Procedimiento : 2019/2975(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0123/2020

Textos presentados :

B9-0123/2020

Debates :

Votaciones :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 20

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0156

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 189kWORD 66k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2975(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

<Commission>{EMPL}en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales</Commission>

</RepeatBlock-By>

ENMIENDAS

B9-0123/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020

(2019/2975(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 2, 9, 10, 19 y 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta»), y en particular sus artículos 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 y 47,

 Visto el pilar europeo de derechos sociales, y en particular su principio 17 sobre la inclusión de las personas con discapacidad, su principio 3 sobre la igualdad de oportunidades y su principio 10 sobre el entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y la protección de datos,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad[1],

 Vistas las observaciones generales sobre la CDPD, en cuanto orientación autorizada sobre la aplicación de la CDPD,

 Visto el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención[2],

 Vistas las observaciones finales, de 2 de octubre de 2015, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Comité CDPD) sobre el informe inicial de la Unión Europea,

 Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Vistas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

 Vistas las investigaciones estratégicas del Defensor del Pueblo Europeo sobre el modo en que la Comisión Europea garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a sus sitios web (OI/6/2017/EA) y sobre el tratamiento dado por la Comisión Europea a las personas con discapacidades en virtud del Régimen Común de Seguro de Enfermedad para el personal de la Unión (OI/4/2016/EA), y vista su Decisión en la investigación conjunta de los asuntos 1337/2017/EA y 1338/2017/EA sobre la accesibilidad para candidatos con discapacidad visual en los procesos de selección para la contratación de funcionarios de la Unión, organizados por la Oficina Europea de Selección de Personal,

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Unión se ha comprometido a aplicar,

 Vistas las menciones explícitas a la discapacidad en los ODS, en relación con la educación (ODS 4), el crecimiento y el empleo (ODS 8), la desigualdad (ODS 10), la accesibilidad de los asentamientos humanos (ODS 11) y la recopilación de datos (ODS 17),

 Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

 Visto el Dictamen exploratorio del Comité Económico y Social Europeo solicitado por el Parlamento sobre la situación de las mujeres con discapacidad,

 Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios[3],

 Vista la Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del sector público[4],

 Vista la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado[5],

 Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación[6],

 Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»)[7],

 Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida)[8],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas» (COM(2020)0014),

 Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, titulado «Informe de situación relativo a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020» (SWD(2017)0029),

 Vistas la propuesta de la Comisión de una Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición del Parlamento, de 2 de abril de 2009[9],

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017[10],

 Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad[11],

 Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las observaciones finales del Comité CDPD[12],

 Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre la lista de cuestiones adoptada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea[13],

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020[14],

 Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral[15],

 Vistas sus Resoluciones, de 17 de junio de 1988, sobre lenguajes gestuales para sordos[16], de 18 de noviembre de 1998, sobre el lenguaje mímico[17], y de 23 de noviembre de 2016, sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[18],

 Visto el estudio de 2016 de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento, Departamento Temático C, titulado «European structural and investment funds and persons with disabilities in the European Union» (Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y las personas con discapacidad en la Unión Europea),

 Vista la nota informativa del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulada «La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020»,

 Visto el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo Europeo,

 Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «Shaping the EU agenda for disability rights 2020-2030» (Configurar la agenda de la UE para los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030),

 Vistos los informes sobre los derechos fundamentales 2019 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),

 Vistos los informes temáticos de la FRA,

 Vista la declaración de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, sobre la Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020,

 Vistas las estadísticas de Eurostat sobre discapacidad en relación con el acceso al mercado laboral, a la educación y la formación, así como con la pobreza y las desigualdades en las rentas,

 Vistos los informes y las recomendaciones de organizaciones que representan a personas con discapacidad,

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo[19], y en particular, sus artículos 4, 6 y 7,

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006[20], y en particular su artículo 5, apartado 9, letra a),

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo[21], y en particular su artículo 2, apartado 3, y su artículo 8,

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo[22],

 Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, como ciudadanos de pleno derecho, todas las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos en todos los ámbitos de la vida (incluido el acceso a un mercado de trabajo abierto y a la educación) y tienen derecho a una dignidad inalienable, a la igualdad de trato, a una vida independiente, a la autonomía y a la plena participación en la sociedad, respetando y valorando su aportación al progreso social y económico de la Unión; que más de la mitad de los Estados miembros privan de su derecho a votar a las personas con discapacidad intelectual o que padecen problemas de salud mental;

B. Considerando que se calcula que unas 100 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea[23] siguen estando privadas de sus derechos humanos fundamentales y se enfrentan diariamente a barreras que les impiden llevar una vida independiente; que las mujeres representan más del 60 % de las personas con discapacidad y que, a su vez, la gran mayoría de los cuidadores de personas con discapacidad son mujeres; que el número de niños con discapacidad se desconoce debido a la falta de estadísticas, pero podría situarse en alrededor del 15 % del número total de niños en la Unión Europea; que, como consecuencia del creciente envejecimiento de la población, cada vez más personas vivirán con una discapacidad y requerirán un entorno más accesible y un mayor apoyo, así como servicios adaptados;

C. Considerando que el TFUE impone a la Unión la obligación de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad en la definición y la ejecución de sus políticas y acciones (artículo 10), y le confiere, asimismo, el poder de adoptar disposiciones legislativas para combatir este tipo de discriminación (artículo 19);

D. Considerando que los artículos 21 y 26 de la Carta prohíben explícitamente la discriminación por razón de discapacidad y prevén la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad;

E. Considerando que la CDPD es el primer tratado internacional de derechos humanos ratificado por la Unión y todos sus Estados miembros;

F. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refuerza el hecho de que la CDPD es vinculante para la Unión y sus Estados miembros a la hora de adoptar y aplicar la legislación de la Unión, ya que es un instrumento del Derecho derivado[24];

G. Considerando que la Unión y varios Estados miembros no han ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPD;

H. Considerando que los niños con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños, incluido el derecho a crecer con sus familias o en el seno de una familia, atendiendo a su interés superior, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño; que los miembros de la familia se ven a menudo obligados a reducir o a interrumpir actividades profesionales para ocuparse de miembros de la familia con discapacidad; que el estudio de viabilidad de la Garantía Infantil de la Comisión Europea (informe provisional) señala que las principales barreras a las que se enfrentan los niños con discapacidad son problemas relativos a la accesibilidad física, la falta de adaptación de los servicios y las instalaciones a las necesidades de los niños y, en numerosos casos, sencillamente la falta de disponibilidad de estos; que, en el mismo estudio, muchos encuestados señalaron problemas de discriminación, en particular en relación con los problemas relativos a la educación, y de asequibilidad, en relación con los problemas relativos a la vivienda;

I. Considerando que los principios de la CDPD van mucho más allá de la discriminación y abren la vía hacia el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas con discapacidad y sus familias en una sociedad inclusiva;

J. Considerando que la jurisprudencia del TJUE establece que una política puede considerarse indirectamente discriminatoria si, en la práctica, la disposición objeto de controversia afecta negativamente a una proporción sustancialmente mayor de personas con discapacidad; que con que se sospeche que una disposición es intrínsecamente discriminatoria y susceptible de tener un efecto negativo similar, también se considerará discriminatoria;

K. Considerando que el artículo 1 de la CDPD establece que «[l]as personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»; que el artículo 9 de la CDPD reviste especial importancia en este sentido;

L. Considerando que la discapacidad es una construcción social; que, de acuerdo con el modelo social de discapacidad, la deficiencia es una limitación funcional física, mental o sensorial que proviene del propio individuo, mientras que la discapacidad es la pérdida o la limitación de las oportunidades para participar en la vida normal de la comunidad en igualdad de condiciones con los demás debido a barreras físicas y sociales; que el término «personas discapacitadas» define a las personas con deficiencias que están incapacitadas por barreras construidas socialmente, mientras que el término «personas con discapacidades» se refiere a las condiciones incapacitantes que provienen del propio individuo y no de la sociedad; que el término «discapacidades», cuando se utiliza en este contexto, se refiere al estado médico de una persona y, por tanto, confunde discapacidad con deficiencia; que, por otro lado, niega la identidad política o la identidad «de discapacidad»;

M. Considerando que el 37 % de la población de la Europa de los Veintiocho de 15 años o más ha indicado que padece limitaciones físicas o sensoriales moderadas o graves en 2018; que, en la Europa de los Veintiocho, el 24,7 % de la población de 16 años o más ha indicado que padece algunas o graves limitaciones duraderas en sus actividades habituales debido a problemas de salud en 2018; que el 17,7 % ha indicado que padece limitaciones duraderas y el 7 % limitaciones duraderas graves[25];

N. Considerando que la carga que suponen las principales enfermedades crónicas se calcula a partir del año de vida ajustado por discapacidad (AVAD); que, no obstante, los marcos destinados a las enfermedades crónicas varían en los distintos Estados miembros de la Unión y, en algunos de ellos, pueden formar parte de regímenes de discapacidad más amplios;

O. Considerando que Eurofound señaló que falta claridad en cuanto a la inclusión del concepto de «enfermedad» (crónica) en la definición de discapacidad[26]; que la Agencia recomienda que la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad trate esta cuestión;

P. Considerando que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 no integraba la igualdad de género ni tampoco contemplaba o abordaba la situación específica, las formas de discriminación y las privaciones de derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple y a otras vulneraciones de sus derechos; que las consecuencias de la discriminación múltiple incluyen la pobreza y la exclusión social, educativa y del mercado laboral (con más probabilidades de ocupar empleos mal remunerados, temporales o precarios), lo que provoca un mayor estrés y una carga psicológica para las personas con discapacidad, así como para sus familias y sus cuidadores; que la igualdad de trato puede garantizarse aplicando medidas y políticas positivas para las mujeres con discapacidad, las madres y los padres de hijos con discapacidad, los progenitores solos con discapacidad o los progenitores solos de hijos con discapacidad; que la incorporación de una dimensión de género en la Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020 prevista fomentará un enfoque intersectorial para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad;

Q. Considerando que, en 2018, alrededor del 28,7 % de la población de la Unión con discapacidad (de 16 años o más) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social[27];

R. Considerando que, a pesar de que el artículo 19 de la CDPD dispone que «[l]os Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad [...]», sigue habiendo en la Unión 800 000 personas con discapacidad privadas de su derecho a votar;

S. Considerando que las personas sordociegas sufren una discapacidad doble única que combina dos deficiencias sensoriales (la visual y la auditiva), lo que limita su participación plena y provoca problemas específicos como el acceso a la comunicación y la información, la movilidad y las interacciones sociales;

T. Considerando que las prestaciones relacionadas con la discapacidad deben considerarse un apoyo del Estado destinado a ayudar a las personas a eliminar las barreras causadas por su discapacidad o enfermedad, a fin de permitirles participar plenamente en la sociedad, además de una sustitución de los ingresos cuando sea necesario;

U. Considerando que el artículo 9 de la CDPD reconoce que es necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad, en particular las niñas y las mujeres, puedan disfrutar de un acceso real al entorno físico, a los medios de transporte, a la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como a otras instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas rurales como urbanas;

V. Considerando que la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, adoptada en junio de 2019[28], establece por primera vez a escala de la Unión el derecho de cada trabajador a disfrutar de un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año;

W. Considerando que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (en lo sucesivo, «Estrategia») ha servido de marco para las propuestas políticas y legislativas destinadas a aplicar la CDPD, tanto dentro como fuera de la Unión;

X. Considerando que las personas con discapacidad siguen sin participar plenamente en la sociedad y sin disfrutar de sus derechos; que, de conformidad con el artículo 29 de la CDPD, la participación de las personas con discapacidad solo puede lograrse incluyéndolas en la vida política y pública, en la que a menudo están infrarrepresentadas;

Y. Considerando que la Estrategia no se ha adaptado a los ámbitos políticos emergentes, por ejemplo, no se ha armonizado con la Agenda 2030, a cuya aplicación se han comprometido la Unión y todos sus Estados miembros, ni con el pilar europeo de derechos sociales;

Z. Considerando que la Estrategia no abarca todas las disposiciones de la CDPD;

AA. Considerando que, hasta la fecha, la Comisión no ha llevado a cabo una revisión transversal ni exhaustiva de su legislación para garantizar la armonización plena con las disposiciones de la CDPD;

AB Considerando que los avances logrados con la Estrategia son limitados;

AC. Considerando que no se han integrado los derechos de las personas con discapacidad en gran cantidad de ámbitos políticos de la Unión;

AD. Considerando que sigue habiendo legislación nueva y revisada en la que no se hace referencia alguna a la CDPD y la accesibilidad; que la accesibilidad es un requisito previo para una vida independiente y la participación; que la Unión Europea, como Parte de la CDPD, tiene el deber de velar por la estrecha colaboración y la participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas, respetando los diferentes conceptos de discapacidad;

AE. Considerando que es primordial que las personas con discapacidad accedan plenamente y en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, un aspecto que sigue siendo problemático, dado que la tasa de empleo actual se sitúa en el 50,6 % (53,3 % en el caso de los hombres y del 48,3 % en el caso de las mujeres con discapacidad), frente al 74,8 % de las personas sin discapacidad[29], y que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años se sitúa en el 17 %, frente al 10 % en el caso de las personas sin discapacidad, lo cual impide que numerosas personas de este colectivo puedan llevar una vida independiente y activa; que un porcentaje significativo de los cuatro millones de personas que cada año se quedan sin hogar tiene discapacidad; que los datos varían considerablemente entre los distintos tipos de discapacidad y las necesidades de apoyo;

AF. Considerando que se debe apoyar y alentar a los empleadores para garantizar que las personas con discapacidad estén capacitadas desde la educación hasta el empleo; que, con este objetivo, la concienciación de los empleadores es una forma de combatir la discriminación en la contratación de personas con discapacidad;

AG. Considerando que las medidas en el lugar de trabajo son esenciales para promover una salud mental positiva y prevenir las enfermedades mentales y las discapacidades psicosociales;

AH. Considerando que las acciones para hacer frente a los retos del cambio demográfico han de incluir medidas adecuadas para mantener a las personas con discapacidad activas y en el mercado laboral; que esto no incluye solo medidas de prevención en lo relativo a la salud y la seguridad en el trabajo, sino también medidas centradas en la rehabilitación y participación tras una enfermedad o un accidente;

AI. Considerando que la participación solo puede lograrse plenamente si se incluye a una amplia gama de personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, y si se consulta de forma significativa a todas las categorías de partes interesadas, respetando los diversos conceptos de discapacidad;

1. Reconoce los avances realizados en la aplicación de la CDPD gracias a la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020; pide a la Comisión que tome como base los logros obtenidos mejorando su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad a través de una ambiciosa Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (en lo sucesivo, «Estrategia posterior a 2020»);

2. Recuerda que, en sus observaciones finales, el Comité CDPD señala, de forma crítica, que las medidas de austeridad adoptadas por la Unión y sus Estados miembros han empeorado la calidad de vida de las personas con discapacidad, lo cual ha generado un incremento de los niveles de pobreza y de exclusión social, además de recortes en los servicios sociales, el apoyo a las familias y los servicios a escala de la comunidad;

3. Recuerda que el Comité CDPD ha manifestado su gran preocupación por la precaria situación que viven las personas con discapacidad en la actual crisis migratoria de la Unión, en particular porque los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo con discapacidad son retenidos en la Unión en condiciones que no les proporcionan un apoyo adecuado y unas adaptaciones necesarias; pide, por tanto, a la Comisión, que subsane esta situación formulando directrices para sus agencias y los Estados miembros en las que se declare que la retención restrictiva de personas con discapacidad en el contexto de las migraciones y la solicitud de asilo no es conforme a la CDPD;

4. Muestra su especial preocupación por los jóvenes con discapacidad y los que han estado desempleados durante largo tiempo; pide a los Estados miembros que trabajen para lograr su inclusión en el mercado de trabajo como cuestión prioritaria, por ejemplo, como parte del programa de Garantía Juvenil;

5. Pide a la Comisión que presente una Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (la Estrategia posterior a 2020) completa, ambiciosa y a largo plazo, que:

a) incluya ámbitos prioritarios claramente definidos que abarquen todas las disposiciones de la CDPD y reflejen las observaciones generales del Comité CDPD, incluidas las definiciones de los términos clave, en particular una definición común de «discapacidad» a escala de la Unión, en todos los ámbitos de la política de la Unión, y que tengan en cuenta las observaciones finales del Comité CDPD dirigidas a la Unión, que se aprobaron en 2015;

b)  contenga objetivos ambiciosos, claros y mensurables, incluida una lista de acciones previstas con plazos claros y recursos asignados en los siguientes ámbitos: igualdad, participación, libertad de desplazamiento y vida independiente, accesibilidad, empleo y formación, educación y cultura, pobreza y exclusión social, acción exterior, vida sin violencia ni abusos, integración de la discapacidad y sensibilización;

c)  prevea plazos y un calendario de ejecución;

d) refleje la diversidad de las personas con discapacidad y sus necesidades, también a través de acciones específicas;

e) integre los derechos de todas las personas con discapacidad en todas las políticas y todos los ámbitos;

f)  reconozca y aborde las formas múltiples e intersectoriales de discriminación a las que se enfrentan las personas con discapacidad;

g)  incluya un planteamiento que tenga en cuenta la condición del menor;

h) garantice la integración de la perspectiva de género;

i)  se ocupe de los adultos con discapacidad y preste especial atención a aquellos con discapacidad intelectual y su futuro tras el fallecimiento del cuidador;

j)  se apoye en un mecanismo de seguimiento adecuado y dotado de recursos suficientes, con referencias e indicadores claros;

k) facilite las conexiones entre los distintos ámbitos políticos de la Unión, así como la adaptabilidad de la Estrategia a los ámbitos políticos y retos emergentes más allá de las disposiciones de la CDPD, como la digitalización y las nuevas tecnologías, la automatización y la inteligencia artificial; l)  guarde coherencia con otras iniciativas y estrategias de la Unión e integre el seguimiento de la Estrategia Europa 2020 y las iniciativas en el marco del pilar europeo de derechos sociales y la hoja de ruta para una Europa social;

m) asigne un presupuesto adecuado para la ejecución y el seguimiento de la Estrategia posterior a 2020, incluida la asignación de un presupuesto suficiente para el marco de la Unión para la CDPD, que promueve, protege y supervisa la aplicación de la CDPD en asuntos de competencias de la Unión, por ejemplo, en la legislación y las políticas de la Unión y en la administración pública europea;

n) fomente la colaboración con las autoridades, las empresas, los interlocutores sociales y la sociedad civil a escala europea, nacional, regional y local, a fin de asegurar una aplicación satisfactoria de la Estrategia posterior a 2020;

o) integre la igualdad de acceso a los servicios para las personas con discapacidad, incluido el acceso a la asistencia sanitaria, la educación y el empleo, el transporte público, la vivienda, la cultura, el deporte y el ocio, además de otros ámbitos, eliminando los obstáculos a la participación social y aplicando principios de diseño universal en el marco de las inversiones en infraestructuras e inversiones digitales en toda la Unión;

p)  garantice que la promoción y el apoyo eficaces de la economía social figuren entre las prioridades de la Estrategia;

6. Destaca la necesidad de que la Estrategia posterior a 2020 sea coherente con los marcos orientados a las personas con enfermedades crónicas, también por lo que respecta a las medidas de activación del empleo, puesto que las estrategias dirigidas a las personas con discapacidad no siempre atienden sus necesidades;

7. Pone de relieve la importancia de una definición y aplicación globales de la accesibilidad y su valor como la base para que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades, como se reconoce en la CDPD, y en consonancia con la observación general n.º 2 de la CDPD, teniendo en cuenta la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad, y promoviendo un diseño universal como principio de la Unión;

8. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente toda la legislación relativa a la accesibilidad y velen por un seguimiento continuo de la misma, en particular el Acta Europea de Accesibilidad[30], la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, el paquete de telecomunicaciones, la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web[31] y las normas pertinentes en materia de transporte y derechos de los pasajeros; insiste en que el seguimiento no debe realizarse mediante una autoevaluación, sino a través de un órgano independiente que incluya a las personas con discapacidad; pide por tanto a la Comisión que facilite la aplicación y establezca una Junta Europea de Accesibilidad para llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de la legislación de la Unión sobre accesibilidad;

9. Pide a la Comisión que, amparándose en el Acta Europea de Accesibilidad, adopte un marco europeo sólido para un entorno accesible e inclusivo con espacios públicos, servicios, incluidos servicios de transporte público, comunicación y financieros, que sean plenamente accesibles, así como el entorno construido; pide a la Comisión que refuerce los derechos de los pasajeros para evitar más discriminaciones;

10. Pide a la Comisión que revise las normas de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) a fin de proteger los derechos de los pasajeros con discapacidad, prestando especial atención a la seguridad y la integridad física tanto de la persona como de su equipamiento durante el transporte, así como al reconocimiento de la necesidad de asientos adicionales para un asistente personal o para aquellas personas que tengan que ir en posición horizontal;

11. Recuerda que la aplicación de todas las obligaciones relacionadas con la accesibilidad requiere una financiación suficiente a escala local, nacional y de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la inversión pública para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico y digital;

12. Expresa su preocupación por el hecho de que la condición ex ante de comprar de forma accesible antes de la adjudicación de un contrato público no se aplique lo suficiente a nivel nacional; recomienda para ello que se establezca un portal, de forma similar a la contratación pública ecológica, que contenga todas las directrices relativas a la accesibilidad;

13. Pide a la Comisión que trabaje con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre estrategias de comunicación y accesibilidad para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al sistema judicial de la Unión;

14. Subraya que la Estrategia posterior a 2020 debe basarse en una revisión transversal y completa de toda la legislación y las políticas de la Unión, a fin de garantizar su total armonización con las disposiciones de la CDPD; insiste en que esta revisión debe incluir una declaración de competencias revisada que cubra todos los ámbitos políticos en los que la Unión ha legislado o ha adoptado medidas de carácter indicativo que repercutan en las personas con discapacidad y debe proponer propuestas legislativas junto con medidas de aplicación y seguimiento;

15. Pide a la Comisión que garantice la inclusión de un planteamiento intersectorial y con perspectiva de género para luchar contra las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad; insiste en que deben recopilarse datos desglosados por género para determinar las formas de discriminación múltiple y transversal a la que se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad en todos los ámbitos que abarca el Convenio de Estambul, y siempre que ello sea pertinente; insta a la Comisión a que presente una propuesta consolidada de cara a la Estrategia posterior a 2020 y a que adopte medidas eficaces para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los menores con discapacidad, incluidos el acoso sexual y los abusos, que vayan dirigidas a las familias, las comunidades, los profesionales y las instituciones; insta a la Unión Europea y a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio de Estambul;

16. Pide que la Estrategia posterior a 2020 establezca una estructura interinstitucional que supervise su aplicación utilizando los procedimientos contemplados en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación[32]; destaca que todas las instituciones y agencias de la Unión deben disponer de puntos de contacto sobre discapacidad y que el punto de contacto central debe estar ubicado en la Secretaría General de la Comisión; subraya que los puntos de contacto sobre discapacidad deben contar con el apoyo de un mecanismo interinstitucional adecuado para coordinar la aplicación de la CDPD en las instituciones y agencias de la Unión; hace hincapié en que debe existir un mecanismo interinstitucional que facilite la colaboración entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, en cuyo marco se reúnan las respectivas presidencias al comienzo de cada mandato; señala, en este sentido, que las instituciones de la Unión, tratándose de administraciones públicas, han de cumplir la CDPD en todos sus aspectos;

17. Insta a la Comisión a que elabore la Estrategia posterior a 2020 con una participación estrecha, significativa y sistemática de las personas con discapacidad, los familiares y las organizaciones que las representan, y a que vele, junto con los Estados miembros, por colaborar estrechamente con ellos para la aplicación, la supervisión y la evaluación de la Estrategia posterior a 2020, también mediante una financiación adecuada y el desarrollo de capacidades;

18. Pide a la Comisión que prevea una revisión de la Estrategia cada tres años, con un papel claramente definido para el marco de la Unión para la CDPD y con la participación sistemática y activa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, tanto a escala europea como nacional;

19. Insiste en la necesidad de un seguimiento continuo de la aplicación de la CDPD; pide, en este contexto:

a)  la recopilación —con garantías establecidas por ley— de datos fiables y desglosados por tipo de discapacidad, edad, género y otros factores pertinentes para realizar un seguimiento de los progresos en la aplicación de la CDPD y para eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos;

b)  la asignación de recursos suficientes al marco de seguimiento de la Unión para la CDPD, con el fin de que pueda llevar a cabo su cometido de forma independiente y apropiada;

c)  la creación de un mecanismo flexible que pueda ofrecer incentivos para la aplicación óptima de la CDPD, como los Premios Ciudad Accesible e iniciativas nacionales en este sentido;

20. Pide a la Comisión que vele por que la Estrategia posterior a 2020 promueva en particular el acceso garantizado de las personas con discapacidad al empleo y a la formación profesional, la educación inclusiva, unos servicios sanitarios asequibles y de calidad, los servicios digitales y las actividades deportivas, garantizando asimismo que en el lugar de trabajo se realizan las adaptaciones necesarias y que el nivel de remuneración de las personas con discapacidad es igual al de los empleados sin discapacidad, además de evitar y prevenir que puedan producirse otras formas de discriminación en el lugar de trabajo; solicita a los Estados miembros que sigan desarrollando o apliquen mejor las medidas que promuevan la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y que reconozcan a las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos como trabajadores de pleno derecho y garanticen que tienen derecho a la misma protección social que los demás trabajadores; pide a la Comisión que fomente la elaboración de marcos de calidad para los períodos de prácticas y promueva y desarrolle las oportunidades de formación mediante la formación de aprendices para las personas con discapacidad; pide a la Comisión que incluya las buenas prácticas en futuros informes a fin de permitir que los empleadores apliquen la legislación sobre discapacidad de forma eficaz; pide a la Comisión que reconozca, promueva y proteja a las empresas inclusivas con objeto de crear puestos de trabajo permanentes para las personas con discapacidad en el mercado laboral; destaca el potencial de las empresas y organizaciones de la economía social a la hora de facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo; pide a la Comisión que preste un apoyo específico del Fondo Social Europeo a la economía social;

21. Subraya que es fundamental garantizar un elevado nivel de servicios y asistencia para las personas con discapacidad; considera, por tanto, que es necesario definir normas mínimas a escala de la Unión para garantizar que se atienden todas las necesidades de las personas con discapacidad;

22. Pide a la Comisión que revise la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza para adaptarla a la CDPD, al objeto de garantizar el acceso a una asistencia sanitaria transfronteriza asequible y de calidad para las personas con discapacidad;

23. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a servicios sanitarios con perspectiva de género, incluidas la rehabilitación relacionada con la salud y, en su caso, la asistencia de larga duración;

24. Considera que las mujeres y las niñas con discapacidad deben tener pleno acceso a una asistencia médica que responda a sus necesidades particulares, incluidas las consultas ginecológicas, los exámenes médicos, la planificación familiar y una asistencia adecuada durante el embarazo; insta a la Unión a que tenga en cuenta estos servicios a la hora de aplicar la Estrategia posterior a 2020;

25. Subraya que las personas sordociegas necesitan una asistencia adicional prestada por profesionales cualificados y con conocimientos especializados, así como intérpretes para personas sordociegas; pide a los Estados miembros que reconozcan el bastón rojo y blanco como símbolo de los peatones sordociegos a fin de que las personas sordociegas sean más visibles en el tráfico;

26. Pide a la Comisión que garantice que las personas privadas de su capacidad jurídica puedan ejercer todos los derechos consagrados en los tratados y la legislación de la Unión;

27. Lamenta que las actuales políticas de la Unión sobre los derechos del niño no incluyan suficientemente en una estrategia global basada en los derechos para los niños y niñas con discapacidad, ni contengan salvaguardias para proteger sus derechos, y que las estrategias en materia de discapacidad no las contemplen ni las integren en grado suficiente;

28. Pide a la Comisión que mejore el acceso de los niños vulnerables a servicios esenciales y derechos sociales (en concreto, asistencia sanitaria, educación, educación infantil y atención a la infancia, nutrición y vivienda);

29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que obren por que la Unión asuma el liderazgo en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y que promuevan la ratificación de la CDPD en todo el mundo; pide al grupo de trabajo de expertos sobre igualdad de la Comisión supervisado por la comisaria de Igualdad que integre de manera sistemática los derechos de las personas con discapacidad en toda la legislación, las decisiones, las políticas y los programas pertinentes de la Unión; hace un llamamiento a la plena integración de una perspectiva orientada a los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos del pilar europeo de derechos sociales, en la Estrategia Europea para la Igualdad de Género, haciendo especial hincapié en la lucha contra la violencia, en los programas Erasmus+ y Garantía Juvenil, en el Mecanismo para una Transición Justa, en la Garantía Infantil, en el próximo Libro verde sobre el envejecimiento, en el Semestre Europeo y en la política exterior de la Unión, y destaca la necesidad de una establecer una garantía de los derechos de las personas con discapacidad para ayudar a estas personas a acceder al empleo, a períodos de prácticas, a la inserción laboral y a una educación complementaria; recuerda a la Comisión que también debe controlar este aspecto dentro de las instituciones de la Unión;

30. Pide al grupo de trabajo de expertos de la Comisión que entable y mantenga consultas sistemáticas con personas con discapacidad y con las organizaciones que las representan;

31. Destaca que el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad es fundamental para la realización de otros muchos derechos consagrados en la CDPD, como la igualdad y la no discriminación, la autonomía y la libertad, la capacidad jurídica y la libertad de desplazamiento;

32. Pide a la Comisión que promueva activamente una transición de los centros de asistencia institucionales o segregados al apoyo de proximidad, incluida la asistencia personal, y a los servicios inclusivos (tanto convencionales como específicos) en todas las herramientas e iniciativas políticas de la Unión; pide, por otra parte, a la Comisión que se asegure de que los avances generales en el proceso de desinstitucionalización se incluyen como indicadores en el cuadro de indicadores sociales de la Unión;

33. Pide a los Estados miembros que incentiven la participación acelerando el proceso de desinstitucionalización con arreglo a un calendario concreto y la sustitución de la toma de decisiones por parte de un responsable sustituto por la toma de decisiones apoyada; pide a los Estados miembros que velen por que la desinstitucionalización nunca conduzca a situaciones de carencia de hogar para las personas con discapacidad como consecuencia de una falta de viviendas adecuadas o accesibles;

34. Pide a la Comisión que adopte una posición firme sobre el hecho de que la disponibilidad general de servicios convencionales de proximidad resulta fundamental para pasar de la asistencia institucional a la vida en comunidad;

35. Pide a la Comisión que impulse la libertad de desplazamiento de las personas con discapacidad;

36. Pide a la Comisión que emprenda acciones a escala de la Unión para garantizar que todas las personas con discapacidad económicamente activas puedan ejercer su libertad de desplazamiento y disfrutar de la libre circulación y de la posibilidad de trabajar en el extranjero en las mismas condiciones que los demás;

37. Pide a la Comisión que garantice que el uso de los fondos de la Unión es compatible con la CDPD y que estos fondos no contribuyen a la construcción o renovación de centros de asistencia institucionales o de otro tipo que puedan convertirse fácilmente en instituciones, ni a proyectos que no impliquen significativamente a las personas con discapacidad, además de los familiares y las organizaciones que las representan, ni se invierten en estructuras que no sean accesibles para las personas con discapacidad;

38. Pide a la Comisión que garantice que los fondos de la Unión no contribuyen a investigaciones carentes de ética, a la esterilización involuntaria ni a la vulneración de los derechos reproductivos de las personas con discapacidad;

39. Pide a la Comisión que reconozca que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial son especialmente vulnerables a planteamientos y tratamientos experimentales que carecen de una base empírica científica sólida y pueden ser gravemente perjudiciales;

40. Insiste en que los fondos de la Unión deben tener como objetivo promover entornos, servicios, prácticas y dispositivos inclusivos y accesibles, siguiendo un enfoque de diseño universal y favoreciendo la desinstitucionalización, incluido un apoyo firme a la asistencia personal y a la vida independiente; pide a la Comisión que promueva iniciativas que garanticen que los servicios de apoyo financiados mediante fondos de la Unión respondan a las necesidades de las personas con discapacidad; destaca que los fondos deben invertirse activamente en investigación para desarrollar tecnologías asistenciales mejores y más asequibles para las personas con discapacidad; aboga por una participación activa de las personas con discapacidad, además de los familiares y las organizaciones que las representan en todos los programas financiados por la Unión;

41. Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que examine si las oportunidades financiadas por la Unión llegan a las personas con discapacidad;

42. Pide a la Comisión que vele por que todos los proyectos e infraestructuras que reciben fondos de la Unión en terceros países sean accesibles para la inclusión de las personas con discapacidad y que los fondos de la Unión se inviertan en la aplicación y el seguimiento de la CDPD y en el desarrollo de capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad;

43. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la Estrategia de la Unión y las acciones de los Estados miembros se ajusten plenamente a los ODS y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, como principal marco de actuación mundial en favor de la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión, que incorpore la discapacidad como una cuestión horizontal en los ODS 4, 8, 10, 11 y 17;

44. Pide a la Comisión que asuma el liderazgo en la aplicación de los ODS que tenga en cuenta la discapacidad en el marco de la acción exterior, independientemente de una nueva estrategia europea sobre discapacidad, mediante la adopción de una hoja de ruta clara, transparente e inclusiva para la consecución de los objetivos;

45. Acoge con satisfacción la Directiva recientemente adoptada sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y, en particular, la introducción de un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año; pide a los Estados miembros que apliquen sin tardar esta Directiva y les anima a que vayan más allá de los requisitos mínimos que en ella se contemplan, por ejemplo estableciendo el derecho a permisos remunerados de paternidad, parentales y para cuidadores; alienta asimismo a los Estados miembros a que introduzcan disposiciones sobre el permiso para cuidadores, el permiso de paternidad y el permiso parental, así como fórmulas de trabajo flexible que se adapten a las necesidades específicas de los progenitores en situaciones especialmente desfavorecidas, como en el caso de las personas con discapacidad o de los progenitores de hijos con discapacidad o con una enfermedad de larga duración; pide a todos los Estados miembros que garanticen un apoyo suficiente, tanto económico como profesional, para las personas que cuidan a familiares con discapacidad que viven en el mismo hogar; subraya que el hecho de que tengan que ocuparse de sus familiares suele repercutir negativamente tanto en su vida familiar como profesional, pudiendo ocasionar exclusión y discriminación;

46. Pide a la Comisión que cree mecanismos para coordinar la portabilidad y la adaptabilidad de las prestaciones y los servicios destinados a las personas con discapacidad entre los Estados miembros, que extienda el proyecto piloto de la tarjeta de discapacidad de la UE a todos los Estados miembros, ampliándolo más allá de la cultura y el deporte, y que vele por que la tarjeta de estacionamiento de la UE para las personas con discapacidad se respete plenamente en todos los Estados miembros; hace hincapié en que estas medidas son fundamentales para garantizar que las personas con discapacidad en toda la Unión puedan acceder a la ayuda a la discapacidad sin necesidad de efectuar evaluaciones separadas en cada Estado miembro; pide a los Estados miembros que incorporen en su legislación el reconocimiento de discapacidades específicas con el fin de tener en cuenta y cubrir sus necesidades específicas (por ejemplo, la sordoceguera);

47. Pide a la Comisión que promueva la participación estructural de las personas con discapacidad, junto con los familiares y las organizaciones que las representan, en todas las fases de toma de decisiones, tanto a escala nacional como de la Unión, y que financie el desarrollo de capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad para permitirles participar de forma estructural en todas las decisiones que les afecten; pide a la Comisión que desarrolle iniciativas que potencien la propia representación y la participación política de las personas con discapacidad, y pide a los Estados miembros que refuercen las iniciativas nacionales en este sentido;

48. Pide a la Comisión que promueva una mejor coordinación de los servicios de apoyo entre los Estados miembros y el establecimiento de puntos de contacto en todos los Estados miembros para informar a los ciudadanos europeos con discapacidad sobre los derechos sociales y los servicios de apoyo que pueden recibir;

49. Pide a la Comisión que, en cooperación con el sector privado, cree un portal en el que figuren todos los instrumentos destinados a facilitar una participación social óptima a las personas con discapacidad;

50. Recuerda que las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social, en particular a una ayuda económica y un apoyo temporal; pide a la Comisión que garantice que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2030 incluya acciones específicas para promover sistemas de protección social inclusivos en toda la Unión que aseguren a las personas con discapacidad el acceso a las prestaciones y servicios a lo largo de su vida; pide a los Estados miembros que establezcan un nivel mínimo de protección social para las personas con discapacidad que les garantice un nivel de vida adecuado;

51. Pide a la Comisión y al Consejo que tomen como base la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social[33] y la propuesta de Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social[34], a fin de permitir que todos los ciudadanos de la Unión accedan a servicios de apoyo social en toda la Unión, conforme a la recomendación del Comité CDPD;

52. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una campaña integral en la que participen las personas con discapacidad, además de los familiares y las organizaciones que las representan, disponible en formatos accesibles, incluidas una versión de fácil lectura y las lenguas de signos nacionales, con el fin de concienciar a las personas con discapacidad, a los responsables y a la sociedad en general sobre la CDPD, los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad y las barreras a las que se enfrentan; Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan, coordinen y elaboren material educativo que pueda utilizarse en los Estados miembros, con el fin de favorecer actitudes positivas hacia las personas con discapacidad y mejorar su inclusión;

53. Pide a la Unión y a los Estados miembros que financien una formación por y para personas con discapacidad, sus organizaciones, sindicatos, federaciones patronales, organismos de igualdad y funcionarios, sobre el principio de no discriminación, incluidas la discriminación múltiple e intersectorial y las adaptaciones necesarias;

54. Pide a todos los Estados miembros que apoyen y den mayor proyección pública al trabajo social (es decir, los trabajadores sociales y las personas que participan activamente en los servicios sociales);

55. Pide a la Comisión que cree un mecanismo claro de responsabilidad, control y sanciones para las estrategias;

56. Pide a todos los Estados miembros que aborden urgentemente la cuestión de las personas sin hogar mediante la adopción de estrategias integradas, centradas en la vivienda y a largo plazo a escala nacional, regional y local, y que reconozcan los riesgos específicos que sufren las personas con discapacidad, incluidas las personas con trastorno del espectro autista;

57. Pide a los Estados miembros que reafirmen su compromiso de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad, incluidos el derecho a la libre circulación y residencia y el derecho a votar en las elecciones, en consonancia con el artículo 12 de la CDPD, y que garanticen el respeto de su dignidad intrínseca mediante la aplicación y el estrecho seguimiento de la Estrategia posterior a 2020, con una participación significativa de las personas con discapacidad y de los familiares u organizaciones que las representan, en cooperación con las autoridades, los interlocutores sociales y la sociedad civil a escala de la UE, nacional, regional y local, y que asignen recursos humanos y financieros suficientes para su aplicación;

58. Pide a todos los Estados miembros que desarrollen sus propias estrategias nacionales sobre discapacidad para promover la integración de la igualdad de trato en materia de discapacidad y velar por la aplicación de la CDPD;

59. Pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias nacionales que tengan en cuenta las mejores prácticas de otros Estados miembros para garantizar la correcta aplicación de la CDPD;

60. Pide a la Unión y a todos los Estados miembros que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la CDPD;

61. Pide a los Estados miembros que informen de la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad;

62. Pide a los Estados miembros que informen del seguimiento de las recomendaciones nacionales formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tras su evaluación de la aplicación de la CDPD;

63. Destaca la importancia de alcanzar un acuerdo tan pronto como sea posible; pide al Consejo que desbloquee la situación, con el fin de avanzar hacia una solución pragmática, y que acelere lo antes posible la adopción de la Directiva horizontal de la Unión contra la discriminación, presentada por la Comisión en 2008 y posteriormente aprobada por el Parlamento; considera que esta es una condición previa para asegurar un marco jurídico coherente y consolidado en la Unión que proteja a las personas contra la discriminación por motivos de religión y convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual fuera del ámbito laboral; señala que no se debería aceptar ninguna restricción indebida del ámbito de aplicación de la Directiva; considera que la consolidación del marco legislativo de la Unión en lo que se refiere a la lucha contra los delitos motivados por el odio es asimismo un elemento esencial, dado que también se producen este tipo de delitos en el entorno laboral;

64. Recomienda que la Unión integre de forma estructural la Estrategia Europea sobre Discapacidad en el proceso del Semestre Europeo;

65. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo, al objeto de remitirla a los parlamentos y consejos subnacionales, al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas.

 

[1] DO L 23 de 27.1.2010, p. 35.

[2] DO C 340 de 15.12.2010, p. 11.

[3] DO L 151 de 7.6.2019, p. 70.

[4] DO L 327 de 2.12.2016, p. 1.

[5] DO L 303 de 28.11.2018, p. 69.

[6] DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

[7] DO C 204 de 13.6.2018, p. 179.

[8] DO L 321 de 17.12.2018, p. 36.

[9] DO C 137 E de 27.5.2010, p. 68.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.

[11]  DO C 356 de 4.10.2018, p. 110.

[12] DO C 101 de 16.3.2018, p. 138.

[13] DO C 353 de 27.9.2016, p. 41.

[14] DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.

[15] DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.

[16] DO C 187 de 18.7.1988, p. 236.

[17] DO C 379 de 7.12.1998, p. 66.

[18] DO C 224 de 27.6.2018, p. 68.

[19] DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

[20] DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.

[21] DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.

[22] DO L 347 de 20.12.2013, p. 487-548.

[23] Esta cifra comprende 99 millones de personas según la encuesta EU-SILC de 2016 y un millón de personas que se estima que están aisladas en instituciones residenciales y, por lo tanto, no están representadas en la encuesta.

[24] Sentencias de 11 de abril de 2013, asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11, apartados 29 y 30; de 18 de marzo de 2014, asunto C-363/12, apartado 73; y de 22 de mayo de 2014, asunto C-356/12.

[26] Eurofound (2019), «Cómo dar respuesta a los problemas de salud crónicos en el trabajo», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

[27] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2

[28] Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (DO L 188 de 12.7.2019, p. 79).

[29] Propuesta de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión (COM (2019) 0653).

[30] DO L 151 de 7.6.2019, p. 70.

[31] DO L 327 de 2.12.2016, p. 1.

[32] DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

[33]  DO C 387, 15.11.2019.

Última actualización: 6 de marzo de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad