápida, independiente e imparcial de las violaciones de los derechos humanos perpetradas desde el inicio de las protestas, incluidas las denuncias de malos tratos durante las detenciones y el uso excesivo de la fuerza, y por que los responsables rindan cuentas de sus actos;

4. Destaca que la Ley modificativa socava el compromiso con la igualdad ante la ley consagrado en la Constitución de la India y las obligaciones de dicho país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de los que la India es parte;

5. Condena la decisión de las autoridades indias de bloquear el acceso por internet a las redes mundiales, impidiendo así la comunicación y la libre circulación de información a los residentes en el país; subraya que estas acciones constituyen una clara violación de la libertad de expresión;

6. Pide a las autoridades indias que aseguren que ni las personas excluidas del NRC en Assam ni quienes tengan casos pendientes ante tribunales extranjeros se vean privadas de ninguna de las ventajas públicas que se garantizan a los nacionales del país;

7. Pide a las autoridades indias que cursen una invitación permanente a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que cooperen con ellos de manera proactiva; les insta en particular a que garanticen el acceso del relator especial de las Naciones Unidas sobre las cuestiones de las minorías, sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y sobre la libertad de religión o de creencias;

8. Lamenta que, desde la adopción de la Ley modificativa, el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) se haya abstenido de expresar públicamente sus preocupaciones en relación con dicha Ley y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad indias, incluso tras su última visita al país; pide al VP/AR que emita una declaración pública en la que solicite la modificación de dicha Ley para que esté en consonancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos y que condene la represión de los manifestantes;

9. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan los derechos humanos como un ámbito de acción prioritario en la Hoja de Ruta UE-India 2025; espera que la Ley modificativa y la situación de Cachemira se aborden durante la Cumbre UE-India que tendrá lugar el 13 de marzo de 2020;

10. Critica en los términos más enérgicos posibles la visita privada de un grupo de al menos veintidós diputados al Parlamento Europeo a la India y Cachemira, en la que no pidieron públicamente el acceso de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas ni denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la zona; denuncia el uso de este viaje para legitimar la agenda nacionalista del primer ministro Modi y las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo bajo su mandato; destaca que, de conformidad con la Decisión de su Mesa, de 15 de abril de 2013, los diputados deben hacer pública su asistencia a actos organizados por terceros cuando el reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento o estancia, o el pago directo de dichos gastos, corra a cargo de un tercero; recuerda que, en tales casos, los diputados deben presentar su declaración a más tardar el último día del mes siguiente al del día en que finalice su asistencia al acto; lamenta que cinco diputados que formaban parte de dicha delegación hayan incumplido esta obligación; pide al presidente que adopte las medidas pertinentes de conformidad con el artículo 8 del Código de Conducta y que remita el asunto al Comité Consultivo;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la India, al Gobierno de la India, al primer ministro de la India y al Parlamento indio.

Última actualización: 27 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad